Fomentar unos salarios y subsidios justos

"No creo en la caridad. Creo en la solidaridad. La caridad es vertical, de arriba hacia abajo. La solidaridad es horizontal, respeta a la otra persona. Tengo mucho que aprender de otras personas."

Eduardo Galeano

Hay ideas que antes de 2020 eran marginales en gran parte y que ahora están ganando fuerza a medida que el coronavirus se ha extendido por el planeta, destruyendo la salud y la riqueza de muchos países y presionando los modelos de bienestar existentes hasta el límite. La crisis actual es una llamada de emergencia extraordinaria para que las comunidades refuercen la estabilidad y el bienestar, de manera que puedan proporcionar servicios necesarios de manera más eficaz equitativa a todas las personas y se encuentren en una mejor posición a la hora de enfrentar la próxima pandemia o el próximo desastre medioambiental.

El desafío actual para quienes llevan ya tiempo abogando por unos salarios y subsidios justos es traducir este repentino aumento de interés en cambios permanentes en la red de seguridad.

En tiempos de crisis, en un planeta enfermo, con epidemias de salud física y mental y unas divisiones crecientes en la sociedad se han aducido múltiples razones a favor de unos salarios y subsidios justos. Medidas como los servicios básicos gratuitos, la renta básica universal (RBU), la economía de los cuidados y un límite de ingresos pueden ayudar a alcanzar una sostenibilidad ecológica y social, rompiendo el vínculo que existe entre el crecimiento y la seguridad económica (mediante trabajos más significativos, una menor dependencia del extractivismo o del sobreconsumo, véase también Más allá del PIB) y permitiendo que las personas experimenten distintas formas de vida con un impacto medioambiental relativamente mínimo.

¿Por qué es importante?

En un momento caracterizado por una catástrofe ecológica inminente, con unas divisiones crecientes en la sociedad y una crisis de salud pública, muchas han sido las razones invocadas a favor de unos salarios y subsidios justos con el fin de fortalecer la resiliencia de nuestra sociedad y poder lidiar mejor con estos problemas.


Unos salarios y subsidios justos podrían ayudar a superar las desigualdades existentes en nuestras economías y sociedades. En un sistema desigual en el que las empresas o las personas están motivados por los beneficios existe un mayor incentivo para ignorar los límites medioambientales y extraer cantidades mayores para así enriquecerse más. Sin embargo, cuando trabajamos de manera conjunta y nos centramos en las necesidades de la comunidad, el incentivo para crear y respetar unos límites medioambientales en torno a los recursos compartidos es mayor.


El impacto de la COVID-19 ha revelado los devastadores efectos de la desigualdad, que se manifiestan de forma más dramática por la brecha entre quienes ganan menos y quienes ganan más y ha reavivado el debate actual sobre los servicios básicos universales (sanidad, educación, transporte público, vivienda, electricidad, etc.) y la renta básica universal (RBU).


Algunas de estas propuestas ofrecen la posibilidad de reducir la progresiva polarización de la que nos enfrentamos hoy día en la sociedad como, por ejemplo, respecto a cómo la RBU puede unir a los políticos de la derecha (es decir, una mayor libertad para que las personas puedan elegir cómo obtener sus ingresos, inclusive fundar una empresa o emprender) y de la izquierda (redistribución de la riqueza, fin de la pobreza y de la desigualdad). Establecer un límite de ingresos basado en una ratio máxima y mínima supone un cambio radical de la cultura actual de la alta remuneración del personal directivo. Ahora que las propuestas de impuestos extraordinarios a las personas más ricas son cada vez más habituales, existe una oportunidad para unir a las personas en torno a la idea de que un límite de ingresos a largo plazo puede beneficiar a la sociedad en su conjunto y, a su vez, hacernos más resilientes en tiempos de crisis.


Más concretamente, hay que tener en cuenta y reconocer la labor de las personas trabajadoras no remuneradas de la llamada economía informal (mujeres en su mayoría), que contribuyen en gran medida al valor de las economías (se estima que representan un 9 % del PIB a nivel mundial) y subsanan las deficiencias de los servicios existentes. Para empezar a tener todo esto en cuenta es necesario que el trabajo no remunerado se incluya en cualquier medición del éxito de un país (véase Más allá del PIB)


A continuación se exponen argumentos más detallados.

