Incidente de Palomares

El accidente nuclear de Palomares fue un accidente nuclear ocurrido en la localidad española de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora (Almería), el 17 de enero de 1966. En el contexto histórico de la Guerra Fría, dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52, colisionaron en vuelo en una maniobra de reabastecimiento de combustible. Esto provocó el desprendimiento y la caída de las cuatro bombas termonucleares que transportaba el B-52, así como la muerte de siete del total de los once tripulantes que sumaban ambas aeronaves.

El accidente

En el accidente nuclear de Palomares se vieron implicados un bombardero estratégico B-52 y un avión nodriza KC-135 cargado con 90000 litros de combustible, ambos de nacionalidad estadounidense. Los dos aviones colisionaron a 10 690 metros de altura sobre la costa mediterránea, en el cielo de la pequeña localidad española. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro (Carolina del Norte) y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón (Sevilla). La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde la de Morón.

Un operario a bordo de un KC-135 durante el reabastecimiento en vuelo de un bombardero B-52 en 2006.

Debido a un fallo en la maniobra de acoplamiento, ambas aeronaves colisionaron, se destruyeron y cayeron. Los cuatro tripulantes del KC-135 resultaron muertos, al igual que tres del B-52. Cuatro tripulantes del bombardero lograron eyectarse, pero el paracaídas de uno de ellos no se abrió. Otro miembro de la tripulación se lanzó a través de una escotilla abierta por una de las eyecciones, al contar el B-52 con solo seis asientos eyectables.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar de la pedanía y la otra en una sierra cercana. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas, pero la que se precipitó al mar solo pudo ser recuperada 80 días después.

Como resultado de la explosión, se formó un aerosol, una nube de finas partículas compuesta por los óxidos de elementos transuránicos que formaban parte del núcleo de las bombas, más el tritio que se vaporizó al romperse el núcleo. Dicha nube fue dispersada por el viento y sus componentes se depositaron en una zona de 226 hectáreas de superficie que incluía monte bajo, campos de cultivo e incluso zonas urbanas. La contaminación radiactiva resultante (principalmente por plutonio-239, también plutonio-240 y americio-241) superó los 7400 Bq/m², con notables diferencias según el punto considerado, habiendo zonas con 117 000 Bq/m², y hasta más de 37 millones de Bq/m² (saturaron los instrumentos de medida) cerca de los puntos de impacto.A finales de los años 1980, la contaminación residual era de 2500 a 3000 veces superior a la de las pruebas atómicas.

La reacción en cadena que hubiera desencadenado la explosión nuclear no se produjo gracias al dispositivo o sistema que lo impedía en caso de impactos. Sistema aún mantenido bajo secreto.

El vicepresidente del Gobierno, Agustín Muñoz Grandes, ordenó al presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero de Navascués, enviar al comandante del cuerpo de ingenieros aeronáuticos del Ejército del Aire, Guillermo Velarde, físico y experto en energía nuclear, para que comprobara los daños ocasionados. Velarde pudo examinar los restos de plutonio de las bombas termonucleares.

Recuperación de los artefactos

La bomba de hidrógeno recuperada situada en la cola del barco de rescate submarino USS Petrel después de que fue encontrada por el DSV Alvin y recuperada por el CURV-I a una profundidad de 2500 pies (760 m).

La bomba perdida en el mar podía seguir intacta e incluso ser recuperada por algún otro país, en especial por la Unión Soviética. Por ello la Armada de los Estados Unidos, previa autorización del Gobierno español, desplegó un gran dispositivo de buceadores, 34 buques y 4 minisubmarinos sumergibles. Tras 80 días de búsqueda, la bomba fue localizada por el minisubmarino Alvin a 869 metros de profundidad y 5 millas de la costa, gracias a la ayuda de un pescador local, un vecino de la localidad cercana de Águilas llamado Francisco Simó Orts. Este observó el accidente mientras estaba faenando en el mar cerca del lugar, y guió a los marines hasta el lugar donde cayó la bomba. Desde este día a Francisco Simó se lo conoce en la zona como «Paco el de la bomba». El rescate efectivo de la bomba sumergida se realizó gracias a un ingenio denominado «CURV», utilizado habitualmente para recuperar torpedos del fondo marino.

