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Resumen
Resumen
- Los ingresos totales ejecutados del Gobierno Central al primer semestre de 2019 ascendieron a ¢5.192.596 millones (46,7% de ejecución respecto al presupuesto ajustado).
- Los ingresos corrientes crecen a una tasa de 6,7% en el primer semestre de 2019, lo que representa un aumento de 5,2 puntos porcentuales respecto a 2018 (1,5%).
- Los ingresos tributarios alcanzaron el monto de ¢2.310.301 millones al 30 de junio de 2019, con un crecimiento de 7,4% respecto a 2018. Si se excluyen los ingresos que generó la amnistía tributaria, la tasa de variación interanual acumulada a junio sería de 1,4%.
- La carga tributaria al I semestre de 2019 asciende a 6,34% (6,20% en 2018) de la cual un 0,36% corresponde a recursos de la amnistía tributaria, de hecho, si se excluyen estos recursos, la carga al I semestre de 2019 sería de 5,99%, menor en 0,22 puntos porcentuales a la de 2018.
Carga tributaria: Representa cuanto de todo lo que se produce en el país es recaudado por el Gobierno en forma de impuestos.
Se calcula dividiendo el monto de los ingresos tributarios en un año entre el Producto Interno Bruto (PIB) de ese mismo año.
Durante el primer semestre de 2019 los ingresos totales del Gobierno Central ascendieron a ¢5.192.596 millones, lo cual representa un 46,7% del presupuesto ajustado. Están compuestos en un 51,3% por financiamiento (¢2.663.786 millones, 43,2% en 2018), principalmente interno, que representa el 94,1% del total de financiamiento (98,4% en 2018); seguido de un 48,1% de ingresos corrientes (¢2.498.435 millones, 56,8% en 2018), e ingresos de capital por 0,6% (¢30.376 millones).
La tasa de variación interanual de los ingresos totales en el primer semestre de 2019 fue de 25,8% (10,4% en 2018), explicada principalmente por el aumento en la ejecución del financiamiento interno, el cual aumentó en un 42,9% respecto de 2018.
Los ingresos corrientes ejecutados al primer semestre de 2019 están constituidos en un 92,5% de ingresos tributarios, 3,9% de transferencias corrientes, 2,1% de ingresos no tributarios y 1,5% por contribuciones sociales. Los ingresos corrientes crecieron un 6,7% en el primer semestre de 2019 respecto de 2018 (de no considerarse los ingresos provenientes de la amnistía tributaria establecida en la Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas” de 4 de diciembre de 2018, la variación sería apenas del 0,8%, menor al 1,5% de 2018) explicado principalmente por un aumento en la ejecución de los ingresos tributarios y las transferencias corrientes.
En el primer semestre de 2019 los ingresos tributarios alcanzaron el monto de ¢2.310.301 millones con un porcentaje de ejecución del 48,8% respecto del presupuesto ajustado, y presenta una tasa de crecimiento interanual a junio del 7,4%, si se excluyen los ingresos que generó la amnistía tributaria el monto ascendería a ¢2.180.946 millones, con una tasa de variación interanual acumulada a junio del 1,4%.
Cuadro 5
Gobierno Central: ingresos al primer semestre, período 2015-2019
- Millones de colones y porcentajes-
La carga tributaria (porcentaje de los ingresos tributarios sobre el PIB) al I semestre de 2019 asciende a 6,34% (6,20% en 2018) de la cual un 0,36% (¢129.356 millones) corresponde a recursos de la amnistía tributaria, de hecho, si se excluyen estos recursos, la carga al I semestre de 2019 sería de 5,99%, menor en 0,22 puntos porcentuales a la de 2018.
Gráfico 2
Gobierno Central: carga tributaria al primer semestre, período 2010-2019
- Porcentaje del PIB-
Con datos al primer semestre de 2019, se observa que a pesar de que los ingresos tributarios del Gobierno Central están conformados por un total de 30 impuestos, el 91,3% de los ingresos tributarios se concentran tan sólo en 5 de ellos: impuestos sobre los ingresos y las utilidades (39,6%), impuesto sobre el valor agregado (32,3%), impuesto único a los combustibles (12,0%), selectivo de consumo (4,3%) y derechos arancelarios de importación (2,9%).
Al respecto, a criterio de esta Contraloría General, la simplificación del sistema tributario tiene el potencial de contribuir a estimular el cumplimiento tributario[1], facilitar la fiscalización tributaria y potenciar el crecimiento económico.
En el siguiente gráfico se observa la tasa de variación interanual de los principales ingresos tributarios en el primer semestre de 2019 (sin incluir los recursos por amnistía tributaria), en comparación con el primer semestre de 2018.
