A pesar de la importancia otorgada por el MINEDUC al Plan de Formación Ciudadana y de los recursos elaborados para su implementación, la realidad cotidiana del sistema escolar evidencia una contradicción. Mientras se destaca la relevancia de la participación y el pensamiento crítico, continúa privilegiándose el rendimiento académico y las calificaciones por sobre el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos. Esta priorización reduce los espacios destinados al aprendizaje de prácticas democráticas y provoca que muchos jóvenes desarrollen su participación principalmente a través de las redes sociales, ejerciendo una ciudadanía digital que, en numerosas ocasiones, carece de una orientación institucional que favorezca un uso responsable y reflexivo. En lugar de promover una convivencia democrática basada en el respeto y la deliberación, las escuelas corren el riesgo de reproducir una lógica centrada en la competencia y el cumplimiento de metas académicas. Desde nuestra perspectiva, existe el peligro de formar estudiantes capaces de memorizar conceptos vinculados con la educación cívica y la formación ciudadana, pero con escasas oportunidades para ejercer una ciudadanía activa, crítica y responsable. 

A nuestro juicio, el desafío actual no pasa únicamente por discutir si la educación cívica debe privilegiarse por sobre la Formación Ciudadana, sino por reflexionar sobre las condiciones que hacen posible una implementación funcional. Ninguna política educativa logra sus objetivos cuando los planes y documentos que la sustentan son vistos como un requisito que cumplir y no como una oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje. La formación de los estudiantes requiere del compromiso de todos los actores vinculados a la escuela: profesores, equipos directivos, familias y comunidades educativas. Cuando alguno de estos pilares se debilita, las consecuencias terminan proyectándose más allá de las aulas y se reflejan en la manera en que las nuevas generaciones comprenden y ejercen la ciudadanía.

A nuestro juicio, el desafío actual no pasa únicamente por discutir si la educación cívica debe privilegiarse por sobre la Formación Ciudadana, sino por reflexionar sobre las condiciones que hacen posible una implementación funcional. Ninguna política educativa logra sus objetivos cuando los planes y documentos que la sustentan son vistos como un requisito que cumplir y no como una oportunidad para enriquecer los procesos de aprendizaje. La formación de los estudiantes requiere del compromiso de todos los actores vinculados a la escuela: profesores, equipos directivos, familias y comunidades educativas. Cuando alguno de estos pilares se debilita, las consecuencias terminan proyectándose más allá de las aulas y se reflejan en la manera en que las nuevas generaciones comprenden y ejercen la ciudadanía.

Si las escuelas siguen relegando estos aprendizajes y las familias se mantienen al margen de la tarea educativa, no debería sorprendernos encontrarnos con una ciudadanía cada vez más frágil y una democracia más distante de las personas. Por el contrario, fortalecer las escuelas como espacios de participación, diálogo y convivencia democrática podría contribuir no sólo al cumplimiento de una ley, sino también a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con el bien común. La pregunta, entonces, no es únicamente qué tipo de educación ciudadana queremos promover, sino si como sociedad estamos realmente dispuestos a asumir las responsabilidades que implica construirla. Después de todo, la democracia que tendrá Chile en 2036 dependerá, en gran medida, de las decisiones que seamos capaces de tomar hoy.