Información financiera útil para evaluar la sostenibilidad en tiempos de emergencia

La información financiera es un conjunto integrado de transacciones históricas que reflejan la realidad económica y la situación financiera de una institución. En el contexto de la emergencia nacional, donde se agiliza la toma de decisiones, resulta importante disponer de forma oportuna de la información financiera, optimizando también el valor agregado para que exista mayor transparencia para ejercer control sobre la utilización de los fondos públicos. Esta información también permite identificar riesgos y evaluar la sostenibilidad financiera como componente esencial para garantizar la continuidad de los servicios institucionales. Esto deriva en la satisfacción del interés público ante los retos que plantea el COVID-19 tanto en el presente como en el futuro.

La sostenibilidad financiera se entiende como la capacidad de las administraciones públicas para continuar ahora y en el futuro las políticas actuales sin hacer que la deuda aumente continuamente^[1]. En el contexto actual, donde algunas instituciones enfrentan un aumento en los gastos producto de una mayor demanda de sus servicios o una reducción de sus ingresos como consecuencia de las medidas tomadas ante la emergencia, la revisión del cumplimiento del principio de negocio en marcha es de vital importancia.

Para evaluar la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas costarricenses se requiere de la emisión de estados financieros, útiles y oportunos, que permita visualizar la capacidad financiera para atender las obligaciones en el corto y largo plazo, considerando niveles de apalancamiento, necesidad de inversión, entre otros. En este sentido, resulta imprescindible esta información más allá de contar con un presupuesto aprobado.

Además, la información financiera es esencial para generar transparencia y la rendición de cuentas, ya que los usuarios de los servicios requieren conocer la manera en cómo se invierten los recursos públicos. De igual forma, otras partes interesadas aspiran a disponer de esta información en periodos más cortos (meses) y a un nivel de detalle razonable, que permita la toma de decisiones oportuna en el contexto de la pandemia.

Para el periodo 2019, la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) recibió la mayoría de los estados financieros de las instituciones, siendo los sectores de Gobiernos Locales e Instituciones financieras no bancarias las que presentan menor porcentaje de cumplimiento. Cabe señalar que las auditorías externas sumarían confiabilidad a los datos que se presentan en dichos reportes, por cuanto darían una seguridad razonable de que estas cumplen con el marco contable que define parámetros importantes de la calidad de la información.

Es importante que las instituciones cuenten con información financiera oportuna y de calidad para generar análisis de sostenibilidad financiera, que permita medir el impacto de las medidas tomadas por la pandemia y los posibles efectos, en aras de tomar decisiones con anticipación y garantizar la prestación de los servicios institucionales.

La Contraloría General ha señalado^[2] desde antes de la pandemia desafíos en materia de transparencia, tales como la existencia de información contable como requisito para el acceso a información de calidad, sobre la cual se fundamenten las decisiones bajo razones objetivas para garantizar así la continuidad de los servicios públicos.

El presentar la información financiera bajo un marco de aceptación general, fomenta la calidad de la uniformidad en la preparación y presentación de la información financiera, además de la comparabilidad de las cifras. Marcos de aceptación general, como lo son las Normas Internacionales de la Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), proponen como base de registro el devengo o acumulación.

La base de acumulación o devengo^[3] reconoce la transacciones y otros sucesos en los estados financieros cuando estos ocurren. Lo anterior, permite a los usuarios conocer transacciones pasadas sobre las cuales se genere un pago y/o cobro en el periodo actual en el que se informa, o cambios en las obligaciones dentro del periodo actual que generen un compromiso de recursos en el futuro. Es por esto, que utilizar esta base es preferible pues permite tramitar con anticipación los recursos requeridos para hacer frente a las obligaciones futuras o gestionar de forma adecuada la recuperación de recursos como es el caso de las cuentas por cobrar. Llevar el pulso de esta información en un escenario de alta incertidumbre sobre el futuro económico es relevante para anticipar las acciones necesarias que permitan garantizar la prestación de los servicios públicos necesarios.

Según el estado de implementación de las NICSP a marzo de 2020^[4], se evidencian sectores con avances entre el 46% y el 88%, lo cual plantea un reto dentro de las administraciones -particularmente en el sector municipal- para garantizar información financiera de calidad, que permita diseñar proyecciones e indicadores basados en información histórica que minimicen el nivel de riesgo por incertidumbre de posibles efectos. Los resultados del nivel de avance por sector a marzo 2020 se muestran en la siguiente imagen.

Más allá del cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros como un fin en sí mismo, estos permiten evaluar el rendimiento, la liquidez y la sostenibilidad para la prestación del servicio. Particularmente en el contexto de la emergencia las instituciones se pueden empezar a ver comprometidas tanto en su capacidad operativa como financiera tanto actualmente como a futuro. Será entonces también importante la revelación en las notas a los estados financieros de los posibles impactos que surjan a raíz de las medidas tomadas producto de la pandemia del coronavirus.

La Constitución Política en su artículo 176, prevé que la gestión pública se conduzca de forma sostenible, transparente y responsable, en procura de la continuidad de los servicios que presta. De acuerdo con una planificación plurianual, las administraciones deberán avanzar en una visión que incorpore estimaciones de ingresos y gastos, considerando variables económicas, demográficas y climatológicas y análisis de riesgos para tomar medidas en procura del bienestar general y la continuidad de los servicios que presta la institución.

Para evaluar la sostenibilidad financiera de las instituciones en tiempos de atención de la emergencia por el COVID 19, se requiere de información financiera útil y oportuna registrada bajo los estándares internacionales que el país decidió implementar, sobre la posición financiera, resultados de la operación, flujo de efectivo, cambios patrimoniales, misma que servirá como asidero para una toma de decisiones objetiva, basada en datos.

Más información en:

Memoria Anual 2018 de la Contraloría General de la República

Normas internacionales de Contabilidad para el sector público IPSASB. https://www.ipsasb.org/

Normativa Contabilidad Nacional. https://www.hacienda.go.cr/contenido/12463-normativa-contabilidad-nacional

INTOSAICOVID19.org. https://intosaicovid19.org/links/