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De la reorganización hasta el Régimen Militar
De la reorganización hasta el Régimen Militar
En las siguientes generaciones de mapuche, emergieron diferentes organizaciones, tales como la Corporación Araucana de Venancio Coñoepan, Federación Araucana de Aburto Panguilef, la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana de Antonio Chiwailaf. Entre estas organizaciones mapuches existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista, pero todos compartían la idea de recuperar las tierras usurpadas para poder conservar la cultura propia. De esta manera el "movimiento mapuche" ingresó a la escena pública chilena, entremezclándose con la política y sus partidos; aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.
La crítica radical al statu quo por parte de vastos sectores de la sociedad chilena, permitió a los mapuches incorporarse con sus demandas por la tierra. Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuches en la provincia del Cautín, proceso conocido como "el Cautinazo".
Con el proceso de Reforma agraria acelerado por el gobierno de Salvador Allende, muchas comunidades mapuches se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de tierras, al margen de los programas de gobierno. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno mediante la Ley de Seguridad del Estado.
El Régimen Militar y el Acuerdo de Nueva Imperial
La Dictadura Militar fue cruenta en la Araucanía, donde cientos de personas desaparecieron o fueron torturadas. Las organizaciones reaparecieron a partir de 1978, como reacción al Decreto Ley 2568 que liquidaba la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra, último resguardo sobre sus propiedades, y además la calidad de indígena de sus ocupantes. Surgieron así, promovidos por la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco, los Centros Culturales Mapuche, nombre que permitía una mayor probabilidad de eludir la persecución de la dictadura, que más tarde (1981) darían paso a la organización Ad Mapu, tronco de posteriores organizaciones.
Desde 1978 en aplicación del artículo 25 del decreto ley Nº 2.568, se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2.639 indígenas un total de 51 predios agrícolas durante el período, que eran propiedad del Fisco, SAG, ex CORA, CORFO y CONAF, con una superficie total de 113.342,07 hectáreas. Con la aplicación de dicha normativa, desde 1978 a 1990 se entregaron, en total, 69 mil 984 títulos de dominio individual a los indígenas, y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 72.931 títulos de dominio.
En 1989, Pinochet se reunió con un grupo de mapuches pertenecientes a los Consejos Regionales que lo nombraron Futa Lonco (Gran Autoridad). En el diploma, con fecha del 20 de febrero, se leía: “La Junta General de Loncos y Caciques de Nueva Imperial y de las 30 comunas de la IX Región de la Araucanía, acordó nombrar a S.E., el Presidente de la República Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, Ulmen Futa Lonco.
En 1989, Ana Llao de la Comunidad Ad- Mapu junto a otras dirigentas de diversas organizaciones mapuches se reunieron en Nueva Imperial con el candidato de la coalición opositora (Concertación de Partidos por la Democracia), Patricio Aylwin Azócar. En ese "parlamento" se acordó que el Estado daría reconocimiento constitucional a los derechos económicos, sociales y culturales de los Pueblos Indígenas, se formaría una Comisión Especial en conjunto con las organizaciones indígenas para elaborar un proyecto de ley indígena. A cambio de esto, las organizaciones indígenas se comprometían a utilizar la vía institucional para canalizar sus demandas.
El Presidente de Chile (1970-1973) Salvador Allende, saludando a un grupo de mujeres mapuches.
Relación con los gobiernos de la Concertación
El conflicto forestal
Recién comenzada la década de 1990 y vuelta parcialmente la democracia, el Consejo de Todas las Tierras llevó a cabo varias ocupaciones ilegales simbólicas de tierras ancestrales mapuches en manos de privados. La respuesta del gobierno fue el requerimiento de aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, promulgada durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, lo que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.
En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. Sin embargo, la nueva institucionalidad que consagraba operó con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta que en 1997 sobrevino una nueva crisis. La empresa ENDESA España comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco). Las hermanas Quintremán y otras familias mapuche-pehuenches que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches,el Presidente Eduardo Frei destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados[ para el pueblo mapuche-pehuenche de una manera totalmente autoritaria.
Al mismo tiempo, en los valles centrales comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados del gobierno militar, en predios que habían sido recuperados por los mapuches durante el gobierno de Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de grupos económicos. Tanto los intereses de las grandes empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche, como el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche, y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12). Sin embargo dicho informe ha sido cuestionado porque contiene declaraciones de más de 15 agricultores afectados pero solo de un representante mapuche, además de no ahondar en las causas del conflicto.
