Los retos de la gestión del sector público: reformas estructurales, riesgos integrales y apertura ciudadana

La Contraloría General mantiene a disposición del público el sitio web “Transparencia en la gestión pública”, en el cual se exploran temas relacionados con la atención de la emergencia por COVID-19 tales como decisiones gubernamentales, transparencia de la información, análisis de impacto sobre las finanzas públicas y los servicios esenciales, gestión del riesgo y seguimiento y control del gasto público. En esta entrega se muestra una síntesis de las reflexiones publicadas desde finales de mayo a la fecha, de las cuales destaca temáticas con una perspectiva de mediano y largo plazo, con una visión integral relacionadas con la necesidad de reformas estructurales, la gestión de los riesgos dentro del Sector Público frente al COVID-19, así como la apertura de la gestión pública como elemento para mejorar la eficiencia y prevenir la corrupción.

Además, en el marco de dichas reformas y en un contexto de pandemia, el sector público también se enfrenta a una serie de riesgos asociados, los cuales se presentan no solo a nivel de cada institución, si no de sectores específicos y de la Hacienda Pública en general. A lo largo de estos meses, la Contraloría General ha abordado el riesgo de las instituciones públicas desde diversas perspectivas, considerando ámbitos como el de continuidad, sostenibilidad institucional y fiscal y probidad.

Particularmente, el análisis de los diversos niveles de riesgo, representan un insumo para la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución y al sector público en general en un nivel de riesgo aceptable, promover de manera razonable el logro de los objetivos, así como la prestación continua de los servicios públicos.

Por un lado, se ha abordado la necesidad del análisis del nivel de riesgo ante la amenaza de una disminución de los ingresos producto de la emergencia, tanto a nivel institucional como desde una perspectiva integral del sector público, así como aquellos riesgos fiscales, que ponen en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como la continuidad de los servicios. Los sectores identificados con vulnerabilidad alta son: servicios de salud pública, protección social, orden público y seguridad, y asuntos económicos, sociales y laborales en general. Por otra parte, en cuanto a los sectores de amenaza severa está el Turismo, seguido de aquellos con amenaza fuerte como por ejemplo: vivienda, justicia, transporte, educación, servicios de salud pública, entre otros.

Por otra parte, durante la pandemia el aumento en la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas podría implicar una sustitución transitoria de los controles administrativos tradicionales que han sido diseñados para situaciones de mayor estabilidad, propiciando riesgos de corrupción. Por lo tanto, la gestión a nivel de Sector Público de dichos riesgos, constituye un insumo esencial para la toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica orientada al logro de los objetivos, así como a la prestación continua de los servicios públicos y su viabilidad financiera en el futuro, más aún en un contexto de tanta incertidumbre.

De manera estratégica, se abordó el tema de la apertura de la gestión pública, como elemento necesario para mejorar la eficiencia y prevenir la corrupción. Una mayor apertura de la gestión hace posible contar con más información para la toma de decisiones sobre las prioridades sociales, y satisfacer las necesidades de la población.

Bajo este enfoque, en este contexto de emergencia, resulta fundamental contar con información financiera y de compras públicas útil, relevante, oportuna y comprensible, con base en la cual sea posible evaluar la sostenibilidad financiera de las entidades y los gastos realizados. Dicha información contribuye a generar transparencia y rendición de cuentas para dar a conocer cómo se invierten los recursos públicos, así como medir el impacto de las decisiones estratégicas y operativas. Adicionalmente, es necesario alcanzar niveles altos de transparencia fiscal, de forma que se dé una apertura hacia la ciudadanía de toda la información relativa a la política fiscal y el estado de las finanzas públicas, bajo principios de integridad, claridad, confiabilidad y pertinencia en la información que se provee para tal efecto.

Por tanto, sea por medio de un mejor acceso de la información o de la rendición de cuentas efectiva y la participación ciudadana, la apertura en la gestión pública abre oportunidades para que las instituciones cuenten con mecanismos adicionales que le permitan gestionar los riesgos de corrupción en este contexto de emergencia. Dicha perspectiva va más allá, de un enfoque tradicional de combate a la corrupción, dado que parte de una visión de eficiencia, pues la transparencia reduce los costos de las instituciones, disminuye los costos que enfrenta la ciudadanía por acceder a los servicios públicos, simplifica e integra los servicios ya prestados por las instituciones y potencia el desarrollo de nuevos servicios, elementos que en conjunto benefician a la sociedad.

En los últimos tres meses, el Órgano Contralor se ha referido a temas trascendentales que involucran el actuar del sector público en el contexto de la emergencia sanitaria actual. La necesidad de reformas estructurales a los desafíos imperantes, el análisis de riesgos dentro del sector público y la importancia de la apertura de la gestión pública, son los ejes temáticos que marcaron el norte que plasma la Contraloría en este espacio de reflexión. Para ello, se ha reiterado como pieza clave, ante los cambios estructurales, se identifica la necesidad de configurar una nueva gestión financiera pública en el Estado costarricense.