La auditoría tuvo como propósito determinar si las acciones para la adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio de educación primaria ante la emergencia sanitaria cumplen con la normativa y prácticas aplicables con el propósito de dar continuidad al proceso educativo. El periodo evaluado comprendió entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2021, ampliándose cuando fue necesario.

La adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento de un servicio comprende la implementación de acciones que permitan su ajuste con base en las necesidades de la población ante condiciones sociales, económicas, tecnológicas u otras relevantes, con el fin de garantizar su prestación continua, el acceso universal; así como la verificación del cumplimiento de objetivos y metas.

Lo anterior se vuelve crítico ante la posible materialización de riesgos o en presencia de eventos que alteran las circunstancias normales, tal como la emergencia sanitaria, la cual ha tenido efectos en el servicio de educación primaria brindado por el Ministerio de Educación Pública; entre ellos, más de 400.000 estudiantes de primaria han experimentado cambios en la forma en la que reciben su educación, la cual pasó de la presencialidad a la educación a distancia y posteriormente a una modalidad combinada (entre presencialidad y trabajo a distancia).

En ese sentido, la definición e implementación de acciones que permitan cumplir con la adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio de educación primaria ante la emergencia sanitaria conforme a la normativa y prácticas aplicables es fundamental, en procura de asegurar la continuidad educativa, garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas; así como el desarrollo de sus capacidades en los ámbitos académico, emocional y social.

Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil, mediante el cual se comunicó un reporte de auditoría durante el proceso de fiscalización, detallando áreas susceptibles de mejora del objeto auditado, a efecto de que la Administración pudiera implementar acciones oportunas. Considerando los resultados comunicados mediante dicho reporte, el Ministerio diseñó el “Plan de Nivelación Académica: articulación curricular y evaluación de los aprendizajes” y el Webinario de Actualización Docente como una opción permanente, autogestionada para aplicación educativa en la plataforma virtual de ese Ministerio, además, aplicó una evaluación a la capacitación relativa al uso de la guía de trabajo autónomo. Sin embargo, las acciones definidas se encuentran en proceso de implementación, de manera que los hallazgos reportados durante la auditoría se encuentran pendientes de atender y se abordan en el presente informe final; así como hallazgos adicionales configurados con posterioridad al reporte comunicado.

El Ministerio de Educación Pública ha realizado acciones que tienen el propósito de dar continuidad al servicio de educación primaria y evitar la deserción masiva de estudiantes mediante las estrategias “Aprendo en Casa” -que fue aplicada durante 2020- y “Regresar” -la cual se encuentra vigente en 2021-. Entre otros aspectos, estas estrategias establecieron las bases para el proceso de mediación pedagógica en las modalidades de educación a distancia y combinada. Sin embargo, existen limitaciones significativas respecto a la definición e implementación de acciones para promover la adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio educativo.

En cuanto a las acciones para adaptar el servicio de educación primaria, el Ministerio no conoce su efectividad, debido a que no dispone de información suficiente, por ejemplo, no se cuenta con información sobre el nivel de entrega efectiva de las Guías de Trabajo Autónomo, principal herramienta para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje en el contexto de la emergencia, si estas se entregaron a la totalidad de la población estudiantil y la frecuencia de uso de los distintos medios de entrega; asimismo, no se cuenta con información sobre la efectividad de los programas de radio y televisión. Además, el Ministerio carece de información estadística respecto a los niveles y Direcciones Regionales a las que pertenecen los docentes que participan en las actividades de capacitación masiva y los que no, ya que sólo se tiene registro de la cantidad total de participantes.

Estas debilidades implican que los niveles central y regional no disponen de elementos cualitativos y cuantitativos específicos sobre la adaptación del servicio, que le permitan realimentar y reformular sus acciones de manera oportuna para una readaptación bajo un enfoque de mejora continua, en los que además no existen insumos para establecer planes de nivelación sustentados en información relativa a los aprendizajes efectivamente impartidos y los niveles de logro alcanzados. Esto constituye una fuente de creación de desigualdades para el estudiantado, que a mediano plazo pueden constituir barreras de acceso a mayores grados académicos y a mejores oportunidades en el mercado laboral, lo que compromete sus niveles de ingreso y aumenta el riesgo de pobreza.