Renta básica universal

Nos ayuda a replantearnos cómo y por qué trabajamos y contribuye a reducir la jornada laboral y lograr una mejor distribución de los puestos de trabajo. Durante las últimas tres décadas ha habido una disminución de la demanda de mano de obra y de los salarios en proporción del PIB. Mientras tanto, las personas viven durante más tiempo y se jubilan más tarde, y el trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales e inseguros y el trabajo por cuenta propia son cada vez más comunes entre la población infraempleada de forma precaria. Los beneficios incluyen mayores oportunidades de trabajo para las personas marginadas actualmente, la opción de reducir la jornada laboral o reciclarse y la oportunidad de encontrar un trabajo más satisfactorio, ya sea voluntario o remunerado.

Contribuye a mejorar las condiciones laborales, ya que los trabajadores tendrán más facilidad para enfrentarse a sus empleadores ante unas condiciones de trabajo injustas o vejatorias.

Facilita la redistribución justa del trabajo perdido por la automatización y por cualquier cambio o transición. Gran parte de la inversión en tecnología se financia socialmente mediante impuestos. Se prevé que la automatización reemplazará cerca de un tercio de los puestos de trabajo actuales en todo el mundo tan solo en los próximos 10 años, por lo que una renta básica podría servir de colchón y posibilitar la readaptación profesional. El traspaso de una infraestructura basada en combustibles fósiles a una infraestructura basada en energías renovables también supone unos grandes cambios para los trabajadores.

Reduce la burocracia. Dado que es uno de los modelos impositivos y de prestaciones más sencillos, resulta menos complejos y costoso al mismo tiempo que es más justo y accesible.

Ayuda a reducir las desigualdades y a fomentar la equidad. Retribuye las contribuciones no remuneradas y genera igualdad de género, distribuyendo la riqueza producida por la sociedad entre todas las personas y reduce las crecientes desigualdades en todo el mundo (nota: partiendo de la base de un sistema fiscal justo y redistributivo, véanse los apartados siguientes sobre la lucha por el poder). Los derechos de las personas que actualmente se encuentran excluidas de las prestaciones sociales estarán garantizados y se reconocerá la infinidad de actividades no remuneradas (muchas de ellas realizadas por mujeres) como contribuciones económicas en las que se basa la sociedad.

Refuerza nuestra capacidad de participar de forma activa en la democracia (y en la comunidad). El hecho de que todos los ciudadanos tienen garantizado un mínimo nivel de seguridad y, por lo tanto, pasan menos tiempo en el trabajo o preocupándose por ello, incentiva la innovación en el ámbito político, social, económico y tecnológico.

Contribuye al bienestar y pone fin a la pobreza financiera extrema. Los programas de renta básica pueden garantizar que nadie viva en un estado de absoluta pobreza. Los estudios han demostrado que los pagos directos en efectivo mejoran el bienestar financiero y mental de las personas que los reciben, a pesar de que los economistas sigan debatiendo sobre cuáles son los tipos más eficaces y eficientes exactamente.

Ayuda a implementar un sistema monetario poscrecentista. En la actualidad el acceso al dinero y pagos digitales depende por completo de la solvencia del sistema bancario comercial. Para construir un sistema monetario poscrecentista es necesario encontrar nuevas formas de garantizar el acceso a un medio de pago que no dependa de la solvencia de los bancos comerciales y de su emisión de deuda con intereses.

Los defensores también hacen hincapié en valores esenciales y razones culturales como:

La dignidad y el derecho humano a la existencia material, el derecho humano básico sin el cual el resto de derechos resultan imposibles.

El concepto de trabajo y progreso. Es necesario replantearse el empleo como la entidad organizadora central de la sociedad y del progreso humano.

Valorar el trabajo no remunerado

La carencia de infraestructuras genera más trabajo no remunerado. Las mujeres de los países rurales y en desarrollo dedican una gran cantidad de tiempo a la recolección de agua. Un estudio sobre los países de Oriente Medio, el Norte de África, el África subsahariana y el Sudeste Asiático reveló que cuando el acceso al agua aumentaba como resultado de una inversión en infraestructuras, las mujeres no accedían a más puestos de trabajo remunerados, pero el tiempo total que dedicaban a las actividades no remuneradas sí disminuía y la escolarización mejoraba en los países con grandes diferencias de género. La recolección de leña como combustible es otra tarea muy trabajosa.

