El ICE ha estado en los últimos años sometido al escrutinio público y político por los resultados de su desempeño operativo y financiero, entre los cuales se citan los proyectos de energía eléctrica y de telecomunicaciones, cambios organizativos y de dirección superior, los desafíos como competidor en los servicios de telecomunicaciones y como principal proveedor de la energía eléctrica.

Los resultados presupuestarios del primer semestre del período 2015-2018 muestran un ICE con ingresos que han venido decreciendo, con un repunte del 8,9% en el 2019. Los egresos por su parte, muestran un comportamiento incremental, siendo el primer semestre de 2019 el período en que se registra la mayor ejecución de los últimos cinco años. Los ingresos corrientes alcanzaron una ejecución del 50,3% y constituyen el 91,9% de los ingresos totales, por lo que se esperaría un comportamiento similar al finalizar el año, que permita cubrir los gastos en que incurre el Instituto para su operación y funcionamiento.

Al 30 de junio de 2019, el ICE tiene un presupuesto de ingresos aprobado por la suma de ¢1.818.046 millones, con un porcentaje de ejecución de 43,8% que equivalen a ¢796.138 millones. Un 8,9% más que en el primer semestre de 2018. El 91,9% de los ingresos recibidos en la primera mitad del año son ingresos corrientes (¢731.702 millones), que proceden fundamentalmente de la venta de energía eléctrica y de los servicios de telefonía y datos. La segunda fuente de recursos corresponde al financiamiento con un 4,9%, por concepto de financiamiento externo; y por último, los ingresos de capital (3,2%) producto de la recuperación de préstamos e inversiones financieras.

Los ingresos recibidos por el Instituto variaron un -15,9% entre el primer semestre de los años 2015-2019. Al 30 de junio de 2018 se registró el menor porcentaje de ingresos realizados en ese quinquenio (37,6%); al finalizar el primer semestre de 2015 se logró un 55,5% siendo el mayor porcentaje de ingresos de los cinco años. Entre las razones que propician las variaciones en la obtención de los ingresos durante el período referido, se pueden citar: la dinámica comercial tanto en telecomunicaciones como en electricidad; la recuperación de préstamos e inversiones financieras, los cambios en el financiamiento tanto interno y externo; y la incorporación de recursos de vigencias anteriores (superávit) en el primer semestre de los años 2015 a 2017.

Los gastos ejecutados al 30 de junio de 2019 lo componen las partidas de Remuneraciones (21,6%), Servicios (18,1%), Materiales y Suministros (26,8%) e Intereses y Comisiones (11,4%); el resto de partidas, en conjunto, conforman el 22,2% del total de egresos. Desde el año 2015 se viene observando una disminución en las partidas de Remuneraciones y Servicios. No obstante, los egresos del Instituto se incrementaron un 4,8% durante el primer semestre entre los años 2015-2019; la ejecución más alta se registra en el primer semestre de 2019 y la más baja en el 2018.

La partida de Materiales y Suministros es una de las que más egresos comprende y es la que registra un mayor incremento en la ejecución de los últimos años, siendo en el 2019 donde se observa un gasto mayor con respecto al período 2015-2019. En comparación con los primeros seis meses de 2018, aumentó un 93,6%, destacándose el gasto de los bienes para la producción y comercialización, necesarios para poner a disposición de los clientes los bienes y servicios tanto en telecomunicaciones como en electricidad; el negocio de telecomunicaciones utiliza estos recursos con el fin de ofrecer productos de telefonía móvil e internet, y atender los compromisos del Programa Hogares Conectados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), entre otros. En el caso del negocio eléctrico, el ICE ejecutó un 94,2% del gasto por Materia prima (combustibles) utilizada para la generación eléctrica emergente que normalmente se presenta en época de verano o sequía, correspondientes a ¢10.162 millones, lo cual representa un incremento del 13,9% con respecto a la suma ejecutada en el mismo período de 2018. Además, compró ¢121.694 millones de energía eléctrica lo que representa un 92,4% del total estimado para el 2019, y significa un incremento del 68,7% con respecto a lo que se compró al 30 de junio de 2018.

El gasto ejecutado en la partida Bienes duraderos se incrementó un 256,9% con respecto al año anterior, no obstante, es una partida que ha venido bajando los últimos años, y el 2018 presentó el monto más bajo del período 2015-2019. Destaca el egreso por equipos de comunicación utilizados para la red móvil, terminales y accesorios para los servicios que brinda el ICE telecomunicaciones y la implementación de nuevas aplicaciones y sistemas del Centro de Servicio Recursos Geotérmicos del sector electricidad, entre otros.

RECOPE, S.A. debe asegurar la importación, procesamiento, almacenamiento, distribución y venta a granel de los combustibles, asfaltos y naftas para el sector transporte del país. Para este cometido, el presupuesto aprobado al 30 de junio de 2019 ascendió a la suma de ¢1.718.548 millones.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 en el Título IV Responsabilidad fiscal, impone un límite al crecimiento del gasto corriente sujeto a una proporción del promedio de crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central con respecto al PIB. De conformidad con el artículo 6 de ese título, RECOPE, S.A. queda exenta del ámbito de cobertura de la regla fiscal en lo correspondiente a la factura petrolera, la cual normalmente abarca más del 90% de su presupuesto de gastos. Así, corresponde a RECOPE, S.A., tomar las previsiones que faciliten el cumplimiento de la regla fiscal al momento de su aplicación en la porción restante de su presupuesto.

El petróleo constituye una de las materias primas más importantes para la economía costarricense. El precio del cóctel de hidrocarburos[1] tiene un impacto directo sobre el precio del combustible para vehículos (gasolinas y diésel) y un impacto indirecto sobre el precio y tarifas del transporte terrestre (autobús y taxi) así como el servicio de electricidad.

De acuerdo con el Informe de Inflación a junio 2019 emitido por el Banco Central de Costa Rica, el precio por barril del cóctel de hidrocarburos mostró una tendencia al alza entre abril y octubre de 2018, periodo en el que registró un precio medio de US$82,6, y presentó una desaceleración en los meses siguientes. Entre noviembre de 2018 y junio de 2019, su valor medio fue de US$73,8. En vista de que la variación en los precios internacionales de los hidrocarburos se refleja en el precio de los combustibles con un rezago aproximado de un mes debido a la metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor, en diciembre de 2018 y en el transcurso del primer trimestre de 2019 se presentó una desaceleración de los precios del cóctel de hidrocarburos, y en abril y mayo se reflejó el efecto del alza en los precios internacionales. [2]

Los ingresos totales recaudados por RECOPE, S.A. al término del primer semestre de 2019 alcanzaron un monto de ¢874.906 millones, lo que representó una disminución del 4,4% con respecto a la suma ejecutada a junio de 2018. Esta circunstancia tiene origen en la disminución de los recursos por concepto de Financiamiento. Asimismo, se registra una ejecución de ingresos totales de 50,9%, al 30 de junio de 2019.

El ingreso por concepto de Venta de productos derivados del petróleo es el más importante de RECOPE, S.A., el cual representa el 91,9% de los ingresos recaudados al 30 de junio de 2019 y corresponde a la suma de ¢804.140 millones.

En relación con las ventas totales de combustibles, RECOPE S.A., alcanzó un nivel de 1,7 millones de metros cúbicos en el primer semestre de 2019, equivalente a 11 millones de barriles, lo cual representa un 1% más que en el primer semestre de 2018[3]. La gasolina y el diésel son los productos de mayor venta.

La ejecución de los ingresos corrientes es del 47,0% al primer semestre de 2019. El 92,2% de estos ingresos se generan por los Ingresos no tributarios y un 7,8% por Financiamiento, específicamente Recursos de vigencias anteriores por la suma de ¢68.035 millones. Esta última cuenta mencionada presenta una disminución del 32,8% con respecto al primer semestre de 2018, debido a que en ambos períodos se incorporó el superávit del año anterior, los cuales fueron de ¢101.168 millones en 2017, y ¢68.035 en 2018.

En cuanto a los gastos, RECOPE, S.A. presenta la ejecución más alta al primer semestre de 2019, en comparación con los cuatro períodos anteriores. Así, se han ejecutado ¢828.752 millones (48,2%) de los ¢1.718.548,3 millones aprobados al 30 de junio de 2019.

De acuerdo con el comportamiento de los gastos ejecutados para el primer semestre de 2019, se ha destinado una mayor proporción a la partida Materiales y suministros la cual abarca el 90,5% del presupuesto, seguida por Servicios con un 4,6% y Remuneraciones con un 2,7%. El resto de partidas no alcanzan el 1% de importancia relativa dentro del presupuesto. En cuanto a Materiales y suministros, se ejecutó la suma de ¢749.977 millones, que corresponden a la compra de hidrocarburos.

En relación con el gasto por concepto de Materiales y suministros, destacan las sumas asignadas en la subpartida Materia prima (¢9.502 millones), de la cual se ejecutó ¢426 millones durante el primer semestre y Productos terminados donde se registra la asignación más alta del presupuesto de gastos por ¢1.509.324 millones, con una ejecución de ¢747.604 millones (49,5%). Asimismo, se ejecutó durante el primer trimestre 2019 la suma de ¢772.604 millones por concepto de factura petrolera, la cual incluye impuestos, fletes y seguros de importación^[4].

Con respecto a los precios pagados por concepto de hidrocarburos, el Informe de ejecución presupuestaria al segundo trimestre emitido por RECOPE, S.A. señala que dichos precios fueron inferiores con respecto a los estimados en el presupuesto modificado a junio 2019, debido a las condiciones del mercado petrolero a nivel mundial. Lo anterior, ya que se tomó como referencia el precio coctel CIF por barril^[5], el cual mostró al 30 de junio un precio promedio real de $72,46/BB[6]; mientras que el precio promedio estimado en el presupuesto modificado fue de $75,90/BB, generándose una diferencia de $3,44/BB.

La ejecución de la partida de Remuneraciones presenta una disminución del 5,8% con respecto a la suma ejecutada al primer semestre del 2018. Ello debido a la salida de 43 funcionarios con antigüedad promedio de 28 años, según lo señala el Informe de Seguimiento del POI al 30 de junio de 2019. Además, se señala en el referido informe que también se presenta una disminución debido a la aplicación de un menor porcentaje de reconocimiento por concepto de dedicación exclusiva, conforme con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635. Además, se presenta disminución de un 20,2% con respecto al período 2018 en la ejecución de la partida Transferencias corrientes, también debido a la salida de funcionarios; así como a la reducción de un 20,1% en la partida de Amortización, debido a los pagos de los préstamos que mantiene la institución con el Scotiabank y BN Paribas.

