¿Por qué en Brasil fue necesario hacer una investigación penal y un juicio para encarcelar a Luiz Inacio Lula Da Silva? ¿Por qué en Paraguay se utilizó el senado para destituir al presidente Lugo? ¿Por qué fue necesario un “impeachment” para destituir a Dilma Rousseff? ¿Por qué a Cristina Fernández se le acumulan causas judiciales? ¿Por qué el encarcelamiento de Milagro Sala? Las preguntas cobran sentido cuando absolutamente todos, propios y ajenos, sospechamos de esos procedimiento legales que se utilizan para perseguir opositores políticos. ¿Por qué no directamente encarcelar sin juicio a Lula, Lugo, Dilma, Cristina y Milagro? ¿Por qué no sacarlos directamente del cargo que ocupaban con los tanques como se hacía en otros momentos históricos? Bueno, porque la legalidad es un campo de disputa política y no estoy en absoluto dispuesto a entregarlo así como si nada.

¿Porqué creemos importante acudir a los tribunales a exigir justicia en casos de violación a los derechos humanos como los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar, los casos de gatillo fácil, los casos de femicidio, el atentado a la Embajada de Israel y el de la Amia entre tantos otros? No se trata solamente de buscar la sanción de los responsables, sino también se disputa sentido político sobre la legalidad. Se busca que el poder judicial dictamine que los crímenes de lesa humanidad, que el gatillo fácil, que los femicidios y que el atentado a la Embajada de Israel y a la Amia son ilegales.

Todo gobierno tiene una responsabilidad directa en la producción de normas jurídicas: leyes, decretos, resoluciones e incluso ejerce una gran presión en las sentencias judiciales, lo que no es nada nuevo. Pero la legalidad no puede ser determinada unilateralmente por quien ocupa circunstancialmente el gobierno. Como todo campo, la legalidad es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen una red de relaciones. Decir que la legalidad es determinada sólo por el gobierno implica disminuirle poder a los movimientos sociales que particularmente en Argentina han sido clave para el respeto por los Derechos Humanos.

Incluso, cuando un juez determina que tal o cual procedimiento son legales, las verdades judiciales no son eternas. Debemos aprender de los organismos de derechos humanos a quienes durante muchísimos años se les cerraron muchas puertas. La perseverancia de la razón, que no es mero capricho sino conciencia colectiva de trascendencia, torció el destino de la historia e hizo que crímenes aberrantes pudieran ser juzgados incluso cuarenta años posteriores a que sean cometidos.

Por eso creo que no debemos decir que el gatillo fácil en Argentina es legal o que el gobierno legalizó el gatillo fácil cuando modificó una resolución del ministerio de Seguridad. Por sobre una resolución existen un conjunto de normas jurídicas muchísimo más importante. Repetir que se legalizó el gatillo fácil en Argentina construye un efecto de verdad, empodera al gobierno y quita poder a los movimientos sociales. ¿Quién sale beneficiado cuando se dice y se repite tal cosa? Los miembros de las fuerzas de seguridad que cometerán gatillo fácil y que la operación discursiva los torna legales.

En Argentina continúan presos miembros de las fuerzas de seguridad condenados por homicidios calificados por haber asesinado a jóvenes en casos de gatillo fácil. Sí, son muchísimos menos los condenados que los que cometieron todos esos hechos, pero esas condenas se lograron precisamente disputando el sentido de lo legal.

Que no se malinterpreten estas líneas. No se está justificando ni el gatillo fácil ni la resolución del ministerio que intenta legitimarlo. Justamente todo lo contrario. Se está pensando estratégicamente cómo enfrentar el horror que todo eso representa y, en esa pelea, no estoy dispuesto a ceder que la legalidad se encuentra en una resolución del ministerio que maneja Patricia Bullrich.

Desde hace tiempo sabemos que el poder no es algo que se tiene sino que por el contrario se ejerce. En muchas ocasiones debemos abandonar el “consignismo” que empodera gobiernos nefastos en pos de construir empoderamiento de los movimientos sociales.