Participación y el control de la ciudadanía durante la emergencia

El aumento en la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas durante épocas de emergencia como la actual, podría implicar una sustitución transitoria de los controles administrativos tradicionales que han sido diseñados para situaciones de mayor estabilidad. En este contexto, es relevante potenciar la participación y el control de la ciudadanía para que funcionen como instrumentos fundamentales que mejoran la asignación de los escasos recursos públicos y para prevenir la corrupción^[1].

El acceso a información pública útil y comprensible, el legítimo derecho a pedir explicaciones sobre el desempeño público y a denunciar eventuales abusos, así como la posibilidad de interactuar e influir en la toma de decisiones de las instituciones públicas, determinan el comportamiento de quienes gestionan la Hacienda Pública y lo encauzan hacia la eficiencia y la probidad^[2].

Por el lado de la eficiencia, la transparencia reduce los costos de las instituciones porque simplifica sus actividades, además disminuye los costos que enfrenta la ciudadanía por acceder a los servicios públicos, lo que mejora su prestación, simplifica e integra los servicios ya prestados por las instituciones y potencia el desarrollo de nuevos servicios porque ahora la información está al acceso de todos, entre otros beneficios más que de una u otra forma benefician a la sociedad^[3].

Sea por medio de un mejor acceso de la información o de la promoción de la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública abre oportunidades para que las instituciones cuenten con mecanismos adicionales que le permitan gestionar los riesgos de corrupción en este contexto de emergencia. Además, con mayor apertura de la gestión pública es posible contar con más información para la toma de decisiones sobre las prioridades sociales, así como disponer de esfuerzos adicionales para satisfacer las necesidades de la población.

La transparencia también actúa como elemento disuasivo, lo que evita actuaciones contrarias a la ética, la integridad y las normas^[4]. Lo anterior, debido a que modifica la percepción de quienes gestionan la Hacienda Pública acerca de la posibilidad de que un acto corrupto sea descubierto y por tanto su comportamiento se vea expuesto, al tiempo que incrementa los esfuerzos de vigilancia -controles sociales, políticos y mediáticos adicionales- cuando el control administrativo tradicional pudiera ser insuficiente o cuando por razones de la emergencia ha sido temporalmente modificado o disminuido.

En momentos como los que vive el país y el mundo entero con la emergencia sanitaria del COVID19, la discrecionalidad, la agilidad y celeridad en la toma de decisiones públicas se vuelven imprescindibles. Sin embargo, es en ese contexto, donde la transparencia y la conexión con la ciudadanía se tornan aún más necesarias para aprovechar al máximo los recursos públicos en momentos de máxima escasez relativa y para mantener la confianza que se requiere de la institucionalidad pública. Bajo esa línea, reducir las brechas en cuanto a la apertura de la gestión, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana son fundamentales para promover un mejor uso de los fondos públicos, promoviendo la eficiencia y la prevención de la corrupción.