En la partida Bienes Duraderos se registra una ejecución del 22,9% al primer semestre de 2019, y la baja ejecución, según el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 30 de junio 2019, obedece a que algunas obras de RECOPE, S.A se encuentran con problemas contractuales, tal y como a continuación se detalla:

• Ampliación y modernización del plantel GLP en Moín: El Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio registra una ejecución de ¢18 millones del presupuesto previsto por la suma de ¢1.605 millones y se indica que el contratista a cargo de la construcción de las cuatro esferas paralizó las obras. Se inició el proceso de resolución contractual.
• Construcción e interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diésel en el Plantel Moín: El proyecto reporta un 86,5% de avance físico amulado; no obstante, para el 2019 se presupuestó la suma de ¢2.353 millones, de los cuales se ha ejecutado al 30 de junio la suma de ¢5 millones, ya que se paralizó la obra por parte del contratista y se debe continuar con el proceso de resolución contractual.

Por otra parte, RECOPE, S.A. ha establecido metas institucionales para incursionar en energías alternativas, para ello pro promueve un proceso de reestructuración administrativa que inicia con la redefinición de su Plan Estratégico Institucional, así como la presentación de un proyecto de ley que pretende transformar la institución hacia la formulación de combustibles fósiles con biocombustibles.

El IMAS, como una de las instituciones que velan por la protección social de los ciudadanos en el país, desarrolla y ejecuta estrategias que se enmarcan en la ejecución de programas de interés social dirigidas a su población objetivo, entre ellas, la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos (enfocado en estudiantes de secundaria) y a partir de julio 2019 el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas “Crecemos” (para estudiantes de preescolar y primaria).

Se desprende de lo anterior, que dicha institución tiene encomendadas tareas fundamentales en materia de desarrollo social del país, pues participa en la ejecución de programas y metas que buscan impactar positivamente temas de pobreza, pobreza extrema, distribución del ingreso y atención de poblaciones vulnerables socialmente.

Por lo que uno de los retos fundamentales del IMAS, es lograr mayor capacidad de ejecución para cumplir con los objetivos establecidos en la normativa que la rige, pues según el comportamiento histórico de su ejecución de egresos al primer semestre, no ha alcanzado el 40% en el período 2015 a 2019, según se observa en el gráfico.

El IMAS para llevar a cabo sus actividades y el cumplimiento de sus metas, contó al primer semestre 2019, con un presupuesto que ascendió a la suma de ¢264.065 millones[1], de los cuales han ejecutado el 46,9% de los ingresos (¢123.874 millones), y el 35,3% de los egresos (¢93.195 millones); porcentajes de ejecución inferiores a los de 2018, cuando al primer semestre se había ejecutado el 48,9% (¢113.664 millones) y 38,7% (¢90.076 millones) de los ingresos y egresos, respectivamente.

Adicionalmente, este Órgano Contralor aprobó parcialmente[2] el presupuesto extraordinario 02-2019 presentado por el IMAS el 13 de junio de 2019; mediante el cual este Instituto incorporó a la corriente presupuestaria ¢24.096 millones para el programa de transferencias monetarias condicionadas para estudios denominados "Crecemos"[3], financiado con recursos del Gobierno Central y del FODESAF, el cual se convierte en otro reto para la Administración de cara a concretar los proyectos institucionales planificados y así tener mayor capacidad de acción en el siguiente periodo presupuestario con la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley N° 9635.

En línea con lo anterior, los ingresos ejecutados por el IMAS crecieron en términos nominales un 9,0% (¢10.209 millones) con respecto al primer semestre de 2018, siendo la principal fuente de recursos las transferencias corrientes y los ingresos tributarios, las cuales representaron el 66,3% (¢82.063 millones) y el 15,9% (¢19.693 millones) del total de ingresos ejecutados, respectivamente.

Por su parte, los egresos ejecutados al 30 de junio de 2019, mostraron un crecimiento nominal de por un monto de ¢3.118 millones en comparación con los datos del primer semestre de 2018, en donde la mayor parte del gasto se dirigió hacia transferencias corrientes, entre ellas, para el financiamiento de la inversión social (¢70.310 millones), el cual representó el 97,9% del total ejecutado por transferencias corrientes y el 56,8% del total de ingresos ejecutados al 30 de junio de los corrientes.

En cuanto a la ejecución de egresos, se dio una menor erogación de recursos relacionados con el mantenimiento de edificios, locales y terrenos y las transferencias de capital a las asociaciones.

En línea con lo anterior, la menor ejecución de egresos con respecto a los ingresos, contribuyeron a la generación del superávit de ¢30.679 millones al cierre del primer semestre 2019.

En cuanto a las metas físicas en las cuales tiene participación y responsabilidad el IMAS, entre los resultados alcanzados al 30 de junio de 2019, se destaca la cobertura de 188.487 estudiantes en el Programa Avancemos; 25.657 niños y niñas beneficiados con la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, y 68.101 familias vinculadas con el beneficio de atención a familias[4].

No obstante, el IMAS presenta a esa misma fecha, un cumplimiento promedio de las metas institucionales asociadas al programa presupuestario “Protección y Promoción Social”[5] del 54,7%, lo anterior por cuanto 8 de las 18 metas definidas no superan el 50% de avance de la programación anual de cumplimiento, en donde sobresale que los beneficios relacionados con “Proyectos de desarrollo socio productivo y comunal”, “Veda” y “Organizaciones de bienestar social”, alcanzaron el 2,0%, 0,5% y 0,0%, de ejecución presupuestaria con respecto a la estimación de recursos que se incorporaron a la corriente presupuestaria para financiar esas iniciativas, respectivamente.

Esta situación genera el reto a la Administración de tomar las medidas correspondientes en el corto plazo para cumplir con los compromisos definidos en la planificación institucional y consecuentemente ejecutar de manera oportuna los recursos presupuestarios.

Para el año 2019, el PANI cuenta con un presupuesto aprobado de ¢103.116 millones[1], un 6,4% mayor a los recursos de 2018 (¢96.948 millones), debido a un aumento en las transferencias del Gobierno Central y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

A nivel general, es importante destacar que, si bien es cierto, durante el periodo 2015-2017 los porcentajes de ejecución de los ingresos y egresos del PANI al primer semestre mantenían una tendencia creciente, para los años 2018 y 2019 experimentaron una disminución, situación que registra un comportamiento similar a nivel anual a partir de 2017. Lo anterior, unido a una mayor percepción de recursos, ha provocado que la institución registre montos de superávits por ¢9.396 millones y ¢17.996 millones, para los años 2017 y 2018, respectivamente. Ver detalle de ejecuciones en el gráfico siguiente.

Para cumplir con sus fines, el PANI se financia principalmente con transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central[2], del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)[3], y del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)[4], así como de otros ingresos menores representados por recursos de vigencias anteriores, reintegros en efectivo, ingresos varios no especificados, entre otros.

Al primer semestre de 2019, el presupuesto ejecutado de ingresos alcanza los ¢33.525 millones, (32,5% de ejecución), un 21,8% menor a lo recaudado hace un año, lo cual se debe principalmente a que en el año 2018 se reportaron ¢9.396 millones de superávit ejecutados y los ingresos del I Semestre 2019, no incluyen recursos de vigencias anteriores. Se identifica por lo tanto un cambio significativo relacionado con esta segunda fuente de recursos más importante, en comparación con la estructura de los ingresos al I Semestre de 2018, dado que una parte de los recursos del superávit fueron incorporados hasta el Presupuesto Extraordinario 1-2019, para que eventualmente se ejecute en el segundo semestre de 2019.

Con respecto al detalle de los ingresos ejecutados en el periodo en estudio, se destacan las transferencias del Gobierno Central con una recaudación efectiva para el primer semestre de 2019 de ¢25.343 millones, que si bien es cierto, equivale a un 31,6% de ejecución para ese rubro, representa el 75,6% del total de los recursos efectivamente recibidos por el PANI. Lo anterior, muestra coincidencia con la fuerte dependencia de esta fuente de financiamiento por parte de la institución; que en una línea similar se registra al I Semestre de 2018, donde representaba un 57,4% del total de ingresos ejecutados (¢24.608 millones), no obstante el efecto del superávit incorporado en dicho semestre.

El resto del financiamiento de la entidad proviene de la Transferencia de FODESAF, la cual representa el 22,8% de los recursos percibidos (46,7% de ejecución), y otros recursos que representan el 1,6% restante.

En comparación con la estructura de los ingresos al I Semestre de 2018, se identifica un cambio significativo relacionado con la segunda fuente de recursos más importante, pues para ese periodo correspondía al superávit, sin embargo, para el I Semestre 2019, no se reportaron recursos de vigencias anteriores ejecutados a la fecha de corte, dado que una parte de esos recursos fueron incorporados hasta el Presupuesto Extraordinario 1-2019, que eventualmente se ejecute hasta el segundo semestre. Al respecto, la Administración[5] hace referencia al Superávit acumulado 2018 indicando que se encuentra en caja única y que tiene como fin cubrir los costos de los proyectos de infraestructura que se esperan ejecutar a mediano y largo plazo con un plan de inversión continúa.

Resulta importante señalar que, de cara a la derogatoria del inciso a) del artículo 34 de la Ley Orgánica del PANI, mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), se presenta un reto importante para las autoridades del PANI, puesto que, su asignación presupuestaria quedará sujeta a la distribución realizada por el Ministerio de Hacienda, tomando en consideración los criterios establecidos en la normativa, relativos al logro de niveles de ejecución presupuestaria.

Con respecto a los egresos, del total de ¢103.116 millones presupuestados, la entidad logró ejecutar el 25,6% (¢26.388 millones) al primer semestre del periodo 2019, lo cual representa una disminución de 7% con respecto a los egresos ejecutados en el mismo periodo de 2018, principalmente por la baja ejecución de la partida de “Bienes Duraderos”, lo cual se debe, según indicó la Administración, al rubro de Edificios, pues contiene la mayor asignación presupuestaria para obras de infraestructura que se encuentran en proceso y cuyos recursos están comprometidos para el II Semestre.

Resulta importante destacar, que el porcentaje de ejecución de los egresos al primer semestre ha venido disminuyendo desde el 2018 y la ejecución para el primer semestre 2019 representa el porcentaje más bajo desde el año 2015. La situación anterior obedece, a criterio de la Administración^[6], a la aplicación de políticas de restricción del gasto en materia salarial y de empleo, pues según señala la prestación del servicio de la entidad depende del recurso humano y se ha limitado el uso de las plazas vacantes, generando un impacto en la ejecución presupuestaria. Asimismo informó la Administración^[7] que para el 2018, se tomaron medidas referidas a suspensión de transferencias a municipalidades y asociaciones de desarrollo comunal, debido a procesos de análisis y revisión de los distintos proyectos en ejecución.

