Por Jenifer Paola Samaniego Huayanay
Por Jenifer Paola Samaniego Huayanay
Cuando se habla de equilibrio de poderes, solemos mirar los episodios más ruidosos: una vacancia, una disolución, un gabinete que cae. Pero el balance entre el Ejecutivo y Legislativo se juega también en terrenos menos visibles, y los datos sugieren que en los últimos años la balanza se inclinó hacia el Congreso.
El Congreso controla más de lo que es controlado
El balance de la Escuela de Gobierno de la PUCP sobre el periodo 2021-2026 (hasta la primera legislatura de 2023) registra 169 mociones de control político dirigidas al Ejecutivo: 163 contra ministros y seis contra el presidente de turno. Una de ellas terminó en la vacancia de Pedro Castillo, en 2022.
El terreno legislativo muestra lo mismo. El Ejecutivo observó 611 proyectos de ley, y esa observación, su principal contrapeso en la producción normativa, tuvo poco efecto: más de la mitad de los proyectos observados terminó publicándose, y el procedimiento más frecuente fue la insistencia (363 casos), con la que el Congreso rechaza las observaciones y aprueba su mismo texto. Según el estudio, el 26,4 % de las leyes publicadas había sido observado antes. En los hechos, el Congreso puede tener la última palabra.
Un ejemplo reciente es el proyecto 01330/2021-CR, que amplía la licencia por paternidad de 10 a 15 días. El Ejecutivo lo observó en julio de 2025 y la comisión correspondiente aprobó la autógrafa por insistencia, a la espera de la votación del Pleno.
Poder sin legitimidad
El poder acumulado no se tradujo en respaldo ciudadano. El Barómetro de las Américas ubica la confianza en el Congreso peruano en 7 % en 2023, la más baja entre 23 países de la región. Ipsos registró una caída de 42 % en agosto de 2021 a 11 % en diciembre de 2023. Un órgano que controla mucho y es creído poco no genera equilibrio, sino desconfianza mutua.
Las reglas no son neutrales
El conflicto también se libra sobre las reglas. El Tribunal Constitucional tuvo que recordarle al Congreso, en la sentencia del Exp. 0006-2018-PI/TC, que su Reglamento no puede alterar la prerrogativa del Ejecutivo de plantear la cuestión de confianza ni interferir en la conformación del gabinete. Cuando el árbitro debe intervenir para que un poder no legisle los límites del otro, el equilibrio ya está en tensión.
Pero el equilibrio no es solo choque. A fines de 2025, con la Ley 32527, el Congreso delegó al Ejecutivo facultades legislativas en materia tributaria, de inversión privada y ambiental. La relación entre poderes también se negocia.
Esa negociación se repite ahora en el nuevo Congreso. En octubre de 2026, la Comisión de Constitución del Senado debatió la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, que plantea delegar al Ejecutivo facultades en seguridad ciudadana y en la respuesta al fenómeno El Niño. Cuatro ministros sustentaron las medidas, y los senadores de distintas bancadas discutieron los alcances de lo solicitado. Hubo reparos sobre la legítima defensa, la definición de «grupos hostiles» y el papel de las Fuerzas Armadas, además del riesgo para el derecho a la protesta. También hubo una objeción de forma: el senador Iber Maraví cuestionó que se incorporaran propuestas adicionales a las materias que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Según el ministro de Vivienda, solo seis de las 12 medidas que pidió el Ejecutivo fueron aprobadas por Diputados. La discusión no terminó: la sesión se reanudaba el 14 de octubre. Aquí el Senado actúa como cámara revisora y como contrapeso del Ejecutivo a la vez, lo que anticipa cómo funcionará el nuevo reparto.
Lo que cambia con la bicameralidad
La Ley 31988, de marzo de 2024, restableció el Congreso bicameral desde el periodo 2026-2031. El informe temático del propio Congreso permite ver el nuevo reparto:
● La Cámara de Diputados aprueba las propuestas normativas, interpela y censura ministros, otorga o rehúsa la confianza y conforma comisiones investigadoras.
● El Senado revisa las propuestas aprobadas por Diputados y ejerce control sobre decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados.
● La acusación constitucional la formula Diputados ante el Senado, que decide la suspensión, inhabilitación o destitución.
● El presidente puede disolver solo la Cámara de Diputados si esta censura o niega la confianza a dos gabinetes. El Senado sigue en funciones y no puede ser disuelto.
Esta última pieza es la más interesante. Hasta ahora, la disolución era el arma extrema del Ejecutivo: cerraba todo el Congreso. Con dos cámaras alcanza solo a una, y el Senado queda como núcleo de continuidad. Puede leerse como un freno contra crisis totales o como un debilitamiento del contrapeso presidencial. Dependerá de cómo se use.
El Senado también concentra nombramientos: según un resumen legal de inicios de 2026, designa al Defensor del Pueblo, al Contralor, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los directores del BCRP. La reforma pendiente de INDECOPI ilustra el modelo mixto que se ensaya: de aprobarse en referéndum, el Ejecutivo nombraría tres directores que el Senado debería ratificar, y el Senado designaría a los otros dos. Ningún poder decidiría solo, que es justamente lo que un equilibrio real exige.
La bicameralidad no basta
Los defensores del retorno al Senado sostienen que una cámara alta, con parlamentarios de mayor experiencia, mejora la deliberación y modera decisiones precipitadas. Es una tesis respetable que desarrolla, por ejemplo, Alburqueque en la Revista Enfoques (2026). Pero incluso ese estudio advierte que el cambio no soluciona por sí solo la crisis si los partidos siguen siendo frágiles y no forman cuadros.
Esa es la objeción de fondo: el desequilibrio no nace solo del diseño institucional, sino de sistemas de partidos débiles y de una cultura política que usa cada facultad al máximo. Y queda un vacío pendiente: los documentos oficiales detallan confianza, censura, disolución y acusación, pero no precisan cómo queda el procedimiento de vacancia por incapacidad moral, que sigue siendo el punto más sensible de la relación entre poderes.
Conclusión
El equilibrio no se decreta con más cámaras. Se construye con reglas claras para las armas más fuertes (vacancia, confianza, disolución), con contrapesos efectivos para ambos lados y con partidos capaces de sostener acuerdos. La bicameralidad abre una oportunidad real. Si se desperdicia, tendremos dos cámaras para el mismo conflicto de siempre.
Fuentes: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP (2024), Poder congresal en el Perú: un balance a la mitad del periodo 2021-2026; Congreso de la República (2026), Informe Temático N.° 147/2025-2026, Sistema bicameral; Alburqueque, M. (2026), "Sistema bicameral: una alternativa de solución a la crisis de gobernabilidad en el Perú", Revista Enfoques 24(44); Cuatrecasas (2026), ¿Qué esperamos en 2026? Claves legales para las empresas, edición Perú; Centro de Noticias del Congreso (10 de octubre de 2026), «Comisión de Constitución del Senado prosigue análisis de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo».