La prevención de la corrupción: eje estratégico en el abordaje de la emergencia
#ReflexiónCGR N.° 26
22 de junio de 2020
En un contexto de mayores demandas ciudadanas y menor espacio fiscal como el actual la prevención de la corrupción es indispensable para la gestión pública.
La prevención permite disminuir el riesgo de corrupción que enfrentan las instituciones públicas ante la emergencia, promover el uso eficiente de los recursos y atender las necesidades ciudadanas.
La estrategia de atención de la emergencia requiere de acciones para la prevención de la corrupción basadas en la integridad, la transparencia y la participación ciudadana.
Relevancia
La prevención de la corrupción en la función pública tiene como propósito evitar actuaciones contrarias a la ética, la integridad y las normas; promover el buen uso de los recursos y la prestación eficiente de los servicios públicos en procura del bienestar ciudadano[1]. En situaciones de emergencia, como la actual, esa prevención es un eje estratégico en la gestión pública, ya que las exigencias y desafíos de un entorno volátil, complejo y en un espacio fiscal cada vez más reducido, expone a las instituciones públicas a diversos riesgos de corrupción, de manera que es primordial que la estrategia de atención de la emergencia se fundamente en acciones para la integridad, la transparencia y la participación ciudadana.
La prevención constituye la principal tarea de los gestores públicos contra la corrupción
La prevención de la corrupción permite emprender acciones para evitar la ocurrencia de actos contrarios a las normas jurídicas o éticas en los que se antepone el interés privado sobre el colectivo, de manera que se impide la materialización de sus impactos negativos, como la desconfianza de la ciudadanía, el desvío de recursos, irregularidades, e incluso comprometer la vida misma[2].
En la reciente Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2020 (ENPC 2020) aplicada por la Contraloría, el 86% de las personas consultadas reconoce que la corrupción perjudica diferentes ámbitos de su vida cotidiana (ver figura N.º 1), que incluso podría tener consecuencias irreparables. En ese sentido, existe un importante beneficio social en concentrar los esfuerzos públicos hacia los enfoques preventivos, en complemento con los detectivos y sancionatorios.
Figura N.° 1
Áreas en las que la ciudadanía percibe los efectos de la corrupción
La pandemia del COVID-19 ha aumentado - y agravado - las necesidades ciudadanas en forma continua, en áreas como la salud, la protección social, los servicios básicos, la capacitación laboral, la seguridad ciudadana, entre otras. Lo anterior, en un contexto de mayores demandas ciudadanas, aunado a un espacio fiscal reducido debido a que los recursos públicos son cada vez más escasos y se gestionan en un entorno más riesgoso.
El riesgo de corrupción incrementa en situaciones de emergencia
El riesgo de corrupción se refiere a la posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. En situaciones de emergencia, como la que enfrentamos en la actualidad, la materialización de ese riesgo se incrementa debido a la premura que se requiere en la ejecución de acciones por parte de los gestores públicos, la gran cantidad de recursos financieros y humanos destinados a atender las nuevas necesidades, el deterioro de las condiciones financieras para una gran parte de la población, el uso de procedimientos de excepción y que se simplifiquen o ajusten algunos controles ordinarios, entre otros.
Como se aprecia en la Figura N.° 2, diferentes análisis indican que la pandemia incrementa los riesgos asociados con procesos de contratación administrativa; a los controles que buscan garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias (cuarentena, distanciamiento físico, restricciones sanitarias), el otorgamiento de subsidios y ayudas en especie para apoyar las poblaciones afectadas ante dichas medidas, así como en la canalización de recursos privados y su uso en atención de la emergencia. Cabe señalar que algunos de estos procesos presentaban altos niveles de percepción de corrupción, incluso previo a la situación de emergencia, de acuerdo con los resultados con los resultados de la ENPC 2020[3].
Figura N.° 2
Riesgos de corrupción que aumentan ante la emergencia sanitaria
Ante la emergencia, el país se enfrenta al desafío de aprovechar al máximo los recursos públicos, de manera que la prevención de la corrupción no solo es deseable sino indispensable para continuar e incrementar los resultados esperados, por lo que se vuelve fundamental identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de posibles riesgos de corrupción en las instituciones públicas, con énfasis particular en las áreas críticas. Cabe indicar que esas actividades para la prevención no compiten contra la celeridad y la oportunidad requeridas de las instituciones públicas, sino que constituyen parte vital de la protección que necesita el sector público para garantizar el buen uso de los recursos y primordialmente la protección de la vida de las personas.
