El propósito último de la sostenibilidad fiscal es la provisión de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, lo cual genera confianza, cohesión social e incrementa el bienestar de los habitantes del país. En el caso de Costa Rica, desde el año 2009 se han registrado persistentes déficits financieros que han generado una situación vulnerable para las finanzas del país en un contexto de crecientes necesidades de la población. Esto provocó aumentos de deuda del Gobierno que derivaron finalmente, luego de un extenso debate político y social, en la aprobación de una reforma fiscal a finales del año 2018.

La regla fiscal entró en vigencia en el año 2020 mediante la aprobación de la Ley n.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; no obstante, ha sido sometida a diversos cambios normativos que han dificultado su aplicación, tanto en el ámbito del Gobierno como en el de las otras entidades del Sector Público No Financiero (SPNF). 

En el marco de verificación del cumplimiento de la regla fiscal, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una opinión denegada —pues no ha sido posible disponer de criterios de auditoría fiables y pertinentes que den lugar a conclusiones consistentes y razonables sobre este tema—, sobre su cumplimiento para los años 2022 y 2023. Dado lo anterior, y la necesidad de mejorar la aplicación de la regla fiscal, en el informe de la Asamblea Legislativa sobre la liquidación de los presupuestos y dictamen de la CGR correspondiente al año 2023 (aprobado en agosto 2024), se dispuso, en forma conjunta, al Ministerio de Hacienda y a la CGR, "(...) la remisión de una propuesta con eventuales modificaciones legales al Título IV de la Ley N° 9635, a fin de que sea considerada por la Comisión de Asuntos Hacendarios (...)". 

En atención a dicha disposición, el Ministerio de Hacienda, la STAP y la CGR, realizaron una serie de sesiones de trabajo presenciales durante los meses de enero y febrero de 2025, con representantes técnicos de todas las instancias, y con la participación, además, del Banco Interamericano de Desarrollo, que brindó insumos técnicos sobre las mejores prácticas internacionales en materia de regla fiscal.

A partir de lo anterior, este informe recoge los aspectos discutidos en el ejercicio de revisión realizado en conjunto, en el que, metodológicamente, se realizó un estudio de literatura internacional, un diagnóstico conjunto sobre el funcionamiento de la regla establecida en el Título IV de la Ley n.° 9635 y un análisis de escenarios para alcanzar un consenso relativo y de reconocimiento de los puntos de divergencia entre las partes involucradas.

Con el paso del tiempo, la regla fiscal ha ido dejando de aplicarse a diferentes entidades o en ciertas circunstancias relativas a la naturaleza del gasto o de los ingresos que financian los gastos, restándole simplicidad, operatividad y eficacia. Como resultado del diagnóstico de la regla fiscal actual, se determinó que no se encuentran argumentos de peso para sujetar a las entidades del Sector Descentralizado a las mismas condiciones de regla fiscal que al Gobierno Central, en virtud únicamente del nivel de deuda de este último, sobre todo si se considera que sobre tales entidades se verifica un control del cumplimiento de la “regla de oro” en el proceso de aprobación presupuestaria a cargo de la CGR.

El propósito último de una regla fiscal es contar con un Estado funcional y solidario, especialmente con las personas en condición de vulnerabilidad. Así, para garantizar su efectividad, la herramienta debe ser simple, y no debe dejarse de lado abordar como sociedad la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales que atentan contra la salud financiera del Estado y, por ende, también contra el bienestar de sus habitantes.