Denuncia pública sobre Maurel & Prom y la Compañía Geofísica Latinoamericana

Denuncia pública de las actividades ilegales de Maurel & Prom (M&P) y la Compañía Geofísica Latinoamericana (CGL) por medio de sus trabajadores en el municipio de Firavitoba

Por medio de la presente denuncia informamos a la ciudadanía de la región y el país, el comportamiento ilegal y abusivo de trabajadores de la empresa CGL, quienes han venido entrando a las fincas y desarrollando actividades de sísmica sin el consentimiento de sus dueños.

Así, por ejemplo, en una propiedad de Firavitoba colocaron una tarjeta roja (lugar donde entierran explosivos), hicieron perforaciones, colocaron el explosivo denominado sismigel y taparon, todo sin permiso de la propietaria. Y en un lote colindante con el anterior colocaron tres tarjetas blancas, sin permiso también. Cabe anotar que esos lotes están englobados, y que las afectadas presentaron denuncia ante la Personería municipal.

El miércoles 5 de septiembre pasado, por su parte, ingenieros de Maurel & Prom y CGL informaron a los vecinos que el señor Marco Tulio Rodríguez Salamanca había firmado un permiso en su nombre, permiso 13953, y ofrecieron a cada persona $100.000 por firmar los permisos. Ese mismo día, el personero municipal de Firavitoba, Luis Guillermo Patiño, visitó los predios afectados por la invasión de los terrenos, visita a la que asistieron representantes de Maurel & Prom, ingenieros de CGL, además de varios habitantes de la región, propietarios de terrenos invadidos y afectados por la actividad ilegal y no consentida de estas empresas.

En la visita se revisó el punto objeto de denuncia y se exigió a los ingenieros representantes de estas empresas que sacaran el explosivo conocido como sismigel, a lo que contestaron que no se podía, diciendo que o se realizaba la prospección sísmica o el lugar donde habían intervenido se tapaba con un planchón, siendo imposible llegar a ningun acuerdo, por la intransigencia y las vías de hecho adoptadas por los representantes de la empresas, quienes actúan violando flagrantemente los derechos de propiedad de los habitantes de la zona. En cuanto a las tarjetas blancas, según su punto de vista, no representan ningún problema. Es importante dejar en claro que de esta visita existen grabaciones, las cuales reposan en la denuncia presentada.

El viernes 7 de septiembre las afectadas se entrevistaron con el señor Rodríguez Salamanca, quien dijo haber firmado por unos predios que tiene en la vereda El Tintal, y mostró los permisos que concedió, entre ellos el 13953, asegurando no haber firmado por terrenos ajenos a los de su propiedad. De esta entrevista también existen grabaciones.

Este mismo día viernes, en horas de la tarde, los ingenieros de CGL citaron a las afectadas para solucionar el problema, lo que fue imposible por cuanto ellos insisten en que el señor Marco Tulio firmó por ellas, a lo cual se les demostró que estaban mintiendo. Por último, uno de los representantes de las empresas admitió que habían ingresado sin permiso a los predios, donde, sin permiso también, desarrollaron actividades relacionadas con la sísmica. Lo anterior consta también en grabaciones tomadas ese día.

Frente a esta situación irregular, las afectadas solicitaron una reunión con el personero municipal, el señor Rodríguez, los ingenieros de CGL y Maurel & Prom, y ellas, para solucionar por las vías legales y acordar la indemnización a que tienen derecho por los daños causados.

Fruto de esta propuesta hubo una reunión posterior el lunes 10 de septiembre en la Personería municipal de Firavitoba, en el despacho del personero, Luis Guillermo Patiño, a la que asistieron las perjudicadas, para escuchar los planteamientos de los representantes de las empresas en cuestión, encontrándose con la sorpresa de que su propuesta consistió en aumentar el valor por cancelar a $270.000, lo que logró convencer a una de las asistentes, mientras que las otras se rehusaron por completo a dar el permiso, a lo cual los representantes de las empresas contestaron amenazándolas con que si no dejan pasar los cables colocarían un aparato parecido a un satélite en los lotes, para recoger la información del punto rojo que se encuentra en el lote vecino.