Impacto en las mujeres: las mujeres realizan un volumen desproporcionado del trabajo no remunerado e informal y el tiempo que dedican a estas tareas les impide aprovechar oportunidades de formación y educación, así como participar en trabajos remunerados y formales protegidos por normativas laborales, salariales, sanitarias y de seguridad. En consecuencia esto puede afectar a su salud y a su bienestar.

Impacto en los niños: las estadísticas revelan que muchos niños, especialmente en los hogares y países más pobres, se ven obligados a realizar trabajo doméstico no remunerado en el hogar. La carga del trabajo doméstico no remunerado recae sobre todo en las niñas, que se ven obligadas a abandonar la escuela.

Impacto del trabajo doméstico no remunerado en la economía: el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres (como los cuidados, la cocina y la limpieza), calculado en el año 2010 en el 26 % del producto interior bruto (PIB), no se encuentra incluido en el PIB o en los indicadores de contabilidad de la renta nacional.

Impacto del trabajo doméstico no remunerado en el Estado: El trabajo doméstico no remunerado tiene un impacto positivo en el presupuesto estatal al disminuir la cantidad de dinero que debe gastar el Estado para prestar estos servicios. Los recortes en sanidad, educación y salarios desfavorecen a las mujeres a largo plazo y las abocan a la pobreza, haciendo que dependan aún más del Estado.

Servicios básicos universales

Se ha señalado la necesidad de reconocer los servicios públicos como infraestructura social, no menos imprescindible que las carreteras, la red eléctrica nacional y otros componentes de la infraestructura material, que debería tratarse asimismo como una inversión que producirá beneficios sociales y económicos. El valor creado por los servicios públicos va más allá de los puros beneficios económicos y suele subestimarse. El diseño y la prestación de los servicios universales (y su interacción entre sí) puede influir en la manera en que benefician a las personas más pobres, así como a otros grupos de ingresos y a la sociedad en su conjunto.

Igualdad: servicios como la educación, la sanidad y el acceso al transporte tienen un efecto redistributivo muy potente. Aportan un valor intrínseco a todo el mundo, pero son mucho más valiosos para las personas con rentas bajas y pueden reducir la desigualdad de ingresos en un 20 % de media. Las consecuencias no son a título individual, puesto que la reducción de la desigualdad beneficia a la sociedad en su conjunto.

Eficiencia: a pesar de las acusaciones de falta de eficiencia, las empresas del sector público pueden mantener unos costos bajos mediante estrategias que las organizaciones comerciales competidoras no pueden llevar a cabo. Fundamentalmente, un sistema sin ánimo de lucro no necesita extraer fondos para pagar dividendos a los accionistas. Los servicios públicos pueden interactuar de maneras que sean mutuamente ventajosas, desde una alimentación saludable en las escuelas que repercuta en un mejor estado de salud y ahorra costes, a consecuencias indirectas como la reducción del aislamiento social o la creación de valor social, algo que tarda años en formarse sin un beneficio económico obvio para un proveedor privado.

Solidaridad: los servicios son una manifestación de intereses y propósitos compartidos. Pueden ayudar a unir a las personas, a consolidar una cohesión social y a reducir las desigualdades.

Sostenibilidad: los servicios pueden generar beneficios continuos y acumulativos. Pueden prevenir enfermedades, brindar oportunidades y organizarse de manera que favorezcan la reducción de emisiones de carbono, se anticipen a las amenazas climáticas y consigan una sostenibilidad medioambiental a largo plazo.

Un límite relativo de ingresos, basado en una ratio entre el salario máximo y el mínimo

Un límite salarial basado en una ratio entre las personas mejor pagadas y las personas trabajadoras en la base del escalafón no establece un umbral rígido de ingresos, sino que controla la diferencia entre ambos. Después de la Segunda Guerra Mundial los salarios más altos se controlaron de forma efectiva mediante impuestos a quienes ganaban más y la riqueza se redistribuyó. Sin embargo, con los años los salarios más altos han aumentado vertiginosamente mientras que los tipos impositivos han disminuido (en Estados Unidos esto ha ocurrido desde las reformas fiscales de Reagan en la década de 1980, mientras que los tipos impositivos de los salarios más bajos han permanecido iguales).

