El presupuesto de egresos aprobado para el Gobierno Central al primer semestre del año 2019, alcanza un monto de ¢11.129.871 millones (30,6% del PIB), con un nivel de ejecución del 46,0% (¢5.118.705 millones). Al compararlo con 2018, se observa un aumento de 7,3%, cifra menor al crecimiento de los años 2017 y 2018, cuando fue superior al 10% (11,5% y 15,5% respectivamente).
Esta desaceleración en el crecimiento del gasto devengado se explica en parte por la dinámica de partidas como remuneraciones, transferencias corrientes y amortización, las cuales presentan un nivel de crecimiento menor respecto a años anteriores. Así, en el caso de remuneraciones esta partida presenta variación promedio del 11,7% en el gasto devengado al primer semestre para el periodo 2009-2018, mientras que para el mismo periodo en 2019 es de tan solo 2,8%. Explicado en su mayoría por la desaceleración del crecimiento de los incentivos salariales que al 30 de junio 2019 presentaron un crecimiento de ¢13.516 millones (2,7%) con respecto a 2018, cuando para el periodo 2017-2018 fue de ¢30.476 millones (6,6%).
Gráfico 4
Gobierno Central: Ejecución Presupuestaria por Partida al 30 de Junio, 2010-2019
- Millones de colones y porcentajes-
De manera similar a periodos anteriores, el gasto destinado a las partidas de amortización, transferencias corrientes, remuneraciones e intereses y comisiones, representa alrededor de un 90% del gasto ejecutado al primer semestre (92,7% para el año 2019). Esta situación refleja el alto grado de rigidez del presupuesto y permite apreciar el poco espacio para la inversión que ejecuta el Gobierno Central, dado que el remante para este tipo de gasto es relativamente menor.
La partida de amortización representa el 28,7% (¢1.469.698 millones) del gasto devengado del Gobierno Central al primer semestre, con una ejecución del 49,9%. En comparación a 2018 presenta un aumento de 2,5%, inferior a los valores observados en 2017 y 2018, cuando fue de un 16,4% y un 41,9% respectivamente[1]; si se considera la amortización no registrada[2] al primer semestre 2018, el crecimiento corresponde a un 66,1% (¢668.287 millones).
El monto devengado por concepto de transferencias corrientes al primer semestre 2019, es el segundo en magnitud, por un total de ¢1.355.840 millones (26,5% del total), lo que representa una ejecución de 45,5% del monto presupuestado en este rubro. En relación con la variación, esta partida presenta un crecimiento de 4,6% respecto al 30 de junio de 2018, dada la reducción de ¢6.604 millones en los montos transferidos a instituciones sin fines de lucro, correspondientes a deuda política.
Cuadro 6
Gobierno Central: Ejecución Presupuestaria por Partida al 30 de junio, 2015-2019
- Millones de colones y porcentajes-
Al 30 de junio 2019, un 76,1% del presupuesto ejecutado por concepto de transferencias corrientes fue asignado a cinco destinatarios, a saber: Régimen de pensiones del magisterio y profesores 21,1% (¢286.219 millones), Fondo Especial para la Educación Superior 19,9% (¢269.853 millones), CCSS[3] 17,8% (¢241.603 millones), Juntas de Educación y Administrativas 9,0% (¢122.194 millones) y FODESAF 8,2% (¢111.836 millones).
En cuanto a las remuneraciones, estas ascendieron a ¢1.209.228 millones (porcentaje de ejecución del 45,7%) al 30 de junio de 2019, con una variación de 2,8%, ligeramente mayor a la variación interanual del nivel de inflación al cierre del primer semestre 2019 que corresponde a un 2,4% según datos del BCCR. La subpartida con mayor crecimiento es la de incentivos salariales, que alcanzó una ejecución de ¢505.327 millones (44,7%), con un aumento de ¢13.516 millones (2,7%). Destaca el hecho de que en el periodo 2010-2019 los incentivos salariales presentan un crecimiento mayor que las remuneraciones básicas[4], esto implica que los incentivos salariales que representaban el 39,9% del presupuesto ejecutado por concepto de remuneraciones en 2010 para 2019 correspondan al 41,8%. Destaca el hecho que para el primer semestre 2019, por cada ¢1 millón que el Gobierno Central ejecutó por concepto de remuneraciones básicas destinó ¢1,07 millones al pago de incentivos salariales.