La desarticulación de la CAM y el escalamiento violento de la protesta social mapuche
Durante el gobierno de Ricardo Lagos la respuesta estatal al conflicto mapuche, adquirió dos principales vías. Por un lado a través de la aplicación de la ley contra las acciones ilegales y violentas de los activistas mapuche, cuyo momento más crítico ocurrió en 2002, durante una ocupación ilegal de tierras en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, el joven comunero Alex Lemun Saavedra perdió la vida por la acción de Carabineros de Chile, quienes hicieron uso de escopetas antimotines cargadas con balines de plomo. Por otro lado, mediante una operación de inteligencia llamada "Operación Paciencia" dirigida desde la Subsecretaría del Interior presidida por Jorge Correa Sutil se sindicó a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, como una organización de carácter terrorista y fue perseguida como tal, encarcelándose a sus dirigentes. Ejemplos paradigmáticos de estos juicios fueron el llamado "Caso Loncos" —donde los Lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por "amenaza de incendio terrorista"— y el "Caso Puluco-Pidenco" —donde cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista"—.
Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los denuncian como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano decretó la admisibilidad de la denuncia.
Por su parte, en marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al informe de Chile, también denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314 (conocida como ley antiterrorista). Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que el Estado chileno debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas. También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. El 2004 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.
En marzo de 2006, 4 de los 9 presos mapuches condenados por ley antiterrorista iniciaron una huelga de hambre indefinida, que alcanzó más de 62 días sin lograr que el gobierno de Michelle Bachelet acceda a revisar el polémico juicio llevado a cabo bajo el gobierno de su antecesor.
En 2007 muchos grupos mapuche no han renunciado a sus demandas territoriales y muchas de sus organizaciones exigen autonomía para sus territorios, devolución de sus tierras y más oportunidades de representación política. En octubre de 2007 se inició una nueva huelga de hambre; que finalizó sin que el gobierno chileno haya dispuesto la mesa de negociación demandada por los huelguistas.
En el año 2008, Matías Catrileo (n. 11 de septiembre de 1985 - † 3 de enero de 2008), estudiante de agronomía, chileno de origen mapuche, muere el 3 de enero de 2008, cuando una subametralladora Uzi perforó por la espalda el pulmón. Matías Catrileo se encontraba participando de una ocupación ilegal de un fundo de propiedad privada que las comunidades mapuches reclamaban como territorio ancestral, razón por la cual, la fuerza pública fue llamada a actuar.
Tras los hechos el carabinero sindicado como el autor del asesinato fue encarcelado mientras se realizaron las investigaciones pertinentes. Se han elevado críticas en contra del fiscal militar, José Pinto Aparicio, que investiga la causa por ser el mismo que indagó acerca del asesinato de Alex Lemún el año 2002, que permanece impune, pues la causa fue sobreseída por la Corte Marcial en 2004.
Un sector de estas tendencias trata de levantar un partido político nacionalista mapuche, denominado Almapuwen, que se ha creado recientemente en la Araucanía ; en su constitución (2011), estaban presentes algunos vascos y catalanes (Ezquerra Republicana), lo que expresa el carácter globalizado del conflicto y a la vez su curiosa composición.
17 Comunicado del 10 de diciembre del 2010 (enviado por, wallmapuwen@gmail.com).
18 La vocera de los huelguistas de hambre en Septiembre del 2010 fue la joven estudiante mapuche Natividad Llanquileo, hermana de uno de los huelguistas. Dotada de una enorme capacidad e imagen mediática, inteligente, moderna en el pensar y en el vestir, provocó una ruptura en las imágenes estereotipadas que tienen los chilenos frente a los mapuches.
19 El Fondo de Tierras y aguas indígenas fue establecido en la Ley Indígena del año 1993. El Estado, a través de la Corporación nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, adquiere a precio de mercado un predio que ha estado en disputa y se lo entrega sin costo a la comunidad que lo reclama. Al mismo tiempo el Estado ha procedido a entregar tierras fiscales que pertenecían a los indígenas. Las compras de tierras alcanzan casi las cien mil hectáreas y los traspasos de tierras a medio millón de hectáreas. Si se considera que el total de tierras mapuches era al 1990 de aproximadamente medio millón de hectáreas lo que se ha transferido y comprado equivale a otro tanto. Las compras de tierra equivalen a un tercio de la tierra real arable mapuche.