En cuanto a la estructura del gasto, la partida de Remuneraciones representa el 38,1% de los gastos (¢10.060 millones) y al igual que en el I Semestre 2018, continúa siendo la cuenta con mayor ejecución con un 34,9%, impulsado principalmente por los gastos en las subpartidas de Remuneraciones Básicas e Incentivos Salariales. La distribución del gasto se completa, con las cuentas de Servicios y Materiales y Suministros, las cuales representan un 13,1% (¢3.454 millones) y un 2,3% (¢609 millones) respectivamente. La disminución del monto ejecutado en la partida de “Bienes Duraderos” es el principal cambio en la estructura de los egresos, pues pasó de representar un 3,9% (¢1.120 millones) para el primer semestre 2018 a un 0,4% (¢102 millones) para el periodo en análisis.

Asimismo, la distribución de gastos a nivel de los programas del PANI se mantiene con respecto al primer semestre 2018, pues se destinan la mayoría de los recursos al programa de Protección, en este caso un 47,4% (¢12.518 millones), al de “Atención” un 32,7% (¢8.625 millones), al de “Actividades Centrales” un 12,3% (¢3.257 millones)”, al de “Prevención, promoción y comunidad” un 6,7% (¢1.759 millones), y al de “Desarrollo Estratégico” un 0,9% (¢228 millones).

Por otra parte, cabe indicar que el PANI participa como responsable, en conjunto con otras instituciones, en cuatro metas del “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022”, relacionados con el Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Al respecto, para 3 de las 4 metas, la entidad reporta^[8] porcentajes de cumplimiento mayores al 80%, las cuales se refieren a cantidad de Personas Beneficiadas de las Intervenciones Públicas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (avance del 92%, equivalente a 41.839 personas), Permanencia en el Sistema Educativo Formal (avance del 81%, correspondiente a 2032 madres adolescentes becadas) y Protección y Cuidado de Niños y Niñas en situación de Pobreza (Programa Nacional Red de Cuido) (avance del 87% equivalente a 1308 personas). Respecto a los porcentajes de avance reportados en las metas y dado que refiere a un corte al I Semestre del año, es importante que la Administración realice una revisión de la información que los sustenta, así como del diseño de tales metas, dado que podría responder a situaciones en la calidad de la información o a metas poco retadoras, pues tan solo en un semestre se encuentran prácticamente cumplidas.

La cuarta meta consiste en mejorar la infraestructura social -construcción y la compra de inmuebles para oficinas locales y albergues- para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural, sin embargo, el PANI reporta un 0% de avance, indicando que se cumplirá mediante un fideicomiso, el cual se encuentra en etapa de negociación y cumplimiento de trámites.

Para el cumplimiento de sus fines, la ESPH, S.A. contó con un presupuesto inicial para el período 2019 de ¢94.771 millones, el cual se incrementó en un 16,3% como resultado de la aprobación de los presupuestos extraordinarios Nros 1 y 2[1]. Así, el presupuesto institucional al primer semestre de 2019 alcanza la suma de ¢110.176 millones.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 en el Título IV Responsabilidad fiscal, impone un límite al crecimiento del gasto corriente sujeto a una proporción del promedio de crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central con respecto al PIB. De conformidad con el artículo 6 de ese título, quedan exentas del ámbito de cobertura de la regla fiscal las empresas públicas que participen de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, tal como las telecomunicaciones e infocomunicaciones. Así, corresponde a la ESPH, S.A. tomar las previsiones que faciliten el cumplimiento de la regla fiscal al momento de su aplicación en los demás servicios que presta conforme con la precitada Ley N° 7789.

La ESPH, S.A. financia sus operaciones con recursos provenientes de Ingresos Corrientes y de Financiamiento. Al 30 de junio de 2019 se recaudó la suma de ¢49.006 millones compuesta en un 87,4% y 12,6% por esas fuentes, respectivamente.

En el primer semestre de 2019 se presentó un aumento del 20,3% en la recaudación de ingresos con respecto a los ingresos corrientes ejecutados al primer semestre de 2018. De acuerdo con la serie histórica, se han presentado incrementos entre el 5% y el 7% en la ejecución de estos ingresos; sin embargo, para el período analizado el crecimiento en la recaudación de ingresos corrientes fue del 20,3%, porcentaje superior al comportamiento de los últimos cuatro períodos. Esto se debe a la mejora en la recaudación de la cuenta de Venta de otros servicios, ya que en períodos anteriores las sumas recaudadas fueron muy bajas; sin embargo, se ve una leve mejora para 2019. Asimismo, se presenta una disminución del 39,8% en el uso de Financiamiento, ocasionado por una disminución del 100% en los recursos de Financiamiento interno y una disminución del 17,7% en los Recursos de vigencias anteriores.

Desde el 2015 la ESPH, S.A. incorpora a su presupuesto, ingresos provenientes de las actividades desarrolladas en el Programa Telecomunicaciones, derivados de la prestación de servicios administrados de infocomunicaciones en los cuales incursionó. Para el 2019 este rubro representa el 14,3% de los ingresos presupuestados. En repetidas ocasiones la Contraloría General ha indicado a la Administración que es su responsabilidad monitorear la recaudación de estos ingresos, dado que los datos históricos por este concepto muestran porcentajes muy bajos. Para el primer semestre 2019 se registra en este rubro una recaudación de ¢5.486,8 millones, lo cual representa un 34,8% de ejecución.

En cuanto a los egresos, para el primer semestre de 2019 se presenta una ejecución del 38% (¢41.830 millones) sobre el presupuesto total estimado. Un 9,9% más que en el mismo período de 2018 (¢38.048 millones). Las partidas que presentan una mayor ejecución con respecto al total de gastos presupuestados son: Remuneraciones (41,6%), Servicios (41,2%) Materiales y suministros (49,8%) y Amortización (36,1%).

En cuanto a la asignación de recursos por programa, Energía Eléctrica ocupa el primer lugar con una importancia relativa del 45,5% de los recursos asignados en el presupuesto de la ESPH, S.A. (¢50.165 millones, de los cuales ha ejecutado ¢24.011 millones, 47,9%). El gasto más importante corresponde a compra de energía, por ¢20.395 millones, equivalente al 48,8% de los recursos ejecutados durante el primer semestre por la ESPH.

El segundo programa en importancia es el de Telecomunicaciones, con una asignación de ¢18.533 millones y una ejecución de ¢5.712 millones (30,8%). Este programa comprende el 13,7% de los egresos ejecutados de la ESPH y considera los servicios de infocomunicaciones, para lo cual la institución incursionó en una serie de servicios tales como soluciones de software, hardware, comunicaciones, seguridad electrónica y plataformas electrónicas de monitoreo. Siguen en importancia los programas de Generación, Acueductos, y Alcantarillado, los cuales tienen ejecuciones de ¢4.800 millones, ¢4.662 millones y ¢1.418 millones, en orden respectivo.

En relación con la importancia relativa de la ejecución por partida, Materiales y suministros representa un 51,2% de la estructura de egresos ejecutados, Servicios un 23,8% y Remuneraciones un 12,7%.

Actualmente JAPDEVA está teniendo problemas en la generación de sus ingresos corrientes que le permitan hacer frente a sus obligaciones, principalmente a la partida Remuneraciones, dado que es la más importante de sus egresos. La dificultad en la generación de ingresos se debe principalmente a la disminución de la demanda de los servicios portuarios de JAPDEVA en virtud de la entrada de operación, en febrero de este año, de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Es importante indicar que la situación comentada obedece a que la administración de JAPDEVA no tomó las acciones requeridas, en forma oportuna para afrontar la disminución de sus servicios portuarios, situación que era conocida desde el año 2012.

A raíz de lo anterior la institución ha tenido que incorporar recursos de superávit libre, y recientemente, la Asamblea Legislativa, aprobó la Ley N° 9716, “Cuarta modificación legislativa de la Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2019 y sus reformas”, mediante la que se le transfieren del Gobierno Central ¢5.753 millones, para seguir operando en los próximos meses, mientras solventa su situación financiera e implementa una reestructuración organizacional, la cual es requerida a efectos de no caer en una situación de insolvencia financiera.

Como se mencionó anteriormente, JAPDEVA ha ejecutado menos ingresos corrientes en este I semestre 2019 con respecto al mismo período del año 2018; la recaudación disminuyó en un 32,2% (¢7.627 millones), esto es producto de la menor atención a buques con carga contenerizada, ya que actualmente la atención prioritaria de éstos la realiza la TCM. La ejecución fue de apenas un 37,0%.

Con respecto a los ingresos de capital, para el período analizado se dio un aumento del 134,2% (¢72 millones), ya que se generó una transferencia pendiente del año 2018 con la Corporación Bananera Sociedad Anónima (CORBANA) para el dragado de los Canales del Norte.

En relación al financiamiento por recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico), se dio una disminución del 24,7% (¢3.387 millones) en comparación con el I semestre del año 2018, pero su ejecución se cumplió en más del 100,0%, debido a que JAPDEVA ha tenido que recurrir a estos recursos para cumplir con sus obligaciones y tener en operación la institución.

JAPDEVA para este I semestre 2019 tiene una ejecución en los egresos del 31,5% (¢16.814 millones), reduciéndose en un 19,8% con respecto al mismo período en el año 2018. En el caso de la partida de Remuneraciones se dio una disminución del 12,84% (¢2.022 millones), lo cual responde a la disminución del pago de incentivos salariales, pluses de Convención Colectiva y el congelamiento de plazas vacantes al no nombrarse personal fijo, sino transitorio en algunos casos de urgencia que afectan la sub-partida de suplencias. Lo anterior, según información suministrada por JAPDEVA en el informe de ejecución presupuestaria.

La ejecución de las partidas de egresos se desglosa de la siguiente manera: Remuneraciones 40,1%, Servicios 20,9%, Materiales y Suministros 18,9%, Transferencias Corrientes 14,0%, Bienes Duraderos 10,6% y Activos Financieros 7,7%. Es importante señalar que solamente la partida de Bienes Duraderos creció en cantidad de los recursos con respecto al año 2018, lo cual se explica en función de compromisos pendientes de períodos anteriores y para generar mantenimiento a los activos.

