Hace una década, la promulgación de la Ley 20.911 instaló una pregunta fundamental para el sistema educativo chileno: ¿Cómo formar ciudadanos capaces de convivir democráticamente en una sociedad cada vez más compleja? Diez años después, la interrogante sigue vigente. El reciente conversatorio sobre el Plan de Formación Ciudadana permitió revisar avances, identificar desafíos y reconocer el esfuerzo realizado por las comunidades educativas. Sin embargo, también dejó en evidencia una tensión que atraviesa tanto a las escuelas como a la sociedad en su conjunto: mientras la ciudadanía ocupa un lugar cada vez más relevante en los discursos públicos, las oportunidades para ejercer una participación crítica y significativa parecen debilitarse. Por ello, sostenemos que el principal desafío de la Formación Ciudadana es desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para participar responsablemente en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta, por supuesto, que cada ciudadano es consciente de sus derechos y deberes con la nación y el Estado.
Vivimos en una época de acceso ilimitado a la información. En cuestión de segundos podemos conocer acontecimientos que ocurren al otro lado del mundo, expresar opiniones y participar en debates públicos mediante plataformas digitales. A primera vista, esto podría interpretarse como un fortalecimiento de la vida democrática. Sin embargo, la abundancia de información no necesariamente se traduce en mayor comprensión, del mismo modo que la posibilidad de opinar no garantiza la capacidad de deliberar. La paradoja de nuestro tiempo es evidente: estamos más conectados que nunca, pero no necesariamente dialogamos mejor.
Durante el conversatorio, Cristián Cox planteó una reflexión especialmente relevante para comprender este escenario. Según su análisis, la escuela ya no ocupa el lugar privilegiado que tuvo durante gran parte del siglo XX como principal fuente de conocimiento y socialización. Las tecnologías digitales han transformado profundamente la forma en que las personas se informan, aprenden e interactúan con el mundo. Los estudiantes llegan a las aulas con acceso inmediato a enormes cantidades de información, pero no siempre cuentan con herramientas para interpretarla críticamente. En este contexto, la Formación Ciudadana debe asumir una tarea central: fortalecer el pensamiento crítico para distinguir información confiable, evaluar argumentos y participar de manera informada en la vida pública.
Dr. Cristián Cox
Dr. Rodrigo Mayorga
Sin embargo, la realidad cotidiana de muchos estudiantes parece contradecir este objetivo. Aunque se promueve la participación y la convivencia democrática en los documentos institucionales, gran parte de la experiencia escolar continúa centrada en el rendimiento académico, las evaluaciones y el cumplimiento de metas curriculares. Los espacios para debatir problemas de interés común, expresar desacuerdos o participar en decisiones relevantes suelen ser limitados. Como resultado, muchos jóvenes aprenden sobre democracia en teoría, pero tienen pocas oportunidades de experimentarla en la práctica. Esto se observa, en situaciones en que las instancias de participación estudiantil quedan limitadas a actividades simbólicas o a consultas cuyos resultados tienen escasa incidencia en las decisiones escolares. Por ejemplo, un centro de alumnos escogido y dirigido por las autoridades escolares. Aunque existen centros de estudiantes, consejos de curso o proyectos comunitarios, estos espacios no siempre logran convertirse en verdaderos ejercicios de deliberación democrática. Con frecuencia, los estudiantes participan como ejecutores de actividades diseñadas por otros, más que como actores capaces de proponer, debatir y tomar decisiones colectivas. Esta realidad resulta preocupante, pues la convivencia democrática no se desarrolla únicamente mediante discursos o reglamentos, sino a través de experiencias concretas donde los jóvenes aprenden a escuchar posiciones distintas, resolver conflictos y asumir responsabilidades compartidas. La educación cívica tradicional enseñaba cómo funcionan las instituciones; la Formación Ciudadana, en cambio, debería permitir vivir experiencias reales de participación. De forma complementaria, es así como lo señalan Cox y Mayorga al reconocer la ausencia de este tipo de aprendizajes en el Curriculum Nacional chileno.
Ahora bien, esta preocupación también apareció en la exposición de Rodrigo Mayorga. Sus hallazgos muestran que existe un amplio consenso respecto a la importancia de educar para la ciudadanía, pero también una distancia significativa entre las intenciones declaradas y las prácticas concretas. Con frecuencia, los Planes de Formación Ciudadana terminan reducidos a documentos, actividades aisladas o exigencias administrativas. Si bien estos instrumentos son necesarios, difícilmente pueden generar por sí solos una cultura democrática. La ciudadanía se aprende participando, enfrentando conflictos, dialogando con otros y construyendo soluciones colectivas.
Como futuros docentes, creemos que este es el desafío más importante que enfrenta actualmente la Formación Ciudadana. Ya no basta con enseñar conceptos sobre el Estado o los procesos electorales. La ciudadanía del siglo XXI exige habilidades más complejas: pensamiento crítico, alfabetización digital, empatía, capacidad de diálogo y compromiso con el bien común. Si las escuelas logran transformar estos principios en experiencias concretas de participación, estarán contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Pero si la Formación Ciudadana continúa reducida a declaraciones formales, corremos el riesgo de formar estudiantes suseptibles a cualquier tipo de información, e incapaces de convivir democráticamente. El futuro de nuestra democracia dependerá, en gran medida, de cuál de estos caminos decidamos seguir.
Columna de opinión escrita por:
Martín Barra Valdés
Javiera Muñoz Quiroz
Tomás Schäfer Pino