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¿En qué consiste la atención especializada?
¿En qué consiste la atención especializada?
La atención especializada consiste en atender aquellos casos en los que el diálogo entre el servidor o servidora civil y la persona con discapacidad no terminaron en un acuerdo. A diferencia de la atención básica, la atención especializada requiere la presentación de una solicitud.
¿Cuáles son las etapas de la atención especializada?
Etapa 1: Solicitud
Canal presencial (Mesa de Partes o la que haga sus veces) o virtual (Mesas de Partes virtuales o mediante alguna otra plataforma virtual habilitada para la atención al ciudadano.)
El formato de solicitud es el Anexo N° 2: Solicitud de ajustes razonables.
Etapa 2: Evaluación
El servidor o servidora civil evalúa que las solicitudes de otorgamiento de ajustes razonables cumplan con los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, a fin de determinar si estos pueden ser otorgados o si, en cambio, lo solicitado constituye una carga indebida o desproporcionada para la entidad.
El formato de evaluación es el Anexo N° 5: Formato de evaluación de ajustes razonables
Etapa 3: Pronunciamiento
Solicitudes aceptadas: En el plazo máximo de tres (03) días hábiles después de ingresada la solicitud, la entidad comunica la procedencia y el plazo para el otorgamiento de los ajustes razonables.
Solicitudes que configuran una carga indebida o desproporcionada: La entidad comunica en el plazo máximo de tres (03) días hábiles después de ingresada la solicitud y propone otras alternativas de ajustes razonables.
Etapa 4: Otorgamiento
El servidor o servidora civil se encarga del otorgamiento de los ajustes razonables a la persona con discapacidad, de acuerdo al plazo que haya sido acordado. Asimismo, debe pronunciarse sobre la procedencia, o no, de las solicitudes de ajustes razonables, ya sea por medio de teléfono fijo, celular o correo electrónico, en función a los medios de contacto especificados en la solicitud.
Precisar que:
Las entidades públicas y las entidades privadas que brindan servicios públicos deben evaluar todas las alternativas posibles de ajustes razonables, a fin de que se garantice que las personas con discapacidad el accedan a servicios públicos.
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