Al 30 de junio 2019, un 86,0% del gasto en remuneraciones del Gobierno Central fue ejecutado por cuatro títulos, a saber: 59,5% (¢720.054 millones) por el MEP, 15,3% (¢184.588 millones) por el Poder Judicial, 7,5% (¢90.783 millones) por el Ministerio de Seguridad Pública y 3,6% (¢44.099 millones) por el Ministerio de Justicia y Paz.
Cuadro 7
Gobierno Central: Ejecución Presupuestaria de remuneraciones al 30 de junio, 2010-2019
- Millones de colones y porcentajes-
Para el primer semestre 2019, la ejecución de la partida de intereses y comisiones es de un 42,3% (¢707.754 millones). Misma que presenta un crecimiento por ¢107.935 millones (18,0%), el mayor respecto al 30 de junio 2018, explicado en parte por el aumento de ¢100.538 millones (17,3%) en la erogación por concepto de intereses sobre títulos valores y de ¢6.882 millones (55,0%) por el pago de intereses sobre préstamos, dado el incremento en el tipo de cambio durante los primeros meses del año, así como el aumento de las tasas de interés de los préstamos pactados con organismos internacionales.
Por su parte, la ejecución de las transferencias de capital, alcanza los ¢254.605 millones (50,3% de ejecución de la partida), con un crecimiento de 53,3% (¢88.493 millones) respecto al primer semestre 2018 y de un 31,9% en comparación con 2017. Este aumento es explicado en su mayoría por el devengo de ¢73.676 millones destinados al Fideicomiso MOPT-Banca Comercial Crédito BID 3071 para el financiamiento del Programa de Infraestructura en Transporte, asimismo, se trasfieren ¢10.035 millones a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para la atención de daños causados por diversas emergencias.
La variación del monto ejecutado en la partida de activos financieros por ¢30.171 millones (ejecución de ¢30.844 millones, 95,4% del monto presupuestado), es significativa respecto al primer semestre 2018. Lo anterior se explica por la capitalización que el Ministerio de Hacienda realiza al Banco de Costa Rica producto de la pérdida de suficiencia patrimonial que implicó la fusión de este con Bancrédito, según lo estipulado en la Ley N° 9605, Fusión por absorción entre BCAC y BCR.
Por otra parte las partidas de bienes duraderos, servicios, materiales y suministros y cuentas especiales, presentan un decrecimiento respecto al gasto devengado al primer semestre 2018, reducciones que corresponden a 46,6% (¢6.374 millones), 0,8% (¢524 millones), 0,2% (¢37 millones) y 37,7% (¢47 millones), respectivamente. En el caso de los bienes duraderos, se devengaron ¢7.318 millones, con un nivel de ejecución de 11,8%, el menor a nivel de partida, esto se explica por los bajos niveles de ejecución de instituciones como el Poder Judicial con un 15,9% (subejecución de ¢21.441 millones) explicado en su mayoría por la subejecución de ¢7.343 millones (22,3% de ejecución) en el gasto destinado a edificios, de ¢ 3.245 (9,7% de ejecución) en la compra de equipos y programas de cómputo y de ¢3.134 (13,0% de ejecución) en bienes intangibles .
Por su parte, el gasto en servicios fue de ¢65.441 millones, con un nivel de ejecución de 29,6%, mientras que la erogación en materiales y suministros fue de ¢17.902 millones (27,0% de ejecución) y ¢77 millones en la partida de cuentas especiales.
A nivel de título, el monto ejecutado por el Servicio de la Deuda Pública representa el 42,5% de las erogaciones del Gobierno Central al 30 de junio de 2019. Dicha ejecución fue de ¢2.177.226 millones (47,2% de ejecución) con un crecimiento de 7,1% (¢144.049 millones) en comparación con el primer semestre 2018 -es el mayor crecimiento nominal a nivel de título-, explicado en su mayoría por el incremento de un 18,0% (¢107.937 millones) en el monto ejecutado por intereses y comisiones, en especial para el pago de intereses sobre títulos valores internos de largo plazo.
