OtroPerú | Editorial 28/06
Sin pruebas, no hay fraude
Las elecciones son el momento en que la voluntad de la ciudadanía se hace presente. Denunciar un fraude electoral es una acusación de la mayor índole, pues implica que las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres y transparentes han actuado de manera equivocada. Por ello, una denuncia pone en duda el valor del voto de los ciudadanos y la confianza en las instituciones.
El Perú ha sido escenario de esta narrativa en distintos momentos. En las elecciones presidenciales de la segunda vuelta 2021, Keiko Fujimori aseguró que se había cometido un fraude electoral. Según el Jurado Nacional de Elecciones, su partido presentó más de cien pedidos de nulidad a solo 6 días después del día de elección. La candidata intensificó y encabezó un mitin bajo el lema “Respeta mi voto”. Sin embargo, ningún recurso presentado logró demostrar la existencia de un fraude sistemático.
Cinco años después, una situación similar volvió a aparecer. Tras los resultados de la primera vuelta de 2026, Rafael López Aliaga comenzó a denunciar un posible fraude incluso días antes de conocerse los resultados. Llegó a afirmar que “está en marcha un fraude”.
Roberto Sánchez, por su parte, denunció un “fraude en desarrollo” y aseguró que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Días después del comicio, el candidato de Juntos por el Perú centró sus cuestionamientos en el voto de los peruanos en el extrangero (PEX). Además, el cambio entre las proyecciones del conteo rápido y el avance del cómputo oficial alimentó las dudas del partido. Según su equipo, la principal irregularidad fue que la ONPE cambió el procedimiento para trasladar las actas entre la primera y la segunda vuelta, pues en la primera fueron digitalizadas desde los consulados, mientras que en la segunda, fueron trasladadas físicamente al Perú mediante valijas diplomáticas, el candidato mencionó: “Nosotros tenemos el derecho legítimo a dudar y a creer que en esa afectación allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori”. Con ese argumento, solicitó la nulidad de los votos emitidos en 119 oficinas consulares. En la misma línea, Walter Ayala, vocero del partido, presentó una demanda de amparo contra la resolución y argumentó que la ONPE modificó el principio de intangibilidad del proceso electoral al modificar lineamiento en el proceso electoral ya en curso, solicitando la proclamación de los resultado finales utilizando exclusivamente la votación emitida en territorio peruano. Sin embargo, el JNE rechazó los recursos de nulidad y concluyó que no existían pruebas que acrediten un fraude.
Los tres casos tienen un punto en común: crear una narrativa de fraude electoral sin que antes existieran pruebas suficientes para demostrarlo. Una democracia requiere instituciones que puedan ser fiscalizadas, pero también personajes políticos que actúen con responsabilidad. Denunciar irregularidades cuando existen indicios es un derecho y si es el caso se debe hacer. Sin embargo, convertir sospechas sin evidencias suficientes debilita la verosimilitud en los sistemas electorales, polariza la ciudadanía y pone en riesgo el respeto al voto popular. Asimismo, los conteos rápidos y las encuestas a boca de urna son proyecciones elaboradas dentro de un margen de error, no resultados oficiales. Su función es capturar una tendencia en un momento determinado, mas no garantiza un ganador ni sirve como prueba para sostener una denuncia de fraude. Del mismo modo, un cambio en un procedimiento administrativo, como una resolución jefatural de la ONPE, puede ser materia de cuestionamiento e investigación, pero por sí solo no constituye una prueba de fraude electoral, mucho menos justifica la anulación de miles de votos válidamente emitidos, ya sea dentro o fuera del país.
La democracia, el Estado de derecho y la transparencia electoral deben prevalecer. Por ello, cualquier cuestionamiento en una elección debe estar compuesta por pruebas sólidas, no mediante narrativas escuetas.