El "Cerrejón" boyacense: mina "Palmarito" de Carboandes

Expediente Corpoboyacá OOLA-0073/08 - Carbones de los Andes CARBOANDES S.A. - Agosto 2007 a Marzo 2020

Expediente Carboandes 2007 a 2020 Corpoboyaca.pdf

Proyecto Rondón 2021 - Carbones de los Andes S.A. CARBOANDES

Mina de carbón a cielo abierto Palmarito de Carboandes (Pesca y Rondón, Boyacá)

A continuación se presenta una descripción breve del proyecto de carbón a cielo abierto "Palmarito" a cargo de la empresa colombiana Carbones de los Andes S.A. (elaborado en 2014)

Mapa Carboandes carta.pdf
Mapa Carboandes pliego.pdf

La Mina Palmarito, cuenta con tres títulos mineros: GGF-153 (1.843 ha), GCF-101 (94 ha) y 01229-15 (96 ha). Los dos primeros títulos vencerán hasta 2036, y el tercero en 2037, sumando un área de 2034,14 Hectáreas en la zona nor-oriente del municipio de Rondón, sector Picapiedras, entre las veredas Granada Oriente y Sucre, Provincia de Lengupá. Dichos títulos se ubican a 61 Km de la capital del departamento Tunja, sin embargo el acceso a los mismos se realiza por la carretera terciaria que conecta al municipio de Rondón con el de Pesca, esta vía de 56 Km atraviesa gran parte del Páramo de Pantano Grande. Es importante mencionar que dicha carretera presenta deslizamientos constantes y caída de puentes, esto debido a la inestabilidad del terreno caracterizado por pendientes escarpadas, altos índices de precipitación y humedad relativa.

De hecho, la zona en la que se ubican dichos títulos es un ecosistema hídrico estratégico para la región. Se trata de un Bosque de niebla ubicado a tan solo 200 metros del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (de acuerdo a la cartografía a escala 1:100.000 del Instituto Alexander von Humboldt). Su vegetación capta un alto índice de humedad, con altos niveles de precipitación anual y una fisiografía caracterizada por varias vertientes con escarpes irregulares y pendientes, las cuales generan varias corrientes de agua superficial. Esta situación hace del sector donde se ubican los tres títulos mineros para la extracción de carbón una zona clave para el mantenimiento de los caudales de las principales cuencas de la región, recordemos que allí nacen numerosas quebradas como la Quebrada Barrosa, El Rosal, Alto Negro o No Pases, afluentes del río Mueche, el cual hace parte de la subcuenca del Río Lengupá y la subcuenca del Río Upía, vertientes del Río Meta.

Asimismo el Páramo de Pantano Grande, a través del cual se transportará el carbón extraído hace parte del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha y surte de agua a los 9000 habitantes del municipio de Pesca. Según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha POMCA, en esta zona

“(…) confluyen gran cantidad de quebradas que alimentan al río Pesca. Sus aguas son utilizadas para el consumo urbano en el municipio de Pesca y en las zonas rurales de los municipios de Pesca, Iza, Cuítiva, Tota, Firavitoba(…)”[1]

La microcuenca del río Pesca, que se vería seriamente amenazada por la labor de transporte del mineral, ha sido clasificada dentro de las ZONAS ESTRATÉGICAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA como zona de importancia media, debido a que es de vital importancia para las comunidades de los municipios de Tota, Pesca, Cuítiva, Iza, Firavitoba y Sogamoso, además esta zona se corresponde en su mayoría a uno de los “Corredores vegetales de alta importancia” y a una zona de “Recuperación”. De otra parte, la cuenca del río Pesca conforma el río Chiquito, el cual es prácticamente la única corriente hídrica del valle Pesca-Iza-Firavitoba-Sogamoso

Esta condición especial de la zona es reconocida por la misma empresa que en su Estudio de Impacto Ambiental afirma (EIA): “ (…) La zona de páramo de Bijagual que pertenece a Rondón constituye una importante área de captación de agua para las microcuencas aportantes del Río Mueche, de ahí la necesidad de preservar el recurso hídrico, no solo por ser de importancia regional sino también nacional” (Carboandes: 2010. Pp.127)

Como vemos la puesta en marcha de la mina de Carbón a cielo abierto Palmarito, amenaza con destruir varios ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico que surte a tanto a la Provincia de Sugamuxi, como a la Provincia de Lengupá y de allí a la zona de la Orinoquia, afectando a miles de personas que dependemos de dicho recurso en ambas regiones y acabando con la maravillosa biodiversidad presente en el área.

