Conmemorando una década desde la promulgación de la Ley 20.911 que dio vida al Plan de Formación Ciudadana (PFC) en nuestro país, la comunidad educativa se enfrenta a una encrucijada ineludible respecto a su trayecto, proyecciones y desafíos estructurales. Este plan común estudiantil nació bajo la premisa de resguardar los valores democráticos, los derechos humanos y la probidad; sin embargo, el reciente conversatorio universitario liderado por los profesores Cristián Cox y Rodrigo Mayorga desveló que la discusión sobre el «¿Cómo aprendemos juntos?» sigue siendo un problema pedagógico vivo, latente y de urgente resolución. Frente a esta coyuntura, sostenemos firmemente que cada niño y niña se encuentra inmerso de forma constante y transversal en dinámicas sociales que ejercen ciudadanía desde la primera infancia; por tanto, la escuela chilena debe transitar urgentemente desde un modelo burocrático y formalista hacia el reconocimiento de la ciudadanía activa y la justicia social en el territorio, superando las barreras institucionales que ahogan la participación real de los estudiantes.

Para comprender el núcleo de este debate, es perentorio esclarecer la disyuntiva conceptual histórica: educación cívica versus formación ciudadana. Mientras la educación cívica tradicional se limitaba a la instrucción mecánica de contenidos jurídico-institucionales y a la memorización de leyes o mecanismos de sufragio, la formación ciudadana contemporánea apuesta por una dimensión integral que conjuga la convivencia civil con el ejercicio activo de la democracia dentro y fuera del aula. En el conversatorio, los expertos pusieron sobre la mesa la realidad expuesta que viven las aulas post-pandémicas: la ciudadanía no brota mágicamente al cumplir la mayoría de edad o al obtener una condición jurídica legal. Al contrario, se construye en el día a día a través de la resolución pacífica de conflictos y la validación del otro. Actos cotidianos y aparentemente mínimos, tales como ceder el asiento preferencial o clasificar la basura en sus respectivos contenedores, constituyen por sí mismos prácticas ciudadanas basales, en tanto configuran el respeto por las normas sociales y el cuidado deliberado de nuestro entorno común.

Sin embargo, al contrastar estas premisas teóricas con la realidad cotidiana de las escuelas, tropezamos con contradicciones estructurales severas. Como evidencian los datos diagnósticos de la última década, los Planes de Formación Ciudadana corren el peligro inminente de degradarse en un mero «trámite administrativo» o un requisito burocrático exigido por los sostenedores. El sistema educativo actual ejerce una presión sistemática sobre las comunidades, asfixiando los espacios de debate y reflexión profunda bajo una marea de calificaciones obligatorias y estandarizaciones que desplazan la empatía y el pensamiento crítico a un segundo plano. No podemos exigir una participación político-institucional robusta en la juventud si las escuelas reproducen un modelo adultocentrista que subutiliza los espacios democráticos existentes y asume las demandas estudiantiles como una amenaza al orden establecido, en lugar de tomarlas como oportunidades de aprendizaje situado.

A esta desarticulación institucional se añade un fenómeno sociocultural crítico expuesto por el profesor Cox: la crisis de la autoridad en la relación pedagógica y la erosión del poder estructurante de la escuela tradicional. La irrupción desmedida de la digitalización —con pantallas individuales permanentemente mediando la experiencia en el bolsillo de cada estudiante— ha diluido los mecanismos ortodoxos de ordenamiento del conocimiento y priorización cultural. En paralelo, observamos un quiebre dramático en la alianza histórica entre padres y profesores. Los «adultos a cargo», atrapados en una crisis simbólica de su función intergeneracional, han dejado con frecuencia a los docentes en una profunda soledad pedagógica. Esta confrontación directa entre apoderados y profesores fragmenta la convivencia democrática escolar, transformando el espacio educativo en un terreno de disputas particulares en lugar de un laboratorio de confianza generalizada y construcción de capital social.

A pesar de este adverso panorama, las comunidades escolares manifiestan una disposición sumamente favorable hacia la transformación: más del 85% de los docentes y equipos directivos afirman categóricamente que la formación ciudadana es una prioridad crucial para el país. Los establecimientos que logran romper el círculo de la burocracia y alcanzan el éxito pedagógico son aquellos que conciben el PFC no como un documento archivado, sino como la auténtica columna vertebral de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Para que la ley sea verdaderamente efectiva en el territorio, es urgente que el Ministerio de Educación trascienda la mera producción de documentos informativos de calidad y asuma un rol activo de acompañamiento pedagógico sistemático, territorializado y dotado de recursos económicos y temporales reales.

En conclusión, la implementación del Plan de Formación Ciudadana en Chile a diez años de su marcha supone desafíos multifactoriales cuya resolución no admite más dilaciones de carácter formalista. Es imperativo unificar los puntos neurálgicos discutidos: no habrá una democracia sólida si persistimos en separar el desarrollo moral temprano de la niñez de su derecho legítimo a una participación significativa en su entorno local. Si nuestras instituciones escolares continúan fallando en dotar de sentido práctico a estos planes, limitándose a cumplir con papeleos administrativos mientras ahogan el debate horizontal bajo la tiranía de la nota y la desarticulación comunitaria, nuestra frágil democracia se arriesga a un vaciamiento simbólico irreversible, entregando las futuras generaciones a la desafección política o a la violencia como único canal de expresión. El futuro de la convivencia democrática nacional se juega hoy en la capacidad del sistema educativo para transformar sus aulas en espacios vivos de justicia social, diálogo intergeneracional y ejercicio ciudadano real.