Gestión Integral del endeudamiento público en el corto plazo: una transición hacia la sostenibilidad

La pandemia provocada por el COVID-19, ha tenido implicaciones desde el ámbito social, ambiental y económico, con un fuerte impacto sobre las finanzas públicas, que, desde años previos, daban muestras de deterioro, tanto desde la perspectiva de los ingresos como presiones en los gastos y por ende en la sostenibilidad de la deuda. Estos elementos, unidos a la caída en la actividad económica, han incrementado los niveles de deuda, lo que implica mayores riesgos. Por ejemplo, antes de la emergencia sanitaria, los datos rondaban el 62% del PIB, el cual según datos del Ministerio de Hacienda, alcanzará cifras superiores al 69% al finalizar el 2020 (ver gráfico siguiente).

No obstante, el tema de la deuda merece mención particular, no solo por los ajustes requeridos en sus determinantes (ingresos y gastos), sino también porque en su gestión, podrían recaer riesgos adicionales de liquidez e impago que afecten su sostenibilidad. En esa línea, es necesario que los administradores de deuda se preparen para utilizar todos los instrumentos y estrategias a su disposición, como medidas extraordinarias en tiempos tan complejos que les permitan transitar con cautela entre desajustes temporales y cambios permanentes^[1].

Cabe añadir que, una crisis de deuda, y presiones altas de liquidez pueden conducir a que las autoridades tomen medidas alejadas a las mejores prácticas de gestión, lo que podría implicar mayores costos en la administración de la deuda. Por lo tanto, es necesaria una orientación en la gestión de mediano y largo plazo, bajo ajustes estructurales. Lo anterior, sin descuidar la gestión de deuda de corto plazo, y aprovechar aquellos espacios que permitan mejoras en su gestión. Dichos espacios de cara a un ajuste sostenido, requieren la dinamización del mercado bursátil, así como participación de los rectores en la generación de instrumentos variados.

Dicho lo anterior, para atender esta situación es necesario se tomen en consideración, de manera temporal y sujetas a revisión constante, medidas vinculadas con la gestión de la deuda, tomando como punto de partida las necesidades de financiamiento y creando confianza y seguridad a los inversionistas. Las medidas que se tomen en conjunto con una estrategia de gestión integral de la deuda, podrán conducir a esta a una senda de estabilidad y sostenibilidad.

En ese sentido, se requiere que las acciones que tome la administración se alineen con el Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo, y con la revisión y balance de la estructura de ingresos y gastos. Adicionalmente, es pertinente tomar en consideración los diversos instrumentos^[2] con los que cuenta la administración, con el objetivo de buscar espacios de ahorro y reducción de presiones de liquidez a corto plazo.

Si bien la búsqueda de financiamiento adicional en tiempos de emergencia se puede considerar prioritaria, las acciones de transición (ver imagen siguiente) del manejo de la deuda en el corto plazo, requieren de una valoración de los riesgos vinculados con el portafolio y con el efecto que nuevas emisiones pueden tener sobre su composición. Asimismo, se deben considerar aspectos como la tasa de interés, el refinanciamiento (plazo) y la moneda. Adicionalmente, los espacios de negociación con inversionistas, la comunicación con el mercado y la capacidad de adaptarse ante los nuevos cambios, son factores claves para esta propuesta de transición.

De manera puntual, ante el significativo monto de vencimientos de deuda interna para los años venideros, el cual por ejemplo para 2021 alcanza 5,8% del PIB, son necesarias la incorporación de medidas alternativas y el ajuste de dichos vencimientos, con el fin de reducir las presiones por liquidez y potenciar ahorros que permitan la disminución del nivel de endeudamiento futuro y reducir la presión del servicio de la deuda en el presupuesto, así como en el gasto por intereses. Además, dada la composición de la deuda según moneda (a julio, los montos en dólares representaban el 41,2% de la cartera) es imprescindible orientar las decisiones de colocación hacia una estructura deseable de mediano plazo, que permita la generación de espacios de ahorro y minimicen los riesgos del portafolio actual.

Asimismo, en este contexto, resulta pertinente propiciar canales de comunicación con los inversores actuales de la deuda pública, con el fin de promover mejores condiciones en el mercado, principalmente con aquellas instituciones públicas que invierten en deuda del Gobierno Central, y que por su volumen de inversiones, podrían incidir en una gestión de deuda acorde con un portafolio saludable. Al respecto, esta comunicación requiere de la participación de todos los actores involucrados, en aras de buscar la sostenibilidad de las finanzas públicas, en equilibrio con las condiciones de mercado y la entrega final de servicios públicos.

Ahora bien, es posible aprovechar los espacios de mejora en la gestión de la deuda con el fin de generar potenciales beneficios. Dichos beneficios pueden surgir de acciones de corto plazo para una mejora en la gestión del portafolio de deuda del Gobierno Central, o de acciones de aplazamiento que permitan una disminución del monto pagado por concepto de intereses y la extensión de los plazos de colocación, bajo un balance entre costos y riesgos (ver imagen siguiente).