Pese a ello las concesiones mineras fueron otorgadas por CORPOBOYACÁ para la explotación de carbón, asfaltita y demás minerales concesibles. Adicionalmente esta empresa desde 2007 tiene una solicitud de título minero para un área de 1.580 ha (ICQ-0800513X) para la explotación de carbón térmico y demás minerales concesibles. Esta solicitud está vigente y en curso.

Acordé al EIA presentado para el Título GCF-153 en el 2008, el cual reposa en las instalaciones de Corpoboyacá, durante los tres primeros años del mismo se han extraído entre 300.000 y 800.000 toneladas de carbón, además dicha licencia será modificada para desarrollar Gran Minería hasta el 2037, con lo que se extraerán 1’000.000 de toneladas anuales durante 25 años. Además, con el fin de poder explotar esta mina, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) efectúo un levantamiento temporal de veda para talar las especies Helecho Arborescente, Helecho Macho, Palma Boba o Palma de Helecho en un área de 300 ha, ubicada dentro del título minero GCF-153 (Resolución 1518 de 5 de agosto de 2010). Es así como a 2014 ya han sido deforestadas más de 23 hectáreas de bosque altoandino, ecosistema altamente amenazado y vital en el ciclo hidrológico.

Pese a que la empresa cuenta con un Plan de Compensación Forestal y ha puesto en marcha un invernadero en el que se aprecian hasta cuatro especies de árboles nativos, nos preguntamos si estas acciones constituyen un verdadero proceso de Restauración Ecológica, cuando la misma empresa en su caracterización vegetal identificó 1427 especies vegetales en un área de 300 hectáreas (apenas el 14% del área total del proyecto).

Por otro lado, con el método a cielo abierto, uno solo de los títulos generaría 2’029.034 toneladas de carbón en 5 años, para lo cual se requiere remover y depositar 11’511.336 m3 de estéril, es decir que para explotar una tonelada de carbón hay que mover 5,67 ton de estéril, el cual se ubicará en un botadero de un “modesto” tamaño de 20 Hectáreas. Quisiéramos llamar la atención al siguiente mapa presentado por la empresa, en el que se aprecia en amarillo el sector destinado para la mina a cielo abierto, y a su derecha, las áreas de botadero.

Como es sabido, la normatividad colombiana establece que es necesario que dentro de los proyectos extractivos se establezcan zonas de exclusión atendiendo a su importancia ecológica o a diferentes criterios para la protección del medio ambiente y la salud humana, sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el presente proyecto no contempla zonas de exclusión argumentando que la zona está altamente intervenida.

En primer lugar, queremos afirmar que es prácticamente imposible que en un sector no existan áreas de exclusión, eso es contradecir toda la normatividad ambiental del país. Por Ley, todos los cauces y sus rondas de protección de 30 m. (a partir de la cota máxima de inundación) son de exclusión, también los son las zonas de bosque, los corredores de importancia para la fauna, los aislamientos viales, los nacimiento con su ronda de 100 m etc.

En segundo lugar, como comunidad boyacense nos parece una osadía afirmaciones del tipo: “El área donde se desarrollaran las actividades de extracción de carbón se encuentra altamente intervenida por la tala de bosque secundario para la expansión de las praderas y el aprovechamiento de la madera, por lo tanto, se puede ejecutar cualquier tipo de actividad (…)”

De hecho en varias ocasiones y documentos, la empresa ha expresado que es el campesino quien tala los bosques, desvía los cauces y los contamina con sustancias toxicas provenientes del lavado de fique generando deslizamientos y procesos erosivos. Si bien es cierto que la tala de bosque para expansión de la ganadería es una problemática presente en el sector, consideramos un despropósito que la empresa compare los impactos de estas prácticas con los impactos que tendrá su proyecto en toda la región y que sobre este argumento cometa faltas graves como las de no establecer zonas de exclusión de su proyecto, afectando directamente varios causes que atraviesan o colindan con los títulos mineros.

