¿Para qué determinar el nivel de amenaza institucional ante la emergencia sanitaria?

El cálculo de la amenaza institucional podría abordarse desde distintas perspectivas y metodologías, por lo que cada institución podrá considerar distintos factores e información puntual, que permita contemplar sus condiciones y características particulares. En el caso de la aproximación realizada por la Contraloría General, para 198 instituciones, el nivel de la amenaza dependerá de la cantidad de casos COVID-19 que se presenten en el país[3], la cual tendría implicaciones en los cambios de consumo de las personas y los agentes económicos (intensidad)[4], así como en la necesidad de definir restricciones sanitarias respecto de las actividades recreativas, sociales y económicas (frecuencia)[5].

Dicha aproximación de la amenaza se realizó para un escenario base[6] y escenarios alternativos, resultantes de la combinación de un mayor o menor nivel de frecuencia e intensidad, que ejemplifican la posibilidad de ocurrencia de diferente cantidad de casos y sus implicaciones en las restricciones sanitarias para afrontar la emergencia sanitaria, así como diferentes intensidades de la variación del consumo de las personas y los agentes económicos. La combinación de ambos factores, en conjunto con las características de los ingresos institucionales, relacionadas con su composición, fuente y naturaleza, permite aproximar el nivel de amenaza sobre los ingresos.

En un escenario con mayor frecuencia e intensidad, se incrementan los niveles de amenaza de los diferentes sectores, presentando diez de ellos incluso nivel severo y uno nivel extremo. Por el contrario, en un escenario con menor frecuencia e intensidad, no existen sectores con amenaza severa o extrema, concentrándose la amenaza en un nivel leve (tres sectores), moderada (quince sectores), y fuerte (cuatro sectores).

A nivel institucional, en el escenario base se destaca que un 73,0% de las instituciones se enfrentan ante una amenaza fuerte, seguido por un 18,2% con un nivel de amenaza moderada, un 4,5% muestran un nivel leve y 4% un nivel severo. En el escenario de mayor frecuencia e intensidad, un 49,5% muestra un severo nivel de amenaza, un 41,4% fuerte, un 6,1% moderado y un 2,0% leve, en tanto que podemos encontrar a dos instituciones (1%) con una amenaza en nivel extrema. Finalmente, en el escenario de menor frecuencia e intensidad, no se encuentran instituciones con amenaza severa o extrema, concentrándose la amenaza en un nivel moderado (54,0%) y fuerte (36,9%), en tanto un 9,1% presentan una amenaza leve. El detalle por institución se puede observar en el siguiente enlace.

Asimismo, es importante resaltar que un análisis integral de riesgos, trasciende las valoraciones de la vulnerabilidad, por cuanto, identificar la amenaza ante distintos escenarios, no solo permite la toma de decisiones inmediata para contener los efectos de la emergencia, sino que además, ofrece una visión prospectiva, que permite dimensionar los efectos posibles del fenómeno y fortalecer las instituciones a futuro. Asimismo, si bien la amenaza no puede ser mitigada, constituye un elemento fundamental para el entendimiento integral del nivel de riesgo que enfrentan las instituciones públicas, información que permitirá orientar la definición y ejecución de las acciones en el corto, mediano y largo plazo.

El análisis de la amenaza implica entender su potencialidad, origen, características, comportamiento y posibilidad de que se transforme en un evento con afectaciones mayores en las instituciones, por lo que permite obtener una visión integral del evento, de forma que se anticipen algunos de sus efectos y se tomen las medidas necesarias para dar continuidad a los servicios públicos.