Desenmascara el mito del efecto goteo: un límite de ingresos pone a prueba una de las premisas fundamentales de la economía basada en el crecimiento que afirma que los beneficios y la riqueza de las élites fluyen hacia abajo, beneficiando a todo el mundo. De hecho, las reformas fiscales de Reagan en Estados Unidos redujeron la producción económica global y solo la población rica vio cómo su situación mejoraba. Para las empresas existe una relación insignificante entre los salarios máximos del personal ejecutivo y el rendimiento del capital de inversión: menos de un 1 %.

Reduce la desigualdad: la desigualdad salarial es la base de la desigualdad real y justifica la idea de que para algunas personas nuestras necesidades básicas son un lujo, donde el dinero equivale a valor humano.

Valora a los y las trabajadoras esenciales: los trabajadores con salario mínimo realizan las tareas más duras y los trabajos más denostados. Sin embargo, las empresas, los países y el conjunto de la sociedad no funcionarían sin estas personas.

Disuade la codicia y la obsesión por el dinero: sin un límite o con unos impuestos bajos para quienes ganan mucho, el personal ejecutivo compite por llevarse a casa el mayor salario, pero cuando los sueldos más altos están limitados (ya sea mediante unos impuestos alto o un límite salarial), este personal compite por administrar una empresa que sea mejor y más efectiva y los factores no monetarios adquieren mayor importancia en este contexto.

¿Cómo lo promovemos?

Trabajando con aliados para fomentar unos salarios y subsidios justos

Es necesario que colaboremos con asociaciones y personas aliadas, dado que la promoción de unos salarios y subsidios justos no es la típica campaña de Greenpeace y tenemos poca experiencia o histórico en estas campañas. El apoyo de Greenpeace podría aportar valor a su labor e impulsar sus voces a un primer plano. La identificación de estas entidades aliadas formará parte de la tercera fase de este proyecto.

Haciendo hincapié en la remuneración excesiva del personal ejecutivo


Es necesario denunciar a las industrias extractivas cuyo personal ejecutivo recibe salarios elevados y/o beneficios de los accionistas. Hay que evidenciar el costo medioambiental que supone la base de esta recompensa financiera y la cantidad de subvenciones estatales que la empresa recibe por sus actividades en comparación con los salarios de los trabajadores que menos cobran. Todo esto contribuye a la creación de una narrativa en la que las personas y el planeta están pagando por los peces gordos y emplearla para exigir:

  • Un límite salarial y/o un impuesto adicional para las empresas en las que la persona empleada a nivel de dirección cobre 100 o “n” veces el salario mediano del personal.

    • Una búsqueda de oportunidades en la que Greenpeace podría colaborar con entidades y personas aliadas poniendo de manifiesto la desigualdad salarial mediante estrategias como el Miércoles de los Peces Gordos, el primer día del año en el que los ingresos del personal directivo más alto superan el salario anual medio.

¿A qué aspiramos?

Contar con unos salarios y subsidios justos mejora de manera significativa la vida de algunas de las personas más pobres del Sur global, lo que ha llevado a un menor uso de los sistemas locales y una menor dependencia de las industrias extractivas para poder sobrevivir. La prestación gratuita de servicios como la educación y sanidad, la inversión pública en infraestructuras y la participación democrática en las decisiones locales de la comunidad han dado paso a sistemas alimentarios sostenibles, una infraestructura energética renovable, acceso a agua potable y han permitido la creación de comercios locales nuevos que aumentan el valor de los materiales de origen sostenible. La disminución de la brecha entre las personas más ricas y más pobres ha provocado que se preste menos atención al dinero como un indicador de éxito y que se prioricen los beneficios no económicos y otros beneficios menos tangibles, como la recuperación de la dignidad, la autodeterminación y el respeto propio. El trabajo en sí mismo cobra más sentido, puesto que ya no se basa en proyectos irrelevantes y vanidosos sino que está vinculado al bienestar de la sociedad y del planeta.


Casos prácticos


Renta básica universal

Mapa con todos los lugares en los que se ha puesto a prueba la renta básica (Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Alemania, España, Kenia, Brasil, Irán, Namibia, India, China y Japón).


  • RBU en Brasil: una coalición de más de 160 organizaciones hizo campaña en Brasil por la introducción de una renta básica de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Con el respaldo de más de medio millón de personas y el apoyo de personas influyentes clave en redes sociales, la campaña obtuvo un éxito rotundo y rápido. Tan solo 10 días después del lanzamiento se aprobó una ley que avalaba el plan y 10 días después ya había personas recibiendo los primeros pagos. Como resultado, decenas de millones de brasileños recibieron esta ayuda tan decisiva y se calcula que más de la mitad de la población de Brasil se ha beneficiado del plan, ya sea de forma directa o indirecta.

