Cambios estructurales en un contexto de emergencia: Reforma al Empleo Público

La pandemia del COVID-19 ha generado afectaciones a nivel social y económico, en términos fiscales el deterioro de las finanzas públicas se ha acelerado. Ante esta situación, los cambios estructurales parecen necesarios, siendo el empleo público uno de ellos, dada la necesidad de contar con un sistema robusto y moderno, que permita tener el recurso humano idóneo, motivado, capacitado y generador de valor público y que vaya de la mano con el equilibrio de las finanzas públicas, del entorno macroeconómico y las condiciones sociales existentes. Esta reflexión forma parte de un conjunto de reflexiones que abordan cambios estructurales en el ámbito de la Hacienda Pública que toman relevancia en este contexto de emergencia.

La pandemia del COVID-19 ha generado afectaciones a nivel social y económico en todo el mundo, en nuestro país para este 2020, según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se espera una caída en la producción (PIB) de alrededor del -3,6%, con una tasa de desempleo que ronda a mayo un 20,1%^[1]. Además, el deterioro de las finanzas públicas se acrecenta, a junio los ingresos tributarios presentan una disminución del -11,63% respecto al mismo periodo del año pasado, con un déficit financiero de 3,8%, así como un nivel de deuda que a mayo ya alcanzaba un 62,4% del PIB (ver imagen siguiente) .

Alcanzar los objetivos de una reforma de empleo, que contemple los enfoques antes mencionados requiere la incorporación de algunos elementos esenciales. Dichos elementos, permiten mantener el equilibrio entre los objetivos del empleo público y las finanzas públicas, acorde con el entorno macroeconómico y las condiciones sociales.

Como punto central considerar la integralidad del esquema de empleo público a partir de sus subsistemas^[3] (ver imagen siguiente), como son la organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación y gestión del desarrollo, vinculados todos a reglas éticas orientadas por valores institucionales

Particularmente, en cuanto al esquema de gestión de la compensación o esquema salarial, se requiere de un modelo que promueva mayor eficacia y eficiencia de la gestión pública, basado en principios generales orientadores. Estos principios se fundamentan en la promoción de la equidad, competitividad y en su valoración técnica, que permitan propiciar la atracción del talento idóneo que requiere el país bajo un marco de sostenibilidad en el mediano plazo. En esa línea, toman relevancia los principios de simplicidad, equidad interna y externa, y actualización, y la definición de los parámetros para tales efectos. En este contexto por ejemplo un esquema de salario global permitiría la reducción de disparidades sectoriales e institucionales, además de un efecto positivo en la sostenibilidad.

Adicionalmente, se requiere de la existencia de una planificación estratégica del recurso humano, tanto desde el punto de vista del sector público en general como de cada entidad. Este es el mecanismo que permitirá identificar y gestionar los requerimientos actuales y futuros del personal y el desarrollo de competencias conforme a la visión, misión y estrategia institucional, lo cual permitirá priorizar los recursos disponibles y adaptarse con facilidad ante cambios no previstos para responder a las necesidades del entorno, que en contextos de emergencia es un elemento esencial.

Bajo esa línea la introducción de una gestión por competencias requiere, por ejemplo, identificar de acuerdo con su propósito organizacional el tipo de personas necesarias para operar de manera óptima y eficiente, para ello deberá determinar los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en un aplicante que comprueben su idoneidad como colaborador. De igual forma, efectuar un diagnóstico inicial de las características con que cuenta la organización. Esto debe permear todos los procesos relacionados con el potencial humano, iniciando por la atracción del talento idóneo para desempeñar los cargos, la capacidad y orientación que tiene la institución para poder retribuir salarialmente este personal, de manera equitativa y competitiva, además de articular los mecanismos internos para lograr retener estos talentos y proveer los sistemas de reforzamiento de esas competencias que conducirán al logro de los resultados requeridos. Todo esto, de la mano del robustecimiento de una cultura proclive a la excelencia y al servicio público, que se refuerce en las competencias de la organización y en el gerenciamiento del desempeño enfocado en metas de alto nivel, medibles, cuantificables y susceptibles de mejora.

Los elementos antes descritos sumado a los enfoques ya mencionados, son esenciales en la consolidación de una reforma estructural del esquema de Empleo Público, además,representan un punto de partida y marco orientador. Finalmente, la Contraloría General insta a las autoridades públicas a considerar dentro su propia planificación estos elementos de forma que se garantice, la consecución de sus objetivos y a la vez el poder contar con recurso humano idóneo, motivado, capacitado y generador de valor público.

En un contexto de poca holgura fiscal y ante la emergencia provocada por la pandemia COVID- 19, resalta la importancia y trascendencia de que el país se direccione hacia las reformas estructurales, por lo que contar con un marco regulatorio en materia de empleo público, que incorpore los elementos esenciales para favorecer un modelo que promueva mayor eficacia y eficiencia de la gestión pública, así como un empleo público justo, equilibrado y vigoroso. En esa línea es necesario avanzar en la evolución del esquema remunerativo, que busque la sostenibilidad de mediano plazo a partir del establecimiento de reglas generales uniformes que permitan la convergencia de diferentes regímenes, asegurando que todos ellos operen bajo una misma lógica y marco general orientado hacia mantener aquellos equilibrios internos y externos, incorporando aspectos que inciden en la gestión integral del recurso humano.