En virtud de la disminución significativa de ingresos que afronta JAPDEVA, y aunado al hecho de que la partida de remuneraciones ha consumido en promedio el 68,5% de sus ingresos corrientes para el periodo 2015-2018, situación que bajo las condiciones actuales resulta insostenible en el corto plazo, es imprescindible la consecución del trámite legislativo del Proyecto de Ley N° 21.426, con el fin de adoptar las medidas estructurales necesarias que le permitan a la institución hacerle frente a sus obligaciones. En dicho trámite legislativo la Contraloría General se ha referido al proyecto de ley en dos ocasiones (texto base y texto sustitutivo) como impostergable, en virtud del costo económico y social que actualmente asume el país y la importancia de la actividad de desarrollo de la Vertiente Atlántica que le compete a esa entidad, así como la continuidad de prestadora de servicios portuarios y su nuevo rol de supervisora de la etapa de explotación de la TCM.

La Contraloría General ha externado sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa, bajo un texto de proyecto que planteaba el inicio de un proceso de modernización y transformación de JAPDEVA para asegurar su sostenibilidad financiera y el cumplimiento de sus objetivos, mediante una reorganización administrativa, financiera y operativa, así como el establecimiento de las modalidades de movilidad laboral para sus servidores, en aras de mantener el personal que JAPDEVA requiera para garantizar la continuidad de la institución y su punto de equilibrio. No obstante, en vista que el texto dictaminado incluyó un Capítulo III denominado “Reformas a otras leyes”, que entre otros, adiciona la creación de normas nuevas a la Ley de creación de JAPDEVA, el órgano contralor expresó que el redimensionamiento institucional que contempla el proyecto de ley, no implica abstraer a JAPDEVA de las regulaciones generales en materia de contratación administrativa, ni ampliar su rango de acción para concertar figuras negociales como si se tratase de una empresa con actividades en competencia, pues ese tipo de situaciones generan no sólo distorsiones inadecuadas en el régimen de contratación pública, sino que potencian los riesgos de errores en la gestión y de malos manejos de la hacienda pública; aparte que, citadas las normas no son una alternativa que pueda colaborar en la situación financiera que afronta JAPDEVA y que fue precisamente desde un inicio, la intención que motivó la iniciativa legal.

El ICODER fue creado mediante la Ley N° 7800, publicada en la gaceta N° 103, alcance N° 20 de 29 de mayo de 1998, es una institución semiautónoma del Estado, conformada por un Consejo Nacional del Deporte y la Recreación; una Dirección Nacional; y Áreas de Deporte Competitivo, Recreación, y Administración Financiera, los cuales emiten directrices para el desarrollo del Instituto y su cobertura a nivel nacional.

Al 30 de junio de 2019, el ICODER tiene un presupuesto aprobado por la suma de ¢18.822 millones, con un porcentaje de ejecución de egresos del 23,3% que equivalen a ¢4.386 millones.

En lo que respecta al comportamiento de los ingresos, debe señalarse que la ejecución promedio al 30 de junio del período 2015-2018 asciende a 83,0%, mientras que en el año 2019 se muestra un monto mayor con 112,8%, debido a la incorporación de recursos por concepto de Superávit acumulado al 31 de diciembre de 2018[1]. Con relación a los gastos, la ejecución promedio del presupuesto registrada al 30 de junio del período 2015-2018 fue de 22,6%, menor que en el año 2019 (23,4%).

Durante el primer semestre de 2019, el Instituto contó con un presupuesto de ingresos por la suma de ¢18.822 millones y una ejecución de ¢21.228 millones. De esta forma los resultados al 30 de junio de 2019 presentan una ejecución del 112,8%.

El Financiamiento es la fuente más importante para el ICODER pues representa un 72,5% del presupuesto, mientras los ingresos corrientes un 27,5%. Al respecto, el cuadro muestra una variación nominal de 6,7% con respecto al mismo período de 2018.

Por otra parte, se visualiza que a partir del periodo 2016 existe un incremento en la incorporación del superávit debido a que los niveles de ejecución son menores a los propuestos. Esta tendencia permanece para los periodos 2018 y 2019; debido a que el ICODER no realiza los gastos según lo programado; aspecto que debe ser objeto de análisis por parte del Instituto con el fin de que la administración de los recursos atienda los principios de economía, eficacia y eficiencia.

El presupuesto de gastos del ICODER al primer semestre de 2019 se aprobó por la suma de ¢18.822 millones. Al 30 de junio de 2019 se ha ejecutado la suma de ¢4.386 millones, que corresponde a un 23,3% del presupuesto, monto que es mayor en términos nominales en un 7,3% al ejecutado en el mismo periodo del año anterior.

Las partidas que presentan una mayor ejecución con respecto al total de gastos presupuestados son: Remuneraciones (39,7%), Servicios (24,2%), Transferencias corrientes (23,7%) y Materiales y Suministros (19,1%), siendo estos gastos sustantivos para el logro de los objetivos y metas institucionales.

La partida de Bienes Duraderos presenta una baja ejecución del 4,7% con una variación nominal en relación con el periodo 2018 de -21,7%, debido a que en las obras y los megaproyectos existen atrasos críticos por los tiempos de contratación administrativa que, por la dimensión de las obras, algunas no podrán iniciar en la fase constructiva[2].

Es importante destacar, que la citada partida para el periodo comprendido del 2015 al 2018 presenta una baja ejecución, resultado que evidencia que en los últimos años el ICODER tiene dificultades para llevar a cabo proyectos de inversión deportiva; comportamiento que también incide en el incremento del superávit.

El proyecto que afecta de manera negativa los resultados de la ejecución para el periodo 2019 es el “Programa de Modernización y Rehabilitación de infraestructura deportiva (PROMORID)”, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual contempla los proyectos correspondientes al Centro Acuático María del Milagro París en la Sabana y el Pabellón Deportivo en el Parque de la Paz, debido a que no se han ejecutado los recursos.

El ICODER[3] señala en relación con el estado actual de los proyectos antes mencionados, que éstos se encuentran aún en el estudio de redimensionamiento; en el caso del Pabellón Deportivo en el Parque de la Paz, presenta un ajuste en el alcance constructivo (ejecución) de lo planteado en los planos constructivos autorizados por las distintas instituciones.

Con respecto al Centro Acuático María del Milagro París en la Sabana, el avance obtenido consiste en el trámite de un concurso público con cargo al presupuesto del Departamento de Obras Deportivas, con el objetivo de contar con distintos escenarios que garanticen al ICODER el costo real del anteproyecto en su totalidad.

En cuanto a las metas definidas en el Plan Operativo Institucional, así como los recursos presupuestados correspondientes, se distribuyen en seis programas a saber: Dirección Superior; Deporte; Gestión de Instalaciones; Recreación; Juegos Nacionales; y Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP-ICODER-BCIE-2184).

El avance reportado en el cumplimiento de metas es del 68,0%, resultado que no se ve reflejado en la ejecución presupuestaria; aspecto que el ICODER[4] justifica al indicar que los recursos se encuentran comprometidos a fin de que a partir del segundo semestre se equipare el avance de metas con la ejecución presupuestaria. Este comportamiento ha sido usual en los últimos años institución debido a que ICODER ha presentado dificultades para llevar a cabo los proyectos de inversión deportiva.

El ICODER indica[5] que, de las 22 metas institucionales 4 se encuentran en atraso crítico, donde el programa de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP-ICODER-BCIE-2184), no ha contado con recursos económicos y se está a la espera de un redimensionamiento de los proyectos y toma de decisiones.

El presupuesto extraordinario N° 1-2019, por un monto de ¢9.839 millones, presentado por el ICODER ante la Contraloría General, se aprobó[6] parcialmente por un monto de ¢4.698 millones. Entre los puntos más relevantes de este presupuesto extraordinario se puede citar la aprobación del reintegro de recursos por parte del ICODER al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) por la suma de ¢3.592 millones, correspondientes al Superávit específico de la Asociación de Olimpiadas Especiales, el cual se mantenía en las arcas del ICODER; lo anterior en aplicación al artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 5662que señala que los superávits generados por las entidades beneficiarias del Fondo deberán ser reintegrados al Fondo a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a su generación.

Adicionalmente, se imprueba el gasto por concepto de Bienes duraderos y su fuente de financiamiento de la Transferencia corriente otorgada por el FODESAF, por un monto de ¢2.140 millones; destinada a la construcción de los Centros Deportivos Regionales por parte de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP-ICODER-BCIE-2184); no obstante, este proyecto no se encuentra considerado dentro del alcance del Contrato N° 2184 entre el Banco Centroamericano de Integración (BCIE) y el ICODER, y no se cuenta con la base legal para que la citada Unidad Ejecutora realice ese proyecto.

Por otra parte, se imprueba el gasto por concepto de Servicios, Materiales y suministros y Bienes duraderos, que se financian mediante Superávit libre por un monto de ¢2.056 millones; ya que se aplican los recursos para la ejecución de los megaproyectos Centro Acuático María del Milagro París y el Pabellón Deportivo del Parque de la Paz, los cuales se encuentran en una fase de elaboración de propuesta de redimensionamiento, y no han sido presentados al Consejo para su aprobación y tampoco se encuentra incluida la modificación del alcance al Contrato N° 2184 entre el Banco Centroamericano de Integración (BCIE) y el ICODER, incumpliéndose con el principio de universalidad e integridad.

Finalmente, el ICODER[7] señala que la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2019-2030 (PONADRAF) tiene como pilares: 1. Enfoque de gestión por resultados, 2. Enfoque de Derechos Humanos, 3. Perspectiva de género, 4. Enfoque desde la Innovación social, 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 y 6. Perspectiva territorial. Lo anterior con el objetivo de crear un producto de impacto y apegado a las necesidades actuales de la sociedad costarricense. Además, indica que el Plan de Acción 2019-2022 se encuentra en borrador y está siendo objeto de negociación con las diferentes organizaciones vinculadas a la PONADRAF y se espera que se termine en el segundo semestre 2019.

Continúa la tendencia a la baja en la ejecución de los egresos de JUDESUR, y el 88,2% de sus ingresos corresponde a superávit. Asimismo, no se ha logrado, aún, la constitución del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos institucionales, particularmente porque su ley orgánica establece que la Junta Directiva no podrá aprobar ningún proyecto que requiera financiamiento con fondos de Judesur, si no existe un criterio previo de dicho Departamento Técnico.

La no creación del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional ha limitado a JUDESUR en el financiamiento de nuevos proyectos y en el otorgamiento de nuevos créditos, generando altas sumas de recursos sin ejecutar y podría afectar el desarrollo económico, social, turístico, cultural y ambiental de la zona sur; así como el desarrollo de obras de infraestructura, programas de salud, educación, capacitación técnica o que sean de interés social a favor de los grupos más vulnerables de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires; todo en detrimento de la superación de la pobreza extrema y la calidad de vida de los habitantes de la zona sur del país, según lo establecido en su ley de creación.