  • Kenia y Uganda: quizás este sea el primer proyecto de renta básica universal real de la historia, gracias al cual cerca de 6000 personas en situación de pobreza extrema de Kenia y Uganda reciben un fujo de dinero en efectivo garantizado para los próximos 10 años o más a través de los sistemas de pago por teléfono móvil que son tan populares en África oriental. A pesar de que se encuentre en una fase inicial, ya hay resultados: “las personas beneficiarias comieron más y pasaron menos hambre, invirtieron en bienes caros pero valiosos como techos de hierro y animales de granja, y afirmaron tener un bienestar psicológico mayor. Tenían menos hambre, eran más ricos y, en general, eran más felices”.


Valoración del trabajo no remunerado

  • Argentina fue testigo del lanzamiento de una nueva alianza promovida por la sociedad civil y compuesta por mujeres líderes del mundo empresarial y otros ámbitos, decididas a combatir la brecha de género en el empleo. La Agenda x la igualdad cuenta con el respaldo de 1500 líderes de diferentes géneros de todo el país y de una amplia gama de sectores incluyendo el ámbito académico, la sociedad civil, los sindicatos y empresas de todo tipo, desde multinacionales a pymes y cooperativas. Los objetivos de la Agenda son, en primer lugar, promover la contratación de mujeres en puestos de trabajo formales del sector privado y favorecer una mayor participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinos; en segundo lugar, redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado y, en tercer lugar, rebatir los estereotipos e impulsar y visibilizar la participación de mujeres en el debate público y la toma de decisiones.

  • Proyecto de Oxfam WE-Care. Estos son algunos casos prácticos alrededor del mundo pero es necesario iniciar sesión para poder verlos. Aquí hay más casos prácticos interesantes (a partir de la página 22).


Servicios básicos universales

La sanidad y la educación son servicios básicos gratuitos en muchos países occidentales, como por ejemplo en la Unión Europea y en Reino Unido, donde se está tratando de ampliar su alcance e incluir también la vivienda, el transporte, los cuidados y el acceso a la información digital. Un ejemplo de transporte público gratuito universal es el de Luxemburgo.


En comparación, el acceso a una sanidad y educación gratuitas en los países del Sur global es mucho más variable: hay muy buenos ejemplos (como el servicio sanitario de Colombia) pero también unas deficiencias importantes.


Límite salarial

  • San Francisco, Estados Unidos: los votantes de San Francisco respaldaron de manera aplastante una nueva ley que impondrá un impuesto adicional del 0,1 % a las empresas cuyo personal ejecutivo superior cobre más de 100 veces el salario mediano de su plantilla.

  • Alemania: las empresas alemanas con más de 200 personas empleadas están obligadas a contar con una junta de supervisión formada en su mitad por personal trabajador de dicha compañía y conforme a la ley Mitbestimmungsgesetz, que hace cumplir esa participación conjunta. La junta de supervisión establece los salarios del personal ejecutivo de la empresa.

  • España: en el año 2013, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, el partido oficial de la oposición del país por aquel entonces) adoptó una ratio como parte de su política oficial. La Corporación Mondragón, una cooperativa con sede en el País Vasco y cuya propiedad recae en manos de sus socios trabajadores, aplica una ratio salarial interno de una media de 5:1 y se decide de manera periódica mediante una votación democrática.

  • Suiza: la popular “Iniciativa 1:12, por unos salarios justos” fue un referéndum celebrado el 24 de noviembre de 2013 en Suiza en un intento de introducir una legislación que limitase el salario del personal ejecutivo a un máximo de 12 veces el salario del personal peor pagado. El referéndum fue rechazado por un 65,3 % con una participación del 53 % y ningún cantón adoptó la iniciativa. El mayor rechazo fue en el cantón de Zug, con tan solo un 23 % de votos a favor, y el apoyo más amplio tuvo lugar en el de Ticino, donde obtuvo el respaldo del 49 % de los votos.

