LLAMADO URGENTE A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA VIDA

Corrupción en el trámite de licenciamiento ambiental de la multinacional petrolera Maurel & Prom en el Bloque petrolero COR15 (Boyacá, Colombia)

12 de octubre de 2021

El objetivo de este texto es ofrecer una línea de tiempo de los acontecimientos que derivaron en la Resolución 1795 del 11 de octubre de 2021, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) decidió otorgarle Licencia Ambiental a MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. en el proyecto de hidrocarburos “Área de Perforación Exploratoria COR-15”, localizado en los municipios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco en el departamento de Boyacá (Colombia).

Realizamos este esfuerzo con los corazones, el agua y el futuro de nuestros territorios en las manos. Esperamos encontrar mentes y corazones nacionales e internacionales solidarios, empáticos y comprometidos que puedan ayudarnos a defender el futuro digno de las generaciones presentes y futuras.

16 de noviembre de 2016: El gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez del Partido Alianza Verde en Audiencia Pública Ambiental del proyecto MNorte celebrada en el municipio de Pesca (Boyacá) invita a los alcaldes y jurídicos a "revisar las normas a favor de nuestro territorio", diciendo: "yo no voy a arriesgar tanto, por tan poco y mucho menos si tenemos una grave experiencia con Corrales. Una vez más en Boyacá, sumercé, no cambiamos agua por petróleo" (véase del minuto 13:21 al 13:50 del video https://youtu.be/PWFR80YHInU?t=801).

Octubre de 2018 a septiembre de 2019: La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) realiza los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto COR-15, contratada por MAUREL & PROM COLOMBIA B.V.

Carlos Andrés Amaya Rodríguez, para entonces Gobernador de Boyacá por el Partido Alianza Verde, pide a las comunidades que dejen a la UPTC hacer los estudios.

Las comunidades de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco impiden la realización de los estudios de la UPTC dado su rechazo frente al proyecto y sus impactos sobre el agua y el territorio.

7 de octubre de 2019: MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. radica la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto COR-15.

18 de octubre de 2019: La ANLA inicia el trámite administrativo de la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto COR-15 mediante el Auto 8926.

27 de noviembre de 2019: La ANLA pide a MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. información adicional para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto COR-15 mediante el Acta 96.

27 de enero de 2020: MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. entrega a la ANLA la información adicional requerida por el Acta 96 de 2019.

30 de abril de 2020: la ANLA ordena archivar el trámite administrativo de solicitud de otorgamiento de licencia ambiental de COR-15 mediante el Auto 3629, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. Esto quiere decir que la información adicional fue diferente a la requerida por la ANLA, o que la misma RESULTÓ INSUFICIENTE para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto COR-15. El sustento del Auto 3629 lo brindó el Concepto Técnico No. 2338 del 20 de abril de 2020, el cual estableció:

(…) “que a partir de los vacíos de información del Estudio de Impacto Ambiental y de la información adicional presentada por la sociedad MAUREL & PROM COLOMBIA B.V para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria COR-15”, el Equipo de Evaluación Ambiental, conceptúa dar aplicabilidad al numeral 3 del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, en el sentido de ordenar el archivo de la solicitud de Licencia Ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada [el] 7 de octubre del 2019 y [el] 27 de enero de 2020” (…). (Concepto Técnico ANLA No. 2338 de 2020, Página 53 de 55).

El Equipo de Evaluación Ambiental lo conformaron los contratistas Diego Armando Ruiz Rojas, Concepción García Correa, Eliana Paola Reina Duran, Gino Moreno Herrera, Gladys Puerto Castro, Lina Fernanda Pérez Orjuela, Meylin Tatiana López Guerra y Sindy Tatiana Rojas Diaz, y los funcionarios Alba Ruth Olmos Clavijo (Revisor Evaluación Económica ANLA) y Ana Katherine Arteta Barragán (Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos ANLA).

18 de mayo de 2020: El Representante Legal de MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. Patrice Tauzia, interpone un recurso de reposición en contra del Auto 3629 que ordenó archivar el trámite de solicitud de licencia ambiental.

15 de julio de 2020: Mediante el Auto 6655 la ANLA revoca el Artículo Primero del Auto 3629 del 30 de abril de 2020, y decide continuar el trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental del proyecto COR-15. El sustento del Auto 3629 lo brindó el Concepto Técnico No. 3800 del 25 de junio de 2020, el cual consideró que se contaba con la información mínima necesaria para la toma de decisiones ambientales.

