Gestión de la continuidad institucional

Determinar el nivel de la gestión de la continuidad institucional de 90 instituciones públicas que prestan 21 servicios públicos críticos, con base en el análisis de buenas prácticas aplicadas por esas entidades. Lo anterior, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que les permitan a las administraciones públicas contar con insumos para la toma de decisiones sobre el abordaje de la emergencia sanitaria actual y futuras situaciones similares, en procura de la prestación continua de esos servicios.

Lo anterior, refleja una brecha de mejora significativa respecto a la gestión de la continuidad institucional, lo que constituye una oportunidad para las administraciones, considerando que esa gestión es un factor clave para asegurar razonablemente una mejor capacidad de adaptación ante eventos imprevistos. Esto se vuelve crítico ante la emergencia sanitaria, que exige una toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica para minimizar el impacto sobre la operación de las instituciones, la prestación continua de los servicios; así como, sobre las finanzas públicas y la economía nacional.

Por su parte, las instituciones del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados, reflejan un nivel promedio de aplicación de prácticas para la gestión de la continuidad institucional de 44,7%, lo que denota la necesidad de fortalecer aspectos en todas sus etapas. Esto resulta de suma relevancia considerando su rol en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, el aseguramiento de la continuidad de los servicios públicos y la promoción de la reactivación económica.

En el caso de los gobiernos locales, estos alcanzan en promedio el nivel más bajo de esa gestión (33,8%), lo que refleja una amplia brecha de mejora respecto a la definición e implementación de acciones que les permita consolidar la gestión de la continuidad institucional, para minimizar posibles afectaciones a los servicios públicos que prestan.

El análisis por etapas de la gestión de la continuidad institucional refleja que la mayoría de las entidades no dispone de una línea de acción formalmente establecida para esa gestión, lo que es relevante a efectos de orientar su proceder ante un evento imprevisto, ya que de esta forma se define el marco de referencia que permite operativizar dicha gestión.

En el 55,6% de las instituciones no se evalúan los riesgos sobre la continuidad institucional; y, el 83,3% no realiza un análisis de impacto como insumo para conocer las posibles consecuencias de eventos imprevistos sobre la continuidad de los servicios. No obstante, ante la emergencia sanitaria, el 72,2% y el 51,1% de las entidades realizaron esos análisis, respectivamente, lo que refleja un mayor interés por conocer los efectos inmediatos de esa emergencia.

En ese sentido, las instituciones públicas ante la ausencia de un modelo de gestión de la continuidad institucional han centrado sus esfuerzos durante la emergencia en la definición de medidas de mitigación, principalmente en respuesta a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, de manera que se han implementado acciones de forma reactiva para gestionar la continuidad institucional.

Asimismo, se observa que únicamente 19 instituciones disponen de un plan de continuidad, 28 de planes de contingencia; y, a pesar de que han transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de la emergencia sanitaria, solo 7 entidades han definido un plan de recuperación. Esto resalta la necesidad de fortalecer esa planificación en las instituciones, considerando que, para la continuidad de los servicios en este contexto, se requiere la definición e implementación de acciones que favorezcan el cumplimiento del distanciamiento social sin afectar la prestación de servicios que permiten la reactivación económica. Dichas medidas pueden orientarse, entre otros aspectos, a la protección de la salud, la mitigación de riesgos de contagio, la instauración de protocolos, la simplificación y digitalización de trámites; así como, a la prestación virtual de los servicios.

Se recomienda a las instituciones públicas analizar los resultados obtenidos respecto al nivel de gestión de la continuidad institucional en procura de implementar prácticas que les permitan establecer un marco para la construcción de su capacidad de adaptación ante eventos imprevistos, algunos disruptivos como la actual emergencia sanitaria, generar información para la toma de decisiones, gestionar los riesgos y minimizar el impacto sobre la prestación de los servicios.

Considerando el rol del Gobierno Central en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, el aseguramiento de la continuidad de los servicios públicos y la promoción de la reactivación económica se recomienda a los rectores institucionales la definición de orientaciones o guías para la gestión de la continuidad institucional tanto para su propia aplicación como por parte de sus órganos desconcentrados y las instituciones bajo su rectoría.

A la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como a las instituciones supervisoras y reguladoras en diferentes sectores, considerar los resultados contenidos en este informe como un insumo para la toma de decisiones en el ejercicio de sus competencias.

Ver la descripción de las etapas y componentes de la gestión de la continuidad institucional; así como fuentes de información en la ficha técnica.

A continuación podrá descargar el informe que contiene los resultados detallados sobre el nivel de gestión de la continuidad institucional.