Búsqueda de la eficiencia en el Sector Público en tiempos de crisis y bajo una situación fiscal apremiante

Es imperativo buscar y aprovechar espacios de eficiencia en el accionar del Sector Público, que permitan el mejor uso de los recursos y eventuales ahorros, en el contexto de las graves consecuencias económico-financieras de la crisis sanitaria, que ha venido a exacerbar la muy comprometida situación fiscal del país.

El Estado costarricense ha avanzado en materia de flexibilización de asignaciones presupuestarias predefinidas, así como del reintegro de transferencias del Gobierno Central no utilizadas por parte de las instituciones usufructuarias. La materialización de estos avances se dio a partir de la promulgación de leyes como la N° 9371 “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos” y la N° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”; esta última en lo relativo al establecimiento de regulaciones en materia de criterios para la asignación de transferencias, así como gestión administrativa, giro y derogación de destinos específicos, bajo un reconocimiento generalizado de la necesidad de hacer un uso eficiente de la liquidez para poder brindar servicios públicos de calidad.

Como hito también, se dio la aprobación de una regla fiscal que controla el crecimiento del gasto corriente del Sector Público No Financiero en función del nivel de endeudamiento del Gobierno Central y del crecimiento del PIB nominal, lo cual necesariamente incentiva el uso eficiente de los presupuestarios disponibles para las entidades públicas.

No obstante, bajo el contexto actual, que exigirá un gran esfuerzo fiscal para la protección de la vida en tiempos de confinamiento, es importante la salvaguarda, en la medida de lo posible, de la continuidad en la aplicación de esta normativa que promueve la eficiencia, de tal forma que se proteja el bienestar de la ciudadanía en el mediano plazo.

A partir de lo anterior, el reto de la eficiencia es de la más alta relevancia, deberemos lograr mayores resultados en un entorno más exigente y con menor disponibilidad de recursos. Para ello, la transformación de procesos con miras al ahorro de los recursos escasos constituye un primer paso, como por ejemplo el uso pleno de la plataforma electrónica de compras públicas^[1] o la centralización del manejo de la liquidez pública^[2].

La CGR ha recomendado a partir de reflexiones sobre la eficiencia^[3], la necesidad de enfocar la gestión en la generación de valor público, con un liderazgo capaz de generar cambios sustantivos, en innovar para mejorar la eficiencia, mejorar la gestión de proyectos y adquisiciones públicas, aprovechar la información y las tecnologías de información, mejorar las competencias de los servidores públicos y hacer énfasis en el usuario de los servicios.

Puntualmente con el objetivo de aportar en la transformación del sector público, la Contraloría también ha emitido informes en los que se identifican y se sugiere aprovechar oportunidades de mejora en cuanto al cumplimiento de los objetivos institucionales y el manejo de los recursos públicos en instituciones como el Instituto de Vivienda y Urbanismo^[4], Consejo Nacional de Producción^[5], el Fondo Nacional de Becas^[6], los órganos desconcentrados del sector salud^[7], la gestión fiduciaria del Banco Popular y de Desarrollo Comunal^[8], y el Patronato Nacional de la Infancia^[9], entre otros.

También ha señalado la pertinencia, sostenibilidad y eficiencia de la inversión social como elementos claves para impactar positivamente la calidad de vida de la ciudadanía. En particular ha planteado la necesidad de una revisión y mejora en los programas y servicios de salud, educación y protección social, lo que requiere una gestión orientada al valor público, un trabajo articulado e incluso ajustes a los marcos institucionales^[10].

Finalmente otros retos pendientes continúan el avance hacia una gestión orientada a resultados, que más allá de la asignación presupuestaria, se enfoque en la obtención de resultados bajo criterios de eficiencia, economía y calidad, en campos como la inversión en educación, salud e infraestructura. Asimismo, el abordaje de la dispersión del esquema orgánico de la Administración Pública, que dificulta la conducción eficiente del Poder Ejecutivo y la necesidad de un diseño institucional del Estado costarricense, que promueva la articulación del aparato estatal y evite la duplicidad de funciones.

La crisis que ha traído al país la pandemia del Covid-19 nos conmina a buscar con redoblado esfuerzo, y a aprovechar posibles espacios de eficiencia en la organización del Estado costarricense, la revisión de los objetivos y funciones de sus instituciones y los procesos productivos de los servicios que brinda, complementando, desde luego, con mecanismos ágiles que prevengan la corrupción y herramientas tecnológicas que eficienticen la toma de decisiones y garanticen la transparencia de todo el accionar público.