Lunes 13 de enero de 2014 | 06:39

El derrumbe de la economía argentina

Para el diario The Wall Street Journal, el kirchnerismo logró en una década "destruir la riqueza de una nación"; hace hincapié en la alta inflación y la fuga de capitales. Por Mary Anastasia O'Grady | The Wall Street Journal

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Durante una visita a Buenos Aires que hice en noviembre, noté que una sensación de premonición se cernía sobre la ciudad. La economía estancada, la inflación en alza, el capital saliendo del país y los porteños de todos los ámbitos preparados para una tormenta y resignarse a las penurias que llegarían a esta ciudad portuaria.

La infraestructura de la ciudad también parecía abatida. Los amplios bulevares y grandiosos edificios del siglo XIX están cansados y roñosos y las calles huelen mal. Los grafitis enardecidos y los afiches hechos tiras desfiguran las paredes, lo que intensifica una sensación generalizada de decadencia sin ley. Destruir la riqueza de una nación demora un largo tiempo, pero una década de kirchnerismo, de gobiernos encabezados por Néstor Kirchner y su actual viuda Cristina Fernández de Kirchner, parece estar lográndolo.

La situación se ha deteriorado en las últimas semanas. Una salida también parece más difícil. Tres acontecimientos importantes en diciembre elevaron la perspectiva de un descenso a un caos total. El primero se produjo cuando la policía de la capital provincial de Córdoba decidió súbitamente dejar de trabajar en protesta por sus bajos salarios. Los delincuentes interpretaron la ausencia de policías como una invitación para saquear la ciudad. Más de 1.000 negocios fueron saqueados y dos personas murieron.

El gobierno nacional podría haber ayudado al gobernador José Manuel de la Sota, quien no es un aliado de la presidenta Fernández de Kirchner. Pero se limitó a sugerir que la violencia era parte de un complot para desestabilizar a la mandataria. Entre la espada y la pared, el gobernador accedió a otorgar un aumento salarial de 33% a los policías, quienes retomaron sus funciones. Pero los policías de otras 20 provincias aprendieron la lección y se produjeron huelgas en todo el país, tras las cuales vinieron más saqueos y violencia. Es probable que surjan renovadas presiones sobre los salarios del sector público.

Detrás de la dificultad para pagarles a los empleados de las provincias un salario decente radica el mismo problema que doblegó a Argentina en 1989: la inflación. Según los cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), un centro de estudios de Buenos Aires, la inflación alcanzó 3% en diciembre y acumuló un alza de 26,4% en 2013. El aumento en los precios de los alimentos y las bebidas llegó a 28,9%, dijo FIEL, a pesar de los reiterados congelamientos decretados por el gobierno.

El gobierno dice que la inflación anual es de 10,5%. Sin embargo, hay una desconfianza generalizada hacia los números oficiales. Uno de los secuaces de la presidenta despidió en 2011 al director del instituto encargado de medir la fluctuación en los precios porque no le gustaban las cifras. Hasta el Fondo Monetario Internacional tomó nota y en febrero de 2013 criticó a Argentina por no divulgar al público información precisa.

El banco central se ha dedicado a imprimir dinero y ha hecho que los argentinos vendan pesos cada vez que pueden. Los controles de capital que han estado en efecto desde 2011 han hecho que esto sea cada vez más difícil, pero no imposible. También han acelerado la fuga de capitales. La existencia de más vendedores que compradores ha reducido el precio de la moneda local en las instancias en las que se transa libremente. Aunque la tasa oficial de cambio es de 6,6 pesos por dólar, la del mercado negro llega a casi 11 pesos por dólar.

El debilitamiento del peso refleja la caída dramática de las reservas internacionales del banco central, que descendieron casi 30% en 2013. El kirchnerismo, no obstante, también ha destruido el capital al indicar a los inversionistas que los derechos de propiedad y los contratos no son sacrosantos. La industria energética, intensiva en capital, ha sido una de las más golpeadas. La expropiación en 2012 de la participación de la española Repsol en la petrolera argentina YPF es un ejemplo. Chevron CVX -1.85% decidió hace poco hacer una inversión en Argentina, pero muchos otros han optado por quedarse al margen.

El congelamiento de las tarifas ha mermado la inversión de las empresas eléctricas, lo que ha aumentado la frecuencia de los apagones. El mes pasado, cuando se dispararon las temperaturas veraniegas, grandes áreas de Buenos Aires se quedaron sin luz durante días.

Cuando un país sufre disturbios, saqueos, cortes de electricidad y una inflación galopante, lo normal es que las personas libres busquen que sus líderes restauren la calma y el orden. Pero la presidenta ha cultivado un perfil bajo. Tal vez sea porque en diciembre un grupo de periodistas de investigación del diario La Nación publicó una serie de artículos que decían que tanto Cristina como su marido, quien falleció en 2010, se enriquecieron con un programa de obras públicas en su provincia natal de Santa Cruz.