Estados Unidos: en el año 2010 el presidente Barack Obama firmó la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y de protección al consumidor. En pocas palabras, la sección 953(b) de la Ley Dodd-Frank cambió la normativa sobre la divulgación de la remuneración del personal ejecutivo al accionariado. En diciembre de 2016 la ciudad de Portland (Oregón, Estados Unidos) votó a favor de implementar una penalización adicional al personal ejecutivo que cobrase más de 100 veces el salario medio de sus trabajadores en el año 2017.Contar con unos salarios y subsidios justos mejora de manera significativa la vida de algunas de las personas más pobres del Sur global, lo que ha llevado a un menor uso de los sistemas locales y una menor dependencia de las industrias extractivas para poder sobrevivir. La prestación gratuita de servicios como la educación y sanidad, la inversión pública en infraestructuras y la participación democrática en las decisiones locales de la comunidad han dado paso a sistemas alimentarios sostenibles, una infraestructura energética renovable, acceso a agua potable y han permitido la creación de comercios locales nuevos que aumentan el valor de los materiales de origen sostenible. La disminución de la brecha entre las personas más ricas y más pobres ha provocado que se preste menos atención al dinero como un indicador de éxito y que se prioricen los beneficios no económicos y otros beneficios menos tangibles, como la recuperación de la dignidad, la autodeterminación y el respeto propio. El trabajo en sí mismo cobra más sentido, puesto que ya no se basa en proyectos irrelevantes y vanidosos sino que está vinculado al bienestar de la sociedad y del planeta.


Casos prácticos


Renta básica universal

Mapa con todos los lugares en los que se ha puesto a prueba la renta básica (Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Alemania, España, Kenia, Brasil, Irán, Namibia, India, China y Japón).


  • RBU en Brasil: una coalición de más de 160 organizaciones hizo campaña en Brasil por la introducción de una renta básica de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Con el respaldo de más de medio millón de personas y el apoyo de personas influyentes clave en redes sociales, la campaña obtuvo un éxito rotundo y rápido. Tan solo 10 días después del lanzamiento se aprobó una ley que avalaba el plan y 10 días después ya había personas recibiendo los primeros pagos. Como resultado, decenas de millones de brasileños recibieron esta ayuda tan decisiva y se calcula que más de la mitad de la población de Brasil se ha beneficiado del plan, ya sea de forma directa o indirecta.

  • Kenia y Uganda: quizás este sea el primer proyecto de renta básica universal real de la historia, gracias al cual cerca de 6000 personas en situación de pobreza extrema de Kenia y Uganda reciben un fujo de dinero en efectivo garantizado para los próximos 10 años o más a través de los sistemas de pago por teléfono móvil que son tan populares en África oriental. A pesar de que se encuentre en una fase inicial, ya hay resultados: “las personas beneficiarias comieron más y pasaron menos hambre, invirtieron en bienes caros pero valiosos como techos de hierro y animales de granja, y afirmaron tener un bienestar psicológico mayor. Tenían menos hambre, eran más ricos y, en general, eran más felices”.


Valoración del trabajo no remunerado

  • Argentina fue testigo del lanzamiento de una nueva alianza promovida por la sociedad civil y compuesta por mujeres líderes del mundo empresarial y otros ámbitos, decididas a combatir la brecha de género en el empleo. La Agenda x la igualdad cuenta con el respaldo de 1500 líderes de diferentes géneros de todo el país y de una amplia gama de sectores incluyendo el ámbito académico, la sociedad civil, los sindicatos y empresas de todo tipo, desde multinacionales a pymes y cooperativas. Los objetivos de la Agenda son, en primer lugar, promover la contratación de mujeres en puestos de trabajo formales del sector privado y favorecer una mayor participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinos; en segundo lugar, redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado y, en tercer lugar, rebatir los estereotipos e impulsar y visibilizar la participación de mujeres en el debate público y la toma de decisiones.

  • Proyecto de Oxfam WE-Care. Estos son algunos casos prácticos alrededor del mundo pero es necesario iniciar sesión para poder verlos. Aquí hay más casos prácticos interesantes (a partir de la página 22).


Servicios básicos universales

La sanidad y la educación son servicios básicos gratuitos en muchos países occidentales, como por ejemplo en la Unión Europea y en Reino Unido, donde se está tratando de ampliar su alcance e incluir también la vivienda, el transporte, los cuidados y el acceso a la información digital. Un ejemplo de transporte público gratuito universal es el de Luxemburgo.


En comparación, el acceso a una sanidad y educación gratuitas en los países del Sur global es mucho más variable: hay muy buenos ejemplos (como el servicio sanitario de Colombia) pero también unas deficiencias importantes.