Gráfico 3
Gobierno Central: Tasa de variación interanual de la recaudación acumulada sin amnistía al primer semestre, años 2018-2019
- porcentajes-
De los datos anteriores, es posible concluir que los ingresos tributarios (sin considerar la amnistía) presentan una leve mejoría en su ritmo de crecimiento, al pasar de un 1,0% en el primer semestre de 2018 a un 1,4% en el primer semestre de 2019, aunque siguen presentando un crecimiento muy modesto que difícilmente contribuya a solventar el desequilibrio de las finanzas públicas del país.
En lo que respecta al impuesto sobre los ingresos y utilidades (conocido como impuesto sobre la renta), se recaudó un total de ¢915.746 millones, con un crecimiento interanual de 17,8% en contraste al 2,0% de crecimiento para 2018, explicado fundamentalmente por los recursos derivados de la amnistía tributaria para el primer semestre de 2019. Si se excluyen los recursos por amnistía tributaria, la variación corresponde a 2,7%, lo que de igual manera refleja cierta recuperación.
El impuesto general sobre las ventas recaudó un monto de ¢747.344 millones, lo que representó una tasa de crecimiento interanual de 1,7%; sin embargo, al excluir los recursos por amnistía tributaria, dicha variación corresponde a 0,3%, menor al 0,7% experimentado en 2018.
En el primer semestre de 2019, el impuesto único sobre los combustibles recauda un total de ¢277.964 millones, lo que implica un crecimiento de 6,9% y representa 8,6 puntos porcentuales más que la variación en 2018 (-1,7%). Este incremento obedece, según información suministrada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), a la recuperación en la producción de gasolina súper y regular (alrededor de 53 millones de litros más que al primer semestre de 2018).
El impuesto selectivo de consumo recaudó un monto de ¢99.297 millones, lo que representa un decrecimiento nominal de 13,5%, (-9,2% en 2018). Particularmente, los vehículos son la mercancía importada de mayor peso en la determinación de este impuesto, y a partir de información suministrada por el Departamento de Estadística y Registro de la Dirección General de Aduanas (DGA), la importación de vehículos[2] muestra un decrecimiento de 19,0% en el primer semestre de 2019 respecto al primer semestre de 2018, lo que refleja la difícil situación del sector y su impacto en la evolución negativa de este ingreso.
El derecho arancelario de importación, también conocido como arancel de aduanas, recaudó en el primer semestre de 2019 un total de ¢68.071 millones, con un decrecimiento de 1,6%, menor al decrecimiento experimentado en 2018 (2,7%).
En materia de contribuciones sociales, se observa un crecimiento de 0,6% en el primer semestre de 2019, y se ha recaudado ¢37.949 millones, compuestos por contribuciones sociales de pensionados del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (42,8%), contribuciones sociales de miembros activos de dicho régimen (23,6%), deducción de sueldos para pensionados según lo dispuesto en la Ley Nº 7302 (21,5%), contribución por traslado al régimen de reparto Ley N° 8721 (8,0%), contribución especial solidaria Ley N° 9383 (4,2%).
Por concepto de ingresos no tributarios, se recauda un total de ¢52.326 millones, lo que representa un crecimiento de 39,4% respecto al primer semestre de 2018 (¢37.544 millones). Una parte importante de este dinamismo se explica por el pago de sanciones en condiciones favorables establecidas por la amnistía tributaria.
Al primer semestre de 2019 las transferencias corrientes ascienden a ¢97.858 millones, lo que representa una caída de 14,8% respecto a 2018 (¢114.906 millones en dicho año). Esta caída se explica fundamentalmente por la menor ejecución en transferencias provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), con diversos destinos como comedores escolares, programa avancemos, pensiones no contributivas, entre otros.
Por concepto de ingresos de capital se recaudó un monto de ¢30.376 millones, que se componen de ¢30.053 millones por concepto de recuperación de préstamos e inversiones financieras, correspondientes a lo estipulado en la cláusula IV inciso iii) del Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de Costa Rica para dar cumplimiento a la Ley Nº 9605 de 12 de setiembre de 2018 “Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica” y ¢323 millones por concepto de venta de activos.
En materia de financiamiento se han ejecutado ¢2.663.786 millones, con un preocupante ritmo de crecimiento al primer semestre de 2019 de 49,4% respecto a 2018, explicado fundamentalmente por las mayores necesidades de financiamiento interno del gasto público de Gobierno Central[3]. La importancia creciente de los ingresos por financiamiento respecto al total de ingresos al primer semestre (de hecho, en 2019 representa un 51,3%) deriva del desequilibrio estructural de las finanzas públicas.
La entrada en vigencia de la Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas” implica cambios importantes en materia de ingresos, uno que se evidenció a partir de su publicación fue la amnistía tributaria (lo que representó 0,4% del PIB en 2019). Por otra parte, la Ley N° 9635 en su título I y II, reformó, respectivamente, la Ley de Impuesto General sobre las Ventas (IGV) a un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)[4] y la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)[5] con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria.
