Gasto Social del Gobierno Central

El monto asignado para gasto social del Gobierno Central en el presupuesto para 2020 asciende a ¢4.677.772 millones. Esta cifra representa un 44,5% del total de presupuesto para el presente año, y un 12,2% del PIB. Adicionalmente, se registra un crecimiento de 0,1% (¢2.988 millones) con respecto al presupuesto ajustado 2019 y crece 0,4% (¢16.835 millones) si se compara con el presupuesto inicial del año anterior.

Durante el período 2015-2020 en promedio se destina un 12,2% del PIB a la inversión social, lo cual muestra estabilidad en esta asignación en el tiempo, y refleja compromiso por mantener la disposición del gasto social en el contexto de una difícil situación fiscal.

En el período 2016-2019, en promedio, este rubro de gasto se ha ejecutado en un 94,1%; no obstante, el 44,5% del gasto ejecutado en 2019 corresponde a transferencias corrientes y de capital en las que, la efectividad de dicho gasto, depende de la gestión de los recursos que realice el destinatario final. Al respecto, la Contraloría General ha reiterado sobre la importancia de la eficiencia y eficacia en el uso de estas asignaciones; así por ejemplo, para el caso del Patronato Nacional de la Infancia, el Órgano Contralor determinó^[1] que entre el año 2015 y principios de 2017 se refleja una subejecución en los recursos transferidos a esta institución, y que a pesar del incremento sustantivo en las transferencias recibidas, no se observa una mejora en sus funciones sustantivas.

De acuerdo con la distribución de los recursos para gasto social, se registra que la mayor parte de estos corresponden a educación (57,1% del total). Le siguen en magnitud el monto destinado a protección social (33,8%), salud (7,2%), servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión (1,2%) y vivienda y otros servicios comunitarios (0,8%).

En el presupuesto del Gobierno Central, el gasto en la función de educación asciende a ¢2.669.798 millones (7,0% del PIB), lo que significa un crecimiento del 1,1% (¢29.425 millones) respecto al presupuesto ajustado 2019^[2].

El presupuesto destinado a protección social es de ¢1.580.458, 3,2% (¢51.804 millones) menos que el presupuesto ajustado 2019. Esta variación se explica principalmente por una reclasificación funcional de las partidas en las que se registran los pagos por concepto de cuotas patronal y estatal para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, hacia la función de Justicia; las cuales hasta 2019 se venían clasificando como función de Protección Social^[3].

Al respecto, cabe resaltar la importancia de una correcta lectura del clasificador presupuestario, dado que en casos como los pagos registrados por cuotas estatales, estos deberían corresponder con la función de Protección Social. Se recomienda asegurar que la clasificación de los gastos responda efectivamente a su fin último, para alcanzar prácticas efectivas en la gestión y transparencia presupuestaria.

En materia de salud, se presupuestan ¢334.904 millones para el ejercicio económico 2020. En este caso se presenta un crecimiento de ¢8.645 millones (2,6%) respecto al presupuesto ajustado 2019, de los cuales el 65,4% (¢5.657 millones) corresponden a transferencias corrientes a la Caja Costarricense de Seguro Social en el rubro de servicios de salud pública.

Finalmente, para servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión se destinarán ¢54.298 millones, lo que representa un crecimiento de 6,5% con respecto al presupuesto ajustado del año anterior. Asimismo, se incorporan ¢38.313 millones para vivienda y otros servicios comunitarios, rubro que presenta un crecimiento de ¢13.417 millones (53,9%) respecto al presupuesto ajustado de 2019.

En este contexto, la eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución de los recursos destinados a la atención y satisfacción de necesidades de los hogares e individuos, se relacionan con el crecimiento de la población. Al respecto, la CEPAL señala^[4] que la sostenibilidad del sistema de transferencias públicas costarricense que utilizan los impuestos y cargas sociales para financiar gasto social -como la educación, la salud y las pensiones-, está en gran medida sujeta a la demografía. En efecto, debido a la dinámica acelerada de envejecimiento de la población en Costa Rica, crecen más rápidamente las demandas por gasto social en salud y pensiones que su financiamiento, mientras que en cuanto al gasto en educación, se vislumbra un panorama de oportunidades, pues la desaceleración de la natalidad reduce las presiones sobre el sector y genera espacio para mejorar la calidad, cobertura e infraestructura educativas.

La Contraloría General ha señalado[5] que, efectivamente, el cambio en la estructura demográfica del país ejerce presiones sobre la demanda de servicios como salud, pensiones y educación, por lo cual se requieren ajustes en políticas públicas para garantizar la sostenibilidad de cada servicio. Sin embargo, ya no se cuenta con la “ventana de oportunidad” que suponía el bono demográfico, sino que los efectos comienzan a manifestarse en distintas formas y ámbitos. Ante esta situación, y la compleja dinámica fiscal que atraviesa el país, esta Contraloría reitera que es necesario mantener una asignación sostenible y eficiente del gasto social para evitar afectar a las poblaciones más vulnerables, de tal forma que estas puedan contribuir al desarrollo del país en las mejores condiciones de bienestar posibles.