Finanzas públicas integradas a partir de plataformas interoperables: Eficiencia en la gestión de pagos y cobros del Sector Público.



#ReflexiónCGR N.° 42

15 de diciembre de 2020

  • Las finanzas públicas integradas[1] requieren de la unificación de sistemas transaccionales en una plataforma que permita integrar y agilizar los pagos y cobros asociados a los servicios públicos.

  • El uso generalizado de una plataforma interconectada de procesamiento electrónico de transacciones en el sector público, permitiría minimizar riesgos de uso indebido de los recursos, así como simplificar la administración de los fondos y generar beneficios para las personas usuarias.

  • La integración de las transacciones de pagos y cobros mediante plataformas interoperables[2], podría generar espacios de ahorros potenciales para el Sector Público de alrededor de 0,10% del PIB para el período analizado.

Relevancia

En el contexto actual, es cada vez más necesaria la búsqueda de espacios de eficiencia dirigidos a mejorar la gestión de los fondos públicos; por lo tanto, cobra relevancia el análisis de los mecanismos empleados por las instituciones para el procesamiento de sus transacciones. Esto es indispensable para la modernización e integración de las finanzas en procura de mejorar los servicios públicos y su impacto en la calidad de vida de las personas. Es por ello que los acelerados avances tecnológicos, las demandas de información útil, oportuna y apegada a los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la búsqueda de ahorros en la gestión institucional, ponen de manifiesto la necesidad de plataformas tecnológicas interoperables de pagos y cobros en las administraciones públicas. En ese sentido, esta entrega forma parte de un conjunto de reflexiones[3] emitidas por parte de la Contraloría General que abordan el análisis de diferentes elementos que contribuyan a la modernización de las finanzas, en procura de la mejora de los servicios públicos.

La interoperabilidad de los sistemas componente clave para las finanzas integradas




Las reformas estructurales del Sector Público, requieren consolidar tanto el flujo de ingresos (recaudación tributaria, venta de bienes y servicios, entre otros) como el de pagos hacia unas finanzas públicas integradas. Para esto, es necesario migrar hacia el establecimiento de plataformas tecnológicas interoperables, conectadas entre sí, con enfoque en las personas, que permitan la cooperación, el desarrollo, la integración, la transparencia y el aprovechamiento de las economías de escala (los costos disminuyen conforme más instituciones se integran en las plataformas) en su inversión.

Bajo esa línea, los avances tecnológicos y la transformación digital, brindan espacios que el Sector Público puede aprovechar, particularmente en la gestión de cobros y de pagos que realizan las instituciones públicas (ver Figura N°. 1). Ante lo cual, parece necesaria la unificación de sistemas en una plataforma que permita integrar y agilizar las transacciones financieras vinculadas a los servicios públicos, propiciando su eficiencia.

Figura N.° 1

Gestión de cobros y pagos para la prestación de servicios públicos

Fuente: Elaboración CGR, diciembre 2020.

De acuerdo con estudios especializados en esta materia[4], contar con sistemas fragmentados para la gestión de pagos y principalmente de cobros por parte de la instituciones del sector público, podría generar ineficiencias y no contribuye con la visión integrada y comprensiva de la Hacienda Pública, ocasionando a la vez una mayor complejidad operativa que impacta directamente a las personas usuarias de estas plataformas. Además, de propiciar el incremento de costos indirectos y directos adicionales en su utilización.

Hacia un cambio paulatino pero necesario de los sistemas de pago y cobro

La realidad del sector público costarricense muestra una fragmentación de los sistemas de pago y cobro utilizados por sus instituciones. En ese sentido, existen oportunidades para la integración de los sistemas de información utilizados en el procesamiento de las transacciones financieras derivadas de las interacciones entre instituciones públicas y de éstas con entidades del sector privado y las personas en general. Por ejemplo, según información recopilada por la Contraloría General, se ha identificado que existen alrededor de 93 distintas plataformas tecnológicas utilizadas en 143 instituciones[5], para el procesamiento de las transacciones asociadas a pagos y cobros (de las cuales 74 son propias o utilizadas por una sola institución y 19 se usan por al menos 2 instituciones).