20 El actual gobierno de la coalición de derecha presidido por Sebastián Piñera no ha logrado diseñar, a un año de su mandato una política indígena mínimamente coherente. El denominado Plan Araucanía, que sería esta política, consiste en construir caminos, electrificación, etc… obras que benefician tanto a indígenas como no indígenas de esas regiones. Durante el primer año no se ocupó el Fondo de Tierras Indígenas debiendo devolver la Corporación encargada de la compra de tierras la suma de 35 mil millones (75 millones de dólares aproximadamente). En terreno se percibe que continúan los planes contra la pobreza y de desarrollo agropecuario. Frente a la Huelga de Hambre de los presos mapuches el Gobierno debió ceder en materia de acusaciones de terrorismo, desdiciéndose de sus promesas de campaña electoral que ofrecían “mano dura”.
2017 BACHELET PIDE PERDON
Si bien el Imperio español no llegó a ocupar efectivamente la totalidad del territorio que habitaron los mapuches o araucanos, la desintegración del primero que sobrevino como consecuencia de las Guerra de independencia hispanoamericana produjo, una vez concluido ese proceso, el nacimiento tanto de Chile y de Argentina como estados independientes, los que varias décadas después, lograron consolidar efectivamente la soberanía sobre los territorios heredados de España, luego de la Pacificación de la Araucaníay de la Conquista del Desierto y asignaron a los mapuches a "reducciones" en Chile y "reservas" en Argentina.
En el siglo XXI la población mapuche es principalmente urbana pero mantiene vínculos con sus comunidades de origen y subsisten los reclamos de territorio y reconocimiento de su cultura.
Varias organizaciones mapuches [¿quién?] están reclamando el reconocimiento del derecho a la autodeterminación que les corresponde en su calidad de pueblos,117 según reconoce la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.118 Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007n 3 la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el Relator Especial de Naciones Unidas, Miguel Alfonso Martínez, quien en su estudio encargado por esa organización internacional sostuvo que “no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones/pueblos”. Actualmente poseen representación en la UNPO.
Si bien la amplitud de la autonomía y beneficios reclamados varían entre los distintos sectores mapuches, muchas de las organizaciones mapuches que la reclaman, la relacionan y la piden de la misma forma que el derecho de autodeterminación obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia, desde la década de 1990; o como los beneficios logrados por los indígenas de Bolivia a partir de la más reciente elección de un presidente aymara en ese país (Evo Morales).
Además organizaciones mapuches como Wallmapuwen han entablado vínculos con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proponiendo replicar el sistema de comunidades autónomas en Chile, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución (similar caso al reconocimiento de las administraciones y lenguas regionales en España).
También en el mundo de la cultura no mapuche, su causa ha encontrado eco. Ejemplo de ello son el caso del escritor internacionalista Asel Luzarraga que estuvo detenido; o el de la cineasta Elena Varela, que tras estar detenida posteriormente fue dejada en libertad vigilada; hechos que, para los partidarios de las peticiones mapuche, parecen una ofensiva de Chile para apagar las voces en defensa de este pueblo indígena.
Las otras víctimas del conflicto chileno-mapuche:
El impacto político de nueve muertes en 16 años
Siete miembros de la comunidad mapuche y dos efectivos de policía han muerto en enfrentamientos desde 2002 a la fecha. Fiscales con dedicación exclusiva, querellas por los homicidios y esquirlas políticas han sido parte de estos hechos. 17 de Noviembre de 2018 | 07:04 | Por Gabriela Varas y Consuelo Ferrer, Emol
Alex Lemun El caso de Alex Lemun es emblemático ya que se convirtió en la primera víctima de una seguidilla de hechos de violencia rural en La Araucanía desde el 2002. Corría el 7 de noviembre de ese año, dos años bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando el menor de edad fue impactado por una bala disparada por Marco Aurelio Treuer, mayor de Carabineros.
La información sitúa a 40 mapuches que entraron al fundo Santa Alicia, lugar donde se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros. Los uniformados usaron gases lacrimógenos y balas antimotín durante el conflicto. El joven recibió un perdigón en la cabeza, bala que fue disparada por Treuer. Murió cinco días más tarde por la grave lesión cerebral que sufrió. Tras el incidente, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, lamentó la muerte del menor de 17 años y, al igual que hizo esta semana Andrés Chadwick con el caso de Catrillanca, pidió la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación del caso. Las represalias no se hicieron esperar y siguieron los ataques incendiarios contra el aeródromo de Tirúa, casas de veraneo de ejecutivos forestales en Cañete y protestas en el centro de Temuco que ocasionaron daños superiores al millón de pesos. René Saffirio, alcalde de Temuco en ese entonces, criticó al Ejecutivo señalando que las autoridades "se hacen presentes cuando ocurren estos hechos de violencia, asumen compromisos y después no hay un seguimiento de lo convenido y nuevamente comienzan a aflorar hechos de violencia y se vuelve a reeditar lo que se había vivido antes".
