Participación y el control de la ciudadanía durante la emergencia
#ReflexiónCGR N.° 34
03 de agosto de 2020
Las instituciones públicas requieren de mayor apertura en su gestión para promover el mejor uso de los recursos escasos e incrementar el valor público que entregan ante la emergencia sanitaria.
Es prioritario reducir las brechas, ya existentes previo a la emergencia, relativas a la apertura de la gestión pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana.
La denuncia, como mecanismo de control ciudadano, requiere operar efectivamente por medios virtuales y remotos, para poder constituirse en un instrumento confiable y útil en el contexto actual.
Relevancia
El aumento en la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas durante épocas de emergencia como la actual, podría implicar una sustitución transitoria de los controles administrativos tradicionales que han sido diseñados para situaciones de mayor estabilidad. En este contexto, es relevante potenciar la participación y el control de la ciudadanía para que funcionen como instrumentos fundamentales que mejoran la asignación de los escasos recursos públicos y para prevenir la corrupción[1].
Apertura de la gestión pública para mejorar la eficiencia y prevenir la corrupción
El acceso a información pública útil y comprensible, el legítimo derecho a pedir explicaciones sobre el desempeño público y a denunciar eventuales abusos, así como la posibilidad de interactuar e influir en la toma de decisiones de las instituciones públicas, determinan el comportamiento de quienes gestionan la Hacienda Pública y lo encauzan hacia la eficiencia y la probidad[2].
Por el lado de la eficiencia, la transparencia reduce los costos de las instituciones porque simplifica sus actividades, además disminuye los costos que enfrenta la ciudadanía por acceder a los servicios públicos, lo que mejora su prestación, simplifica e integra los servicios ya prestados por las instituciones y potencia el desarrollo de nuevos servicios porque ahora la información está al acceso de todos, entre otros beneficios más que de una u otra forma benefician a la sociedad[3].
Sea por medio de un mejor acceso de la información o de la promoción de la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública abre oportunidades para que las instituciones cuenten con mecanismos adicionales que le permitan gestionar los riesgos de corrupción en este contexto de emergencia. Además, con mayor apertura de la gestión pública es posible contar con más información para la toma de decisiones sobre las prioridades sociales, así como disponer de esfuerzos adicionales para satisfacer las necesidades de la población.
La transparencia también actúa como elemento disuasivo, lo que evita actuaciones contrarias a la ética, la integridad y las normas[4]. Lo anterior, debido a que modifica la percepción de quienes gestionan la Hacienda Pública acerca de la posibilidad de que un acto corrupto sea descubierto y por tanto su comportamiento se vea expuesto, al tiempo que incrementa los esfuerzos de vigilancia -controles sociales, políticos y mediáticos adicionales- cuando el control administrativo tradicional pudiera ser insuficiente o cuando por razones de la emergencia ha sido temporalmente modificado o disminuido.
Brechas en la apertura de la gestión pública y la participación activa
En este contexto de pandemia, toma relevancia la vigilancia de la gestión pública desde la perspectiva ciudadana, no obstante, desde antes se mostraban brechas importantes en la apertura de la gestión pública y la participación activa de la ciudadanía (ver imagen siguiente), las cuales se vuelven más críticas en el contexto actual, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la prevención de la corrupción.
Figura N.°1
Brechas en la apertura de la gestión pública y la participación activa de la ciudadanía
Al respecto, en cuanto a la apertura de la gestión pública, destaca la brecha en la transparencia en la información y la disposición de dicha información. En esa línea es necesario superar la tradicional idea de identificar y seleccionar antes cuál información proporcionar y cómo se hace llegar, para optar por una política proactiva de divulgación de la información primaria y transaccional, sin perjuicio de otras formas de divulgación de información que sean más estructuradas.
Además, la generación de espacios efectivos de rendición de cuentas muestra oportunidades importantes de mejora, principalmente con la posibilidad de la petitoria de cuentas por parte de la ciudadanía. La emergencia, pone de manifiesto la necesidad de propiciar y generar dichos espacios, a partir de la innovación y el uso de las tecnologías, sin dejar de lado los mecanismos clásicos para la rendición de cuentas.