En lo que respecta a la accesibilidad al servicio, se determinó que el Ministerio utiliza la Alerta Temprana como un mecanismo para identificar, atender y monitorear aquellas personas en riesgo de exclusión, aunque se lleva un registro de la cantidad de alertas emitidas (25.678 alertas en 1.023 centros educativos), no se cuenta con información respecto a su efectividad, es decir, si la persona permaneció o salió del sistema. Además, el Ministerio dispone de información limitada respecto a la efectividad de otras acciones para promover el acceso universal, por ejemplo, en en lo que respecta al uso de “Aprendo en casa TV” únicamente se cuenta con los resultados de una consulta realizada en el mes de diciembre de 2020 al personal docente y reporte de audiencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión.

Aunado a lo anterior, se identifican limitaciones en la calidad de la información sobre posibles beneficiarios del programa de Hogares Conectados, el cual se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021, que el Ministerio y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado deben brindar a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Además, la cantidad de estudiantes sin conectividad aumentó de 2020 a 2021; sin embargo, el propio Ministerio señala posibles inconsistencias en la recolección de esta información y una subestimación del dato real para 2020.

A partir de tales hallazgos, no existe garantía de que el servicio adaptado haya sido accesible. En adición, las distintas condiciones de acceso pueden afectar la calidad del servicio e incidir sobre el rezago educativo en poblaciones que ya eran vulnerables desde antes de la pandemia. Lo anterior incide en la toma de decisiones estratégicas y oportunas, pues estas se basan en información limitada sobre el cumplimiento de los objetivos, el aseguramiento en las responsabilidades de los actores del sistema educativo, y la orientación efectiva de los recursos, entre otros aspectos.

En lo concerniente al seguimiento del servicio, no existe un proceso de monitoreo sistemático que permita contar con datos actualizados o sobre una base periódica de mayor conveniencia, por ejemplo, la información relativa a escenarios educativos de conectividad se recopila en el censo escolar, a pesar de ser variables que cambian con mayor frecuencia. En otros casos, los mecanismos de seguimiento se encuentran desconcentrados en el personal docente y director, tal es el caso de la información relacionada a las Guías de Trabajo Autónomo.

Además, en lo que corresponde al rezago educativo, no se dispone de mecanismos para recopilar información que permita evaluar las brechas de aprendizaje producto de la pandemia y el nivel de logro obtenido por el estudiantado en 2020 y 2021, por lo que las acciones implementadas para abordar el rezago educativo no se sustentan sobre una base diagnóstica y estratégica -la cual aún no se ha recabado y procesado en su totalidad- sino que su atención se ha centrado en facilitar la planeación docente y articular los aprendizajes base, sin que se evidencien acciones para recuperar los aprendizajes no impartidos.

Esto limita un abordaje integral para la recuperación de los aprendizajes, lo que a su vez acentúa las desigualdades a las que se enfrenta el estudiantado, en particular aquellos que pertenecen a poblaciones vulnerables, y las problemáticas estructurales a las que se enfrenta el sistema educativo. Cabe señalar que entre mayor dilación en la atención de este tema, mayor es la pérdida de capacidades y oportunidades a futuro para la población estudiantil.

Se giran disposiciones para que se elabore, apruebe e implemente una política para la prestación del servicio educativo bajo la modalidad a distancia y la respectiva normativa para su instrumentalización. Además, definir, oficializar e implementar los mecanismos que permitan al Ministerio conocer la efectividad y alcance de las siguientes acciones ejecutadas para la adaptabilidad y accesibilidad al servicio ante la emergencia sanitaria; así como, disponer de información actualizada para conocer el estado real de las necesidades del estudiantado en cuanto a dispositivos y conexión a internet; del contacto sobre posibles beneficiarios tanto de programas ligados a planes de desarrollo vigentes como cualquier otra acción estatal o no estatal orientada a la dotación de equipo tecnológico y conexión a internet al estudiantado; así como sobre la estrategia de Alerta Temprana.

Asimismo se dispone la elaboración de un diagnóstico sobre el rezago educativo que enfrenta el nivel de educación primaria, para cada grado y asignatura, que contemple al menos las brechas entre los aprendizajes recibidos durante los cursos lectivos 2020 y 2021; así como diseñar, oficializar e implementar un plan para la recuperación del aprendizaje.

A la Directora del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano se le dispone que incorpore en el registro de las capacitaciones que brinda dicho instituto lo relacionado al nivel que imparte, centro educativo, circuito y Dirección Regional a la que pertenece la persona que recibe la capacitación, de tal forma que se pueda dar trazabilidad a los participantes de dichas actividades y contar con insumos para la toma de decisiones orientadas a promover la adaptabilidad docente.