La integridad, la transparencia y la participación ciudadana para la prevención
La estrategia de atención de la emergencia requiere acciones para la prevención de la corrupción que comprendan elementos para garantizar un comportamiento ético y conforme a las normas de todos los actores que participan, sean públicos o privados. En particular, se identifican tres elementos indispensables: la gestión de la integridad, la transparencia y los espacios de participación ciudadana (ver Figura N.° 3).
La gestión de la integridad se refiere al liderazgo y compromiso de los gestores públicos para coordinar acciones preventivas de corrupción y sustentar sus intervenciones en el análisis de riesgos, de manera que se concentren los esfuerzos en áreas críticas[4]. Asimismo, un sistema de control interno pertinente y oportuno forma parte también de esa gestión, por lo que los esfuerzos para ajustar y mejorar los controles en entornos cambiantes y de alta incertidumbre, son vitales para enfrentar los desafíos actuales, en procura de la prestación continua de los servicios a la ciudadanía conforme a sus necesidades[5].
La transparencia es esencial para prevención de la corrupción, pues implica una apertura de la gestión para comunicar a la ciudadanía y las partes interesadas el detalle de las intervenciones que se realizan, es decir, revelar el qué, cómo, para quién, el origen de lo recursos, por cuánto tiempo, entre otros aspectos de interés. Las tecnologías de información y comunicación representan una herramienta de gran valor para fortalecer la transparencia y garantizar la apertura de la gestión hacia la ciudadanía u otras partes interesadas. En tiempos de emergencia, es fundamental esa apertura, activar mecanismos para la provisión eficiente y oportuna de los recursos, así como para la rendición de cuentas sobre su destino[6].
Figura N.° 3
Estrategia de prevención de la corrupción
Finalmente, la participación ciudadana, incluyendo el establecimiento de canales de denuncia efectiva, es indispensable en la prevención de la corrupción. Es preciso propiciar espacios de participación para la identificación de necesidades y las áreas vulnerables, con el fin de promover que las acciones públicas sean más efectivas, así como para que la ciudadanía pueda pedir cuentas sobre la gestión y uso de los recursos de manera sencilla y oportuna. Nuevamente, la tecnología constituye un aliado para proveer espacios de participación y denuncia ciudadana, en este sentido, la transformación digital ha tomado relevancia como una forma alternativa -y en muchos casos obligatoria- para la continuidad de los servicios públicos, la gestión de los procesos internos, y los mecanismos de comunicación ciudadana[7].
Conclusión
La prevención de la corrupción forma parte integral del abordaje de la emergencia por parte de las instituciones públicas, este enfoque no compite con la celeridad y la flexibilidad que se requiere, por el contrario, es una responsabilidad primaria de la administración. Asimismo, evitar la corrupción promueve una mayor confianza de la ciudadanía sobre la institucionalidad pública, indispensable en un Estado de derecho; al tiempo que ante el desequilibrio en las finanzas públicas, un enfoque preventivo de la corrupción permite un máximo el aprovechamiento de los recursos públicos, para enfrentar de forma satisfactoria los retos que implica esa emergencia en la atención de las necesidades de la población en temas de salud, protección social, servicios básicos, capacitación laboral y seguridad ciudadana.
Más información en:
Contraloría General de la República. Prevención de la corrupción una prioridad estratégica para el bien común. Memoria Anual 2016.
Contraloría General de la República. Transparencia para la eficiencia y la prevención de la corrupción. Memoria Anual 2019.
Banco Mundial. Ensuring Integrity in Governments’ Response to COVID-19. Abril, 2020.
Banco interamericano de Desarrollo. COVID-19: Transparencia para asegurar políticas efectivas en momentos de crisis. Marzo, 2020
Fondo Monetario Internacional. Guardar los recibos: Transparencia, rendición de cuentas y legitimidad en las respuestas de emergencia. Abril, 2020.
Independent Commission Against Corruption (ICAC). Corona Virus and Corruption Risks. Mayo, 2020
Notas al pie:
[1] CGR. Transparencia para la eficiencia y la prevención de la corrupción. Memoria Anual 2019. Pág. 5-21.
[2] Olowo-Okere, E. 12 de mayo de 2020. ¿Se pueden mitigar los riesgos de corrupción sin obstaculizar la respuesta de los Gobiernos a la Covid-19 (coronavirus)?. Blog Voces, Banco Mundial. [Entrada].
[3] Por ejemplo, el 72% de los funcionarios públicos y el 47% de la ciudadanía percibe que hay corrupción en la entrega de subsidios del IMAS.
[4] Decisiones basadas en datos para la gestión del riesgo institucional frente al COVID-19.
[5] El control interno como fortaleza para responder a las necesidades del entorno.
[6] Transparencia en tiempos de disrupción.
[7] El Covid-19 ha acelerado la Transformación Digital en un contexto de brechas institucionales.