Matías Catrileo
Este año se cumplió una década desde la muerte de una de las víctimas más emblemáticas del conflicto chileno-mapuche: Matías Catrileo. Veintidós años tenía el joven estudiante de Agronomía de la Universidad de La Frontera (Ufro) cuando fue alcanzado en un costado por una bala disparada desde una subametralladora Uzi por el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza. Era 3 de enero y el joven se encontraba en una toma en el fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún en La Araucanía, que pertenece a Jorge Luchsinger, El impacto ingresó por la espalda, perforó el pulmón izquierdo y salió por el abdomen del universitario mapuche, según reportó un informe preliminar de la Brigada de Homicidios de Investigaciones.
Por miedo a que se manipularan las pruebas, los compañeros de Catrileo recogieron su cuerpo y lo entregaron tras una extensa negociación con Sixto Parzinger, obispo de Villarrica. José Aylwin, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin y férreo defensor de los pueblos originarios, afirmó que la culpa de la muerte de Catrileo fue del Gobierno ya que ellos dependían "del Ejecutivo". Incluso criticó a Michelle Bachelet, Presidenta en ese momento, declarando que su política "frente al mal llamado conflicto mapuche" fue decepcionante. Agregó que "a pesar de sus compromisos con los pueblos indígenas y de su discurso de derechos humanos", fue poco o nada lo que se avanzó en la superación del conflicto. La madre de Catrileo, Mónica Quezada, expresó tras la muerte del matrimonio Luchsinger que "cuando mataron al Matías no salió nadie dando declaraciones de que era horroroso, o sea más que doble estándar ellos muestran su real cara". Asimismo emplazó a la Presidenta diciéndole: "Te vas con las manos manchadas de sangre".
Fabián Mendoza Collío
En medio del llamado "proceso de recuperación de tierras ancestrales" murió Fabián Mendoza, en agosto de 2009. En el último año del Gobierno de Michelle Bachelet, el miembro de la comunidad "Requem Pillán", falleció producto de un disparo que ingresó por su espalda y salió por el tórax, percutado por Miguel Patricio Jara Muñoz, funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros, que llegó a desalojar el fundo "San Sebastián", de Collipulli, ocupado por 60 comuneros. Horas después del suceso -y tras sucesivas reuniones y luego de recibir un detallado informe de Carabineros- Patricio Rosende, subsecretario del Interior, entregó la reacción oficial del Gobierno pasada las 20 horas.
Rosende dijo que el Gobierno lamentaba "profundamente" la muerte de Mendoza y que los carabineros llegaron al lugar por una orden de desalojo de la fiscalía. "Hacemos un llamado a la tranquilidad y a la plena confianza en el funcionamiento de nuestras instituciones". La presidenta Bachelet, en tanto, señaló que nada justificaba "la violencia en La Araucanía" y un par de días después decidió enviar una delegación del Gobierno a la zona mientras que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, calificó el hecho como "accidentes que ocurren y que nosotros somos los primeros en lamentar". A fines de ese mes, La Presidenta designó a José Antonio Viera-Gallo como "ministro coordinador" de la temática indígena, en una estrategia con la cual el Ejecutivo buscaba encontrar vías de solución a la violencia en la Araucanía.
Francisco Curimil El martes 20 de octubre de 2009, Francisco Curimil Levicua murió a las afueras de su casa en Ercilla. Las versiones sobre su fallecimiento son confusas y provocaron incluso que el lonco Juan Catrillanca expresara sus intenciones de demandar a medios de comunicación. Por un lado se atribuyó primeramente su muerte a una riña entre indígenas de comunidades vecinas. Pero luego de eso se dijo que el ministerio público contaba con pistas y testigos que indicaban que Curimil fue ajusticiado con dos disparos de escopeta a quemarropa en las afueras de su casa, luego de ser acusado por mapuches de ser el testigo protegido "T1093", es decir, fue sido acusado de traición porque habría denunciado a cinco personas por haber quemado un camión, asaltado un peaje y disparado contra vehículos particulares.
Fabian Tralcal Marilef
El 28 de septiembre de 2016 Fabián Tralcal Marilef falleció tras recibir disparos durante un asalto a una casa en Vilcún. El hecho ocurrió cuando Tralcal entró disparando junto a otros cinco encapuchados al restaurante "Ojo de Agua" en la comuna de Vilcún. En el lugar, el dueño del local repelió el asalto y en la balacera fue alcanzado el comunero, quien era sobrino de Juan y Luis Tralcal Quidel, ambos imputados en el caso Luchsinger.
En el hecho también falleció el hijo del propietario, Osvaldo Javier Antilef. El intendente Andrés Jouannet lamentó lo ocurrido, aunque lo calificó como un delito común: "Aquí es un robo frustrado con homicidio, porque no robaron nada". Tras esto, la familia de Antilef denunció actos reiterados de amedrentamiento y se reunieron con el ministro del Interior del segundo Gobierno de Bachelet: Mario Fernández. En la ocasión, el ex secretario de Estado los recibió como vicepresidente de la República y la familia solicitó que participara activamente en el caso para que se lograra encontrar a los responsables.
Luis Marileo Cariqueo
El comunero Luis Marileo Cariqueo falleció durante el intercambio de disparos con el ex oficial de Carabineros Ignacio Gallegos, dueño del fundo "El Encino" de los Sauces, Región de La Araucanía. Marileo había sido condenado a diez años de cárcel en 2013 por la muerte del parcelero Héctor Gallardo, en el que se declaró inocente, pero se encontraba con libertad condicional desde el 2016. Protagonizó algunas huelgas de hambre, incluyendo una que agosto de 2010 que puso en jaque a la administración de Piñera por tratarse de un grupo de 38 comuneros.
La medida de presión se extendió en la mayoría de los casos a 82 días sin ingerir alimentos, hasta que el Ejecutivo hizo un proyecto de ley con dos modificaciones a la ley antiterrorista. Tras aprobarse la primera, la de la presunción del dolo terrorista, los casos se recalificaron el 8 de octubre. El último en deponer la huelga fue Marileo, cuatro días más tarde. La muerte de Marileo abrió un debate en torno al otorgamiento de beneficios, como la libertad condicional, para personas que hayan sido condenadas por actos de carácter terrorista. El senador Alberto Espina (RN) calificó los criterios como "una vergüenza". "Este sistema es inaceptable, porque favorece a los delincuentes y desprotege a las víctimas", aseguró.
Hugo Albornoz
Durante los últimos años de enfrentamientos, también han perdido la vida uniformados. Fue el caso del sargento segundo Hugo Albornoz, quien primero resultó gravemente herido durante un allanamiento realizado en Cherquenco, en la comuna de Vilcún. En abril de 2012, mientras buscaba evidencia relacionada con atentados producidos en el sector, como la quema de un camión, recibió un disparo en el cuello proveniente de un grupo de gente que se desplazaba por potreros cercanos, de forma paralela a los vehículos policiales.
Aunque fue trasladado al Hospital de Angol y recibió atención, su diagnóstico era grave por haber sufrido dos paros cardiorrespiratorios. Finalmente falleció, por lo que el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, nombró un fiscal exclusivo para la investigación. Por su parte, el Gobierno presentó una querella por homicidio y envió al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hasta la zona, donde anunció la creación de un "comité especial de seguridad". "Expresamos nuestra más enérgica condena al brutal asesinato del sargento Hugo Albornoz", afirmó el vocero Andrés Chadwick. Quienes también tuvieron palabras tras la muerte fueron los propios miembros de la comunidad mapuche. "Nadie ha dicho que la muerte de un uniformado no sea lamentable: Lo lamentable es que la justicia está del lado de algunos", aseguró José Ancalao, vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes.
Alex Gutiérrez
El cabo primero Alex Gutiérrez, de 27 años, también perdió su vida en este contexto, aunque lo hizo de manera casi fortuita. Era parte de un grupo de uniformados que vigilaba en noviembre de 2014 una casa bajo protección policial, en la provincia de Arauco, en el marco del conflicto chileno-mapuche, cuando recibió un llamado de ayuda. A dos kilómetros, cuatro desconocidos entraron a otra casa y amenazaron a Domingo Flores, entonces de 73 años, y a su esposa, de 88.