El Equipo de Evaluación Ambiental que emitió el nuevo Concepto Técnico lo conformaron los contratistas Alba Lucia Fonseca Camelo, Andrea Suárez Barrera, Cesar Leonardo Bayona Molano, Gladys Puerto Castro, los profesionales Karen Yiset Sánchez Piñeros, Néstor Fabio García Merlano, y José Freddy Duarte Barbosa (Líder Técnico ANLA), Marcela García López (Revisor Técnico ANLA) y Ana Katherine Arteta Barragán (Coordinadora del Grupo de Hidrocarburos ANLA).

Como se puede evidenciar, dos funcionarios de la ANLA revisaron dos veces la misma información, y avalaron con sus firmas dos Conceptos Técnicos completamente diferentes. ¿Por qué razones la ANLA no designó al mismo Equipo Técnico Ambiental en ambos Conceptos Técnicos?

21 de julio de 2020: 1320 personas mayores de edad de las comunidades de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco, los representantes legales de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (ASOACTASCO), del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), de la Corporación Greenpeace Colombia, de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo (PODION) y de la Corporación Guamán Poma, y el Personero Municipal de Tasco solicitan a la ANLA la realización de la Audiencia Pública Ambiental del proyecto COR-15, mecanismo de participación ciudadana donde la ciudadanía es escuchada en el marco del trámite de licenciamiento ambiental, ya sea con opiniones y argumentos en contra o a favor del proyecto.

13 de noviembre de 2020: La ANLA convoca la celebración de la Audiencia Pública Ambiental del Proyecto COR-15 para el día 18 de diciembre de 2020.

25 de noviembre de 2020: 883 personas mayores de edad, ASOACTASCO y el Colectivo por la Protección de la Provincia del Sugamuxi (CPPS) solicitan mediante Derecho de Petición al Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame del Partido Alianza Verde respetar el absoluto rechazo de las comunidades afectadas frente al proyecto COR-15, ser coherente con los principios de su Partido Político y dejar de promover el proyecto petrolero desde la Gobernación de Boyacá. También solicitan al Gobernador de Boyacá manifestar públicamente su postura sobre el proyecto COR-15, y tramitar ante la ANLA el aplazamiento de la celebración de la Audiencia Pública Ambiental debido a las condiciones sanitarias de la COVID-19 y a la falta de garantías para la participación ciudadana.

21 de diciembre de 2020: el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame del Partido Alianza Verde ignora las solicitudes realizadas el 25 de noviembre, y delega en su Secretaria de Minas y Energía, la señora María Elena Ortiz Nova, la respuesta a las solicitudes. La respuesta brindada no atiende de manera completa y detallada los asuntos indicados en la petición, vulnerando así el Derecho Fundamental a la Petición Respetuosa consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Además, se manifiestan incompetentes ante cualquier Audiencia que se solicite.

25 de marzo de 2021: La ANLA se impone, e intenta celebrar la Audiencia Pública Ambiental, esto a pesar de los argumentos brindados mediante las acciones judiciales presentadas bajo el amparo del Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.

La ANLA suspende la Audiencia, tras confirmar que no estaban garantizadas las condiciones necesarias para ejercer el derecho constitucional a la participación ciudadana.

19 y 20 de agosto de 2021: La ANLA reanuda la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, en la cual intervienen 88 personas con argumentos en contra del licenciamiento ambiental del proyecto sustentados en la información adicional del Estudio de Impacto Ambiental de COR15.

Veintidós personas exponen argumentos a favor del proyecto, la mayoría contratadas por MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. a través de la UPTC, quienes desconociendo las reglas de este tipo de Audiencias exponen aspectos del Estudio de Impacto que ya eran conocidos por el Equipo de Evaluación Ambiental de la ANLA, y otros a los que les dieron un nuevo alcance, tergiversando la esencia de la Audiencia y vulnerando las oportunidades dadas a la empresa para exponer su proyecto.

Adicionalmente, la ANLA permite que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intervenga durante la reanudación de la Audiencia Pública Ambiental, a pesar de no haber estado legalmente inscrita y facultada para hacerlo.

Pese a estar facultado para intervenir en la Audiencia, ni el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame del Partido Alianza Verde ni sus delegados intervienen en dicho espacio de participación ciudadana en materia ambiental.

Los demás partidos políticos presentes en Boyacá también brillaron por su ausencia, y quienes desde allí participaron en la Audiencia limitaron sus ponencias a resumir los argumentos técnicos preparados por otras personas, o sólo para posicionarse políticamente con afán protagonista. Para refrendar sus promesas de campaña de defender los territorios de la actividad extractiva, debieron analizar por su propia cuenta el Estudio de Impacto Ambiental.

