La presente auditoría de carácter especial tuvo como objetivo determinar si las acciones y controles vinculados con la distribución de víveres por parte de los actores involucrados, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, se ajustan al marco normativo y técnico aplicable, con el propósito de promover la transparencia, apoyar la rendición de cuentas y fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Para ello, se examinaron las entregas de víveres ejecutadas por los 15 comités municipales de emergencia (CME), 69 centros educativos y 17 centros de cuido y desarrollo infantil (CECUDI), así como las acciones asociadas a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Ministerio de Educación Pública (MEP), la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); para el período que comprende marzo y octubre de 2020.

En el marco de la emergencia causada por la enfermedad COVID-19, las autoridades estatales determinaron la necesidad de brindar paquetes de víveres a diferentes poblaciones, mediante el otorgamiento de asistencia humanitaria (CNE y CME) y la continuidad de programas de alimentación (MEP y CECUDI). Esto, considerando las circunstancias particulares que plantea un contexto de pandemia.

Entre marzo y octubre de 2020, los CME, centros educativos y CECUDI, de los 15 cantones de esta Auditoría, destinaron, en conjunto, aproximadamente ₡ 6.797 millones, en la entrega de 135 mil paquetes de víveres. Por ello, es relevante analizar si las entregas de víveres se efectuaron de conformidad con el marco normativo y técnico aplicable.

Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil, mediante el cual durante el proceso se comunicaron dos Reportes de Auditoría, en los que se detallaron algunas áreas susceptibles de mejoras a efecto de que la Administración pudiera implementar acciones oportunas.

Una vez analizadas las acciones desarrolladas por la administración, se determinó que los hallazgos reportados durante la auditoría aún persisten, por lo que forman parte de los resultados del presente informe final, con su respectiva disposición. Adicionalmente, se incluye en este informe un hallazgo adicional configurado con posterioridad al último Reporte comunicado.

Las acciones desarrolladas por los actores involucrados en las entregas de paquetes de víveres, han permitido ofrecer alimentación y artículos de higiene a personas necesitadas de recibir atención por parte de entidades estatales. Sin embargo, esa labor se ha desarrollado de manera desarticulada; esto por cuanto las acciones relacionadas con las entregas de víveres omiten considerar los componentes y elementos básicos de la coordinación interinstitucional, a saber: estrategia, asignación, ejecución y evaluación.

Lo anterior, en virtud de la presencia de un proceso fragmentado que dificulta la armonía de las acciones, lo cual se caracteriza por la ejecución de tareas aisladas con oportunidades de mejora en todo el ciclo de las actividades vinculadas a la distribución de víveres; especialmente en el flujo de la información necesaria para las entregas.

Por otra parte, los comités municipales de emergencia presentan oportunidades de mejora en los procesos de selección de beneficiarios y entregas de los paquetes, pues, en 9 de los 15 CME, se carece de documentación que respalde la revisión de los criterios aplicados debido a que su fundamento se apoya en la justificación aportada por los solicitantes en formularios aplicados por los CME, o listas entregadas por terceros tales como Asociaciones de Desarrollo, síndicos, entre otros.

De igual manera, la declaración jurada utilizada para la verificación de criterios de beneficiarios carece de elementos básicos para una revisión posterior que permita asegurar la veracidad de la información declarada, tales como el lugar de trabajo, fecha de despido o cese de funciones, entre otros.

En relación con las entregas efectuadas por 69 centros educativos, se presentan inconsistencias en la aplicación de controles establecidos por el MEP, en el formulario de control de entrega de paquetes, tales como la ausencia de la cantidad de entregas, falta de firmas de director o personas encargadas de recibir los paquetes, entre otras.

Por su parte, en los CECUDI se presentan inconsistencias tales como desconocimiento de los costos totales de los paquetes entregados, presentación de informes incompletos a las unidades locales de desarrollo social del IMAS y falta de revisión, seguimiento y evaluación por parte de ese Instituto, de los recursos aportados.

Finalmente, en el registro de la información correspondiente a las entregas de los paquetes de víveres, se aprecian inconsistencias en los nombres, cédulas y otros datos de relevancia, lo cual impide garantizar los atributos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.

Se giran disposiciones para implementar acciones que mejoren la atención de la emergencia, así como de futuros eventos. De esa manera, se dispone a la CNE, en conjunto con los CME fiscalizados, elaborar y divulgar un informe de lecciones aprendidas que permita definir buenas prácticas para futuras emergencias.

Por otra parte, al IMAS se dispone elaborar, formalizar e implementar mecanismos de seguimiento y control de las actividades implementadas por los CECUDI, en atención de la estrategia definida ^[1] para entregar paquetes de alimentos a los beneficiarios de los centros de cuido.

Finalmente, a la CNE, MEP y la Secretaría Técnica de la Redcudi, se les dispone elaborar, formalizar y divulgar lineamientos que permitan estandarizar la información de las entregas de víveres.