La recuperación y limpieza de las armas caídas en tierra requirió otro tipo de dispositivo. Varios miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos se presentaron en las cercanías del pueblo, previa autorización del Gobierno, equipados con trajes NBQ. Durante varios días permanecieron en la zona, retirando la tierra superficial contaminada de 25 000 metros cuadrados de suelo.

Las operaciones le costaron al ejército estadounidense 80 millones de dólares de la época, retirando en 4818 bidones, 1400 toneladas de tierra y tomateras que fueron transportadas a Savannah River (Carolina del Sur). Se calcula que el 15 % del plutonio, unos 3 kg en estado natural, en óxidos y en nitratos, quedó esparcido en forma pulverizada y fue irrecuperable.Actualmente, Palomares es una de las seis localidades más radiactivas de España.

Repercusiones del accidente

Dos bombas de Palomares en el Museo Nacional de Ciencia e Historia Nuclear de Albuquerque (Nuevo México).

El Gobierno español no suministró protección de ninguna clase a los guardias civiles que participaron en la limpieza, protección que sí llevaba el personal estadounidense. El plutonio-239, utilizado en las armas nucleares, emite radiación alfa y tiene una vida media de 24 100 años. No se han realizado estudios epidemiológicos sobre enfermedades asociadas a la radiactividad y a la toxicidad química del plutonio ni a nivel local ni entre los guardias civiles que participaron en la limpieza. El Gobierno, bajo presión de su homólogo estadounidense, mantuvo secretos los informes de monitorización médica, hasta que finalmente los desclasificó en 1986.Aproximadamente el 29 % de la población de Palomares presentaba trazas de plutonio radiactivo en su organismo. En la actualidad hay alguna urbanización turística por los alrededores, lo bastante cerca como para que los coches pasen levantando polvo que entra en el circuito del aire acondicionado, por ello el Consejo de Seguridad Nuclear ha prohibido la construcción en las zonas más afectadas.Aún hay zonas cercadas con vallas metálicas que se consideran contaminadas y están vigiladas por el CIEMAT. Las armas termonucleares también utilizan deuteruro de litio, que refuerza las reacciones de fusión. Técnicos españoles recolectaron muestras de esos restos, y el CIEMAT en Madrid pudo determinar la composición de esa sustancia, que aumentaba la potencia de las reacciones en cadena. Tanto el plutonio finamente dividido como el deuteruro de litio, parece ser que son pirofóricos, así pues la explosión que acompañó la caída de las bombas podría ser debida a una reacción exotérmica (química) de los combustibles nucleares.

Un accidente parecido —el accidente de Thule— tuvo lugar dos años y medio después, el 21 de enero de 1968, en la base militar estadounidense de Thule, enclavada en territorio danés. Un accidente en pista provocó el incendio y posterior explosión de un bombardero B-52, que llevaba 4 bombas B28 como las de Palomares. Aquí sí se hizo estudio epidemiológico y la tasa de cáncer entre los trabajadores que participaron en la limpieza era un 50 % superior a la de la población general. Hubo también informes de esterilidad y otros trastornos asociados a la radiactividad

Palomares es —en la terminología militar estadounidense— un Broken Arrow (accidente relacionado con armas nucleares), uno de los más graves que se conocen. Ya en 1961 había ocurrido otro Broken Arrow en Carolina del Norte, en este caso con dos bombas de uranio. Desde 1950 el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado de 32 Broken Arrow.

Tras el accidente, el Gobierno español y su homólogo estadounidense iniciaron una campaña intentando demostrar la inexistencia de contaminación nuclear en la zona. El elemento más recordado de dicha campaña fue el baño conjunto que se dieron el ministro de Información y Turismo del régimen franquista, Manuel Fraga, de 43 años, y el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke, en la playa de Quitapellejos, en Palomares, ante las cámaras de RTVE y emitido por el NO-DO, para evitar rumores sobre la peligrosidad de la zona, que podrían haber afectado negativamente al turismo,¹¹ principal motor económico del país en la época.