De hecho la zona de influencia directa del proyecto es atravesada por las Quebradas Alto Negro y Granizal que será desviadas para evitar el deterioro de sus aguas, sin embargo la empresa expresa que se hará un desvío parcial de la quebrada El Granizal y Alto Negro. Esto amerita todo un estudio, el diseño específico del canal, la identificación de impactos y la formulación de las medidas de manejo, etc. Estudios que la empresa no presenta, lo cual es un reflejo claro de la irresponsabilidad

A pesar de lo manifestado por Carboandes, y una semana después de nuestro recorrido por su nefasto proyecto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) ordenó el cierre inmediato de la mina, por cuanto la licencia ambiental había caducado y porque fueron encontradas serías irregularidades en el desempeño ambiental del proyecto (vea aquí la noticia: http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/mineria-en-rondon-boyaca_13778100-4). Para el Colectivo esto es una muestra suficientemente clara de los impactos criminales de este proyecto sobre nuestra biodiversidad y nuestra agua, razón por la cual hoy más que nunca nos sentimos alentados a seguir defendiendo con ruana y sombrero nuestro suelo del desarrollo arrollador. Pero nos queda una gran inquietud: ¿Corpoboyacá permitirá que se renueve esta licencia ambiental a favor de Carboandes para que continúe arrasando nuestra preciada naturaleza? Estaremos más que atentos para garantizar que nuestro territorio no siga siendo depredado con el beneplácito de las autoridades ambientales, tanto regionales como nacionales.

Antecedentes de Carbones de los Andes CARBOANDES S.A

Agradecemos especialmente al Colectivo Ecologista Campo (https://www.facebook.com/ColectivoEcoCAMPO/) que desarrolló la presente investigación sobre la historia, antecedentes y propietarios de la empresa Carbones de los Andes S.A. Consideramos que es de vital importancia compartir esta información con todos los boyacenses...

Carbones de los Andes S.A. se constituyó como empresa el 11 de marzo de 1987 en la ciudad de Valledupar, Cesar. La empresa tiene como objeto la exploración, explotación, clasificación, exportación y comercialización de toda clase de minerales y bienes para la actividad minera, sea subterránea o a cielo abierto en el territorio nacional o en el exterior. La Junta Directiva de la compañía está conformada por miembros de algunas de las familias más representativas del Cesar, entre las que se encuentran Saade Mejía, Morelli Socarras y Quintero Castro[2]. La actual representante legal es María Victoria Saade, hermana de Alfonso Saade Mejía[3].

En diciembre de 1992, Carboandes Ltda. se transformó en Carboandes S.A[4], designándose como presidente de la Junta Directiva a Gustavo Tapias Ospina, conocido como alias “Techo”, ganadero y empresario antioqueño que hizo parte del cartel de Medellín como delegado en el manejo de las rutas del narcotráfico a través de México. Es uno de los llamados Doce apostoles, grupo de narcotraficantes que fueron perdonados en 1993 por la Fiscalía por su colaboración para desmantelar el cartel de Medellín. Para algunas personas, este gesto fue la forma en la que los narcotraficantes eliminaron a Pablo Escobar, el mayor obstáculo para el expandir el negocio (Unidad Investigativa - El Tiempo, 2009).