Al 30 de junio de 2019, JUDESUR presenta un nivel de ejecución de ingresos de 154%, siendo que la cuenta de financiamiento (superávit) tiene un peso de 88,2% y la diferencia corresponde a un 10,4% de ingresos corrientes y un 2,4% de ingresos de capital.

El ingreso por el alquiler de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, representa el 35% del total de ingresos corrientes recaudados por JUDESUR y tiene una ejecución del 45%, debido a la morosidad existente; los “Ingresos Tributarios Diversos” representan un 37% del total recaudado y tienen una ejecución del 48%, en razón de que los resultados esperados de ventas y visitación del depósito no se están cumpliendo. Por su parte los ingresos por financiamiento registran un 188% de ejecución.

La ejecución de egresos al 30 de junio de 2019, es de un 11,5% (¢1.386 millones), monto que continúa decreciendo respecto a años anteriores (2,3% en comparación con el 2018 y 23,1% con el promedio de ejecución a junio de los años 2014-2017). La partida con menor porcentaje de ejecución es Bienes Duraderos (0,8%), seguida de Activos Financieros (2,2%); por su parte, la partida de Materiales y Suministros muestra una ejecución de 33,4%, lo que se refleja en la no creación del ya mencionado Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional.

Luego de tres años de publicada la Ley N° 9356[1], en la cual se dispone que JUDESUR, por una única vez, podía utilizar los recursos correspondientes a Superávit libre para la reconstrucción de los locales quemados del Depósito Libre Comercial de Golfito, la reparación y sustitución de su sistema eléctrico y la construcción del edificio administrativo de esa Institución, entre otros; JUDESUR solicitó el refrendo al Órgano Contralor del “Contrato administrativo de constitución del Fideicomiso Inmobiliario para la reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de JUDESUR y cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, suscrito entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y el Banco de Costa Rica.”, mismo que fue aprobado el 14 de junio de 2019[2].

Por otra parte en la Asamblea Legislativa continúa en trámite el proyecto de Ley que pretende reformar el inciso a) del artículo 15 de la Ley Orgánica de JUDESUR, N° 9356 (Expediente 21084), en cuanto al procedimiento de escogencia de representantes señalados en el mismo; siendo que al 15 de mayo de 2019 se encontraba en la Comisión Especial de la Región Brunca, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de esa región. Cabe indicar, que el proyecto de Ley N° 20725, denominado “Ley para cerrar JUDESUR y dotar de más recursos a las municipalidades del Sur de Puntarenas”, fue archivado el 17 de julio de 2019 con base en el dictamen negativo de la Asamblea Legislativa.

El Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes se estableció mediante la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, N°4762 de 8 de mayo de 1971, como órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, perteneciendo así al Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.

Con la aprobación de las Leyes N° 9524 y N° 9635, ambas en 2018, denominadas “Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central” y “Fortalecimiento de las finanzas públicas”, respectivamente; el Gobierno de Costa Rica estableció nuevas pautas para la formulación del presupuesto público (por un lado la Ley de Fortalecimiento los obliga a ajustar su presupuesto a la Regla Fiscal, y por otro lado la Ley de Órganos Desconcentrados a prepararse a formar parte del presupuesto nacional), por ello es responsabilidad del Patronato tomar las medidas que correspondan de acuerdo con sus competencias técnicas, legales y administrativas, para asegurar que la formulación para el periodo económico 2021 se realice acatando las normas antes referidas.

Por consiguiente, en cuanto a la regla fiscal establecida en la Ley N° 9635, el Patronato debe realizar acciones que permitan identificar los gastos corrientes dentro de la particularidad de su naturaleza, ya que su principal actividad es la ejecución de proyectos de infraestructura penitenciaria y los gastos por concepto de planilla son atendidos por el Ministerio de Justicia y Paz. En este sentido a la fecha el Ministerio de Hacienda se encuentra recopilando la información necesaria para determinar aquellos gastos que afecten el cumplimiento de la citada normativa.

Asimismo, en consecuencia de lo establecido en la Ley N° 9524, referente a que todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central deben incorporarse al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa; el Patronato debe realizar las acciones de coordinación que correspondan para asegurar una planificación conjunta y la unificación presupuestaria con el Ministerio de Justicia y Paz a partir del periodo económico 2021; para ello durante la etapa de formulación del presupuesto deberá priorizar las metas en conjunto con ese Ministerio, así como discutir la programación del trabajo para el logro de los resultados esperados de la acción pública conjunta.

El presupuesto ajustado del Patronato al primer semestre de 2019 asciende a ¢10.198 millones; 55,4% más que el presupuesto para el mismo periodo de 2018 (¢6.563 millones), debido a que comprende una mayor incorporación de recursos por concepto de superávit específico acumulado.

En lo que respecta al comportamiento de los ingresos, debe señalarse que al 30 de junio del 2015, 2017 y 2018 presenta una ejecución promedio de 105,3%, mientras que al año 2019 muestra un monto mayor de ejecución de 273,1%. Es importante señalar, que la mayor parte de los ingresos que se incorporan en el citado corte, se refieren a la partida de superávit específico que en 2017-2018 representó en promedio el 64,9% de los ingresos totales. En relación con los gastos, la ejecución promedio del presupuesto registrada al 30 de junio del periodo 2015-2019 fue de 9,0%.

Los ingresos percibidos al 30 de junio de 2019 están conformados por tres fuentes de financiamiento, Ingresos no tributarios (Venta de bienes agropecuarios y forestales y Venta de bienes manufacturados y multas); Transferencias corrientes otorgadas por el Poder Judicial y la Junta de Protección Social y Superávit específico. Al respecto, las citadas fuentes de ingreso comprendieron una ejecución de ¢27.851 millones (273,1% de ejecución), monto que es mayor en términos nominales en un 19,6% al percibido en el mismo periodo del año anterior (¢23.295 millones).

La principal fuente de financiamiento es el Superávit específico que al 30 de junio representa el 98,7% (¢27.481 millones) del total de los recursos percibidos; esto debido a que la mayoría de los proyectos trascendieron de un año a otro, por lo que el Patronato mantiene recursos en compromisos y reservas, los cuales se van ejecutando en el siguiente periodo económico según el avance físico de las obras.

También, es importante resaltar que según la certificación CERT-TN-0116-2019, emitida por la Tesorería Nacional al 23 de julio de 2019, se indicó que en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República y sus modificaciones para el ejercicio económico del año 2019; se establece una transferencia a favor del PCIAB por un monto de ¢827 millones, de los cuales no consta ningún desembolso a esa fecha. Esta cifra, sumada al superávit y la transcendencia entre periodos de los proyectos, permite evidenciar la probabilidad de que el PCIAB continúe acumulando recursos; aspecto que debe ser sujeto de análisis por parte de las entidades correspondientes ante la crisis fiscal que enfrenta el país.

El PCIAB cuenta con recursos presupuestados por un monto de ¢10.198 millones, de los cuales al 30 de junio de 2019, ejecutó 11,6% (¢1.182 millones), monto que es mayor en términos nominales en un 31,0% al ejecutado en el mismo periodo del año anterior.

La partida con menor ejecución es la de Bienes duraderos con un 7,5% (¢646 millones) y es justificado por el Patronato[1] por los procesos de contratación administrativa que suelen superar el año y que son llevados a cabo por fases, donde su inicio puede implicar apelaciones, por lo que son rigurosas las definiciones de las especificaciones de las diferentes obras.

Además, señalan que los procesos de contratación son atendidos por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia, la cual tiene un tiempo de duración de 8 a 12 meses, asimismo agregan que incide la magnitud de los proyectos y los permisos que deben solicitarse ante otras instancias. En este sentido, el Órgano Contralor considera indispensable que el PCIAB priorice los proyectos y realice esfuerzos para agilizar los tiempos de ejecución, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria.

De igual forma, la Contraloría General reitera[2] la necesidad de que el Patronato analice las prácticas utilizadas en las fases del proceso presupuestario, con el fin de que se cumpla con los principios de gestión financiera y anualidad que establece la administración de los recursos financieros bajo los parámetros de economía, eficacia y eficiencia.

En cuanto a las metas definidas en el Plan Operativo Institucional, así como los recursos presupuestados correspondientes, se distribuyen en cuatro programas a saber: Dirección y Administración, Infraestructura Penitenciaria, Apoyo Financiero a los proyectos agroindustriales y Transferencias Varias, cuyos resultados de ejecución al primer semestre fueron del 1,87%, 46,2%, 18,2% y 0,80% respectivamente. El Patronato establece como meta para el 2019 el 90% de ejecución.

Los citados resultados señalan que el programa sustantivo Infraestructura Penitenciaria obtiene la menor ejecución, en un 1,87%; aspecto que evidencia el impacto de que los proyectos trasciendan a otro periodo presupuestario.

Con respecto a la aprobación presupuestaria, el presupuesto extraordinario 1-2019 presentado por el Patronato para la aprobación de la Contraloría General de la República, se aprobó[3] parcialmente por un monto de ¢5.828 millones de los cuales ¢5.678 corresponden a superávit específico. No obstante, el presupuesto extraordinario 2-2019 fue aprobado recientemente, en este presupuesto se rebaja el monto de superávit por la suma de ¢2.708 millones; justificando que los proyectos se encuentran en etapa de contratación administrativa y se estima que los recursos no van a ser ejecutados en este periodo.

Lo anterior, conlleva al incremento en el superávit acumulado y que transciendan los siguientes proyectos: Construcción de cuatro módulos penitenciarios de Mediana Contención en el CAI Luis Paulino Mora, Construcción de tres módulos para la población femenina de Limón Pococí-Pérez Zeledón y Puntarenas, Construcción de Módulos penitenciarios de Mediana Contención en los Centros Penales y Construcción de la cocina única CAI Jorge Arturo Montero.

Durante el primer semestre del periodo 2019, el Consejo Rector del Sistema de Banca para Desarrollo (CRSBD) se vio en la necesidad de realizar ajustes en su estructura presupuestaria, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9654[1], la cual reforma la Ley N° 8634 del Sistema de Banca para el Desarrollo.

