Grupo 7
Matías Cataldo - Pablo Cortés
Matías Cataldo - Pablo Cortés
Desde la promulgación de la Ley 20.911, la Formación Ciudadana se ha convertido en uno de los ejes más relevantes del debate educativo chileno. Su objetivo es promover la participación, la convivencia democrática y el pensamiento crítico dentro de las comunidades escolares. Sin embargo, el conversatorio sobre el Plan de Formación Ciudadana (2016-2036) demostró que este sigue siendo un proyecto en construcción, atravesado por tensiones políticas, cambios institucionales y profundas transformaciones culturales.
Mientras los discursos oficiales insisten en la necesidad de formar ciudadanos activos y comprometidos con la democracia, la realidad cotidiana de las escuelas revela obstáculos que van mucho más allá del currículum. La Formación Ciudadana difícilmente podrá cumplir sus objetivos si continúa desarrollándose en un contexto marcado por la fragmentación de las políticas públicas, la crisis de la autoridad pedagógica y el debilitamiento de los vínculos entre familia, escuela y comunidad.
La Ley 20.911 surge como una respuesta a la pérdida de confianza en las instituciones provocada por diversos casos de corrupción. Sin embargo, aunque la iniciativa representó un avance importante al instalar la Formación Ciudadana como una obligación para las escuelas, su implementación se concentró principalmente en la elaboración de planes institucionales, sin garantizar recursos, acompañamiento ni formación docente suficiente para transformar efectivamente las prácticas educativas.
Durante este período, la Formación Ciudadana se integró al Comité de Formación Integral y Convivencia Escolar (FICE), incorporando con fuerza la ciudadanía digital. No obstante, el contexto del estallido social y la pandemia evidenció una contradicción importante: mientras se promovía la participación y la convivencia democrática desde el discurso, el debate público estuvo marcado por altos niveles de polarización y conflictividad. La ciudadanía digital avanzó más como adaptación tecnológica que como una reflexión profunda sobre el ejercicio democrático en entornos digitales.
La actual administración ha fortalecido contenidos vinculados a los derechos humanos, la participación ciudadana y la educación ambiental. Sin embargo, persisten problemas estructurales que limitan el alcance de estas propuestas. La formación docente continúa siendo insuficiente, muchas iniciativas dependen de la capacidad individual de los profesores y las desigualdades territoriales siguen condicionando el acceso a experiencias significativas de participación democrática.
Otro de los temas centrales del conversatorio fue el impacto de la digitalización en la experiencia educativa. Las nuevas generaciones se desarrollan en un entorno caracterizado por una circulación permanente de información. Redes sociales, algoritmos y plataformas digitales ofrecen respuestas inmediatas y contenidos constantes. La escuela, en cambio, opera bajo tiempos distintos: requiere reflexión, lectura, análisis y construcción progresiva del conocimiento.
Esta tensión suele abordarse desde una lógica restrictiva, centrada en prohibir dispositivos o limitar plataformas. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en desarrollar una alfabetización digital crítica. En una sociedad cada vez más mediada por tecnologías, formar ciudadanos implica enseñar a evaluar fuentes, identificar desinformación y participar responsablemente en espacios digitales. La pregunta ya no es cómo proteger a los estudiantes de internet, sino cómo prepararlos para habitar críticamente el mundo digital.
Uno de los diagnósticos más profundos planteados por Cox se relaciona con el quiebre de la alianza histórica entre familias y docentes. Con frecuencia se acusa a las familias de haber abandonado su rol formativo. Sin embargo, esta explicación ignora una dimensión fundamental: las condiciones materiales bajo las cuales viven miles de hogares chilenos. Resulta difícil exigir acompañamiento constante cuando gran parte de los adultos debe dedicar entre 43 y 45 horas semanales al trabajo remunerado para garantizar la subsistencia familiar.
La denominada "evaporación de los adultos" no puede entenderse únicamente como una crisis cultural o moral. También es el resultado de una organización social que reduce progresivamente el tiempo disponible para la crianza, el diálogo y la construcción de vínculos. Mientras las familias tienen menos tiempo para acompañar a niños y jóvenes, la escuela recibe crecientes demandas relacionadas con convivencia, salud mental, socialización y formación valórica. Se espera que el establecimiento educacional resuelva problemas cuya raíz se encuentra mucho más allá de sus límites institucionales.
Al finalizar el conversatorio, queda la sensación de que la Formación Ciudadana enfrenta un desafío que va mucho más allá del currículum escolar. No se trata únicamente de perfeccionar planes, incorporar nuevos contenidos o diseñar mejores estrategias pedagógicas. La pregunta de fondo parece ser mucho más incómoda: ¿es posible formar ciudadanos democráticos en una sociedad que cada vez dispone de menos tiempo para la vida en común?
A menudo pensamos la ciudadanía como un conjunto de conocimientos o habilidades. Sin embargo, la ciudadanía también es una experiencia. Se aprende conversando, participando, escuchando al otro, construyendo acuerdos y sintiéndose parte de una comunidad. Ninguna de esas experiencias puede desarrollarse plenamente cuando el tiempo se vuelve un recurso escaso y la vida cotidiana está marcada por la prisa permanente.
Quizás por eso resulta tan difícil reconstruir la alianza entre familias, escuelas y comunidades. No porque las personas hayan dejado de preocuparse por sus hijos o por la educación, sino porque vivimos en una sociedad donde cada vez más horas se destinan a producir y cada vez menos a convivir. Las infancias no sólo enfrentan una crisis educativa; enfrentan una crisis de acompañamiento. Muchos niños y jóvenes crecen rodeados de información, pero con escasos espacios para el diálogo, la escucha y la construcción de vínculos significativos.
En este contexto, la escuela parece cargar sobre sus hombros responsabilidades que antes eran compartidas por toda la comunidad. Se le exige formar ciudadanos críticos, resolver conflictos sociales, reconstruir la convivencia y preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más complejo. Sin embargo, ninguna institución puede cumplir por sí sola una tarea que pertenece al conjunto de la sociedad. Por ello, fortalecer la Formación Ciudadana implica también fortalecer a quienes sostienen diariamente la educación. La organización docente y el sindicalismo pueden cumplir un papel relevante no sólo en la defensa de derechos laborales, sino también en la construcción de espacios de participación democrática y reflexión colectiva sobre el sentido de la educación. Después de todo, es difícil enseñar ciudadanía en instituciones donde quienes educan tienen pocas oportunidades para ejercerla.
Tal vez la principal enseñanza del conversatorio sea que la democracia no se construye únicamente en las elecciones, los parlamentos o las leyes. Se construye en los vínculos cotidianos, en las conversaciones familiares, en las organizaciones sociales, en las escuelas y en cada espacio donde las personas aprenden a convivir con otros. Si queremos una ciudadanía más participativa y una democracia más sólida, quizás debamos comenzar por recuperar algo que parece cada vez más escaso: el tiempo para encontrarnos, dialogar y construir comunidad.
Porque una sociedad que no tiene tiempo para educar tampoco tendrá tiempo para comprenderse a sí misma. Y una democracia que pierde sus espacios de encuentro corre el riesgo de conservar sus instituciones, pero perder aquello que les da sentido: las personas.