Límite salarial

  • San Francisco, Estados Unidos: los votantes de San Francisco respaldaron de manera aplastante una nueva ley que impondrá un impuesto adicional del 0,1 % a las empresas cuyo personal ejecutivo superior cobre más de 100 veces el salario mediano de su plantilla.

  • Alemania: las empresas alemanas con más de 200 personas empleadas están obligadas a contar con una junta de supervisión formada en su mitad por personal trabajador de dicha compañía y conforme a la ley Mitbestimmungsgesetz, que hace cumplir esa participación conjunta. La junta de supervisión establece los salarios del personal ejecutivo de la empresa.

  • España: en el año 2013, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, el partido oficial de la oposición del país por aquel entonces) adoptó una ratio como parte de su política oficial. La Corporación Mondragón, una cooperativa con sede en el País Vasco y cuya propiedad recae en manos de sus socios trabajadores, aplica una ratio salarial interno de una media de 5:1 y se decide de manera periódica mediante una votación democrática.

  • Suiza: la popular “Iniciativa 1:12, por unos salarios justos” fue un referéndum celebrado el 24 de noviembre de 2013 en Suiza en un intento de introducir una legislación que limitase el salario del personal ejecutivo a un máximo de 12 veces el salario del personal peor pagado. El referéndum fue rechazado por un 65,3 % con una participación del 53 % y ningún cantón adoptó la iniciativa. El mayor rechazo fue en el cantón de Zug, con tan solo un 23 % de votos a favor, y el apoyo más amplio tuvo lugar en el de Ticino, donde obtuvo el respaldo del 49 % de los votos.

Estados Unidos: en el año 2010 el presidente Barack Obama firmó la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y de protección al consumidor. En pocas palabras, la sección 953(b) de la Ley Dodd-Frank cambió la normativa sobre la divulgación de la remuneración del personal ejecutivo al accionariado. En diciembre de 2016 la ciudad de Portland (Oregón, Estados Unidos) votó a favor de implementar una penalización adicional al personal ejecutivo que cobrase más de 100 veces el salario medio de sus trabajadores en el año 2017.

¿Cómo podemos conseguirlo?

Aprovechando este momento de disrupción para provocar un:

UN CAMBIO DE MENTALIDAD
DE: Una mentalidad de escasez
A: Una mentalidad de abundancia

DE: Todos y todas nos encontramos en una escalera y competimos con los demás para sobrevivir.
A: Todas las personas son iguales y la riqueza debería compartirse. Dependemos del prójimo y de la comunidad para sobrevivir.

DE: Las personas holgazanas abusan de las redes de seguridad social.
A: Todas las personas nos beneficiamos de una red de seguridad social sólida, ya sea de forma directa o indirecta.

DE: Un sistema de ingresos garantizados desincentiva el trabajo.
A: La seguridad de tener una renta básica universal favorece la formación y el desarrollo, la creatividad y la aportación a proyectos comunitarios (participación ciudadana)

DE: Una red sólida de seguridad social es cara
A: Una red sólida de seguridad social brinda beneficios continuos y acumulativos y es más barata a largo plazo. Por ejemplo, reduce la delincuencia y sus costos asociados a la sociedad

UN CAMBIO EN EL PODER

  1. Los trabajos individuales realizados por las personas y la remuneración que reciben pueden estar muy vinculadas con el sentido de identidad que tengan. En algunos casos, los empleos son superficiales y no tienen ningún sentido ni conexión con la comunidad o sociedad (como la televenta, el marketing y la publicidad que alienta el hiperconsumo, por ejemplo) o son perjudiciales directamente, como los trabajos en empresas relacionadas con el extractivismo. Conceder más valor al trabajo, asegurando que sea beneficioso para la comunidad y que respeta el medio ambiente, alejará el poder de la riqueza individual y la necesidad de alcanzar un estatus social. Esto se conseguirá mediante el desarrollo de una voluntad y una identidad más arraigada en los beneficios del trabajo de las personas en lugar de la riqueza material y el estatus asociado a sus puestos de trabajo.

  2. El sistema occidental incita a las personas y a las familias a ser autosuficientes. Un cambio hacia un sistema más cooperativo y participativo en el que se puedan compartir los servicios y productos podría dar lugar a menos desperdicios y un mejor uso de los recursos. A diferencia de la propiedad individual de los productos, un cambio de perspectiva de lo individual a lo comunitario en cuanto al intercambio de recursos estimula la cooperación, reduce la competición y contrarresta las diferencias de estatus social que las personas relacionan con sus bienes materiales personales.