No obstante, el rendimiento esperado en ingresos producto de la aplicación de la Ley N° 9635 podría verse afectado por diversos factores, por ejemplo: evolución de la economía nacional[6] e internacional, grado de claridad, publicidad y coherencia en el alcance y aplicación de la Ley N° 9635 y capacidad de gestión, cobro y fiscalización del Ministerio de Hacienda.
Respecto a este último, el Ministerio de Hacienda remitió a esta Contraloría un informe sobre las acciones realizadas y en ejecución por parte de este Ministerio en torno a la implementación de la Ley N° 9635, al 30 de junio del 2019. Como parte de las principales acciones destacan: el reforzamiento de la atención ciudadana, reglamentos y resoluciones disponibles a la entrada en vigencia de IVA e ISR y los formularios y ajustes a los sistemas informáticos.
Adicionalmente, es importante destacar que la implementación de lo dispuesto en la Ley Nº 9635 se enmarca en un contexto de desaceleración económica (ver apartado sobre contexto macroeconómico) por lo que, de no implementarse medidas eficaces de reactivación económica, la capacidad de lo dispuesto en la Ley Nº 9635 de generar los ingresos necesarios que contribuyan a solventar el desequilibrio en las finanzas públicas podría verse limitada.
Notas:
[1] Ver al respecto Akitoby, B. (2018) Raising revenue: Five country cases illustrates how best to improve tax collection. Finance & Development , Vol.55[2]Partidas arancelarias 8702, 8703 y 8704.[3] Con el objetivo de reducir la presión creciente de las necesidades de financiamiento de Gobierno Central sobre el mercado interno, se aprobó la Ley Nº 9708 “Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito” de 22 de julio de 2019, la cual autoriza al Poder Ejecutivo a colocar títulos valores en mercados internacionales hasta por un total de USD 1.500 millones durante el siguiente año después de aprobada la ley.[4]En el cual se amplió la base imponible por medio del gravamen a actividades comerciales que anteriormente no se encontraban gravadas, como los servicios, además se modifica la canasta tributaria y se crean tasas reducidas para ciertos sectores, entre otras modificaciones.[5] Del 19 de mayo de 1988, dicha reforma aumentó las alícuotas en rubros como; rentas de capital al pasar del 8% al 15%, impuesto a los excedentes de las cooperativas y asociaciones solidaristas al pasar del 5% al 10%, además, se creó el impuesto a las ganancias patrimoniales de un 15%, entre otras.[6] Al respecto, el Poder Ejecutivo mediante cadena nacional de 9 de junio del presente año anunció un conjunto de medidas de reactivación económica como simplificación de trámites, mayores facilidades de acceso a crédito, proyectos en infraestructura y vivienda, entre otras. Adicionalmente, en el primer semestre del año, el Banco Central de Costa Rica disminuyó en tres ocasiones la Tasa de Política Monetaria (TPM) desde 5,25% hasta 4,50% en el mes de junio de 2019, a su vez redujo la tasa de encaje mínimo legal con el objetivo de estimular el crecimiento económico.
[1] Ver al respecto Akitoby, B. (2018) Raising revenue: Five country cases illustrates how best to improve tax collection. Finance & Development , Vol.55[2]Partidas arancelarias 8702, 8703 y 8704.[3] Con el objetivo de reducir la presión creciente de las necesidades de financiamiento de Gobierno Central sobre el mercado interno, se aprobó la Ley Nº 9708 “Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito” de 22 de julio de 2019, la cual autoriza al Poder Ejecutivo a colocar títulos valores en mercados internacionales hasta por un total de USD 1.500 millones durante el siguiente año después de aprobada la ley.[4]En el cual se amplió la base imponible por medio del gravamen a actividades comerciales que anteriormente no se encontraban gravadas, como los servicios, además se modifica la canasta tributaria y se crean tasas reducidas para ciertos sectores, entre otras modificaciones.[5] Del 19 de mayo de 1988, dicha reforma aumentó las alícuotas en rubros como; rentas de capital al pasar del 8% al 15%, impuesto a los excedentes de las cooperativas y asociaciones solidaristas al pasar del 5% al 10%, además, se creó el impuesto a las ganancias patrimoniales de un 15%, entre otras.[6] Al respecto, el Poder Ejecutivo mediante cadena nacional de 9 de junio del presente año anunció un conjunto de medidas de reactivación económica como simplificación de trámites, mayores facilidades de acceso a crédito, proyectos en infraestructura y vivienda, entre otras. Adicionalmente, en el primer semestre del año, el Banco Central de Costa Rica disminuyó en tres ocasiones la Tasa de Política Monetaria (TPM) desde 5,25% hasta 4,50% en el mes de junio de 2019, a su vez redujo la tasa de encaje mínimo legal con el objetivo de estimular el crecimiento económico.
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