Seguidamente, la ejecución al primer semestre del MEP, es la segunda en magnitud por un total de ¢1.257.655 millones (47,3%). Esta erogación experimenta un crecimiento de 3,1%, impulsada por la variación de la partida de remuneraciones en la que se ejecutan ¢26.083 millones (3,8%) más que el junio 2018, asimismo, este título por concepto de transferencias corrientes devenga ¢16.457 millones (3,3%) más que el primer semestre 2018, donde los principales destinatarios son el Fondo Especial para la Educación Superior, que recibe una transferencia por ¢269.853 millones (53,0% del total de transferencias corrientes ejecutadas al primer semestre por el MEP), las Juntas de Educación y Administrativas con ¢122.194 millones (24,0% del total), entre otras.
El presupuesto ejecutado por los Regímenes de Pensiones al primer semestre 2019, equivale a ¢480.701 millones, con una ejecución de 45,3% y una variación de 14,4% (¢60.678 millones) respecto a 2018. Cabe destacar que los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, se encuentran cerrados desde la implementación de la Ley N° 7302 (Ley de creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional (Marco)) de 1992, sin embargo, estos presentan un carácter deficitario profundo, dado que su esquema de beneficios es cuantioso en comparación con los ingresos que el Gobierno Central recibe por este concepto. Al primer semestre 2019, por cada ¢10.000 desembolsados en pensiones, el Gobierno recibió ¢789 de contribuciones sociales por lo que el monto restante debió ser financiado mediante otras fuentes de ingreso.
Por su parte, el gasto ejecutado al 30 de junio de 2019 por el MOPT presenta un crecimiento de ¢93.423 millones (60,1%) en comparación al primer semestre 2018 alcanzado un monto total de ¢248.850 millones, situación que se explica en su mayoría por que este año se trasladan ¢73.676 millones por concepto de transferencias de capital al Fideicomiso MOPT-Banca Comercial cuya fuente de financiamiento es el crédito del BID 3071.
Cuadro 8
Gobierno Central: Ejecución Presupuestaria por Título al 30 de Junio, 2015-2019
- Millones de colones y porcentajes-
El monto ejecutado por el Ministerio de Salud alcanza los ¢125.484 millones (ejecución de 37,3%), lo que significa un decrecimiento de 18,9% (¢29.243 millones) respecto al primer semestre 2018, ya que se reducen en ¢31.260 millones las transferencias corrientes efectuadas por el MINSA al primer semestre de 2019, explicado en su mayoría por la menor ejecución de las transferencias a la CCSS respecto al 30 de junio 2018. Estas presentaban un nivel de ejecución del 33,3% al primer semestre 2019, sin embargo este rezago en el giro de recursos no se observa al mes de julio, pues datos preliminares al 08 de agosto muestran una ejecución de 57,4% (¢123.948 millones de ejecución.
La ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Presidencia de la República presenta los niveles más bajos de ejecución a nivel de título con un 18,8% y 27,2% respectivamente. En el caso del MIVAH, esto se explica en su mayoría por la no ejecución al 30 de junio de la transferencia de capital destinada al Banco Hipotecario de la Vivienda por ¢3.970 millones. Por otro lado la Presidencia de la República presenta una ejecución de tan solo un 22,6% en la partida de transferencias de capital realizadas a la CNE.
El presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio económico 2019, fue aprobado mediante la Ley N° 9632 del 11 de diciembre de 2018 por un total de ¢10.943.081 millones, que a la fecha de emisión de este informe contabiliza 12 modificaciones, a saber: 7 modificaciones vía decreto ejecutivo, la revalidación de saldos de créditos externos y la aprobación de 4 leyes modificatorias1/ (se incluyen 3 presupuestos extraordinarios y 4 modificaciones presupuestarias reservadas a la Asamblea Legislativa).