Tapias Ospina fue señalado de acordar la reunión en la Casa de Nariño a la que acudieron el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez y el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, con el jefe paramilitar Antonio López alias “Job”, para organizar un complot contra la Corte Suprema de Justicia, durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En febrero del 2009, Gustavo Tapias Ospina, fue condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos, tras haberse entregado a la justicia del mismo país (Unidad Investigativa - Cambio.com.co)

Carboandes S.A. se dedicó durante más de 20 años al aprovechamiento de carbón en la mina La Victoria y el Tesoro[5] ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. En este lugar, se ordenó una investigación ambiental[6] para el proyecto denominado “Explotación integral de Carbón de las minas La Victoria y el Tesoro, ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico”. Hoy, este municipio es considerado como la segunda reserva de carbón del país recibiendo por la explotación cada año aproximadamente 30.000 millones de pesos por concepto de regalías, para invertir en saneamiento, educación y salud para sus pobladores (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2009). Sin embargo, no cuenta con acueducto ni alcantarillado, no goza de cobertura plena en educación y salud y, en los últimos años, cuatro de sus alcaldes se han visto en problemas jurídicos por casos de corrupción: Ana Alicia Quiroz, Hernando Díaz, Omar Mojica y Edinson Lima (Unidad Investigativa - Semana. com)

En la actualidad, Carboandes S.A. tiene una gran diversidad de inversiones, como su posesión del 40% en la compañía Carbosan (empresa de servicio portuario y de cargue a buques carboneros, ubicada en el puerto de Santa Marta, manejada por la Sociedad Portuaria Regional de la misma ciudad); tiene también una contribución del 2,4% en la empresa de transporte ferroviario, FENOCO; participación del 7,4% en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y en la Corporación del Carare; y realiza actividades de transporte ferroviario de carbones en Boyacá y Cundinamarca. Además la empresa cuenta con la propiedad del 50% de Inversiones Agrorios S.A., empresa dedicada a la explotación de actividades agropecuarias, que posee 4.640 hectáreas de palma africana y tiene proyectado sembrar de 2.000 a 2.500 hectáreas del mismo cultivo en la Costa Caribe.

[1] Corpoboyacá. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del río Chicamocha. Capítulo 1, pág. 252. Año 2006.[2] Juan Carlos Quintero Castro, en el periodo presidencial de Ernesto Samper Pizano, mediante el Decreto 861 de 1998 fue nombrado Consejero Presidencial para la Costa Atlántica[3] Alfonso Saade Mejía es el actual director ejecutivo de Federación Nacional de Productores de Carbón (FENALCARBÓN), presidente de la Junta Directiva de la Corporación para el Desarrollo del Ferrocarril del Carare y miembro por el sector empresarial del Consejo Asesor de Política Minera. Anteriormente ha sido, entre otras actividades, gerente general de Ecocarbón y de Mineralco, miembro de la dirección general del Instituto Nacional de Geología y Minería Ingeominas (hasta diciembre de 2011 la entidad encargada de otorgar los títulos mineros), del Programa Nacional de Investigaciones de Energía y Minería de Colciencias y de las electrificadoras de Boyacá y del Cesar (FENALCARBÓN, 2012)[4] Mediante la escritura pública 0004561 de la Notaría 34 de Bogotá.[5] Las minas la Victoria y el Tesoro se localizan en el oriente del departamento del Cesar, 9 km. al sureste de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico, en las estribaciones de la serranía de Los Motilones. El área es de 540 Ha. y 972 m2, definidas en el contrato de gran minería No. 132 de 1997 suscrito entre ECOCARBON y CARBOANDES S.A.[6] Mediante la Resolución 404 de marzo de 2007 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ordenó una investigación ambiental contra la empresa Carbones de los Andes S.A. por: intervenir la Reserva Forestal Nacional Los Motilones, alterar el flujo de aguas y sedimentar el caño Ojinegro con el material procedente de los taludes de los botaderos El Tesoro y Central, invadir la franja de protección y disponer de aguas residuales industriales en el caño Ojinegro sin previa autorización. Finalmente, el Ministerio de Ambiente, mediante la Resolución No. 447 del 22 de abril del 2004, autorizó la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en el Plan de Manejo Ambiental a la empresa Carbones de los Andes S.A., a favor de la empresa Carbones del Tesoro S.A. en la minas la Victoria y el Tesoro.