Es así como, analizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley es relevante en un contexto de recursos escasos, considerando la presión que enfrenta el Fondo Nacional de Emergencias para hacer frente a este gasto y la apremiante situación fiscal del país, todo lo cual hace necesario identificar formas de accionar que garanticen razonabilidad, proporcionalidad, coordinación e integralidad del proceso de gestión.

En ese sentido, al 31 de diciembre de 2020 la Comisión contrató 206 funcionarios que corresponden a personal de otras ramas, para lo cual únicamente consultó a dos instituciones públicas sobre la posibilidad de que se le facilitara personal específico para la atención de actividades relacionadas con la emergencia; sin embargo fueron dirigidas en busca de un único tipo profesional con indicación expresa del nombre de la persona en consideración a una relación laboral anterior con la CNE, sin abrir la posibilidad de recibir colaboración de algún otro funcionario.

Además, la CNE suscribió tres convenios para el préstamo de personal, uno con el Ministerio de Hacienda el cual facilitó un funcionario con especialidad en recursos humanos, otro con el Registro Nacional de Costa Rica, para el préstamo de 10 funcionarios con puesto de chofer y otro con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que colaboró con 3 funcionarios especialistas en riesgo.

Según se observa, estas acciones contribuyeron en cubrir solo un 6,8%^[5] del total de personal de otras ramas requerido para atender la emergencia al 31 de diciembre de 2020. Sobre el particular, la CNE indicó en oficio n.° CNE-DE-OF-065-2021^[6] que no se efectuaron más gestiones formales para obtener este tipo de colaboración.

Por otra parte, se desprende de los planes de inversión que los puestos de personal de otras ramas requeridos en el marco de la emergencia tanto por la CNE como por otras instituciones, poseen características y requisitos que podría cumplir el personal de la planilla de otras instituciones públicas, por ejemplo choferes, oficinistas, secretarias, profesionales en contabilidad, proveeduría, comunicación, así como los otros puestos ubicados dentro de esta clasificación.

Del análisis efectuado se desprende que por ejemplo para el puesto de operador telefónico para el Sistema de Emergencias 911, la CNE conocía la necesidad de este personal desde marzo de 2020 pues recibió en ese mes el reporte^[7] de esa institución con la solicitud; sin embargo según información suministrada^[8], la Comisión contrató 46 funcionarios en este puesto entre abril y diciembre de 2020, sin que consten acciones para solicitar este personal en condición de préstamo a otras instituciones públicas. Al respecto, cabe señalar que el plan de inversión donde se incluye el puesto de operador telefónico, indica como requisito mínimo tener el grado académico de Bachiller en Educación Media, de manera que es altamente probable que las Instituciones públicas dispongan de personal para cubrir este perfil.

Asimismo, entre los meses de mayo y abril del 2020 se contrataron 60 choferes para la CNE con el fin de desempeñar labores relacionadas con la emergencia. Ello, pese a que otras instituciones públicas podían prescindir de este tipo de puestos y colaborar con la Comisión, en tanto al inicio de la Pandemia se recurrió al teletrabajo en el sector público, lo cual provocó una reducción considerable en las cargas laborales para este tipo de puesto.

Al respecto, en oficio n.° CNE-DE-OF-161-2021^[9], la Comisión argumentó que se efectuaron consultas para el préstamo de funcionarios en las Mesas de Trabajo y en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)^[10], sin recibir respuesta afirmativa por parte de las instituciones públicas allí representadas. Además, la CNE refirió a la posibilidad de enfrentarse a casos de ius variandi negativo, debido a potenciales cambios en las condiciones laborales de los funcionarios facilitados en condición de préstamo por otras instituciones públicas; así como restricciones en el pago de horas extras por parte de la institución que prestara los funcionarios, de manera que optaron por realizar contrataciones para suplir la necesidad de personal.

Sin embargo, la Comisión no acreditó, mediante evidencia documental o de otra naturaleza, las situaciones referidas en el párrafo anterior, relativas al ius variandi, pago de horas extra, consultas efectuadas en las Mesas de Trabajo y el COE, así como las respuestas negativas de las instituciones; ello aunado a que en dichas mesas de trabajo se cuenta con participación de tan solo un grupo de instituciones públicas.

En relación con lo anterior, si bien la pandemia ha afectado todo el territorio nacional y su temporalidad es aún indefinida, la Ley de Emergencias y su normativa conexa previeron espacios de eficiencia en contextos de emergencia, con el fin de obtener la ayuda del sector público necesaria para su atención, en este caso mediante la facilitación de personal, lo cual resulta necesario en vista de la constante presión sobre el Fondo Nacional de Emergencias y la situación fiscal que enfrenta el país.

En ese sentido, el artículo 31 de la Ley n.° 8488, dispone en relación con la aplicación del régimen de excepción en las contrataciones de personal por emergencia, que la CNE debe verificar previo a la decisión de contratar, si las instituciones públicas del país cuentan con la posibilidad de facilitar personal. En relación con lo anterior, la CNE tiene la potestad de ley, y además el respaldo constitucional para hacer consultas a todas las instituciones públicas con el fin de solicitar la ayuda necesaria durante un estado de emergencia y que le sea proporcionada información de calidad para la toma de decisiones.

En igual sentido , el artículo 8 del Decreto Ejecutivo n.° 42227, refuerza e insta a las instituciones públicas para que faciliten el préstamo de funcionarios, equipo y activos a la CNE para la atención de la emergencia por COVID-19. Asimismo, la Sala Segunda de Casación en la resolución n.° 2013-951 de las diez horas veinte minutos del dieciséis de agosto del dos mil trece, señaló:

De forma que, en efecto, la citada Comisión puede realizar los indicados nombramientos de emergencia, en la situación y con las restricciones que la misma normativa indica; precisamente en aplicación del principio de legalidad. Es decir, el personal que se podría nombrar sería el personal especial para atender la emergencia, por el tiempo que dure la declaración de emergencia, siempre que la Administración Pública regional no tenga al personal técnico requerido o no lo pueda prestar y que exista un nexo causal entre el nombramiento y la emergencia decretada. El subrayado es propio y no corresponde al original.

Lo anterior es congruente con el artículo 27 del Reglamento a la ley n.° 8488, Decreto Ejecutivo n.° 34361, el cual señala que en situaciones de emergencia la CNE debe mantener sus sistemas operativos, administrativos y financieros expeditos y simplificados, para garantizar el manejo oportuno, coordinado y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.

El cumplimiento de este requisito normativo resulta positivo para el interés público dado que los recursos del Fondo Nacional de Emergencias son limitados; por lo que corresponde a la CNE, previo a cargar gastos al Fondo, agotar las vías normativas previstas para cumplir su mandato legal en la atención de la pandemia, de conformidad con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, así como de coordinación preceptuados en el artículo 3 de la Ley n.° 8488, lo cual también es congruente con el artículo 19, inciso d) y 20, inciso h) aparte 2, de esa misma ley.