El primer presupuesto extraordinario y modificación legislativa, incorporó ¢53.053 millones en ingresos de capital dada la fusión del BCR y el BCAC2/, asimismo una rebaja de ¢22.209 millones en la emisión de títulos valores de deuda interna, para un efecto neto de ¢30.844 millones. Por el lado del gasto, se incluyen ¢30.844 millones en aportes al BCR, en virtud del acuerdo de fusión del BCR-BCAC. Además, se realiza un cambio de fuente de financiamiento en la amortización de títulos valores interno de largo plazo por ¢22.209, de la fuente 280 (colocación de títulos valores) a 030 (recuperación de otras inversiones). Cabe destacar que inicialmente el Poder Ejecutivo solicitó la incorporación de ¢100.053 millones por recuperación de inversiones del BCR, sin embargo, este movimiento no fue aprobado por el Poder Legislativo y en su lugar solo se consideraron los recursos con afectación al presupuesto de 2019.
En cuanto a los traslados entre partidas, se hace una rebaja en la amortización de títulos valores internos de largo plazo, recursos que se trasladan a la subpartida de aportes de capital a empresas para cubrir con las obligaciones de la capitalización del BCR, además de modificaciones presupuestarias para la atención de gastos para la operación y cumplimiento de metas del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Paz, este último consideró la inclusión de ¢4.000 millones para dar contenido presupuestario al alquiler de brazaletes electrónicos. Asimismo, se realiza una modificación a la Norma 10 3/ con el fin de aclarar su interpretación.
En el segundo presupuesto extraordinario y segunda modificación presupuestaria de aprobación legislativa Ley N° 9679, se incorporan en términos netos ¢906 millones. En él se desincorporaron ¢7.701 millones de fuentes de crédito externo4/ destaca la reducción de ¢4.455 millones del proyecto Bajos del Chilamate-Vuelta Kooper (préstamo de la Corporación Andina de Fomento) y ¢1.640 millones correspondientes al crédito BID 2098/OC-CR-Programa de Red Vial Cantonal. Además, se incorporan ¢7.494 millones por diferenciales cambiarios en 5 créditos5/ externos. Se incluye además un traslado de partidas reservado a la Asamblea Legislativa por ¢482.897 millones (modificación legislativa) que afectó a los títulos de CGR, MAG, MEP, MOPT y el Ministerio de Seguridad Pública.
El tercer presupuesto extraordinario y tercera modificación legislativa, Ley N° 9711, se publicó el pasado 05 de agosto. Este presupuesto considera la incorporación de ¢23.909 millones, de los que ¢21.484 millones corresponden a diferenciales cambiarios en el crédito BID N° 3071/OC-CR Programa de Infraestructura de Transporte (¢19.031 millones) y el crédito BID N° 3072/OC-CR Programa de Infraestructura de Transporte (¢2.453 millones). Por el lado del gasto estos recursos se aplican en el presupuesto del MOPT (¢21.484 millones correspondientes a los créditos externos citados), Ministerio de Hacienda (incluye ¢1.536 millones para dar contenido al contrato de comprobantes electrónicos), MREC (incluye ¢441 millones en cuota a la ONU), MAG, Presidencia de la República. Se incluye también un traslado de partidas reservado a la Asamblea Legislativa por ¢50.449 millones y que afectó a 12 títulos presupuestarios.
Por su parte, la Ley N° 9716 comprende la cuarta modificación legislativa. Esta ley consideró la rebaja de ¢5.753 millones en amortización de títulos valores de largo plazo en el Servicio de la Deuda Pública, ello ante la existencia de disponibles presupuestarios por los canjes de deuda realizados durante el segundo semestre de 2018 y al mes de mayo de 2019. Estos recursos se incorporan en el presupuesto del MOPT como transferencia a JAPDEVA para atender el pago de remuneraciones y cargas sociales durante tres meses en dicha institución.
Es pertinente acotar que el proyecto originalmente presentado por el Poder Ejecutivo consideró una transferencia por ¢21.990 millones, de los cuales ¢16.237 millones eran para pago de extremos laborales ante la necesidad de modernizar JAPDEVA dada la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM); se incluía también una transferencia por ¢1.689 millones en el título de Regímenes de Pensiones, para crear el régimen de prejubilación de exservidores de JAPDEVA, estos movimientos estaban ligados al expediente legislativo N° 21.426, Ley de Modernización de JAPDEVA y protección de sus personas servidoras, el cual se encuentra en trámite en el Plenario Legislativo, y no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.
