Presentación

Como ha sido la tónica generalizada durante los últimos años, el panorama de las finanzas públicas resulta poco halagador al 30 de junio de 2019, previo a la vigencia de los títulos I y II de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 referidos al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto sobre la renta, respectivamente. En el Gobierno Central, los gastos crecen más rápidamente que los ingresos; al primer semestre el gasto corriente creció un 6,3% respecto al primer semestre de 2018, mientras que los ingresos corrientes –sin amnistía tributaria- lo hicieron a una tasa del 0,8% (6,7% considerando la amnistía). Ante la insuficiencia de los ingresos para atender los compromisos de gasto, el endeudamiento interno se ha incrementado de forma acelerada, al primer semestre de 2019 la colocación de títulos valores internos es un 42,9% mayor que la del mismo periodo del año anterior.

Como consecuencia de lo anterior, al cierre de 2018 el Gobierno Central registró un endeudamiento del 53,9% del PIB, al mes de julio de 2019 este porcentaje ascendió al 54,2% del PIB y se espera que para el cierre del ejercicio se sitúe en torno al 59,1% del PIB y sobrepase el 60% en 2020 (62,0% según las proyecciones más recientes del Banco Central de Costa Rica, BCCR). Por su parte, el nivel de endeudamiento incide directamente en el pago de intereses, que al primer semestre suma ¢707.754 millones, 18% más que el gasto en esta partida a junio de 2018.

Esto refleja una problemática que se alimenta a sí misma: ingresos inferiores a los gastos implican más endeudamiento, que incide en el pago de intereses, y esto a su vez aumenta el nivel de gasto y las necesidades de financiamiento del Gobierno, presionando al alza las tasas de interés –como se observó en 2018– y profundizando cada vez más el desequilibrio. Al cuestionarse los orígenes de este desequilibrio, en diversas oportunidades la CGR[1] ha señalado debilidades estructurales en la gestión de la Hacienda Pública que han devenido en la situación actual; algunas de estas causas se asocian al crecimiento inercial de los gastos, esquemas de remuneración onerosos, alta rigidez presupuestaria, destinos específicos creados sin fuente de financiamiento y que no son evaluados en el tiempo, atomización institucional y duplicidades estructurales, así como un sistema tributario desfasado que no facilita el cumplimiento voluntario y con gran cantidad de exoneraciones.

Es evidente, además, que esta problemática trasciende al Gobierno Central, y corregir el carácter estructural del desbalance fiscal implica impulsar reformas atinentes al sector público como un todo, toda vez que el país es uno solo y la falta de solución al problema fiscal o el retraso en la consolidación completa de la reforma, tendría consecuencias para todos los agentes: familias, empresarios, administración central e instituciones descentralizadas.

Si bien se han realizado reformas destacables, como la reciente aprobación de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que permitió el aumento de la base tributaria del impuesto de ventas (ahora denominado impuesto al valor agregado) a los servicios, y reformas al impuesto de renta, así como la creación de una regla fiscal y cambios a la Ley de Salarios; y como la reciente reforma al artículo 176 de la Constitución Política, que otorga rango constitucional a los principios de sostenibilidad, transparencia y plurianualidad en la gestión pública, no podemos dar por “finiquitado” el ajuste fiscal, ya que precisamente este es un momento crucial para afianzar el pleno apego a lo pactado. Corresponde en este momento consolidar estas reformas y regir las actuaciones públicas de todas las instituciones y Poderes de la República en un marco de congruencia y sentido de Estado.

En esta coyuntura, vulnerable interna y externamente, los gestores públicos están en el deber de superponer los intereses del país y el bien común, a intereses particulares de los grupos que representan. Además, el direccionamiento de las políticas públicas debe ser consistente, a fin de restituir la maltrecha confianza a los consumidores, inversionistas, empresarios y sector externo.

La mera aprobación de la Ley N° 9635 está lejos de significar una solución definitiva a la problemática fiscal del país; tampoco es una solución completa. La incorporación de la regla fiscal –que, por cierto, no es la primera que se consagra en una norma de carácter legal– constituye una sana práctica de Hacienda Pública, de la cual pretenden eximirse diversas instituciones; situación similar ocurre con los cambios en la Ley de salarios, lo que podría socavar el efecto de la reforma. Al respecto, es pertinente acotar que la sostenibilidad financiera de la República es clave para el desarrollo del país, por lo que no procede continuar con el accionar fragmentado del Estado que nos ha caracterizado en el pasado, que crea un clima de incertidumbre perjudicial para el país; al contrario, se debe superar toda visión cortoplacista y parcial en el análisis de un tema-país de tanta relevancia.

Aunado a lo anterior, el país es testigo pasivo como nunca antes de un mundo que se transforma a una velocidad vertiginosa: tendencias mundiales en el mercado laboral (como automatización y robótica), el envejecimiento poblacional, el cambio climático y la sostenibilidad financiera de los regímenes de pensiones, exigen por sí mismas un abordaje integral y una disrupción en áreas clave como la educación, para lo cual, un Gobierno financieramente fuerte es un pilar fundamental.

Como sociedad, nos encontramos ante el reto de dejar de “volver a ver hacia otra parte”, atendiendo una ilusión engañosa de que el problema fiscal nos es ajeno, cuando en realidad estamos en un punto de decisión entre consolidar el ajuste fiscal, atendiendo las áreas que el país ha evitado discutir durante décadas, o bien permanecer en una situación de vulnerabilidad extrema que nos pueda llevar a una crisis de deuda. La respuesta es clara, como es claro también que implementarla exige liderazgo, congruencia y disciplina a todos los niveles.