Costa Rica enfrenta serios desafíos en materia de deuda pública, que de no atenderse, podrían generar graves consecuencias para el bienestar y desarrollo del país. Altos niveles de deuda pública pueden afectar negativamente la acumulación de capital y el crecimiento económico, exponer al sistema financiero a riesgos incrementales y aumentar la prima de riesgo país. En esta línea, los efectos sociales y económicos de una crisis de la deuda pública son devastadores y la experiencia de Costa Rica durante la crisis de los años ochenta da prueba de ello.

El primer gran desafío se relaciona con la urgente necesidad de retornar a una senda de sostenibilidad de la deuda pública. Al respecto, es posible observar que la trayectoria que viene mostrando el ratio de deuda pública respecto al PIB ya superó los límites que se podrían considerar prudentes y sostenibles (60% del PIB) y a pesar de las mejores perspectivas sobre la sostenibilidad a mediano plazo, persisten diversos riesgos.

El segundo desafío se relaciona con la gestión de la deuda pública. Sobre este, persisten desafíos en el uso que hace el país con los recursos del financiamiento, los costos y riesgos asociados a dicho financiamiento y la coordinación entre actores y ejes de política. También, existen debilidades en los procesos de registro y conciliación, rendición de cuentas sobre el uso de dichos recursos y se observa una baja frecuencia en el uso de análisis prospectivos, estrategias de endeudamiento y gestión de riesgos de deuda. Además, no se puede omitir que persiste el reto de consolidar un mercado de deuda más líquido y eficiente.

El tercer desafío se vincula con la regulación normativa en materia de deuda pública. En esta línea, no existe en el Sector Público un marco normativo coherente y de amplia cobertura, que regule de forma transversal y consistente la gestión del endeudamiento público, sino que persiste la fragmentación. Además, la regulación normativa actual muestra algunas debilidades en términos de lo sugerido por las sanas prácticas, como definiciones poco claras e imprecisas sobre mecanismos, potestades y propósitos de endeudamiento, entre otros aspectos.

• Introducir mayor flexibilidad a determinadas formas de financiamiento externo del Gobierno Central, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de la República, desarrollar sesiones independientes en las que se discuta lo relacionado a los costos, riesgos y consecuencias del financiamiento.

• En el marco de las certificaciones del BCCR sobre la capacidad de endeudamiento, mayor profundización sobre los efectos económicos y riesgos de las necesidades de financiamiento.

• Presentación periódica del Ministerio de Hacienda ante el Congreso respecto a los resultados de la gestión del endeudamiento público, así como una valoración sobre su sostenibilidad, vulnerabilidad y acciones correctivas cuando corresponda.

• Valorar un ajuste en la estructura organizacional del Ministerio de Hacienda que permita centralizar las funciones de gestión de la deuda.

• La incorporación, desarrollo y uso de buenas prácticas en el Sector Público respecto a la gestión de la deuda, como herramientas de análisis prospectivo y estrategias de endeudamiento o modelos de portafolio óptimo.

• Avanzar en la aplicación del marco de normas contables internacionales en el Sector Público (NICSP-NIIF).

• Implementar medidas dirigidas a la consolidación de un mercado interno de deuda más desarrollado por parte de los actores claves involucrados.

• Desarrollar un sistema de monitoreo de indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda de las instituciones del Sector Público.

• Ejercer control y fiscalización con base en riesgos de la deuda potenciado con el sistema de monitoreo contemplado anteriormente.

• Consolidación de estrategias de fiscalización de la deuda pública conjuntas y coordinadas entre la Contraloría General y las auditorías internas.

• Promoción del cumplimiento de reglas de control fiscal y de endeudamiento que se definan a nivel país.

• Impulsar iniciativas legales que permitan promulgar una Ley marco de deuda pública con regulaciones transversales en línea con las mejores prácticas y promulgar una Ley de manejo eficiente de la liquidez del Estado que permita reducir el costo del endeudamiento.