Gobierno Central: Cantidad de Presupuestos extraordinarios y modificaciones Legislativas, 2010-2019
El aumento en la cantidad de modificaciones al presupuesto que requieren aprobación de la Asamblea Legislativa se deriva de la incorporación de la Norma 10 de Ejecución del Presupuesto 2019, la cual estipula que durante el presente año se restringen los movimientos de las diferentes subpartidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias corrientes (con excepción de las subpartidas de prestaciones legales, otras prestaciones para el pago de subsidios por incapacidad, indemnizaciones y reintegros o devoluciones).
Finalmente, es necesario considerar que todo presupuesto debe analizar y cuestionar periódicamente las condiciones que sustentan las diversas fases del ciclo presupuestario para determinar su validez ante los cambios en el ambiente interno y externo. La aplicación del principio de flexibilidad conduce a que el presupuesto no debe contener rigidez que le impida constituirse en un eficaz instrumento de administración, de gobierno y de programación económica y social. La flexibilidad tiende al cumplimiento de los objetivos del Estado, para lo cual deben posibilitarse las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su consecución.
Por clasificación económica, el presupuesto ejecutado por el Gobierno Central al primer semestre se compone en un 65,4% de gasto corriente, un 5,3% de gasto de capital y un 29,3% de transacciones financieras.
Cuadro 9
Gobierno Central: Ejecución Presupuestaria por clasificación económica al 30 de Junio, 2015-2019
- Millones de colones y porcentajes-
Para el primer semestre 2019, el gasto de capital ejecutado alcanza los ¢270.763 millones (45,3% de ejecución) con un crecimiento de 43,6% en comparación con 2018, a pesar de esto, dicha erogación apenas representa un 5,3% del total. Destaca el hecho de que en este rubro la única partida que presenta una variación positiva es la de transferencias de capital por ¢88.493 millones (53,3%), ya que tanto la formación de capital como la de adquisición de activos presentan una reducción de 20,8% (¢3.099 millones) y 42,0% (¢3.145 millones) respectivamente.
El presupuesto ejecutado por concepto de transacciones financieras alcanza un nivel de ejecución del 50,4% al 30 de junio 2019 (¢1.500.542 millones) con un crecimiento de 4,6% respecto al primer semestre 2018. Erogación que se compone en un 97,9% de amortización y en un 2,1% de otros activos financieros.
Gráfico 5
Gobierno Central: Ejecución presupuestaria según clasificación económica al 30 de junio, 2010-2019
- Millones de colones y porcentajes-
Finalmente, el gasto corriente ejecutado por el Gobierno Central alcanza un total de ¢3.347.400 millones (ejecución de 44,3%), con un aumento de ¢199.657 millones explicado en su mayoría por la dinámica de los intereses, lo cuales crecen un 18,0% (¢107.458 millones) al comparar el primer semestre 2019 con la misma fecha en 2018, esto ante el elevado nivel de endeudamiento del Gobierno Central.
A partir del año 2020, el comportamiento de los intereses será una relación de especial importancia por la aplicación de la regla fiscal sobre el presupuesto del sector público no financiero, la cual consiste en limitar el crecimiento del gasto corriente a una proporción del promedio de crecimiento del PIB nominal de los cuatro ejercicios económicos previos a la formulación del presupuesto, dicho límite se establece según el nivel de endeudamiento del Gobierno Central. Lo que podría afectar la asignación presupuestaria a otros rubros por suma de dos fenómenos: por un lado un gasto corriente cuyo crecimiento se ve limitado y por otro lado, intereses crecientes, situación que podría llegar a ejercer presión sobre la adquisición de bienes y servicios, remuneraciones y transferencias; los cuales están estrechamente relacionadas con el quehacer de las instituciones y con la asignación de gasto social del Gobierno Central, situación que vuelve imprescindible realizar un uso eficiente de los recursos que permita en el mediano plazo alcanzar una senda sostenible para el nivel de endeudamiento del Gobierno Central y un saneamiento de las finanzas públicas.