Figura N.° 2

Plataformas tecnológicas más utilizadas en los procesos de pagos y cobros

Fuente: Elaboración CGR, diciembre 2020.

Dicha situación refleja que el país necesita avanzar hacia la interoperabilidad de los sistemas de información conectados, que funcionen como engranaje de transacciones y que sean capaces de proveer información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Lo anterior, en un contexto en el cual el avance de la era digital y el incremento en el uso de la tecnología para la realización de actividades cotidianas, ha implicado un aumento en la cantidad de las transacciones electrónicas de pago y de cobro, con un mínimo de etapas intermedias, en donde cada vez se da una menor participación de actores, evitando con ello el uso innecesario de efectivo y, por lo tanto, reduciendo el riesgo operacional[6].

De acuerdo con lo anterior, y ante la necesidad de la modernización e integración de las finanzas para la mejora de los servicios públicos, se requiere del uso generalizado de una plataforma interoperable y robusta que permita el procesamiento electrónico de transacciones. El establecimiento de una plataforma de esta índole implica la disposición de características funcionales que permitan realizar transferencias de fondos en tiempo real a las cuentas bancarias de terceros. Por ejemplo, que facilite el pago a proveedores, salarios, pensiones, subsidios y beneficios. Además, que provea una plataforma para la recaudación y cobro en tiempo real de los diferentes bienes y servicios, facilidades en la trazabilidad y monitoreo de las transacciones, así como en los procesos de conciliación del flujo de caja.

Figura N.° 3

Beneficios de la implementación de una plataforma interoperable de procesamiento electrónico de transacciones

Fuente: Elaboración CGR, diciembre 2020.

Ahora bien, la implementación de una plataforma integrada, además de los beneficios funcionales antes mencionados, ofrece a las instituciones públicas la reducción en el tiempo utilizado para las transacciones y la mejora en los procesos de rendición de cuentas y transparencia, así como una disminución en la ejecución de tareas operativas. Por ejemplo, la plataforma integrada le permite a las personas usuarias de las instituciones, obtener datos para realizar conciliaciones de los datos financieros de forma automática. Además, facilita el acceso a la información, lo que evita duplicidades y reprocesos al consolidarla en un solo lugar.

Lo anterior genera la disposición de espacios para que las personas usuarias se enfoquen en la realización de actividades más analíticas y sustantivas, orientadas a identificar riesgos y minimizar su materialización, de forma tal que se contribuya de una mejor manera a alcanzar los objetivos trazados y generar valor público. Por otro lado, para las personas beneficiarias de los bienes y servicios públicos, permite el pago de los impuestos y demás transacciones mediante una plataforma centralizada y de fácil acceso.

Potenciales ahorros derivados de la implementación de una plataforma interoperable de procesamiento de transacciones


El Sector Público actualmente dispone de una plataforma tecnológica que permite el procesamiento de transacciones electrónicas, como es el caso del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) desarrollada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Mediante esta plataforma es posible obtener beneficios no solo en el establecimiento de cuentas generales del Sector Público, sino también en las facilidades de pagos y cobros. Dicha plataforma permite realizar la transferencia de fondos a terceros, los débitos en tiempo real, la compensación y liquidación de cheques, la compensación de créditos y débitos directos, así como la autorización de débitos automáticos. Todas estas funcionalidades idóneas de una plataforma generalizada de procesamiento electrónico de transacciones, están disponibles a un costo menor de lo que actualmente pagan muchas instituciones públicas que procesan sus pagos y cobros por medio de otras plataformas disponibles en el mercado.

Resulta importante señalar que dicha plataforma es capaz de soportar un alto volumen de transacciones de forma segura, pues requiere la autenticación de las transacciones por medio de una firma digital. Esto es importante para la mitigación de riesgos de uso indebido de los recursos, además de simplificar la administración de los fondos y generar beneficios para las personas usuarias. Adicionalmente, la integración de las transacciones de pagos y cobros del Sector Público mediante un sistema de información interoperable, aprovechando una plataforma como la del BCCR, deriva en la generación de potenciales ahorros para la Hacienda Pública. Por ejemplo, si se realiza un ejercicio para el período de enero de 2019 a septiembre de 2020, en el que se considere únicamente el pago de comisiones de las entidades públicas que realizan transacciones en los bancos estatales[7], es posible identificar aproximadamente, un promedio mensual, de más de ¢1.600 millones en potenciales ahorros, suponiendo que las tarifas por comisión se mantienen constantes. Sin embargo, los costos por comisiones pueden disminuir conforme más instituciones sean parte de la plataforma, mediante las economías de escala.