Existían en la zona del incidente rumores que hablan que cuando el ministro Manuel Fraga y el embajador estadounidense acudieron a darse el famoso baño, este no se produjo en las playas de la zona accidentada (Palomares), sino en Mojácar (a 15 km del lugar del accidente), frente al parador nacional de esta localidad. La realidad más aceptada hoy día, no obstante, es que se realizaron dos baños, el primero, efectivamente en Mojácar, en el que solamente se bañó el embajador estadounidense y alguno de sus acompañantes, y un segundo baño, ya en la playa de Quitapellejos en Palomares, donde de nuevo el embajador se bañó acompañado por el ministro.

Condena del Tribunal de Orden Público contra Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, por promover una manifestación ilegal de vecinos de Palomares en relación al incidente de Palomares.

Posteriormente se realizaron diversas protestas relacionadas con el accidente. A raíz de una de ellas, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, fue condenada a un año de prisión menor y multa por organizar una manifestación ilegal con vecinos de Palomares y Villaricos para protestar por la falta de compensaciones tras el mismo.

50 años después

Frank B. Thompson es un músico de 72 años y tiene cáncer en el hígado, en un pulmón y en uno de sus riñones. Cuando tenía 22 años trabajó varios días en los campos españoles contaminados sin ningún equipo de protección más que la confianza en la palabra de sus supervisores. «Nos dijeron que era seguro, y fuimos lo suficientemente tontos, supongo, para creer en ellos», explica el hombre. Hoy en día Thompson paga más de 2 mil dólares por mes para tratar de hacer retroceder el cáncer, algo que le sería totalmente gratis si fuese reconocido como una víctima de la radiación por parte de la Fuerza Aérea estadounidense. Sin embargo, el organismo militar ha declarado varias veces que no hubo radiación dañina rodeando a los trabajadores, postura que han mantenido por más de cinco décadas.

Según la Fuerza Aérea, el peligro fue mínimo y los más de 1500 trabajadores que ayudaron a limpiar la zona estaban protegidos, algo que las experiencias de Thompson y otros veteranos parecen desmentir. Además, varios documentos desclasificados en Estados Unidos (no en España aún¹⁴) en el correr de los años han desvelado que los niveles de radiación eran los suficientemente altos como para poner en grave riesgo la salud de los que permanecieran en el lugar. Según documenta The New York Times, los resultados de las pruebas de radiación han sido mantenidos lejos de los historiales clínicos de aquellos que trabajaron en Palomares, muchos de los cuales se encuentran enfrentando de forma crítica los efectos de la intoxicación con plutonio. Los planes de limpieza de Estados Unidos y España se han ido sucediendo durante los años posteriores al accidente con resultados disimiles. Se calcula que una quinta parte del plutonio que se esparció en 1966 todavía contamina la zona de Palomares.

El incidente de Palomares en el cine

Existen varias películas y documentales que tratan el incidente.

En la película Hombres de honor (2000, de George Tillman Jr.), el actor Cuba Gooding Jr. interpreta a Carl Brashear, uno de los buceadores que participaron en el rescate de la bomba perdida en el mar. Se muestra algo del dispositivo naval desplegado y el nerviosismo de los militares estadounidenses al declararse el código Broken Arrow; sin embargo, no se menciona la contribución de Paco el de la bomba.

En 2007 la productora almeriense Pitaco Producciones realizó el documental Operación Flecha Rota, con material audiovisual desclasificado en los últimos años. En él, se analiza el accidente y sus consecuencias, se entrevista por primera vez al piloto que estaba a los mandos del B-52 siniestrado, se recrea en 3D el accidente en base al informe oficial de la USAF y se culmina el trabajo epidemiológico del doctor Martínez Pinilla. La regencia y el guion corren a cargo de José Herrera con la producción de Antonio Sánchez Picón.

En la película Cuerpo de élite (2016) se da una versión alternativa ficticia del incidente de Palomares, lo que da pie a una de las misiones principales de la película.

En la docuserie de 4 episodios "Palomares: Días de Playa y Plutonio" (2021, de Álvaro Ron) se tienen en cuenta todos los documentos desclasificados y se le da voz a todos los personajes que intervinieron de una u otra manera en aquel acontecimiento.

Archivo de Jordi Bigues sobre Palomares

En el año 2016 Jordi Bigues donó al Instituto de Historia de la Ciencia (centro de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona) su archivo sobre Palomares.

