Durante muchos años, en el Perú se limitó la posibilidad de que personas con discapacidad, en especial aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual ejerzan su capacidad jurídica.

En el año 2018, con el Decreto Legislativo N° 1384, se reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, eliminando la interdicción por motivos de discapacidad y reconociendo que pueden utilizar apoyos y ajustes razonables para poder manifestar su voluntad.

Posteriormente, se aprobó el Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el cual nos establece la ruta para acceder a estas herramientas.

Con la finalidad de ahondar en la forma de otorgar ajustes razonables para la manifestación de voluntad el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó el Protocolo para atender las solicitudes de ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; el cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas.