María Cristina de Borbón (hacia 1830)

Agustín Fernando Muñoz

Alguien escribió que un día de octubre de 1833, mientras la reina gobernadora Maria Cristina de Borbón-Dos Sicilias paseaba por el parque del Palacio del Buen Retiro de Madrid, se le cayó su pañuelo al suelo. Un sargento de su Guardia de Corps lo recogió graciosamente del suelo y se lo entregó. La reina, complacida, se fijó por primera vez en el joven, indicándole que la acompañara a una portezuela del recinto; allí permanecerían hablando durante un rato.

El 28 de diciembre de ese mismo año —menos de tres meses después de aquel encuentro— la Reina Maria Cristina de Borbón se casaba en secreto con el sargento Agustín Fernando Muñoz Sánchez. El afortunado alabardero fue ascendido al cargo de chambelán de palacio, una responsabilidad de protocolo que le liberaba de sus obligaciones militares y le permitiría estar continuamente a su lado. En noviembre de 1834 nacería su primera hija en común, María Amparo Muñoz y Borbón.

La reina Maria Cristina de Borbón —de veintisiete años de edad— había sido nombrada Gobernadora del Reino en el testamento de su marido, el rey Fernando VII. El rey había muerto el 29 septiembre 1833, por lo que el encuentro entre la reina y el sargento se produjo inmediatamente después del fallecimiento del monarca y de su nombramiento como Reina Gobernadora (llama la atención que, habiendo sido el sargento miembro de su guardia, no se hubieran conocido antes y que el enamoramiento tuviera tan fulminantes consecuencias).

Su marido, posiblemente dos años más joven que ella, era un mozo apuesto, vivaz, de buenas maneras y muy listo. El comportamiento de Agustín Fernando no denotaba proceder de una familia humilde. Su conocimiento del ambiente de la Guardia de Corps debió de resultar fundamental para que María Cristina y el Gobierno evitaran un atentado contra la reina y el mantenimiento del orden en palacio.

Carlos de Borbón

Maria Cristina de Borbón y su nuevo esposo tenían una situación muy precaria. Por una parte, los partidarios de su cuñado —el infante Carlos de Borbón— se habían alzado en armas, proclamándole rey. Los llamados carlistas proclamaban la invalidez de la denominada Pragmática Sanción, por la que Fernando VII elevó a rango de ley un decreto de Carlos IV en el que se derogaba la Ley Sálica que impedía heredar a las mujeres. Entre los carlistas se encontraba una mayoría de la Guardia de Corps de la Real Persona y del personal de Palacio Real de Madrid; todos ellos eran antiguos compañeros de trabajo de Agustín Fernando.

Para asegurar sus vidas y el secreto de lo que ocurría, Agustín Fernando lideró una drástica purga en el personal del Palacio Real cercano a la Familia Real y a la nueva familia Muñoz – Borbón. En los años siguientes unos doscientos oficiales de la Guardia Real y quinientos diecisiete servidores de palacio fueron expulsados de sus puestos. No cabe duda de que los amoríos de la reina le granjearon una gran impopularidad entre quienes habían conocido al nuevo marido como un empleado más. Como quiera que se sucedieron los embarazos de la joven regente, se escuchaba una y otra vez decir: “La regente es una dama casada en secreto y embarazada en público”. La policía persiguió a quienes escribían sobre el asunto, pero el escándalo creció en plena guerra civil, alimentando la propaganda carlista.

Ministro Álvarez de Mendizabal

Además, la reina estaba presionada por los liberales progresistas liderados por Juan Álvarez Mendizábal; a cambio del apoyo que le brindaban frente a las pretensiones de los carlistas, los liberales exigían una adaptación de la organización institucional de la monarquía a los cambios que se venían produciendo en el resto de Europa. Concretamente, pretendían que España volviera a la constitución de signo democrático aprobada en Cádiz en 1812, la llamada “Pepa”. El 19 de febrero y el 8 de marzo de 1836, el ministro Mendizábal decretó la desamortización de una ingente cantidad de propiedades inmobiliarias, que pasaron del poder de la Iglesia a las del Estado y que fueron vendidas por este. Fue una decisión liberalizadora, en la línea de las adoptadas por otros países europeos, destinadas a poner en el mercado y hacer productivos los bienes eclesiásticos.

Atemorizada por la reacción de los sectores católicos de la población, la reina Maria Cristina destituyó a Mendizábal el 15 de mayo de 1836. En las elecciones de julio los liberales moderados obtuvieron 80 diputados, superando a los 56 diputados liberales progresistas. Los progresistas consideraron que habían sido unas elecciones amañadas; por lo que su líder Mendizábal planificó una insurrección.

El 25 de julio, mientras la Familia Real veraneaba en el palacio de la Granja de San Ildefonso, comienza una insurrección en Málaga, acompañada de asesinatos de autoridades moderadas. En los días siguientes, se levantan los liberales exaltados de otras ciudades andaluzas: Cádiz, Sevilla, Granada y Córdoba. La revuelta continuó extendiéndose por ciudades de todo el país.

Presidente Isturiz

En Madrid se decretó el Estado de Excepción y el ejército tomó las calles para evitar un levantamiento. El Gobierno liberal moderado de Francisco Javier de Istúriz fue incapaz de evitar nuevos levantamientos en más ciudades de la Península.

Presidente José María Calatrava

El día 12 de agosto los sargentos del segundo regimiento de la Guardia Real se presentaron son sus tropas en el Palacio de la Granja, conminando a la Reina Gobernadora a reinstaurar la Constitución de 1812 y a atender a las demandas de quienes se estaban sublevando por toda España. Inicialmente la reina María Cristina se resistió a sus peticiones; pero de madrugada, al sentirse prisionera de su propia guardia, acabó ordenando la disolución de las Cortes con el fin de redactar una nueva constitución inspirada en la de 1812. Araíz del llamado «Motín de La Granja» Istúriz fue sustituido por José María Calatrava; en tanto que Álvarez de Mendizábal —el hombre fuerte de la insurrección— recuperó su cargo de Ministro de Hacienda.

Finalmente, la nueva Constitución aprobada en 1837 se acabó pareciendo muy poco a la de 1812; resultando bastante similar a las redactadas recientemente en Bélgica y Francia. Eliminaba el régimen estamental con diferencias entre hidalgos (que no pagaban impuestos personales) y pecheros (que si pagaban impuestos personales), reconocía la soberanía del pueblo, la libertad religiosa y de imprenta, y se organizaba una democracia parlamentaria con dos cámaras: Congreso y Senado.

El intento de liberarse de la tutela de los liberales progresistas provocaría que unos años después se produjeran unos hechos sin precedentes en la historia de España. Ver historia de la abdicación.