Por otra parte, en cuanto a las brechas asociadas a la participación activa de la ciudadanía, destaca el bajo conocimiento acerca de su derecho de solicitar explicaciones sobre los resultados obtenidos en las instituciones públicas, sobre la forma de solicitar información sobre aspectos de gestión pública[5]. Adicionalmente, aquellas brechas relacionadas con la denuncia ciudadana, relacionadas con la desconfianza en el sistema, el miedo a represalias, el desconocimiento del trámite y los mecanismos para interponerla o la pérdida de esperanza de algún cambio al hacerlo[6].
La denuncia ciudadana como mecanismo de prevención de la corrupción
La denuncia ciudadana es uno de los mecanismos utilizados para prevenir la corrupción pública. Mientras que proporciona un medio para identificar actos de corrupción y buscar un eventual resarcimiento a la Hacienda Pública, también incide en los gestores públicos para actuar con integridad. Esto requiere que los mecanismos de denuncia sean de fácil utilización, se atiendan con oportunidad las denuncias presentadas y que se establezcan acciones correctivas cuando se compruebe su validez. En otras palabras, el mecanismo será efectivo si es sencillo de usar y si existe confianza en él, principalmente sobre las garantías de protección al denunciante y en sus resultados de conformidad con lo que establece el marco normativo del país.
Además, la denuncia ciudadana requiere fundamentarse bajo la premisa de una denuncia responsable, informada y de buena fe, asimismo es importante que las administraciones cuenten con mecanismos simples y con información suficiente que permita una orientación correcta hacia dónde direccionar las denuncias. Sin embargo, sumado a estos deberes y características normativas y desde un plano más práctico, la denuncia ciudadana debe ahora garantizar mayor agilidad en el acceso y mayor protección al denunciante (ver imagen siguiente) para generar confianza en denunciar un acto que transgrede la gestión íntegra de los recursos públicos.
Figura N.° 2
Elementos indispensables para brindar al denunciante
En este sentido, la generación de mecanismos virtuales y remotos de denuncia ciudadana, así como capacitación sobre la forma de utilizarlos, junto con una política proactiva de divulgación de información acerca de la gestión de la Hacienda Pública, son nuevos desafíos que tiene la institucionalidad pública en este contexto de emergencia sanitaria.
Conclusión
En momentos como los que vive el país y el mundo entero con la emergencia sanitaria del COVID19, la discrecionalidad, la agilidad y celeridad en la toma de decisiones públicas se vuelven imprescindibles. Sin embargo, es en ese contexto, donde la transparencia y la conexión con la ciudadanía se tornan aún más necesarias para aprovechar al máximo los recursos públicos en momentos de máxima escasez relativa y para mantener la confianza que se requiere de la institucionalidad pública. Bajo esa línea, reducir las brechas en cuanto a la apertura de la gestión, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana son fundamentales para promover un mejor uso de los fondos públicos, promoviendo la eficiencia y la prevención de la corrupción.
Notas al pie:
[1] Véase también “La prevención de la corrupción: eje estratégico en el abordaje de la emergencia” https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/prevencion-de-la-corrupcion-eje-estrategico-abordaje-de-la-emergencia
[2] Véase al respecto el Capítulo I de Opiniones y Sugestiones de la Memoria Anual 2018 en https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2018/memoria-anual-2018.pdf
[3] John Houghton and Nicholas Gruen. Transparency and Productivity. The effects of open and transparent Public Sector Information management practices on costs and productivity. Occasional Paper No. 2. Report prepared for the Australia and New Zealand School of Government July 2012.
[4] Isabel Brusca, Francesca Manes Rossi & Natalia Aversano (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20:5, 486-504. https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951
[5] Encuesta Nacional de Transparencia 2019 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpt-2019/index.html
[6] La Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción 2020 mostró que de las personas que reconocen que fueron testigo cercano de algún acto de corrupción pública (23%), solamente el 25% planteó la denuncia; las razones para no denunciar principalmente se enfocan en la. Aunque la ciudadanía tenga conocimiento de los derechos y protecciones relacionadas con las denuncias de corrupción (66%), también reconoce un gran desconocimiento acerca de los mecanismos para interponerla (82%). https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc-2020/