En la ley supracitada se establece la creación del FONADE en sustitución del FINADE. Según lo dispuesto, este nuevo Fondo contará con un patrimonio autónomo que será administrado por la Secretaría Técnica del CRSBD, razón por la cual en febrero del año en curso, el Consejo Rector presentó[2] a la Contraloría General de la República, para aprobación externa el presupuesto extraordinario número uno de la entidad, con el fin de realizar los ajustes preparativos para asumir la administración de los recursos, bienes y servicios hasta ese entonces del FINADE.

Posteriormente, en abril de 2019, el CRSBD presentó[3] para aprobación del Órgano Contralor su segundo presupuesto extraordinario del periodo en ejercicio, el cual incorpora recursos provenientes del FINADE para atender la transformación del mencionado Fideicomiso en el nuevo Fondo. Ambas propuestas presupuestarias fueron aprobadas por la Contraloría General.

A nivel de ingresos, tomando como referencia el presupuesto total aprobado por la Contraloría General al 30 de junio del año en curso, el CRSBD presenta un nivel de recaudación de 86,7% (equivalente a ¢6.667 millones), siendo las partidas de “Reintegros y devoluciones” y “Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras”, las principales fuentes de ingreso del periodo, al concentrar 98,5% de los recursos (equivalente a ¢6.569 millones), cuya distribución porcentual es de 52,8% (¢3.521 millones) y 45,7% (¢3.048 millones), respectivamente.

Durante el primer semestre del periodo 2019, el CRSBD se vio en la necesidad de realizar ajustes en su estructura presupuestaria, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9654, misma que establece la creación del FONADE el cual viene a sustituir el FINADE. Según lo dispuesto, este nuevo Fondo será administrado por la Secretaría Técnica del CRSBD, razón por la cual en febrero del año en curso, el Consejo Rector presentó para aprobación el presupuesto extraordinario número uno, con el fin de realizar los ajustes preparativos para asumir la administración de los recursos, bienes y servicios hasta ese entonces del FINADE.

Asimismo, en abril el CRSBD presenta para aprobación su segundo presupuesto extraordinario del periodo en ejercicio, el cual incorpora recursos provenientes del FINADE para atender la transformación del mencionado Fideicomiso en el nuevo Fondo. El tema de que la ejecución del primer semestre sea similar previsión inicial 2019, se debe a que el CRSBD, a través de su Secretaría Técnica y a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9654, asume la administración de los fondos provenientes de FINADE.

En el caso particular de los recursos incorporados vía presupuesto extraordinario, ¢922 millones provienen de recursos de vigencias anteriores (superávit específico), mientras que ¢3.521 millones corresponden a recursos que el FINADE mantenía en el presupuesto ordinario 2019 y que en razón de la entrada en vigencia de la Ley N° 9654, fueron trasladados al FONADE para su operativización.

En cuanto a la previsión del gasto, considerando los ajustes realizados vía presupuesto extraordinario, al cierre del primer semestre de 2019, el monto aprobado por la Contraloría General al Consejo Rector se compone de la siguiente manera: 42,2% (¢3.242 millones) del presupuesto inicial; 12,0% (¢922 millones) del presupuesto extraordinario número uno; y 45,8% (¢3.521 millones) del presupuesto extraordinario número dos, para un monto total de ¢7.685 millones, de los cuales el CRSBD ha ejecutado el 22,8% (equivalente a ¢1.758 millones).

El gasto ejecutado se ubica principalmente en las partidas de Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos las cuales concentran el 99,7% (¢1.753 millones) de los recursos, con una distribución porcentual de 54,6% (¢961 millones), 18,9% (¢332millones) y 26,2% (¢460 millones), respectivamente.

En el caso de Remuneraciones, se presenta un incremento del 23,5% (¢183 millones) respecto al monto ejecutado en el primer semestre 2018 (¢778 millones). La diferencia entre periodos, responde a la necesidad del CRSBD de actualizar la estructura organizacional de la Secretaría Técnica, para hacer frente a las nuevas obligaciones y el cumplimiento del fin público.

A su vez, la partida de Bienes Duraderos es la que presenta el mayor incremento respecto al periodo anterior, al reportar gastos por un monto de ¢460 millones, siendo la ejecución al cierre del primer semestre de 2018, de ¢20 millones. A partir de la aprobación de los dos presupuestos extraordinarios presentados durante el primer semestre, se da un incremento en la partida de referencia, pasando de una previsión inicial de ¢131,0 millones a una previsión de gasto ajustada de ¢3.160 millones, lo cual genera que la ejecución del periodo sea de 14,6%. Los recursos fueron aplicados en el acondicionamiento tecnológico de la Secretaría Técnica del CRSBD, para asumir la administración del FONADE.

Finalmente, la partida de Servicios presenta un monto ejecutado inferior al reportado en el periodo 2018, a razón de una diferencia de 0,6% (¢2 millones) entre periodos. La incorporación de recursos extraordinarios a la corriente presupuestaria, supuso un crecimiento en la partida del 63,5% (¢739 millones), lo cual produce que los recursos ejecutados al cierre del periodo en análisis, representen el 17,5% del total previsto.

Las 81 municipalidades del país, están en la obligación de aprobar sus presupuestos y ejecutarlos de forma eficiente, prestar los servicios públicos municipales, percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales, con el propósito de satisfacer las necesidades de sus habitantes.

Los presupuestos municipales reflejan las prioridades de los gobiernos locales, determinando el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios públicos.

Los fondos públicos que las municipalidades administran provienen de diferentes fuentes de financiamiento. En primer lugar los recursos que ellas mismas puedan generar conformados por los ingresos tributarios y no tributarios, así como la venta de servicios; también se otorgan por parte del Gobierno Central y algunas entidades del estado, transferencias corrientes y de capital; se encuentran también los recursos por financiamiento, derivados de los préstamos aprobados por los bancos del estado, el IFAM y JUDESUR y los Recursos de vigencias anteriores conformados por el Superávit libre y específico.

De esta forma, la ejecución del gasto municipal persigue que la comunidad tenga acceso a los bienes y servicios, como por ejemplo recolección de residuos sólidos, aseo de vías, mantenimiento de parques, carreteras cantonales en buen estado; programas de índole social, así como los proyectos de inversión en la comunidad, para citar algunos.

Por lo tanto resulta de gran importancia que se realice un adecuado control del comportamiento de los fondos públicos depositados en los gobiernos locales del país, con el propósito de garantizar razonablemente el cumplimiento eficiente, efectivo y económico del presupuesto institucional y el cumplimiento de su plan anual operativo, con ese fin seguidamente se detalla el comportamiento de los ingresos y gastos durante el I semestre de 2019.

La recaudación de los ingresos municipales durante el I semestre de 2019 es por el monto de ¢409.968 millones, cuyas principales fuentes de financiamiento, las constituyen los ingresos tributarios y los no tributarios, es decir, la mayor parte de sus ingresos son los que autogestionan las mismas municipalidades. Ahora bien, al 30 de junio de 2019, se evidencia una recaudación por encima de lo esperado a esa fecha, en el caso de los ingresos tributarios su ejecución es del 56,5% que corresponde a ¢149.583 millones y los ingresos no tributarios del 51,6%, que corresponde a ¢85.937 millones, evidenciando una variación del 7,6% y 8,7% con respecto al año 2018.

Respecto a los ingresos, es visible que las municipalidades han presupuestado sus recursos de una forma más conservadora, es probable dado las condiciones de algunas municipalidades, por ejemplo el estado de la morosidad, la situación fiscal del país, y las acciones de fiscalización realizadas por parte de la Contraloría General, respecto a la determinación de sobrestimaciones y en algunas ocasiones por la imposibilidad legal o técnica de incluir algunos rubros; lo cual generó que 71 presupuestos iniciales se aprobaran en forma parcial; lo anterior incide en forma positiva dado que eso ha permitido que poco a poco los municipios vayan ajustando sus métodos de proyección, reflejando estimaciones más apegadas a su realidad.

La aprobación parcial de 71 presupuestos iniciales se debió a aprobaciones parciales en los ingresos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y sus reformas N° 8114 (para caminos vecinales), debido a que se presupuestó más recursos que los que indicaba la Ley de Presupuesto, y también ingresos del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven por la misma razón. Además, se presupuestó más ingresos que lo que aprobó ese Consejo. Ahora bien, en la parte de los gastos se dieron improbaciones debido a la creación de plazas sin la correspondiente viabilidad financiera o plazas administrativas financiadas con recursos de la Ley 8114 que no procedía con esos recursos, porcentaje de aumento en el cálculo de dietas para los regidores en forma improcedente.

En cuanto a los ingresos de capital, su principal fuente de financiamiento proviene de las Transferencias de capital (¢33.143 millones), en su gran mayoría de los recursos que el Gobierno Central debe trasladar a los gobiernos locales por la recaudación del impuesto único a los combustibles (Ley N° 8114), para la conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal –RVC-. Sin embargo, las transferencias de capital, presentan al 30 de junio de 2019, una ejecución de tan solo el 28,9%, porcentaje muy por debajo de lo esperado al I semestre de 2019. Las razones principales, de esta baja ejecución se deben principalmente, a la carencia de procedimientos ágiles para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la gestión de la RVC, así como la inexistencia de estudios de viabilidad que determinen la necesidad de obtener préstamos para la inversión en la RVC, tal y como fue indicado en el informe N° DFOE-DL-IF-00001-2018.

Por último en la clase de Financiamiento, destaca los ingresos provenientes de los recursos de vigencias anteriores, que corresponden a los ingresos provenientes del Superávit libre y específico, los cuales representan el 33,1% del total de ingresos recaudados. Durante los años 2015 al 2018, el superávit se incrementó año con año, en promedio de un 14%; sin embargo para el año 2019, se presenta un decrecimiento del 3,9%, pasando de ¢141.326 millones en el 2018 a ¢135.756 millones para el año 2019; sin embargo, aún con este decrecimiento en esos ingresos se evidencia que las municipalidades continúan acumulando recursos destinados a la prestación de servicios municipales y a la ejecución de proyectos orientados al desarrollo cantonal, en detrimento de la oportunidad y celeridad de los mismos en favor de los habitantes del cantón.

Al 30 de junio de 2019 los gobiernos locales ejecutaron gastos por ¢192.531 millones, que representan el 28,5% de los presupuestado (¢675.531 millones. A criterio de la Contraloría General, se evidencia una preocupante gestión de la ejecución de los gastos, en detrimento de la prestación eficiente de los bienes y servicios; por lo tanto, las municipalidades se enfrentan al reto de ejecutar en el segundo semestre 2019 un monto de ¢483.000 millones, siempre y cuando solventen los problemas de planificación, los relacionados con la prestación de servicios y de entrabamiento en los procesos contractuales que les permita materializar los proyectos y obras municipales[1].

