¿Consorcios sanitarios para mejorar la sanidad o para destruir el ICS?

  -Tribuna publicada al Diario Médico

 Primero fue el holding de empresas. El Institut Català de la Salut era demasiado grande y para remediarlo se tenía que convertir en un holding de empresas. Se debían crear múltiples empresas, que aumentaran la competencia en el sector; estas empresas gozarían de más autonomía, serían menos rígidas, más eficientes, etc. Se encargó el proyecto a Josep Prat, vicepresidente de USP, multinacional sanitaria privada; toda una declaración de intenciones. Prat acabó imputado por su gestión en Innova, otro holding. El proyecto del holding desapareció con Prat.

Cuando el cadáver del holding del ICS aún estaba fresco, alguno de sus promotores empezó a vender la idea de los consorcios. Ya no había que ser más pequeño para ser más flexible; ahora de lo que se trataba era de ganar masa crítica.

El Govern de la Generalitat encargó al Servei Català de la Salut (SCS) unificar en un único ente gestor todos los servicios sanitarios de la sanidad pública de Lleida. Ahora la inmensa mayoría dependen del ICS y el resto de Gestió de Serveis Sanitaris, otra empresa pública de la Generalitat. El SCS, contra toda lógica, decidió crear un consorcio en el que tuvieran participación el SCS, el ICS, el Institut de Recerca Biomèdica, que depende del ICS, y la Universidad de Lleida. El día 26 de noviembre el Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida acordó participar en el Consorcio pidiendo mayor representación y quedando al margen de cualquier responsabilidad económica en caso de liquidación o deuda. Dos empresas públicas gestionan la sanidad pública y en lugar de unificarlas, asumiendo el ICS todos los servicios, se crea un consorcio en el que el único participante que no es de la Generalitat no quiere asumir ninguna responsabilidad.

La Generalitat ha iniciado una campaña propagandística por la provincia de Lleida en la que se destacan las ventajas del nuevo consorcio: los centros de atención primaria tendrán más soporte, podrán hacer más ecografías, los médicos de familia podrán pedir más pruebas y, en definitiva, la atención primaria será más resolutiva; también se dice que habrá más especialidades y más especialistas cerca de casa y que disminuirán las listas de espera. Todo esto sucederá porque a partir de ahora las decisiones se podrán tomar desde el territorio y los centros tendrán más autonomía en la gestión de los recursos. Se dice que esto no sería posible si se unificaran todos los servicios en la empresa pública ICS, ya que está burocratizada y el régimen jurídico de su personal es muy rígido.

Lo cierto es que todas estas supuestas ventajas no tienen nada que ver con la creación de un consorcio. Hay decisiones, como la creación de nuevas especialidades, que no dependen del proveedor, sino del SCS. Otras, como las relacionadas con la capacidad resolutiva de la atención primaria, la autonomía de los centros o la continuidad asistencial entre primaria y hospitalaria hace años que se están desarrollando en el ICS. La Ley del ICS también permite un alto grado de autonomía de sus centros y servicios, por lo que ya hoy no hay ningún impedimento para que las decisiones se tomen en el territorio. Es cierto que todo avanza muy lentamente, pero no por la estructura rígida del ICS, sino porque los mismos que denuncian la rigidez del ICS y su poca capacidad de trabajar con autonomía de gestión están interfiriendo continuamente en las decisiones que el ICS debería tomar autónomamente. Buena prueba de ello es el continuo baile de gerentes y equipos directivos en función de las afinidades políticas. Mucho de lo que ahora se presenta como ventajas del nuevo consorcio es lo que CCOO y muchos profesionales llevamos demandando desde hace años y que no se ha implementado por decisión política. Es política la decisión de que el ICS trabaje muy por debajo de su capacidad; también es una decisión política que el ICS tenga que comprar exploraciones complementarias que podría hacer con sus propios medios con un coste mucho menor. Sin estas injerencias en la gestión habría menos pastel para otros proveedores que están más preocupados por su cuenta de resultados que por la atención a los ciudadanos de Catalunya.

La creación del consorcio de Lleida no tiene ningún sentido. ¿Quién mejor para gestionar la sanidad pública leridana que la empresa pública que ya gestiona la mayor parte con unos excelentes resultados clínicos y económicos?

Todo parece indicar que al final de lo que se trata es de plantear reformas, unas en un sentido y otras en el contrario, cuyo único objetivo es que el ICS deje de ser la referencia de la sanidad pública catalana. Como su desmembración en  múltiples empresas fracasó, ahora toca probar integrando parte de sus centros y servicios en otros entes de diversa naturaleza jurídica. El objetivo, siempre el mismo: que la empresa pública ICS pierda la hegemonía que tiene en el sistema sanitario catalán.

M. Carme Navarro

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