Jordi Bigues, como miembro de la junta directiva de Greenpeace-España, coordinó a mediados de 1980 la campaña en favor de los vecinos de Palomares (Almería), cuando estaba a punto de vencer el plazo de indemnización a las víctimas del accidente nuclear del 17 de enero de 1966. El archivo Bigues-Palomares contiene documentos muy diversos, tanto personales como oficiales y públicos. Este archivo se ha digitalizado y se puede consultar en el Depósito Digital de Documentos del Servicio de bibliotecas de la UAB.

“Si hay que bañarse, se baña uno”, dijo el embajador norteamericano en España. “Te tomo la palabra, nos bañamos juntos”, contestó Fraga. Y tanto le tomó la palabra que hizo suya la idea y se convirtió en el protagonista del histórico chapuzón de Palomares. La escena ha quedado grabada como un icono: Fraga con el bañador Meyba, la sonrisa congelada de la alegre comitiva en las aguas heladas de marzo, las manos vivaces saludando a la selecta prensa convocada. Pero no hay en nuestro país ni un documento oficial sobre aquel episodio. Ni apenas datos disponibles sobre lo que sucedió en la costa de Almería cuando en invierno de 1968 la fuerza aérea estadounidense perdió cuatro bombas termonucleares. Los papeles o han desaparecido o están clasificados.

Los papeles secretos de Franco

Lo sabe bien Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense, investigador histórico y periodista, que ha dedicado 15 años a estudiar el incidente de Palomares. Solo ha podido hacerlo gracias a la documentación de los archivos norteamericanos. En su casa tiene todavía tres cajas de papeles: información del Pentágono, del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia. Muchos, desclasificados gracias a sus peticiones. En España, se chocó contra un muro. O los documentos que solicitaba eran secretos, o habían desaparecido o era imposible localizarlos. Pero el profesor Moreno insistió. Recorrió distintos archivos, preguntó a unos y a otros y finalmente, en el Archivo General de la Administración dio con una caja.

El Archivo General de la Administración, el AGA como lo llaman los investigadores con el tono de familiaridad de quien ha pasado allí muchas horas, es un dédalo inabordable. El archivo más grande de España. El tercero del mundo. Un búnker de ocho plantas en Alcalá de Henares donde a lo largo de los años han ido llegando fondos de otros depósitos. 170 kilómetros de cajas y más cajas. “”Cuando lo construyeron en los 70 nunca pensaron que se iba a llenar”, cuenta la directora del centro, Mercedes Martín Palomino. Aunque ahora está abarrotado, apenas hay 11 técnicos, superados, trabajando en los fondos. “Un tanto por ciento mínimo está digitalizado”, reconoce Martín Palomino.

En ese laberinto de legajos, Rafael Moreno Izquierdo dio finalmente con una pista. “Lo único que encontré”, recuerda, “fue una caja con la contabilidad del Proyecto Índalo, que es como llamaban a Palomares. Estaban los recibos de los pagos de las muestras, los que pasaban los investigadores cuando iban a comer, pero de lo demás… nada”. El profesor Moreno sabía que España había mandado desde el accidente hasta bien entrado el siglo XXI un detallado informe anual para justificar las reparaciones económicas de Washington. “Pero aquí no existen esos informes y si existen están desaparecidos. Y yo sin embargo los he encontrado en la documentación que Estados Unidos sí me ha enviado”.

El vía crucis de negativas que pasó Rafael Moreno Izquierdo para escribir su libro, “La Historia Secreta de las Bombas de Palomares”, es el mismo por el que sufren día a día los historiadores que quieren bucear en nuestros archivos. Uno de los casos más llamativos es el de la información del Ministerio de Defensa que Carme Chacón mandó estudiar para su desclasificación en el último mandato de Zapatero. Una comisión trabajó durante tres años y determinó en 2011 que había 10.000 documentos desde 1936 hasta 1968 que podían salir a la luz. “Era documentación anterior a la ley de Secretos Oficiales, producida en un contexto histórico muy diferente al actual, cuyo contenido por el transcurso del tiempo no parecía afectar a la seguridad del Estado”, comenta una de las personas que participó en el estudio y que siete años después prefiere no dar su nombre. Pero Carme Chacón nunca llevó el resultado al Consejo de Ministros. El PP ganó las elecciones y con Pedro Morenés en la cartera de Defensa la desclasificación quedó paralizada. Hasta hoy. El motivo que alega el Ministerio es el mismo desde entonces: no es una prioridad del ejército y no hay recursos para hacerlo –menos ahora con los presupuestos pendientes de aprobación. En 2012, Morenés fue más allá, llegó a afirmar que la desclasificación podía “perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país y dañar a terceros”.

