El presupuesto del Sector Público al primer semestre de 2019 es de ¢28.615.218 millones, cifras sin consolidar (78,5% del PIB). La ejecución de egresos alcanzó un 43,5% (¢12.440.720 millones) y presenta un aumento de 8,4% respecto al presupuesto ejecutado al primer semestre 2018. Por su parte, la ejecución de ingresos alcanzó los ¢15.670.359 millones, monto que representa un 54,8% de los ingresos presupuestados para el primer semestre 2019. Este rubro experimenta crecimiento de un 9,4% respecto al 30 de junio de 2018, ligeramente mayor al del periodo 2017-2018 cuando fue de un 8,6%. Esta variación es explicada en su mayoría por la ejecución de ¢1.066.423 millones más por parte del Gobierno Central, dado el aumento en la ejecución del financiamiento interno respecto al primer semestre 2018, así como el efecto generado por la amnistía tributaria.
Cuadro 4
Sector Público: Ingresos y egresos ejecutados, 2015-2019
- Millones de colones y porcentajes-
Para el primer semestre 2019, la ejecución de ingresos corrientes del sector público alcanza los ¢9.469.851 millones (49,4% de ejecución), rubro que representa un 60,4% del total. Además, experimenta un crecimiento de 4,3% en el monto ejecutado respecto al primer semestre 2018, explicado en su mayoría por el aumento de ¢156.526 millones (6,7%) en la ejecución del Gobierno Central, de y de ¢142.573 millones (5,7%) por parte de las Instituciones Descentralizadas No Empresariales (IDNE).
En el caso del Gobierno Central, de la variación de 6,7% en los ingresos corrientes, el 5,9% es producido por la amnistía tributaria establecida en la Ley N° 9635, cuyo efecto ascendió a ¢138.629 millones en los ingresos corrientes (¢129.356 millones en ingresos tributarios y el monto restante corresponde a multas y sanciones). En el caso de las IDNES, la ejecución de ¢151.690 millones (10,5%) más por concepto de transferencias corrientes y de ¢147.901 millones (5,4%) más en contribuciones sociales, provoca dicha variación.
Por su parte, el financiamiento representa el 34,8% del total de ingresos ejecutados del sector público al 30 de junio del 2019, cuyo porcentaje de ejecución fue de 65,5% (¢5.452.032 millones). Las instituciones descentralizadas no empresariales, las instituciones públicas financieras, los órganos desconcentrados y gobiernos locales presentan porcentajes de ejecución mayores al 50%, lo anterior explicado por el comportamiento de los recursos de vigencias anteriores, que para el primer semestre presentan una ejecución de 146,1% (¢2.640.494 millones) y un crecimiento de 14,9% (¢708.739 millones). Mención especial merece la ejecución en financiamiento interno del Gobierno Central, con ¢2.507.840 millones, que implica un crecimiento del 42,9%, como se expone en el acápite 3.3.1.
Finalmente, los ingresos de capital ejecutados al primer semestre 2019 alcanzan un monto total de ¢748.476 millones con una ejecución del 67,0%. Las instituciones públicas financieras presentan un nivel de ejecución del 96,0% en este rubro, dentro de este grupo sobresale la ejecución de ¢234.007 millones en recuperación de préstamos por parte del INS, en particular por vencimiento de inversiones de largo plazo.
Ilustración 2
Sector Público: Ingresos Ejecutados al Primer Semestre según clase, 2019
- Millones de colones y porcentajes-
Al primer semestre del 2019, un 58,6% de los egresos ejecutados por el sector público se concentra en las partidas de remuneraciones (23,3% y ¢2.903.710 millones), transferencias corrientes (22,5% y ¢2.797.711 millones) y amortización (12,8% y ¢1.592.263 millones).
Las remuneraciones presentan un porcentaje de ejecución del 45,9% y un crecimiento de 2,5%, menor al experimentado a junio 2018 (5,5%). La desaceleración en las remuneraciones se asocia al comportamiento del Gobierno Central, el cual experimentó un crecimiento de 2,8% cuando en el mismo periodo de 2018 fue de un 5,7%. Asimismo, para el primer semestre 2019 las Empresas Públicas No Financieras y los Órganos Desconcentrados presentan un decrecimiento en el monto ejecutado de 2,3% (¢7.463 millones) y 4,0% (¢2.716 millones), respectivamente.