Es importante dejar claro que el presupuesto se constituye en un marco de referencia útil para que las municipalidades puedan llevar a cabo su gestión sustentada en un plan operativo anual, en aras de lograr las metas, objetivos y resultados trazados, de conformidad con lo dispuesto en los Principios presupuestarios de vinculación con la planificación institucional y de Programación, entre otros, contemplados en la normativa vigente. Aspecto que debe tener presente el Sector, dándole una mayor importancia al proceso de gestión de sus presupuestos y tomando en forma oportuna las acciones correctivas que favorezcan el cumplimiento de los fines institucionales.

En cuanto al comportamiento de la ejecución según su objeto de gasto, se muestra que la partida más significativa corresponde a Remuneraciones, con una ejecución del 43,1%, y con un incremento del 3,2% con respecto al monto ejecutado de 2018, principalmente por la creación de plazas nuevas en sueldos por cargos fijos, así como contratación de plazas por servicios especiales durante el I semestre. En segundo lugar se presenta la partida de servicios con 28,6% de ejecución, incrementándose en un 8,0% con respecto a 2018, la cual representa el 19,1% de los gastos ejecutados. En lo que respecto a la partida de Bienes duraderos, para el 2019 se presenta una disminución del 26,9% con respecto al 2018, relacionado principalmente en la desaceleración de las construcciones, adiciones y mejoramiento de los bienes de capital, así como la adquisición de bienes capitalizables.

Ahora bien, en relación con el gasto ejecutado al 30 de junio de 2019 (¢192.531 millones), el 75,8% se destina a gastos corrientes y solamente un 22,5% a gastos de capital, tal como se visualiza en el siguiente cuadro.

Los resultados reiterativos de otros años, en cuanto al elevado porcentaje en gastos corrientes en contraposición con los gastos de capital, debe ser revisado por parte de las municipalidades, a la luz de lo señalado en la Ley de Fortalecimiento de la finanzas públicas, N° 9635, en donde a partir del 2020 se tendrá un tope de crecimiento de los gastos corrientes, por lo que se esperaría a futuro una contención del gasto corriente.

Ahora bien, en cuanto a la entrada en vigencia de la Ley N° 9635 citada, en el informe “Presupuestos Públicos 2019: Situación y Perspectivas”, emitido en febrero pasado, la Contraloría señaló la relevancia de la aplicación de la regla fiscal en todas las instituciones que conforman el Sector Público no Financiero, indicando que si bien el problema fiscal se observa en primera instancia en las estadísticas del Gobierno Central, en la práctica trasciende a todas las instituciones que conforman el sector público.

La regla fiscal que introduce el Título IV de la citada Ley N° 9635 no hace más que materializar los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público; de manera tal que su implementación no es exclusiva de un subsector determinado; sino que atañe a todo el sector público no financiero, tal y como se dispone en la ley[2].

Por lo tanto, si bien es cierto las municipalidades no dependen mayoritariamente del Gobierno Central para el financiamiento de su gasto corriente, la tendencia creciente de esos gastos, sumado al incremento en el nivel de endeudamiento del sector municipal, tal y como fue señalado en el informe sobre endeudamiento municipal N° DFOE-DL-SGP-00002-2017, genera un riesgo para el Estado, al convertirse en un posible pasivo contingente que deba enfrentar en el futuro, en caso de que el citado sector muestre insolvencia financiera para hacer frente a sus obligaciones. Lo anterior, podría ser posible a la luz de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 3 de la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipales” N° 8801, en el que se establece el principio de “Subsidiariedad”, según el cual “...las competencias municipales serán ejercidas de manera subsidiaria y temporal por la Administración Pública central o descentralizada, cuando de manera excepcional lo amerite el interés público y la protección de los derechos de los vecinos de un cantón....”.

En relación con el tema de endeudamiento por parte de las municipalidades del país, de conformidad con la información de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el endeudamiento al 31 de diciembre de 2018 asciende a un total de ¢82.770 millones, con un total de 69 municipalidades, según la información del siguiente cuadro.

El financiamiento mediante el endeudamiento ha tomado importancia en los últimos años y se ha convertido en una práctica común en el sector municipal. La gestión del endeudamiento representa un reto para las autoridades municipales, dado que deben planificar y utilizar esos recursos de manera tal que permita la ejecución oportuna de los proyectos definidos en función de las diferentes necesidades locales, a la vez que se comprometen recursos a futuro para la atención de la deuda.

Reviste de especial importancia mencionar los resultados obtenidos en el Informe de Gestión Municipal –IGM- Resultados del Periodo 2018, N° DFOE-DL-SGP-00001-2019, en donde se señalan debilidades reiteradas a lo largo de este informe y en diversos informes emitidos por el Área, como las que se señalan a continuación:

1. Se presentan debilidades en cuanto a liquidación presupuestaria por un aumento en la acumulación de recursos en superávit libre y específico, situación que se asocia a una menor capacidad de ejecución de estos recursos por parte de las corporaciones municipales.
2. La sub-área de ingresos registró una disminución de 0,23 puntos como consecuencia de un menor cumplimiento de las metas propuestas de recaudación de recursos.
3. Al menos 48 municipios no cuentan con planes reguladores de ordenamiento para la totalidad de su territorio.
4. La baja calificación en lo que respecta a la Gestión de desarrollo ambiental, responde principalmente a que la prestación de los servicios de recolección y depósito y tratamiento de residuos sólidos y aseo de vías, presentan debilidades en cuanto a su sostenibilidad financiera.
5. En total las municipalidades administran 768.014 km de vías y de este total, al menos 478.268 se encuentran categorizados con una condición de regular a muy mala, lo que representa el 62,27% de las rutas viales cantonales.
6. El servicio de parques y obras de ornato registra el menor resultado para el sector municipal en el año 2018, debido fundamentalmente a que un importante grupo de municipalidades no logró la sostenibilidad de operación (61 municipalidades); tampoco destinaron recursos para el desarrollo e inversión del servicio (38 municipalidades), ni realizaron los estudios para fijar tasas actualizadas para la prestación del servicio (31 municipalidades).

El presupuesto de la CCSS^[1] se conforma de 4 programas presupuestarios, que en conjunto comprenden un presupuesto superior a los ¢4 billones en el primer semestre. Al primer semestre de 2019 la ejecución global de ingresos fue de 64,9% y 46,1% en cuanto a los egresos.

Los ingresos y egresos de la institución están vinculados a los tres regímenes que administra: el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), o seguro de salud, que comprende el 66,8% del total de los ingresos ejecutados por la institución; el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), o seguro de pensiones, con un 29,9%; y el Régimen No Contributivo (RNC) que asciende a un 3,3%, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM, Seguro de Salud)

Ingresos del SEM

Al 30 de junio de 2019, el SEM refleja un crecimiento de los ingresos de un 7,0% en relación con el dato ejecutado al 30 de junio de 2018. Este porcentaje representa un incremento, en términos absolutos, de ¢114.733 millones, monto que es menor al crecimiento de 17,9% mostrado en el mismo periodo de 2018 (¢250.390 millones).

Al mes de junio, los ingresos del SEM ascendieron a ¢1.761.197 millones, distribuidos en ingresos corrientes (68,0%, donde las contribuciones sociales son el principal rubro), financiamiento (30,7%) e ingresos de capital (1,3%).

Las contribuciones sociales ascendieron a ¢954.048 millones, este rubro representa el 54,1% de los ingresos del SEM y tuvo un crecimiento de 4,9%, inferior al 6,4% observado en 2018. Del total de contribuciones sociales, ¢547.406 millones provinieron de cuotas patronales (57,4% de la partida) y las cuotas obreras alcanzaron ¢405.642 millones; 42,6%); dentro de las cuotas obreras los asegurados voluntarios aportaron ¢35.678 millones y los trabajadores del sector privado ¢184.634 millones.

Adicionalmente, debe indicarse que la Contribución patronal del Gobierno Central presentó una disminución de 12,7%, al pasar de ¢106.495 millones en junio de 2018 a ¢92.999 millones. Este rubro representa el 9,8% de los ingresos por contribuciones sociales del SEM. Según la CCSS, esta circunstancia se ve afectada por la puesta en marcha de la propuesta de “Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica” y la aplicación de la Ley Nº 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” con medidas de racionalización del gasto, especialmente en materia salarial. Otra razón esbozada por la entidad es la reclasificación del tipo de empresa de regímenes de pensiones diferentes al IVM, que estuvieron asociados hasta marzo 2018 a las partidas del gobierno central, empresas públicas financieras, instituciones descentralizadas no empresariales y gobiernos locales. Después de esa fecha se están registrando en la partida de “Trabajadores sector público”.

De acuerdo con la CCSS, el comportamiento de las contribuciones sociales está influido por, entre otros factores, los bajos incrementos salariales decretados a nivel de sector público y privado, por lo que el crecimiento salarial (y directamente de los aportes al régimen) ha sido bajo.

El menor crecimiento en las contribuciones sociales se asocia también al comportamiento del mercado laboral. Al ser las contribuciones sociales la principal fuente de ingresos tanto del SEM como del IVM, la informalidad, el desempleo y el comportamiento de los salarios tienen efectos directos sobre los ingresos de ambos regímenes. En particular, destaca el aumento sostenido en los niveles de desempleo que ha experimentado el país durante los últimos meses; luego de experimentar un mínimo de 8,6% en el segundo trimestre de 2018, la tasa de desempleo abierto del segundo trimestre de 2019 se estima en 11,9% de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC; además, según la misma encuesta, más de 1 millón de trabajadores se encuentra en condición de informalidad. Estas condiciones del mercado de trabajo, junto a la desaceleración de la economía, se trasladan a los ingresos del SEM.

Aunado a lo anterior, la CCSS indica una reducción leve en la cantidad de contribuyentes[2] del sector privado (-0,004%) versus el aumento de 2,0% que se presentó en 2018 y 2,1% en 2017 (datos a mayo en todos los casos). Los contribuyentes del sector público también mostraron un aumento modesto de 0,6%, respecto a 2,2% en 2018 y 1,4% en 2017.

En cuanto a las transferencias corrientes, estas tienen una ejecución de ¢146.038 millones, 12,1% de los ingresos totales y una variación del 21,7%. Algunos montos dentro de esta partida corresponden a ¢54.901 millones por el crédito del Banco Mundial, Fortalecimiento del Seguro de Salud, suscrito por el Gobierno con el fin de atender por medio de él adeudos del Estado con la CCSS; cuota complementaria para trabajadores independientes (¢42.610 millones); cuota estatal al SEM (¢15.684 millones); y recursos originados por leyes especiales por un monto de ¢7.020 millones y por la Ley de Control del Tabaco con ¢5.712 millones.

