La auditoría tuvo como propósito determinar si el diseño e implementación de la Estrategia Regresar del Ministerio de Educación Pública se enmarcan dentro de la normativa y buenas prácticas aplicables, en procura de gestionar de forma integral y segura la presencialidad de la comunidad educativa en los centros de educación ante la emergencia sanitaria. El período evaluado comprendió entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de enero de 2021, el cual se amplió en los casos que se consideró necesario.

Más de un millón de estudiantes experimentó el cierre de sus centros educativos desde el mes de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria, lo que ha representado un desafío para el sistema educativo, responsable de garantizar tanto el derecho a la educación amplia e integral como a la salud. En este contexto surge la necesidad de buscar alternativas para no interrumpir el proceso de enseñanza - aprendizaje de esa población, por lo que el Ministerio de Educación Pública ha establecido distintas premisas para desarrollar una estrategia ante esa emergencia, entre ellas, las vinculadas con el regreso a las clases presenciales desde el 8 de febrero de 2021 mediante la Estrategia Regresar.

En ese sentido, resulta relevante determinar si esa estrategia comprende una serie de elementos mínimos en su diseño e implementación, máxime considerando que debe responder a un contexto complejo y cambiante que requiere la toma de decisiones oportuna ante las dificultades que puedan presentarse en su implementación. Esto en procura de gestionar de forma integral y segura el curso lectivo 2021; así como, alcanzar los efectos pretendidos y el consecuente valor público que se espera del servicio de educación, considerando las necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa.

La Contraloría General determinó que para el diseño e implementación de la Estrategia Regresar el Ministerio de Educación Pública creó el Sistema de Información General de Centros Educativos, construyó un índice que permite determinar el nivel de riesgo de los centros educativos y elaboró una serie de lineamientos y protocolos para el retorno a la presencialidad, lo que contribuyó con la gestión del regreso de la población estudiantil a los centros educativos a partir del 8 de febrero de 2021. No obstante, se identificaron situaciones que requieren ser atendidas por ese Ministerio en procura de garantizar de forma razonable la toma de decisiones oportuna, la transparencia y la rendición de cuentas respecto a esa gestión, en un momento en que la dinámica es cambiante y requiere de insumos en tiempo real y el uso eficiente de los recursos.

Respecto al diseño de la estrategia, se determinó que requiere la incorporación de elementos clave que promuevan la definición clara, oportuna y estratégica de acciones para su implementación. En ese sentido, es necesaria la determinación detallada del problema, considerando la identificación de las características de la población estudiantil ante este contexto, la magnitud en que está siendo afectada; así como, el reconocimiento de las causas y efectos de la problemática.

Asimismo, no se dispone de información actualizada y completa sobre la evolución de las condiciones de los centros educativos y las personas estudiantes ante los efectos de la emergencia sanitaria, que sirva de insumo para la redefinición de ese diseño cuando sea requerido. Entre otros, datos sobre las condiciones de la población estudiantil -factores de riesgo psicosocial, atención prioritaria, exclusión educativa y mayor vulnerabilidad-; así como, sobre el estado de la infraestructura y contexto de cada uno de esos centros.

Aunado a lo anterior, no se dispone de información sobre el establecimiento de los planes de apertura de los centros educativos para la toma de decisiones oportuna respecto a la modalidad -presencial o a distancia- que deba aplicarse en distintos momentos del ciclo lectivo conforme al comportamiento de la emergencia; sus condiciones particulares; así como, del monitoreo continuo de los riesgos identificados. Asimismo, no se evidencian con claridad los objetivos estratégicos para la implementación y evaluación de la Estrategia Regresar. Por su parte, los productos esperados no se encuentran enfocados hacia resultados y la generación de valor público de la función sustantiva del servicio de educación, siendo que se refieren a guías y protocolos de aplicación obligatoria en los centros educativos. Además, no se identifican con claridad los efectos e impactos esperados con la intervención.

En relación con la implementación de la Estrategia no se cuenta con información sobre la cobertura alcanzada a la fecha respecto al total de la comunidad educativa, en la socialización de lineamientos, normativa y planes logísticos. Además, no se evidencia la comunicación realizada sobre las opciones de consulta ante dudas de dichos documentos normativos por parte de estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo.

Respecto a los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para implementar la Estrategia, el Ministerio no aportó evidencia de la existencia de un análisis de la disponibilidad y uso de recursos y los responsables de su administración. La página web del Ministerio no presenta un detalle del estado de los centros educativos, si bien se dispone de una plantilla para tal funcionalidad, el documento existente no cuenta con información alguna.

Asimismo, no se cuenta con una línea base de medición que permita identificar los resultados de la Estrategia Regresar en la comunidad educativa; no se han elaborado informes de avance en su implementación; ni se cuenta con información sobre los centros educativos que han definido su plan de apertura o se encuentran en proceso de formulación; así como, estadísticas sobre los estudiantes matriculados y de aquellos que han regresado a la presencialidad.

Se emiten disposiciones al Ministerio de Educación Pública con el fin de implementar acciones respecto al diseño e implementación de la Estrategia Regresar. Lo anterior, mediante la toma de decisiones basada en información sobre las características de la población estudiantil, la evolución de las condiciones de los centros educativos y las personas estudiantes ante los efectos de la emergencia sanitaria; así como, la que se genere mediante los procesos de monitoreo y seguimiento. Esto con el propósito de que se realicen ajustes oportunos en su implementación, que garanticen de forma razonable la seguridad de la comunidad educativa y consecuentemente la continuidad del servicio. Además, resulta indispensable mejorar la comunicación y la rendición de cuentas a la ciudadanía y para la toma de decisiones sobre la implementación y resultados de esa Estrategia.