11 de octubre de 2021: Pese a los argumentos en contra del proyecto y de las serias deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental expuestas durante la Audiencia Pública Ambiental, la ANLA expide la Resolución 1795 otorgándole, en 511 páginas, Licencia Ambiental al proyecto COR-15 de MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. En contra de dicho Acto Administrativo lo único que legalmente procede en la actualidad es el recurso de reposición:

(…) “el cual podrá interponerse ante esta Autoridad por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (…). (Artículo Septuagésimo Primero de la Resolución 1795 de 2021).

Consideraciones finales

Los acontecimientos descritos en esta línea de tiempo evidencian un drástico cambio en la postura técnica que hasta el 30 de abril de 2020 tuvo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) frente al proyecto Área de Perforación Exploratoria COR-15. Este cambio de 180° sólo es posible explicarlo gracias a la corrupción que pulula y carcome las entrañas de la República de Colombia. Los gobiernos nacional y departamental movieron los “hilos” e hicieron el lobby necesario para quedar bien con los financiadores de sus campañas electorales, y de paso, para rescatar el buen nombre de la institución pública de educación superior que pusieron al servicio de intereses multinacionales, traicionando así el espíritu que la fundó y su deber ser en favor de las poblaciones rurales históricamente agredidas y golpeadas por sucesivas violencias.

La Resolución 1795 de 2021 por la que se otorga la Licencia Ambiental ha sentado un gravísimo precedente en el licenciamiento ambiental a proyectos petroleros en Colombia. De un plumazo abrió nuevas fronteras al extractivismo en la cima de la cordillera de los Andes, y puso en entredicho el ejercicio de la democracia participativa consignada en la Constitución Política de Colombia (Artículos 1, 2, 3, 40 y 103).

La Audiencia Pública Ambiental, asumida con toda la seriedad y el compromiso por parte de las comunidades de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco, al parecer fue una obra de teatro donde la ANLA posó de garante del Estado Social de Derecho y de la democracia participativa, para finalmente tomar una decisión fundamentada en intereses político-electorales, y no en las evidencias documentales, técnicas, científicas, sociales, culturales, económicas y arqueológicas brindadas.

Ahora se entiende por qué el Congreso de Colombia no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú, y por qué el Partido Alianza Verde ha hecho tan poco al respecto. Colombia continúa siendo el país más peligroso para la defensa ambiental, y para la existencia misma de un ambiente sano.

¡LLAMADO URGENTE!

Por lo anterior hacemos un LLAMADO nacional e internacional URGENTE para que se solidaricen con la defensa de nuestros territorios, ya sea difundiendo de manera amplia este documento, o brindándonos el apoyo necesario para que podamos recurrir la Resolución 1795 de 2021 de la ANLA, y dejarla sin efectos legales. Dicha resolución la hemos puesto públicamente disponible en el siguiente link a Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1yR3tC695XieTEFsdvAPfprQ-9MpV9VY0/view?usp=sharing

El tiempo que queda en los días venideros será agua y territorio para nosotros (y no oro, como se malacostumbra a decir popularmente). Nos URGE el apoyo del pueblo de Francia y de todos los ciudadanos del mundo que sientan como propia la responsabilidad de hacer cambios profundos en las formas como nos relacionamos entre nosotros mismos y con nuestros territorios. La crisis ambiental global no se va a solucionar sola, y menos si quienes ostentan la dirección de los gobiernos del mundo le siguen apostando al modelo económico responsable de la debacle.

Atentamente,

Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi

Colectivo Unidos por el Territorio de Tundama y Valderrama

Corrales en Contexto

Comité Pro-Defensa del Territorio Betoyano

Comité Unidos por Tasco

Dado en Boyacá el 12 de octubre de 2021, a 529 años de iniciado el Desarrollo Arrollador. ¿Cuántos siglos más de seguir colonizados?

Postdata para el Partido Alianza Verde, o cariñosamente, Lo$ Verde$:

El silencio cómplice evidenciado a lo largo de este proceso por parte del Exgobernador de Boyacá y precandidato presidencial Carlos Andrés Amaya Rodríguez del Partido Alianza Verde, y las actitudes y acciones del actual Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame (adscrito al mismo partido político), han sido claramente serviles del desarrollo arrollador, ese mismo que en tiempos de campaña electoral prometieron que ayudarían a atajar. Carlitos se asomó a regañadientes a la Audiencia Pública Ambiental de MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. en el marco del proyecto MNorte. En la de COR-15, ni él ni su discípulo Ramirito tuvieron la decencia y los calzones de aparecer.

