La principal diferencia entre una escuela pública y una privada son los fondos que se requieren para ingresar o mantenerse estudiando en ellos. Además, las escuelas privadas modifican y adaptan sus modelos educativos a las nuevas tendencias dentro del sector educativo.

El sistema educativo mexicano está dividido en dos tipos de modelos educativos, los cuales hace que las instituciones educativas establezcan diferentes parámetros en sus formas de impartir clases y temas educacionales. Estos modelos educativos son los públicos y los de escuelas privadas.

A pesar de contar con diferentes características, estos dos tipos de escuelas y modelos educativos suelen estar regulados y certificados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual es una institución del gobierno mexicano, la cual se encarga de administrar y planificar todo el sistema educacional del país. 

Es oportuno mencionar la importancia que ha jugado la educación pública en los últimos treinta años pues, desde la década de los noventa, la escolarización creció de manera importante, particularmente en los niveles inicial y medio. Dada la obligatoriedad de la escolarización, el Estado se vio en la necesidad de crear los planteles necesarios para atenderla, los cuales, a causa del crecimiento constante de la población, son todavía insuficientes. Esto se ve reflejado en el alto número de alumnos por clase y por docente (OCDE, 2015), quien no sólo debe atender casi al doble de estudiantes que, en el sector privado, sino que muchas veces con una remuneración y prestaciones inferiores. En consecuencia, la tendencia de estancamiento y deserción escolar (SEP, 2017) resulta desproporcionada si se compara con las escuelas privadas.

el mayor problema de esta desigualdad es la sectorización y segregación del sector estudiantil y docente, ya que, en el imaginario de los padres de familia, los maestros de educación pública no pueden brindar a sus hijos la misma calidad que los que pertenecen al sector privado. Se tiende a concebir erróneamente a la educación como un servicio sujeto a la competencia de mercado, concepción fundamentada en la diferencia entre el capital económico de ambos proveedores.

Ciertamente existe una diferencia entre los ingresos salariales de estudiantes egresados de escuelas privadas y los graduados de instituciones públicas (Borrayo y Mercado, 2012); sin embargo, ello está sujeto a factores distintos a una supuesta diferencia cualitativa. Por un lado, aunque sí es un servicio, la educación no puede considerarse dentro de un marco económico de oferta y demanda, pues se trata de una preocupación constante por el desarrollo de futuros ciudadanos. Por otro, tratar de comparar la calidad de la oferta pública con la de escuelas “de paga” resulta absurdo, pues, además de las dificultades conceptuales propias a la elaboración de un instrumento de medición confiable, las condiciones a las cuales se enfrentan alumnos y docentes, tanto fuera como dentro del aula, son sumamente distintas. Aún más, los docentes de escuelas públicas muchas veces se ven restringidos por los recursos limitados con los que cuentan y, a pesar de las condiciones desfavorecedoras, logran idear estrategias para responder tanto a los planes y programas de estudio como a las necesidades particulares de sus alumnos.

Así, esta desigualdad de condiciones, aunque cierta, no debe de ser considerada grave para el desempeño de las labores docentes. Más bien es preciso valorar la labor educativa por los objetivos que propone y la adaptabilidad situacional de quienes enseñan, en vez de concebir la educación como un producto y a los docentes como los representantes de un proveedor de servicios.