El jueves 13 de septiembre se reunieron de nuevo en el sitio del problema con empleados de CGL, el señor personero y las perjudicadas, para tratar de llegar a un arreglo de daños y perjuicios. Los trabajadores procedieron a medir cada lote, y a una de las partes supuestamente le daban $252.000 por permitir la tarjeta roja. A lo que las propietarias les exigieron que sacaran el sismigel, respondiendo que no podían sacarlo, que lo único que ellos hacían era colocar sal y cal para corroer los cables. Ofrecieron por otra parte $324.000 pesos con el fin de dejar hacer la sísmica, no habiendo, por supuesto, arreglo alguno.

En la siguiente semana los empleados de CGL se comunicaron con la parte más afectada para llegar a un arreglo, ofreciéndole $300.000 pesos y trabajo por 45 días a un muchacho, lo cual la propietaria no aceptó.

El jueves 27 de septiembre, la parte más afectada interpuso la querella ante la Inspección de Policía del municipio de Firavitoba. Se debe señalar que el 3 de octubre el abogado de la Empresa CGL intentó intimidar a las afectadas diciéndoles que si la querella sigue su proceso, el dictamen del señor Inspector ordenaría pagar a la empresa un valor inferior a $ 300.000 pesos por daños y perjuicios en el terreno donde colocaron los explosivos, dándole así a entender que “aprovechara” los $ 300.000 pesos que ellos le estaban ofreciendo.

Con respecto al anterior párrafo, es importante recordar el artículo 6° de nuestra Constitución Política: "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". Desde esta óptica, los funcionarios competentes encargados de preservar el medio ambiente y defender la propiedad privada de los abusos de la multinacional responsable, serán acusados penal, disciplinaria y fiscalmente para que respondan de sus graves omisiones.

Acciones legales que se pueden emprender en cuanto a la denuncia anterior

La situación planteada por la denuncia en cuestión es muy delicada, y pone de presente los alcances a los que llegan las multinacionales, al punto de crear artimañas y efectuar maniobras ilícitas.

A continuación se analizan las denuncias y se proponen las medidas legales que pueden y deben tomarse, con el fin de evitar que estos casos se sigan dando y de pedir el acompañamiento y asesoría de las entidades estatales correspondientes, como las personerías municipales, la rama judicial, los órganos de control y los entes ambientales.

Conviene anotar que es muy importante extender las denuncias a los medios de comunicación masiva, locales, regionales y nacionales, y pedir a quienes acompañen el proceso y tengan acceso a redes sociales e internet, las divulguen y apoyen el proceso de defensa y preservación del territorio.

Se examinan a continuación los detalles del caso.

1. Los trabajadores de CGL, al entrar sin permiso a los predios con el fin de hacer estudios de sísmica, están atentando contra la propiedad privada y están causando grandes daños y perjuicios en el patrimonio de las personas. Por tal motivo, es necesario denunciar estas situaciones ante las autoridades competentes, es decir ante el personero municipal, quien representa al Ministerio Público, ante el alcalde y, sobre todo, ante los inspectores de policía.

La denuncia debe hacerse por perturbación a la posesión, también ante los jueces de la república, y de ser posible ante medios de comunicación masiva, como emisoras y periódicos locales, regionales y nacionales. Deben incluir, además, indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

1. Los trabajadores de CGL y sus representantes legales están atentando contra el ordenamiento jurídico penal, al falsificar las firmas de los propietarios u otras personas con el fin de acreditar un supuesto permiso. Esta situación debe ser denunciada inmediatamente ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad en documento.
2. Los propietarios de los predios que han sido intervenidos con estudio de sísmica con permisos falsos o inexistentes, deberán negarse rotundamente a permitir el ingreso de los trabajadores de CGL, no deben dejarse amedrentar con los supuestos permisos que están firmados ni dejarse intimidar con supuestas demandas por incumplimiento al permiso. Si las empresas son tan valientes y temerarias de demandar, será un juez de la república o un fiscal quien determine si las firmas impuestas en los supuestos permisos corresponden a los propietarios, o son falsas.
3. Es muy importante tener presente que ninguna persona puede firmar por otra, menos cuando se trata de derechos a la propiedad. En consecuencia, los dueños de los predios son los únicos autorizados por la ley para disponer de sus bienes, y ninguna otra persona puede hacerlo.
4. Los propietarios tienen el derecho de quitar los letreros rojos y blancos que han sido colocados en sus inmuebles, máxime cuando no han autorizado ningún tipo de actividad en ellos. En este sentido, conviene recalcar en que las amenazas de demanda de los representantes de las empresas son ilegales y no tienen futuro en el sistema judicial, por lo que los propietarios no deberán dejarse amedrentar ni asustar con esa amenaza. Los propietarios legítimos tiene todos los argumentos y sustento jurídico para ganar una demanda de este tipo, así la denominada locomotora minera y la explotación petrolera sean una política pública del gobierno nacional. Por ser una política pública, precisamente, las autoridades están obligadas a hacer cumplir la ley, y los contratistas o concesionarios deben regirse por ella.