Desde entonces un grupo de 300 historiadores reclama poder acceder a una información vital para su trabajo. Ángel Viñas, uno de esos investigadores, todavía se exalta cuando recuerda la respuesta del ministro: “Yo le pregunto a Morenés que si nos va a crear problemas con la Alemania nazi, con la Italia fascista o con la Francia de Vichy que ya han desclasificado esos papeles. Lo que pasa es que en los archivos hay serpientes venenosas. Hay esqueletos”, dice bajando un poco el tono.

¿Qué secretos se ocultan en esos archivos de defensa? Datos sobre operaciones del ejército alemán en territorio español durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sobre espías franceses y británicos. Relaciones detalladas sobre campos de prisioneros, nombres de los responsables y de los reclusos. Informes sobre la represión. Precisamente sobre la represión ha estudiado durante décadas Francisco Espinosa. “Con los 10.000 documentos de Defensa lo que se ve es una clara intención de que eso no salga a la luz, de que no se conozca la verdadera dimensión de lo que fue aquello. Yo investigué lo ocurrido en Badajoz, porque fue de las mayores matanzas de este país, y es una desesperación constante”. Cuenta Espinosa, como quien relata una historia policial, que en el archivo de Ávila encontró una carta del General Yagüe a Franco informando de la operación. “En un momento decía: en documento aparte te detallo el número de bajas nuestras, del enemigo, número de armas recogidas, de presos hechos. ¡Pues ese documento no está! Y es un informe que completo sería interesantísimo”. Espinosa llegó a interponer un recurso de alzada para solicitar la desclasificación del material de Defensa. No tuvo éxito.

El informe que lleva años buscando Espinosa puede estar clasificado como secreto o, sencillamente, puede estar sepultado en el océano de carpetas sin catalogar de los archivos españoles. Ese es el segundo problema con el que se encuentran los especialistas. La situación se agravó en 2013 cuando el Ministerio de Exteriores decidió desmantelar su fondo documental como medida de ahorro. Fue traumático. En apenas dos meses los historiadores se encontraron con las puertas cerradas, con sus trabajos a medio hacer y sin posibilidad de consultar hasta que todo fuera catalogado en los lugares de destino.

El único informe de la muerte de Lorca

En el año 2009 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tuvo noticia de una información que muchos investigadores llevaban tiempo buscando: un documento oficial sobre la muerte de Federico García Lorca. Apenas dos hojas con una grapa que habían permanecido guardadas en los Archivos Generales del Ministerio del Interior. Había sido redactado muchos años después del asesinato del poeta, en 1965 a petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, pero su valor era evidente: hasta entonces no había aparecido ningún dato oficial sobre lo que sucedió aquella noche de julio en Granada.

Cuenta el presidente de la Asociación, el sociólogo Emilio Silva, que quien se lo dio le pidió mantener el secreto hasta que pudiera revelarlo. Pasaron siete años. Y en 2011 Silva fue por fin al Ministerio del Interior para consultarlo. Tenía la clave que lo hacía posible: la signatura con la que estaba archivado. Si lo hubiera solicitado genéricamente, sin ese dato, jamás habría tenido acceso. “Allí me preguntaron que por dónde lo había conocido y yo le dije que un investigador me había dicho que viniera a recogerlo y que quería una copia”. En aquellos papeles, Silva leyó que Lorca había sido fusilado en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco”. Inmediatamente Silva se preguntó qué otros secretos guardaban las tripas del archivo del Ministerio de Interior.

Hay una documentación que lleva años persiguiendo y de la que no ha conseguido ni una pista: los informes sobre enterramientos que en los años 50 los gobernadores civiles pidieron a los alcaldes de toda España para la operación Valle de los Caídos. “Hubo un censo de todas las fosas que mandaron los ayuntamientos”, reclama Emilio Silva, “y para nosotros esa información sería muy importante”.