Sepan que su cobardía y servilismo terminaron de defraudar el apoyo y la confianza que en mala hora fue brindada por parte del movimiento ambiental boyacense a sus personas. Como ustedes en el pasado, varios politiqueros intentaron acercarse para agarrar de trampolín la dignidad del proceso ciudadano y campesino que emprendimos en contra de COR15, muchos movidos más por la ambición y las ganas de protagonismo, con los cuales incesantemente buscan más poder e influencia con la cual les sea posible traicionar impunemente a sus pueblos.

Sus ancestros han de estar revolcándose en sus tumbas, avergonzados de verlos hoy en día arrodillados, entregando en bandejas de plata nuestros territorios para que las multinacionales sigan depredando, arrasando y desangrando las venas abiertas de Colombia y América Latina. Igualmente avergonzada estará su decendencia, cuando miren al pasado y se den cuenta de la nefasta influencia que sus acciones y omisiones legaron a los territorios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco, algunos ya con sendas cicatrices internas y externas por la explotación irracional de petróleo, gas, carbón y hierro.

Sin el lobby departamental y nacional ejercido desde el Partido Alianza Verde (cada vez más cercano al Partido Centro Democrático) no sería posible entender el repentino cambio de rumbo de la ANLA. Sabemos de las reuniones sostenidas entre ustedes y la multinacional petrolera, y el papel de la multinacional en la financiación de sus campañas politiqueras en Boyacá: ¡nacimos de noche, PERO NO ANOCHE! Después de todo resultó que la alianza verde no fue por el color predominante de la naturaleza, sino por el color de los billetes extranjeros que dictan el destino del actual modelo económico.

Desconcierta, aunque tristemente no sorprende, que el liderazgo estudiantil que en sus tiempos ejerciera Carlitos se tradujera en lobby para que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) recibiera un contrato de consultoría con el cual hoy aparentemente MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. se sale con las suyas. Jugadas sucias y puñaladas traperas nos devuelve el poder politiquero que se amasó agarrando de trampolín al movimiento ambiental, ese mismo que dio idéntica batalla contra la misma multinacional en el Bloque MNorte y salió vencedor.

Postdata para los compadres y comadres despistados:

El lobby detrás de la Resolución 1795 de 2021 en apariencia entregó una licencia ambiental a una multinacional. Pero en realidad, no hizo otra cosa que mantener vivo el lucrativo negocio de las consultorías ambientales y evadir la responsabilidad política del “boyacense” devenido en intermediario y mercader del territorio. Ante la opinión pública, con la Resolución 1795 de 2021 podrán aparentar que el nombre de la UPTC quedó limpio y reluciente. Quienes asistimos a la Audiencia Pública Ambiental de COR-15, incluida la ANLA, fue claro que el Estudio de Impacto Ambiental fue despedazado gracias al conocimiento local y a la argumentación jurídica, técnica y sociocultural juiciosa que expusimos el 19 y 20 de agosto de 2021 con lujo de detalles. Nos duele a los upetecistas que participamos en dicha argumentación en favor de la defensa del territorio y de la vida, que nuestra casa de estudios se haya prestado a la ignominia. Pero seguiremos aportando con la frente en alto a la construcción de un país y una academia dignas, social y ambientalmente comprometidas.

Postdata para Carlitos:

A partir de hoy al Partido Alianza Verde y a su precandidato presidencial Carlitos cariñosamente los referiremos como parte de la COALICIÓN DE LA DESESPERANZA: sólo un estúpido puede pretender que el pueblo le crea que va a cambiar a Colombia insistiendo en un modelo económico que durante décadas ha sembrado la muerte, el hambre y la devastación ambiental. Aunque pose de ruana y sombrero, hoy sabemos que desde hace rato regaló su tierra y su identidad por un overol petrolero. Y tampoco sueñe, “sumercé muñeco”, que le vamos a permitir repetir a su persona y sus secuaces el mandato en la Gobernación de nuestro departamento. ¡Ni de fundas!

Posdata para la eterna comadre Clarita (Clara Inés Echeverría de Kuxdorf), por quien nos juntamos para atajarlos:

Los señores de la guerra contra el medio ambiente se impusieron al clamor y la voluntad del pueblo boyacense comadre Clarita. A pesar de ello, seguimos firmes defendiendo nuestro territorio. Hoy, más que nunca, resuenan tus palabras cuando nos decías que los seres humanos le hacemos terrorismo al planeta. A pesar de ello, y como nos enseñaste desde el amorcito, seguiremos insistiendo en que ¡Si nos juntamos, los atajamos!

Postdata para el eterno compadre Memo Torres (Héctor Guillermo Torres Torres):

Desde Corrales se mantendrá con firmeza y dignidad de tu voz en la defensa y protección del territorio.