Los reporteros señalan que un testaferro de los Kirchner asumió el control de un puñado de empresas constructoras de Santa Cruz y, posteriormente, consiguió una serie de contratos de obras públicas a precios inflados. La Nación agrega que el mismo contratista le dio a los Kirchner sobornos importantes al lavar dinero a través de hoteles en Santa Cruz que pertenecían a la primera pareja. La presidenta niega todas estas acusaciones y dice que provienen de los fascistas.

Después de 10 años de gobiernos kirchneristas, el poder ejecutivo ahora controla la mayor parte del poder judicial. Es improbable que los llamados para una mayor transparencia lleguen muy lejos. Por otra parte, una espiral inflacionaria agota la paciencia y una población que se siente tan impotente como la de la Argentina actual en algún momento se hará escuchar..

Argentina toma más medidas para acelerar la devaluación de su moneda

El Gobierno reduce aún más las condiciones de cambio para los viajeros al exterior. La decisión persigue atajar la escasez de divisas que sufre el país

Alejandro Rebossio Buenos Aires 3 DIC 2013 - 18:08 CET10

Argentina sufre por la escasez de divisas y para enfrentarla, el Gobierno ha decidido acelerar la devaluación gradual que el peso venía experimentando a lo largo de este año. El dólar había subido el 21,5% frente a la moneda argentina entre enero y mediados de noviembre, pero a partir de entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner renovó su equipo de gobierno y la apreciación de la divisa saltó al 25,2%. Con vistas a reforzar el proceso, el Ejecutivo dispuso este martes una devaluación adicional del peso para aquellos argentinos que viajen al exterior o que compren bienes o servicios del extranjero a través de internet.

El renovado Gobierno de Fernández, con Jorge Capitanich como jefe de Gabinete y Axel Kicillof como ministro de Economía, apuesta por debilitar el peso por varias razones. Desde 2011 hasta ahora, las reservas del Banco Central han caído de un máximo histórico de más de 52.000 millones de dólares a menos de 32.000 millones. Esta fuerta caída ha tenido lugar pese a los controles cambiarios instaurados hace dos años para impedir que los argentinos siguieran ahorrando en dólares o usando la moneda norteamericana para operaciones inmobiliarias, como venían haciendo desde la década del 70. El pago de deuda externa pública y privada y la creciente importación de energía, insumos industriales y servicios de turismo en el exterior esmerilaron las reservas, que son clave para evitar una devaluación brusca que provoque más inflación (en la actualidad asciende al 25,5% anual) y menos crecimiento (3,4%).

Kicillof, autor intelectual de la nacionalización de YPF, dijo este lunes que no quiere una “devaluación violenta”. Eso fue lo que le sucedió a principios de año en Venezuela, que dejó que el dólar se apreciara de golpe un 46% frente al bolívar, con lo que la inflación trepó al 49% y el crecimiento se contrajo al 1%. El ministro de Economía argentino apuesta por alcanzar un ritmo gradual pero inexorable de depreciación del peso, que por primera vez en seis años de Gobierno de Fernández ha alcanzado el nivel de la inflación.

Principales objetivos

Lo que el Ejecutivo persigue son, principalmente, dos objetivos. Por un lado, alentar la inversión extranjera, de modo que el ingreso de divisas recomponga las reservas del Banco Central. Las multinacionales no estaban dispuestas a cambiar sus dólares por 5 pesos, como establecía la tasa de cambio oficial a principios de año, mientras en el mercado paralelo llegaba a superar los 10. En cambio, ahora la moneda norteamericana cotiza a 6,17 en el segmento oficial, mientras que en operaciones legales con bonos y acciones, usadas por empresas e inversores sofisticados, se consigue a 8,35 y en el mercado ilegal, al que recurren pequeños ahorradores y también defraudadores tributarios, a 9,18.

Además, el periódico Ámbito Financiero anticipó que el Gobierno evalúa flexibilizar el giro de beneficios de filiales de multinacionales a sus casas matrices. El segundo objetivo del ritmo de devaluación, el segundo mayor de Latinoamérica en 2013 después de Venezuela, es encarecer en términos de pesos la importación de bienes de consumo y servicios, de modo de desalentar la salida de divisas.

El Gobierno también tornó este martes más caros los viajes al extranjero y el comercio electrónico con el exterior. Hasta el lunes, aquellos que cruzaban las fronteras podían comprar con un cupo restringido divisas en efectivo con la tasa de cambio oficial y el resto de los gastos, incluidos los billetes de avión y la estadía de hotel, podían abonarse con tarjeta de crédito con un recargo impositivo del 20%. Ese recargo también regía para el comercio electrónico con el exterior y se podía recuperar un año después tras un complicado trámite burocrático. Pero ahora esa tasa tributaria se ha elevado al 35% y también regirá para el cupo de divisas en efectivo. Es así que el argentino que viaje afuera en el próximo verano austral comprará dólares a 8,30 pesos, en lugar de los 6,17 de la tasa de cambio oficial o de los 7,28 que implicaba el recargo tributario del 20%.