En consecuencia, si las multinacionales y sus representantes buscan pasar cables, enterrar explosivos o desarrollar actividades semejantes en sus predios, están obligados, antes que todo, a solicitarle a un juez de la república la imposición de una servidumbre. Sin ello no pueden hacer nada, y sus actividades ilegales deberán ser castigadas.

Es importante recalcar, por último, que dadas las condiciones descritas en esta denuncia (que se suman a las miles conocidas a lo largo y ancho del país y que muestran un patrón de comportamiento similar), la primera forma de oponerse a estas actividades ilegales es no firmar ninguna clase de permiso, lista de asistencia o documento parecido, pues es de esta forma como las empresas se aprovechan de la buena fe de la gente y generan conflictos sociales. Otra forma es la organización de los pobladores para defender nuestros territorios y el medioambiente, a fin de oponernos como ciudadanos organizados a los intereses mercantiles que pretenden maximizar sus ganancias a cualquier costo.

Acciones legales que se pueden emprender si ya se han firmado los permisos

En el caso de que usted ya haya firmado permisos para que M&P y CGL ingresen a sus predios y considere que en el momento de otorgar dicho permiso usted no tenía pleno conocimiento de las implicaciones y desee retractarse, debe saber que está en todo su derecho de hacerlo mediante un contrapermiso (archivo adjunto en PDF), que debe ser enviado directamente a estas empresas con copia a las autoridades municipales y ambientales encargadas de velar y proteger sus derechos y los derechos del medio ambiente.

Si ya firmó el permiso, y está de acuerdo con las actividades de estas empresas en sus predios, tenga en cuenta que dichas actividades pueden generar impactos ambientales negativos. No olvide que los impactos ambientales no siempre se manifiestan de forma inmediata, ya tienen un momento o plazo de manifestación. Tenga en cuenta también que algunos impactos son irreversibles, especialmente cuando afectan los nacimientos de agua subterránea, de los cuales depende la mayoría de la población rural en la región. Le sugerimos entonces abstenerse de firmar inmediatamente después de que las empresas terminen sus trabajos o se retiren de sus predios, ya que después será más difícil para usted solicitar la compensación respectiva por los daños causados en su propiedad, en caso de que lleguen a generarse.

Tenga en cuenta que si se llegan a presentar impactos ambientales negativos en sus predios, las empresas intentarán demostrarle por todos los medios y basados en argumentos “técnicos” que dicha afectación no fue generada por sus acciones. En el caso que usted intente demostrarle a las empresas lo contrario, seguramente le dirán que usted debe contratar un ingeniero, un geólogo o un abogado con dinero de su propio bolsillo, pues “las cosas se demuestran con hechos, no con palabras ni de forma empírica”, según ellos.

Finalmente es importante recordar siempre los impactos sociales negativos que generan estas empresas en nuestro territorio, impactos que tienden a desintegrar el tejido social y a generar o agravar conflictos existentes entre vecinos y paisanos, y cuyos ejemplos son ampliamente conocidos por todos en regiones como los llanos orientales, donde las promesas de desarrollo siempre se las termina llevado el viento. Lo invitamos entonces a reflexionar: ¿vale la pena poner en juego el agua, la naturaleza, la tranquilidad y la paz que vive la región por unos cuantos pesos, que se esfuman rápido, y por un proyecto petrolero multinacional que beneficia sobre todo a los propietarios, extranjeros, de esas empresas, proyecto que además de deteriorar el medio ambiente, pone en riesgo los cultivos de pancoger, encarece la vida y trae consecuencias nefastas en cuanto a la salud, además de incentivar la prostitución y romper los vínculos de solidaridad entre los vecinos?

Colectivo por la protección de la provincia de Sugamuxi