Cuando Carabineros llegó, ayudaron a evacuar a la esposa, quien además era ciega. Luego volvieron a ingresar a la vivienda, momento en que el dueño de casa los habría confundido con la banda de asaltantes. Entonces disparó a quemarropa, impactando a dos uniformados. Gutiérrez falleció y Flores huyó a un bosque, pero al notar lo que había ocurrido terminó por entregarse voluntariamente. La muerte provocó que el general director de Carabineros, Gustavo González, viajara hasta el Biobío. También envió sus condolencias la Presidenta Michelle Bachelet, asegurando que la noticia le generó "gran tristeza". "Un crimen así no puede quedar impune", dijo el entonces vocero Álvaro Elizalde. En tanto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, también llegó hasta la zona y anunció el Gobierno se querellaría por el homicidio, aunque descartó invocar la ley antiterrorista.
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/17/927681/Las-otras-victimas-del-conflicto-chilenomapuche-El-impacto-politico-de-nueve-muertes-en-16-anos.html
Caso Luchsinger: Justicia declaró culpables a tres comuneros y absolvió a ocho
Caso Luchsinger: Justicia declaró culpables a tres comuneros y absolvió a ocho
Publicado:
Sabado, 5 de Mayo de 2018 Autor: Cooperativa.cl
El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco declaró culpables a tres de los 11 comuneros mapuche que estaban imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackayocurrido en enero de 2013.
Por unanimidad el juzgado condenó a José Peralino Huinca, bajo la figura de la delación compensada, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel como autores del crimen, bajo el delito consumado de incendio que además fue acreditado por unanimidad como un acto de carácter terrorista.
"Por unanimidad de votos se adquirió, más allá de toda duda razonable, la convicción acerca del carácter terrorista de la conducta antes determinada, y al respecto se tuvo en particular consideración la redacción clara y precisa del texto normativo que contiene tales conductas, y de la particular finalidad subjetiva de infundir temor en un grupo determinado de personas", dijo la magistrada Rocío Pinilla durante la lectura del dictamen.
Los absueltos
En tanto, ocho comuneros fueron absueltos, entre ellos la machi Francisca Linconao quien aseguró que "(Los jueces) están pagados por los ricos para condenar a tres personas, que son inocentes", acusó duramente la machi a la salida del tribunal.
"Soy una persona inocente y por eso me absolvieron, fui absuelta dos veces ya. ¿Qué es lo que van a hacer otra vez? Estoy muy molesta, muy enojada, porque hay tres personas condenadas porque pusieron plata los latifundistas, por plata se venden los jueces"
"Hay tres personas condenadas porque pusieron plata los latifundistas", comentó Francisca Linconao (Foto/Aton)
En la misma línea, el concejal Pedro Vergara, de la comuna de Padre Las Casas, acusó que"los patrones ordenaron a los jueces para condenar a estar personas inocentes; son inocentes, lo venimos diciendo hace tiempo, desde el otro juicio".
Defendió, asimismo, que "conozco a la machi de años, hemos trabajado en mejoramiento de caminos, agua potable rural, ¿cómo podríamos condenar a una persona de estas características?".
Hermano de comunero: "Fue un montaje"
Por su parte, Alejandro Peralino, hermano de José Peralino Huinca, el delator compensado, manifestó sus condolencias por "lo que pasó con (el matrimonio) Luchsinger Mackay, ellos son víctimas y nosotros también, con los policías chantajeándonos".
"Unos policías y fiscales no pueden trabajar como ellos (lo hicieron), tienen todas las herramientas para hacer lo mejor para acreditar si la persona es culpable", fustigó, asegurando que las acusaciones contra los comuneros "fueron un montaje".
Vale recordarque José Peralino en algún momento del proceso denunció haber sido torturado por funcionarios de la PDI y luego de eso terminó delatando al resto de los comuneros, hecho que fue cuestionado por organismos de derechos humanos.
Los otros absueltos
Además de la machi Linconao, los otros absueltos son Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, José Arturo Córdova Tránsito y Juan Tralcal Quidel, para quienes ordenó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares.
De esta forma se contradijo el fallo del primer juicio contra estos acusados, que finalizó en octubre de 2017 con la absolución de todo el grupo.
Tras este primer juicio la Fiscalía, el Gobierno y representantes de la familia del matrimonio asesinado pidieron la nulidad del proceso, lo que en su oportunidad fue concedido por la Corte de Apelaciones de Temuco.
Las penas para los tres culpables se darán a conocer el próximo 11 de junio a las 11:00 horas, las que rondan los 40 años de prisión para José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, y de 10 años y un día para José Peralino Huinca, por acogerse a la delación compensada.
Por el momento, todo apunta a que la defensa estudiará la posibilidad de recurrir de nulidad en la Corte de Apelaciones de Temuco o en la Corte Suprema en Santiago.
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