La auditoría tuvo como propósito determinar la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos del Programa Proteger implementado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ante la emergencia sanitaria. El período evaluado comprendió entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2020 el cual se amplió en los casos en que se consideró pertinente.

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio nacional debido a la enfermedad provocada por el COVID-19, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS mediante el cual se crea el Programa Proteger que tiene como propósito atender a las personas afectadas por el cambio en sus condiciones laborales y de ingresos como consecuencia de esa emergencia.

Dicho Programa se ejecuta mediante el otorgamiento de un subsidio temporal denominado Bono Proteger, el cual al 31 de julio de 2020 se había entregado a 533.689 personas que representaban el desembolso de ₡164.606 millones; asimismo, a esa fecha existían ₡255.954 millones disponibles para ese fin. En ese sentido, el Programa Proteger se convierte en uno de los programas con mayor cantidad de recursos asignados y con alta expectativa de parte de la ciudadanía, por lo que resulta relevante fiscalizar la eficiencia y eficacia en su asignación, el cumplimiento de los objetivos vinculados a la atención de la población beneficiaria; así como, promover la transparencia y la rendición de cuentas.

En la auditoría realizada se determinó que la asignación de los recursos del Programa Proteger implementado por el MTSS y el IMAS ante la emergencia sanitaria, presenta limitaciones que afectan su eficiencia y eficacia, de acuerdo con las mediciones realizadas respecto a su cobertura y focalización, la distribución de recursos, la calidad del Programa y los efectos generados en la población beneficiaria.

Respecto a la cobertura del programa, se determinó que el total de beneficiarios del Bono Proteger (533.689) al 31 de julio de 2020 representó un 71,7% del total de personas con afectación laboral estimadas por el INEC al segundo trimestre del año 2020, con lo cual el Programa ha llegado de forma moderada a la población objetivo.

No obstante, al validar la afectación laboral y las condiciones de exclusión de cada uno de los solicitantes a los que era posible hacerlo mediante el uso de bases de datos, se identificaron personas quienes podían recibir el beneficio y no lo recibieron. En ese sentido, el porcentaje de subcobertura del Programa varió entre el 79,5% (abril) y el 59,0% (julio), lo cual es un porcentaje alto de personas con las posibilidades para recibir el bono y no les fue otorgado.

En relación con el nivel de precisión de entrega del Bono Proteger -focalización- se estimò por parte de esta Contraloría General que el 16,4% de los bonos otorgados entre los meses de abril y julio presentan riesgos de haberse otorgado a personas que podrían contar con algún impedimento para recibirlo, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos sobre las personas que indicaron haber sido despedidas, con suspensión o reducción de jornada laboral. Dicho porcentaje representaría un total de ₡7.490 millones en posibles recursos que fueron asignados a personas que presentaban dicho riesgo.

Asimismo, mediante la comparación de diferentes bases de datos y la aplicación de entrevistas telefónicas al grupo de personas beneficiarias independientes, informales o temporales, se determinó que entre el 10,3% y el 20,7% de las personas refleja niveles de riesgo medio o alto de haber suministrado información inconsistente, errónea o incorrecta. Por lo que se estima una eventual asignación de recursos, dada dicha situación, por montos que oscilan entre los ₡3.759 millones y ₡7.556 millones, respectivamente. Adicionalmente, se identificaron 30 personas beneficiarias con un cuarto desembolso, que representa ₡3,8 millones, lo cual pueden ser posibles prórrogas del Bono Proteger.

Por su parte, al verificar si los beneficiarios recibieron el monto de acuerdo a la afectación laboral -distribución de recursos- registrada en SICERE; se identificó que el 20,4% de los beneficiarios eventualmente se les pudo haber asignado un bono de ₡125.000 cuando le correspondería uno de ₡62.500, para una estimación de ₡4.478,5 millones de posibles beneficios otorgados de más a dichos beneficiarios. Asimismo, se determinó que el 17,3% de los hogares beneficiados incluían entre dos y siete miembros con dicho beneficio. Además, sobre la continuidad del Programa, 4.252 personas dejaron de percibir la transferencia monetaria sin justificación.

Adicionalmente, al consultar el nivel de satisfacción sobre el Programa a una muestra de 709 personas solicitantes y beneficiarias, se determina que el 60% indica un nivel de satisfacción positiva. Además, al disgregar la característica de facilidad de acceso a la plataforma el 69,6% señala una opinión positiva sobre este aspecto.

En relación con los efectos generados mediante el Bono Proteger en la población beneficiaria respecto a quienes no lo recibieron, se identifican indicios positivos sobre la incidencia en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, así como la opción de emprender una actividad económica que les permita generar ingresos extra. Sin embargo, no se comprobaron diferencias en las variables relacionadas con el inicio de estudios y la búsqueda de empleo formal, elementos de la inserción laboral y la reactivación económica.

Las debilidades detectadas en la eficacia y eficiencia del Programa Bono Proteger, referidas a posibles: filtraciones, errores de pago y del monto del beneficio; personas que de acuerdo a sus condiciones calificaban para recibir el beneficio y no lo recibieron, a juicio de esta Contraloría General restringen la posibilidad de que más personas y hogares con necesidades pudieran acceder al beneficio, en el contexto de la afectación de ingresos provocada por la emergencia sanitaria que experimenta el país.

Con base en los resultados obtenidos se emiten disposiciones a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y al Presidente Ejecutivo del IMAS con el propósito de definir e implementar las acciones que permitan ejecutar los procesos de validación de la información de los beneficiarios en la plataforma tecnológica, actual base para el Bono Proteger, directamente con las bases de datos de fuentes primarias; analizar e implementar las medidas para la recuperación de los posibles beneficios otorgados de más cuando correspondan, posterior a la revisión y detección de casos; y definir e implementar medidas para quienes requieran empleo, como los solicitantes del Programa Proteger, para que puedan ser tomados en cuenta dentro de los programas vigentes de inserción laboral y capacitación gubernamentales.