Coordinación administrativa en la contratación pública

Las compras públicas no solo representan un alto porcentaje de la inversión que hacen los gobiernos nacionales^[1], sino que resulta el instrumento de procedimiento que permite la satisfacción de necesidades inmediatas de bienes, servicios y obra, así como la consecución de objetivos de política pública^[2]. En el contexto de la crisis generada por la pandemia, el manejo de las compras públicas resulta vital no solo para la respuesta inmediata de la emergencia sanitaria sino como mecanismo para el diseño de las propuestas de rehabilitación y reconstrucción.

La búsqueda de soluciones no solo requiere de respuestas oportunas y soluciones innovadoras, sino también de una voz de dirección que permita conjuntar los esfuerzos individuales bajo una lógica de buenas prácticas en la materia. Es necesario que exista un liderazgo en el sector público que facilite respuestas para el impacto en los contratos que están en ejecución y que promueva el debate sobre qué medidas implementar, así como articular alternativas para la generación de oportunidades para la reactivación económica desde la contratación pública.

Pese a la rectoría limitada que ejerce el Poder Ejecutivo en materia de compras, podría abrir los espacios necesarios para la definición de mecanismos de respuesta que permitan la continuidad de los contratos y la reactivación económica. Así entonces, por ejemplo, bien podría la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa coordinar con el MEIC el impulso a las Pymes utilizando los datos de ese Ministerio, con el MICITT la implementación de mecanismos de innovación para la emergencia que puedan apoyarse desde la contratación pública, con el INAMU el impulso de estrategias asociadas al desempleo femenino (ya de por sí mayoritario antes de la pandemia)^[3] y con la Contraloría General la facilitación de datos para el control de las contrataciones de emergencia.

Por otro lado, las discusiones que puedan generarse en esos espacios deben armonizarse con las perspectivas que tenga la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias en el contexto del Plan respectivo para la atención de las diferentes fases de la emergencia según prevé la ley. En ese sentido, cualquier estrategia de reactivación económica desde la compra pública, debe hacerse en forma conjunta para garantizar su eficiencia y eficacia.

La coordinación entre entes públicos^[4] permite la generación de espacios de puesta en común que permitan conocer no solo problemas comunes a todas las entidades en la crisis, sino también discutir qué medidas se han implementado con éxito y valorar su implementación en el entorno institucional específico. La oportunidad en la toma de decisiones puede hacer diferencia en la fase de respuesta para la contratación de bienes y servicios sensibles durante la emergencia.

Esta coordinación cobra mayor relevancia en el caso específico de la continuidad de contratos y el dimensionamiento de medidas como la suspensión del contrato y del plazo (revisando sus consecuencias), la rescisión con indemnización o incluso la aplicación razonable de la modificación contractual, tanto para aumentar el contrato en un contexto de problemas en la cadena de suministros como para disminuirlo y mantener las relaciones contractuales necesarias que también permitan la generación de empleos.

Ciertamente situaciones como las que vive el planeta, requieren medidas extraordinarias, que requieren la innovación de la Administración Pública en la prestación de servicios^[5]; así como desde la propia compra pública. Desde luego, la ruptura de paradigmas demanda la apertura de todos los actores institucionales para no confundir la interpretación del operador con la ilegalidad y el error en la toma de decisiones con la corrupción.

El involucramiento activo de todos los actores relevantes permitirá encontrar soluciones de corto y mediano plazo, bajo una lógica de coordinación interadministrativa -incluye también a las Entidades de Fiscalización Superior con el gobierno nacional- desde la valoración de la formulación, implementación y evaluación de la respuesta a la crisis, que resulte un insumo oportuno para alcanzar con eficiencia y eficacia razonable los objetivos del plan de emergencia.

Al igual que para evitar la propagación del Covid-19 se requiere del compromiso de todos, el éxito de las respuestas en compras públicas demanda la coordinación interadministrativa de todas las instituciones, libres de naturalezas jurídicas y feudalismos; para compartir problemas, alternativas y resultados con otras instituciones.

El ejercicio armónico de competencias bajo este principio de coordinación administrativa, representa más que nunca la alternativa para la eficiencia y la eficacia; que no es otra cosa que salvar vidas en el contexto de la fase de respuesta y también sostener en el mediano plazo las condiciones económicas que permitan la reactivación durante las fases de rehabilitación y reconstrucción. Esto es, utilizar la contratación pública para generar esperanza de las empresas, empleos y sobre todo las condiciones de vida digna para miles de costarricenses.

Más información en:

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf

http://dx.doi.org/10.1787/9789264275089-es