En comparación con el primer semestre, las partidas de transferencias corrientes y de activos financieros presentan las variaciones absolutas más altas, por ¢192.246 millones (7,4%) y ¢186.972 millones (36,0%), en orden respectivo. Sobre la ejecución de transferencias se comenta en el acápite 3.7, en tanto que las instituciones con mayor gasto en activos financieros son la CCSS (¢304.937 millones), el INS (¢294.449 millones), en ambos casos relacionados a adquisición de títulos valores del Gobierno Central, y en menor medida el Ministerio de Hacienda (¢30.844 millones, relacionados a la capitalización realizada al BCR en virtud del acuerdo de fusión entre el BCR y Bancrédito.
Ilustración 2
Sector Público: Egresos Ejecutados al Primer Semestre según partida, 2019
- Millones de colones y porcentajes-
Por otra parte, para el primer semestre 2019, el gasto en adquisiciones y compras, aproximado con las partidas de servicios, materiales y suministros y bienes duraderos del sector público[1] alcanzan un total de ¢1.299.089 millones (28,5% de ejecución), monto que representa un 3,6% del PIB, con un crecimiento de 7,3% respecto al primer semestre 2018.
Cabe destacar que para el año 2020, el presupuesto del Sector Público no Financiero (SPNF) estará sujeto a la aplicación de la regla fiscal, esta limitará el crecimiento del gasto corriente –relacionado con las funciones cotidianas de las instituciones- a un porcentaje determinado por la variación del PIB de los cuatro años previos a la aprobación del presupuesto y al nivel de endeudamiento del Gobierno Central. Ante este panorama será necesario una programación presupuestaria adecuada y eficiente que permita el cumplimiento de las metas y objetivos propios, sujetos al límite del gasto corriente. Lo anterior con el objetivo de lograr niveles sostenibles de endeudamiento a partir de un saneamiento de las finanzas públicas que permita brindar más y mejores servicios a la ciudadanía a futuro.
Esta iniciativa de ley surge ante la necesidad de impulsar una reforma normativa integral a la actual Ley de Contratación Administrativa N° 7494, como un esfuerzo adicional a la reforma 2/ llevada a cabo en 2006. Este proyecto es una coordinación efectiva entre la Contraloría General de la República (CGR), la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, y los principales actores públicos y privados en materia de contratación administrativa. A continuación se señalan algunos de los principales ejes que orientan la norma.
Simplificación. Se sintetiza el esquema actual, de modo que el ámbito de aplicación sea el mismo para toda la Administración Pública, cuando involucre utilización de fondos públicos en contrataciones con órganos tanto públicos, como privados. Esto permitiría que el control previo en materia de compras públicas se simplifique, eliminando el requerimiento de autorización a cargo de la CGR.
Transparencia. Incorpora la obligación legal de un adecuado comportamiento ético por parte de los funcionarios y los proveedores involucrados en los procesos de compras públicas. Se busca maximizar la transparencia en todas las etapas del proceso, por medio del uso del sistema digital unificado, y un estricto control y rendición de cuentas. Además, se propone regular un sistema único de compras de fácil acceso, para permitir el control y acercamiento ciudadano.
Planificación. Se plantea como eje principal el fortalecimiento de la fase de planificación de las contrataciones administrativas, a partir de reglas que involucran aspectos sobre la gestión y ciclo de vida de los proyectos.
Procedimientos. Se contemplan únicamente dos tipos de procedimientos ordinarios a partir de los cuales se desarrollará la actividad contractual: licitación mayor (LM) y licitación menor (lm). Así, los recursos propios de LM los conocerá la CGR, mientras que aquellos de lm los conocerá la Administración que promueve el concurso respectivo.
Rectoría. Se crea una rectoría en el Poder Ejecutivo (Consejo Nacional de Contratación Pública3/) en materia de compras públicas, que posea potestad nacional para regular las condiciones del proceso de compras y lograr ahorros significativos. Además, busca fiscalizar y dirigir la contratación administrativa, y desarrollar el esquema de compras electrónicas.
Mecanismo estratégico. Incorpora normas para potenciar, por medio de cláusulas específicas, el desarrollo económico de sectores sociales vulnerables y de PYMES. Adicionalmente, se busca implementar criterios sustentables en las compras públicas.
Se propone esta reforma a la normativa vigente, pues se considera que actualmente esta ha quedado desfasada y carece de los lineamientos de planificación necesarios para la optimización de los recursos disponibles.