Carlos Sanz, profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Complutense, fue uno de los profesionales que se vio sorprendido por el cierre de Exteriores. “Una vez que se terminó el periodo de traslado la situación que se ha creado es que no está accesible con carácter general”, dice, “no se puede consultar en condiciones de normalidad”. Y no se puede consultar porque los fondos de Exteriores desde 1931 hasta los años 80 fueron a parar al ya atestado Archivo General de la Administración. La directora del AGA explica que de repente se vieron con 60.000 legajos que tenían que catalogar de nuevo: “El traslado de fondos lo hicieron tal y como estaba allí en el archivo central, cuando se exige que haya una preparación para hacer las trasferencias de un fondo a otro. Y nos llegó todo junto con un fichero temático que es una locura”.

Pero el problema no es solo práctico. A las dificultades técnicas se suma otra clasificación masiva de documentos que en este caso acometió el gobierno de Zapatero con Miguel Ángel Moratinos al frente de Exteriores. Fue en el año 2010 en un acuerdo secreto del Consejo de Ministros que ni siquiera apareció publicado en el BOE. Habían salido a la luz los vuelos de la CIA y desde aquel verano Wikileaks escupía información reservada de la guerra de Afganistán. “Aquella clasificación de 2010 fue masiva, de brocha gorda, a lo bestia”, se queja Carlos Sanz, “se clasificaba un catálogo de 14 materias. Mirándolo bien solo quedaba fuera la política cultural. Pero todo lo que tenía que ver con economía –en su sentido más amplio- política y relaciones internacionales, clasificado”. La decisión tomada por Moratinos se ocultó con tal celo, que Carlos Sanz recuerda que en los propios archivos muchos profesionales no se enteraron hasta mucho tiempo después. Cuando le empezaron a denegar el acceso a cosas que había investigado normalmente hasta entonces, pidió explicaciones y 19 meses después del cerrojazo informativo recibió una carta en la que le especificaban las materias clasificadas.

“Resulta ridículo que el argumento sea la seguridad nacional, porque otros países sí abren sus archivos y no son menos seguros. Y nos enteramos por archivos de esos países de cosas que pasaban en España. Además, es un punto humillante”. Así que cuando a Carlos Sanz le vetaron el acceso a la información sobre su campo de estudio, las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982, tuvo que irse a Alemania. “Aquí la petición me fue denegada porque estaba cubierta por ese acuerdo del año 2010 y por la Ley de Secretos Oficiales. Mientras que allí he podido ver toda la documentación hasta el año 86”. Y pone un ejemplo de información que ha consultado que aquí es totalmente inaccesible. “Hubo un caso polémico que pude comprobar, cuando el embajador alemán comunica una conversación que había tenido con el Rey después del 23F y decía que el Rey le había dicho que al fin y al cabo lo que los golpistas no querían otra cosa que más o menos lo que querían todos y que esperaba que los jueces fueran benévolos… y ese despacho está en Alemania. Es un ejemplo muy llamativo de hasta qué nivel de cosas se pueden ver”. Para Sanz es una falta de voluntad política: “Aquí hay un terror cerval por parte de las autoridades, del gobierno, a abrir los archivos. Las desclasificaciones de documentos de exteriores han venido por vía judicial”. Se refiere Sanz a las listas de colaboradores del nazismo que un investigador alemán consiguió en España gracias a los tribunales o a la resolución de la Audiencia Nacional para que se entregara documentación de Exteriores a las Asociaciones de Víctimas de la Dictadura Argentina. Pero los historiadores españoles, se queja Sanz, no tienen ni el dinero ni el tiempo para litigar por cada documento que reclaman.

Tendrán que seguir buscando en otros países para contarnos qué pasaba en España. Aquí, no podrán consultar los informes sobre el Meyba de Fraga o sobre el incipiente programa nuclear de Franco, ni sobre la represión, los espías extranjeros en la Segunda Guerra Mundial o la Transición. Por obra y gracia del secreto y de la falta de medios, las estanterías de los archivos españoles están, de momento, blindadas.

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