  3. Los empleos con una alta remuneración potencian el egoísmo y el individualismo y contribuyen a la concentración de riqueza en manos de un pequeño grupo de personas, lo cual crea divisiones en la sociedad y una brecha insalvable entre quienes cobran más y quienes cobran menos. Presionar por que dichas diferencias sean moralmente inaceptables puede motivar a las organizaciones y personas a lograr un mayor equilibrio en la forma de remuneración.

  4. Existe una tendencia a fomentar que las empresas privadas gestionen servicios públicos con el supuesto objetivo de que estos sean más eficaces y se mantengan unos costos bajos. Por desgracia, la obtención de beneficios para el personal ejecutivo y accionistas suele traducirse en unos servicios públicos muy deficientes y un mayor gasto para el contribuyente. Es fundamental que exista un cambio hacia una participación mayor de los actores públicos (las personas que utilizan los servicios, las personas contribuyentes y también las trabajadoras) y un distanciamiento de los beneficios privados para así poder redistribuir el poder y garantizar que los servicios públicos no son gestionados por empresas con ánimo de lucro.

PROVOCAR UN CAMBIO ESTRUCTURAL / CREAR LÍMITES MEDIOAMBIENTALES
Algunas de las propuestas afines a nuestros valores y nuestra misión son:


Renta básica universal:

  • Reforma de las políticas de seguridad social y los sistemas de prestaciones para implementar programas de renta básica que garanticen que nadie viva en un régimen de pobreza absoluta.

  • Ofrecer opciones de formación y recualificación para un trabajo con sentido, especialmente en actividades económicas que mejoren el bienestar y el equilibrio con la naturaleza, tales como la agricultura sostenible, las energías renovables, la constitución de organizaciones cooperativas y la organización de la comunidad basada en la participación local ciudadana.


Valoración del trabajo no remunerado:

  • Reforma del sistema fiscal y de las políticas de seguridad social para eliminar el concepto de un único proveedor en una familia compuesta por dos adultos. Ofrecer permisos de maternidad, paternidad y cuidado de los hijos tanto para las mujeres como los hombres, así como servicios subvencionados de calidad y asequibles para el cuidado de los niños y las personas de la tercera edad. Mejorar los servicios públicos que tienen consecuencias directas e indirectas en el trabajo no remunerado y potenciar las campañas de información sobre el trabajo no remunerado.

  • Políticas de conciliación familiar en el ámbito laboral: la reducción de la semana laboral, los permisos remunerados flexibles y la posibilidad de trabajar desde casa son posibles soluciones que facilitarían la redistribución del trabajo no remunerado en los hogares. Es necesario que haya ayudas económicas, como reducciones fiscales, para las empresas se animen a proporcionar estas medidas.

  • Remodelar el lugar de trabajo para conseguir un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal mediante un trabajo flexible.

  • Inversión en infraestructuras públicas. Los fondos públicos deben destinarse a invertir en proyectos que permitan un mejor acceso a los recursos esenciales (como el suministro de agua potable y la energía de fuentes renovables) y así disminuyan la carga del trabajo no remunerado, específicamente en los países en desarrollo.


Servicios básicos universales:

  • Algunos servicios esenciales, dependiendo del país, deberían ser gratuitos o muy baratos y accesibles y asequibles para todo el mundo, según la necesidad y no atendiendo a la capacidad de pagar por ellos, con unas normas y trámites transparentes sobre la elegibilidad y la titularidad.

  • Responsabilidad colectiva para atender las necesidades comunes, ejercida mediante los Gobiernos elegidos democráticamente y la inversión pública, con la transferencia de poderes hasta el nivel más bajo que proceda (véase Participación ciudadana). El Estado cumple un papel primordial en la distribución de los fondos, el establecimiento de normas y la garantía de un acceso equitativo.

  • Los servicios públicos deben gestionarse por entidades del sector público y no empresas privadas. Deben basarse en distintos modelos de propiedad y control, en colaboración y con alianzas dentro de las áreas de servicio y entre ellas. Debe haber una participación sustancial de las personas que utilizan estos servicios, junto con el propio personal trabajador, en las decisiones que atañen al diseño y a la prestación de los servicios.