Bajo dicha perspectiva, con base en los pagos por comisiones de las instituciones públicas que realizan transacciones en los bancos estatales, se plantean dos escenarios: en el primero, el escenario actual en donde las instituciones públicas pagan por el manejo de los recursos a los bancos del sistema financiero estatal; y en el segundo, el escenario donde los pagos y cobros se realizan por medio de la plataforma Sinpe. De esta manera, si se comparan ambos escenarios, se obtendría un ahorro potencial de aproximadamente 0,10% del PIB (¢32.800 millones) para el periodo analizado.

Conviene resaltar que la implementación de una plataforma interoperable de procesamiento electrónico de transacciones permitiría a las instituciones del sector público costarricense, obtener beneficios como los antes mencionados. Al respecto, alrededor de 33[8] entidades han aperturado cuentas en el BCCR, la mayoría de ellas en forma voluntaria, obteniendo ahorros en los procesos de pagos a terceros. Ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Seguros, que según estimaciones propias, ha identificado ahorros anuales promedio de ¢700 millones[9] en el pago de comisiones por el uso de la plataforma Sinpe. Por lo tanto, existe la posibilidad de ahorros potenciales también en los procesos de cobro. Casos como este propician la discusión sobre la pertinencia de que las demás instituciones del sector puedan migrar hacia una plataforma con estas características en procura de reducir sus costos transaccionales.

Asimismo, la utilización por parte de las instituciones públicas de un sistema de pagos y cobros interoperable, favorece la implementación de la Cuenta Única del Tesoro, la cual se enfoca en mejorar el manejo de la liquidez, mediante una concentración y trazabilidad de los fondos, siendo uno de los elementos primordiales de la finanzas públicas integradas para la mejora de los servicios públicos.


Conclusión

El país se encuentra ante importantes desafíos relacionados con la mejora en la gestión de los fondos públicos, recursos necesarios para solventar las crecientes demandas de la sociedad. Es por ello que la implementación de sistemas de información interoperables, que consideren el procesamiento de transacciones en la administración pública, se convierte en una oportunidad para generar espacios de eficiencia y de transparencia, que en conjunto con otras iniciativas como el establecimiento de la Cuenta Única del Tesoro, contribuyan a la prestación de servicios que generen valor público y que a la vez fortalezcan las finanzas integradas para la mejora de los servicios públicos.

Notas al pie:

[1] Las finanzas públicas integradas consisten en un sistema por medio del cual se planifican, dirigen y controlan los recursos financieros para permitir e influir en la entrega transparente, eficiente y eficaz de los servicios públicos.

[2] La interoperabilidad de las plataformas tecnológicas se entiende como la capacidad de dos o más sistemas de intercambiar y usar información, de manera tal que exista una sincronización en tiempo real entre los datos de los distintos entes participantes.

[3] Reflexiones: “Una nueva gestión financiera pública: pieza esencial para la reforma del Estado” y “Cuenta Única del Tesoro: prioridades en el marco de unas finanzas públicas integradas para la mejora de los servicios públicos”.

[4] Pattanayak S & Fainboim I. “La Cuenta Única del Tesoro en América Latina: un instrumento esencial para una gestión de tesorería eficiente”. FMI. Agosto 2011.

[5] Con base en una encuesta realizada por la Contraloría General a instituciones públicas, así como privadas que administran fondos públicos, de la cual se obtuvo respuesta de 143 instituciones.

[6] Pattanayak S & Fainboim I. “La Cuenta Única del Tesoro en América Latina: un instrumento esencial para una gestión de tesorería eficiente”. FMI. Agosto 2011.

[7] Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica.

[8] Según datos del BCCR.

[9] Según información aportada por el Instituto Nacional de Seguros.