Derecho Concursal
La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio)
La ley concursal es la denominación que se utiliza para designar al conjunto de normas sustantivas y procesales que regulan el procedimiento concursal de toda clase de deudores: personas físicas o jurídicas.
La Ley Concursal en España determina las funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, devolución de ingresos indebidos, reembolso del coste de las garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en Boletines Oficiales.
HISTORIA
Un procedimiento concursal duraba años, incluso décadas. Durante este proceso la Seguridad Social recurría a su procedimiento ejecutivo y en menos de dos años sacaba bienes a subasta. Igual ocurría con la Hacienda pública, los trabajadores, ayuntamientos... etc. Como resultado, estos entes nunca participaban en el reparto de pérdidas, o lo hacían en mucha menor medida que los demás.
A estos privilegios pone fin la Ley 22/2003, derogando todas estas normas que permitían venta de activos al margen del procedimiento de quiebra, etc. Esta Resolución trata de adaptar el funcionamiento interno de la Tesorería General de la Seguridad Social a la nueva ley.
Esta norma modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 6/1985, de 1-7-1985) norma base sobre la cual se articula todo el sistema judicial y el gobierno de los jueces en España. Tiene por objeto permitir la creación de juzgados especializados (los mercantiles) con funciones civiles, administrativas y sociales, así como las correspondientes secciones de las audiencias provinciales, también especializadas en esta materia.
Es una norma con contenido sustantivo y procesal, que regula un único y nuevo procedimiento que sustituye a los anteriores de quiebra, suspensión de pagos, quita y espera... Regula un único procedimiento, muy flexible, que los sustituye a todos.
Junto a las normas importantes, existen “normas menores”, creando, al menos, un juzgado mercantil en cada capital de provincia, con un puesto de juez, secretario, y toda la oficina judicial.
Debido a los cambios que introduce, tiene abundantes y extensas disposiciones derogatorias que afectan a normas de todos los órdenes jurisdiccionales, lo que provoca una profunda reforma en el sistema legal español. Tiene por objeto, aprovechando otra norma de igual rango legal, modificar la Ley 22/2003, pues, pese a su novedad, se apreciaron ciertas necesidades. Esta es una técnica legislativa muy utilizada en las últimas décadas que llega a su extremo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.