Transparencia en tiempos de disrupción

La transparencia va mucho más allá de poner a disposición la información pública cuando sea solicitada; implica un esfuerzo activo de las instituciones por difundir esa información y por generar la comprensión en el destinatario para provocar reacciones ante ella.

Tanto la teoría como la evidencia empírica señalan una relación positiva entre la transparencia y la eficiencia en las instituciones, bajo la premisa de que entre mayor sea la transparencia, se reducen los costos de producción y los costos de acceso al usuario; además, la transparencia mejora la prestación de los servicios públicos y potencia el desarrollo de productos innovadores porque la información se torna más accesible^[1].

Particularmente, la transparencia fiscal, que es el grado de claridad, confiabilidad, frecuencia, oportunidad y relevancia de los informes públicos sobre el cumplimiento de la política fiscal del gobierno, genera beneficios en términos de su eficiencia, elimina la incertidumbre acerca del desempeño de las finanzas públicas y permite un mejor análisis de las implicaciones fiscales, las obligaciones contingentes y de la situación financiera de las instituciones públicas^[2].

Por tanto, la transparencia en la gestión de la Hacienda Pública, entendida como el pleno acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, permite que el sector público cuente con más actores y mejores tecnologías para hacer las cosas, disponga de una mayor integración de la información que de otra forma estaría desagregada y subutilizada, sustente de mejor manera la toma de decisiones sobre las prioridades y necesidades sociales e integra esfuerzos complementarios a los obtenidos por una acción pública aislada.

Los desastres naturales, las epidemias y las crisis humanitarias son fenómenos en los que se manifiestan riesgos en el buen uso de los recursos públicos. Esto requiere que en ese contexto se establezca una mayor seguridad de que los fondos públicos sean destinados a las necesidades sociales más apremiantes, aun cuando la presión por encontrar una mayor agilidad y discrecionalidad en la gestión de los procesos públicos, implique la reducción de los controles que normalmente se establecen para situaciones de estabilidad, ya que es prioritario que los recursos públicos, aún más escasos en este contexto, se utilicen eficientemente^[3].

Para lograr la integridad en tiempos de emergencia, se debe dar una mayor apertura en la información, activar mecanismos para la provisión eficiente y oportuna de los bienes y servicios públicos, promover la identificación clara y la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos públicos e instaurar mecanismos de control en tiempo real. En este elenco, la transparencia en la gestión de los recursos públicos es esencial porque mejora su eficiencia y permite mejores resultados en la atención de necesidades de quienes sean más vulnerables.

Las instituciones, en tiempo de crisis, tienen el reto de fortalecer e implementar mecanismos de transparencia para comunicar información centralizada en un sitio público, asegurando la estandarización de su contenido ^[4]. Para eso, se debe brindar acceso a la información en tiempo real, se debe rendir cuentas periódicamente a una sociedad que demanda un alivio a su situación de crisis y confusión, se deben establecer mecanismos de vigilancia novedosos y comunicar efectivamente los controles establecidos para contener y monitorear la emergencia.

Existe también el reto de potenciar el control ciudadano, facilitando herramientas generadoras de información oportuna, útil y confiable, tal es el caso de la publicidad de las compras públicas, la cual debe gestionarse a través de medios digitales, fomentando la trazabilidad y uniformidad de las actividades^[5].

El sector público costarricense en esta nueva realidad debe reflejar un mayor sentido acerca de su existencia para la ciudadanía, para lo cual debe gestionarse de manera novedosa, tanto por la crisis fiscal que arrastra del pasado como por los retos futuros que representa esta emergencia sanitaria. Esto demanda un cambio estructural en la forma y la velocidad de hacer las cosas para conseguir un renacer de la gestión pública en un estadio superior.

El desafío que representa el COVID-19 somete a la sociedad costarricense a una disrupción que requiere del máximo aprovechamiento de los recursos públicos escasos, y en esta empresa la eficiencia, la integridad y la prevención de la corrupción, no sólo son objetivos deseables sino requisitos fundamentales para sobrevivir e incrementar los resultados esperados. Para esto, la apertura en la gestión de la Hacienda Pública, la transparencia en la toma de decisiones y la gestión pública centrada en las personas -en el ser humano- son principios vitales que en las circunstancias actuales no pueden ser desaprovechados.