Otros rubros de ingreso corresponden la recuperación de préstamos, por ¢22.479 millones. Según la CCSS, estos recursos corresponden la devolución de recursos otorgados por la institución a sus funcionarios para formación y capacitación (auxilios reembolsables). Por su parte, los recursos de vigencias anteriores ascendieron a ¢538.227 millones, de los cuales ¢401.709 millones son de superávit específico.

Finalmente, cabe destacar que, en materia de ingresos, ha de considerarse que la deuda del Estado con la Caja, a junio de 2019, según el Área de Contabilidad Financiera de la CCSS, en lo que respecta al régimen del SEM, alcanzó la suma de ¢1.329.808 millones[3].

Egresos del SEM

Por otra parte, los gastos del SEM ascendieron a ¢1.244.977 millones al primer semestre de 2019, para un crecimiento de 10,2%, inferior al 22,8% observado el año anterior. La principal partida de gasto corresponde a las remuneraciones, con una participación del 52,8%, seguido por la adquisición de activos financieros (¢233.929 millones, 18,8%), materiales y suministros (¢179.721 millones, 14,5%), el restante 14% se distribuye en las partidas de servicios (6,1%), transferencias corrientes (5,5%), bienes duraderos (1,5%) y amortización (0,2%).

El gasto en remuneraciones ascendió a ¢656.961 millones en el primer semestre, y se utilizó para el pago de las remuneraciones de más de 47 mil trabajadores[4], que conforman el régimen, de acuerdo al clasificador de puestos institucional y la escala de salarios vigente.

Respecto a los activos financieros, dichas erogaciones corresponden a la adquisición de títulos valores del Gobierno Central. De acuerdo con la CCSS, según el origen de los recursos del monto total invertido en títulos del Gobierno (¢233.929 millones), el 63,4% corresponde a proyectos de infraestructura; 32,4% proviene del fideicomiso para construcción de infraestructura; 3,5% de Ley del Tabaco y el resto proviene del Plan de Innovación.

La siguiente partida en importancia es la de materiales y suministros que alcanzó un gasto de ¢179,921 millones, que equivale a un 50,4% de ejecución respecto de lo presupuestado. En el comportamiento de dichos gastos impactan la subpartida de “Productos farmacéuticos y medicinales” con ¢91.602 millones de ejecución (57,1%) y “Otros productos químicos y conexos” con ¢20.150 millones (48,4%). Ambas cuentas asociadas directamente con la labor de brindar los servicios de salud.

La ejecución de la partida de transferencias corrientes asciende a ¢68.779 millones (45%). De este monto, un 81,5% de su composición, es decir, ¢56.094 millones, correspondieron a la subpartida “Otras prestaciones” (50,9%), que incorpora el pago de subsidios por enfermedad, incapacidad y maternidad.

Avance en la programación física del SEM y referencia con el PNDIP 2019 - 2022[5]

En materia de programación física, la institución señala que se ha definido la Gestión para Resultados como el marco de gestión referencial, a fin de orientar el desempeño institucional hacia el cumplimiento de los objetivos para la generación de resultados y así lograr la generación de valor público por medio de la prestación de sus servicios salud[6] como respuesta a las necesidades o demandas de la población.

Al respecto, en el programa presupuestario Atención Integral a la Salud de las Personas, se presentan resultados sobre 6 metas con programación semestral para un cumplimiento del 98,6%, según lo indicado por la entidad. Dichas metas se refieren a mediciones de desempeño en aspectos como el cumplimiento de las metas anuales del Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión (92%); Lograr a nivel nacional un total de 10.450.302 de consultas médicas - generales y especializadas - (100%) y Lograr a nivel nacional un total de 274.056 egresos hospitalarios (100%).

Además, la institución reporta[7] con un 100% de cumplimiento las siguiente metas, incluidas en el PNDIP 2019-2022: Avance de ejecución de obras en: la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad del Hospital de Las Mujeres, Dr. Adolfo Carit Eva (100%) y la construcción de la II Etapa del Edificio Torre Este en el Hospital Calderón Guardia (100%); Alcanzar un 40% de viviendas georreferenciadas como parte del funcionamiento del Expediente Digital Único en Salud (100%). Otras metas a cargo de este programa incluidas en el PNDIP son de cumplimiento anual, por lo que no reportan información al 30 de junio del 2019.

En el programa presupuestario de Conducción Institucional se reporta un 100% de cumplimiento respecto del avance de un 50% en el desarrollo de un Proyecto que permita identificar el correcto aseguramiento y protección familiar de las personas en el Seguro de Salud en la CCSS.

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM, Seguro de Pensiones)

Ingresos del IVM

Los ingresos efectivos del IVM al 30 de junio de 2019 ascienden a ¢820.655 millones, para un 60,7% de ejecución y un crecimiento del 11,2% respecto al primer semestre de 2018. El principal rubro de los ingresos son las contribuciones sociales, cuyo monto asciende a ¢465.452 millones (56,7% del total de ingresos), además presenta una ejecución de un 55,5% (56,3%, en 2018) y un crecimiento del 5,9% respecto a 2018 (17,6%).

Según lo indicado por la CCSS, el mayor crecimiento en 2018 se debe a que en ese año se reflejó el efecto de la aplicación del aumento de un 1 punto porcentual en la contribución de los trabajadores al régimen[8], el cual se realizó en dos tractos de 0,5 puntos porcentuales ((el primer tracto se aplicó a partir de del 01 de julio del 2017).

Las contribuciones del sector privado sumaron ¢324.982 millones, lo que representa el 69,8% del total de las contribuciones, el sector público aportó el 30,2% restante (¢140.470 millones), lo cual constituye una ejecución de 56,5%. Estos ingresos se ven afectados por los incrementos decretados tanto para el sector privado como para el sector público. En el primer caso, el incremento salarial fue de 2,96% más 3,50% para las servidoras domésticas mientras que para el sector público, el incremento salarial para el primer semestre de 2019 fue de ¢3.750, de acuerdo con el decreto N°41167-MTSS-H.

Otro factor que incide, según lo señalado por la CCSS, es el decrecimiento del número trabajadores con cuotas reportadas al IVM. En el sector privado, cotizaron 1.346.436 trabajadores (2.251 menos que en el 2018), y en el sector público, 206.193 cotizantes (1.273 menos que en el 2018). En este tema debe considerarse que, en ambos casos, se presentó un crecimiento del 2017 al 2018, a saber, en el sector privado, 24.725 trabajadores de más, y en el sector público, 1.849. Tal como se señaló previamente, los ingresos del IVM, al igual que los del SEM, se ven afectados por el desempeño de la economía y el comportamiento del mercado laboral, donde el desempleo, la informalidad y el crecimiento de la masa salarial tienen incidencia directa sobre las contribuciones sociales. Esta situación debe ser objeto de monitoreo constante por parte de la institución, a fin de salvaguardar los intereses de los asegurados y tomar las acciones necesarias para la sostenibilidad financiera de largo plazo de ambos regímenes.

El segundo rubro en importancia es el superávit, con un peso de un 17,2% (¢140.8814 millones) y un crecimiento respecto al mismo periodo de 2018 del 15,0%. Los ingresos no tributarios responden a un tercer rubro en relevancia con un 12,8% de participación sobre el total ejecutado, un 56,9% de ejecución, y una tasa de crecimiento respecto de 10,4%.

Seguidamente, se ubican las transferencias corrientes, que representan un 12,4% (¢102.069 millones), y un crecimiento del 67,4%. Del total de transferencias corrientes recibidas, el 91,4% corresponde a transferencias del Gobierno Central, las cuales aumentan en ¢41.085 millones en comparación al primer semestre de 2018 por la cuota estatal a la CCSS y cuotas estatales complementarias para trabajadores independientes. Sobre este particular, es pertinente acotar que hasta el presupuesto de 2019 el Gobierno reconoció el aumento en la contribución estatal al IVM establecido por la CCSS en julio de 2016.

Así las cosas, en lo que respecta a los ingresos de este régimen, se sigue manteniendo el reto para las autoridades de la CCSS, de tomar acciones oportunas de cara a la sostenibilidad financiera del régimen en el mediano y largo plazo, dado el impacto financiero y social de dicho régimen en el país.

Egresos del IVM

Al 30 de junio del 2019 el IVM reporta un gasto total de ¢594.812 millones, para un 44,0% de lo presupuestado, y un incremento de 7,8% que el gasto ejecutado al primer semestre de 2018.

El principal rubro es el de transferencias corrientes (85,5% del total) con un gasto de ¢508.515 millones y un crecimiento respecto del año 2018 de 10,5%. En esta partida se consideran las erogaciones por pago de pensiones contributivas del régimen, que sumaron ¢444.462 millones.

Otro de los rubros de relevancia en las transferencias corresponde a la subpartida cuota patronal pensiones y jubilaciones que registra el traslado de recursos que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte realiza al SEM, por el pago de servicios médicos prestados a los pensionados del IVM. De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto del sector público vigente, esta cuenta se deshabilitó y este gasto se registra en la actualidad en la subpartida Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales, con una ejecución a junio 2019 de ¢62.733 millones y que significó el 10.5% de los egresos totales (12,1% en el 2018).

La partida de activos financieros es la segunda cuenta en importancia de los gastos del IVM (11,9% del total), con un monto ejecutado de ¢71.009 millones, un porcentaje de ejecución del 40,9% y una disminución, respecto del gasto al 30 de junio del 2018, de un 8,3%. Este rubro está compuesto por la subpartida “Adquisición de valores del gobierno central”, con un gasto de ¢64.858 millones; así como la subpartida Préstamos al sector privado, relativa a la colocación de los créditos hipotecarios del IVM, que alcanzó un valor de ¢6.151 millones (un 37,7% menos que el año 2018).

El resto de la composición de los egresos es remuneraciones (0,6%), servicios (1,6%) y un 0,3% correspondiente a otras partidas como materiales y suministros, bienes duraderos e intereses y comisiones.

Finalmente, cabe destacar que la deuda del Estado con el régimen del IVM, al 30 de junio de 2019, según el Área de Contabilidad Financiera de la CCSS, alcanzó la suma de ¢246.646 millones[9].

Avance en la programación física del IVM

Este programa presupuestario presenta 2 metas semestrales relacionadas con la obtención de un acumulado de 289.215 beneficiarios con pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para un cumplimiento reportado del 99,6%; además, sobre el avance de un 10% en el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM para un 80% de cumplimiento, según lo reportado por la CCSS.