El objetivo de la auditoría es determinar si las acciones para procurar la disponibilidad de vacunas contra el Covid-19 se realizan de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y las buenas prácticas internacionales. En particular, el objetivo de este documento es valorar si las acciones efectuadas ante una declaratoria de emergencia nacional en torno a la introducción de la vacuna contra el Covid-19, consideran las recomendaciones de organismos internacionales en aspectos regulatorios, de financiamiento, coordinación, población a vacunar, vacunas e insumos asociados, con el fin de identificar oportunidades de mejora en las decisiones país.

La introducción de la vacuna contra el Covid-19 conlleva retos en el acceso oportuno, equitativo y suficiente de las vacunas, así como la valoración de aspectos regulatorios, técnicos y operativos, que permitirán no solo disponer de la vacuna en el país, sino realizar la debida inmunización.

Dentro de este contexto, resulta relevante para el país realizar proyecciones de necesidades y la identificación de fuentes de financiamiento que permitan contar con recursos para la introducción de la vacuna contra el COVID19, así como desarrollar estrategias de coordinación y logística entre las instituciones responsables; con el fin de acelerar las acciones a realizar para disponer oportunamente de dicha vacuna.

En virtud de lo anterior, en setiembre de este año el Gobierno de la República, tramitó el Proyecto del Tercer Presupuesto Extraordinario de la República^[1] ante la Asamblea Legislativa^[2], destinando un monto de ₡7.200 millones de colones (equivalente a $11.9 millones de dólares^[3]) para el pago de un adelanto de compra de vacunas.

A mayor abundamiento, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Hacienda^[4], a este Órgano Contralor, dicha transferencia proviene de la emisión de títulos de deuda interna, sin embargo dicho Ministerio estima que el monto a invertir para asegurar la compra total de vacunas a la población alcanzaría un costo aproximado de $69,35 millones de dólares^[5].

El principio de programación^[13] presupuestaria señala que, los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos. Principio que toma relevancia en el proceso de introducción de la vacuna contra el Covid-19 en el país, en especial por el tema del financiamiento.

Sobre este particular, las buenas prácticas^[14] establecen como imprescindible en cuanto al financiamiento la identificación de fuentes y mecanismos de financiación para las actividades de respuesta a pandemias.

Además, la normativa nacional señala que es menester presupuestar de manera explícita en su totalidad los montos y destinos específicos necesarios para solventar las necesidades públicas, sin desatender los principios de economía, eficacia y eficiencia^[15], así como establecer con claridad la ejecución de los pagos futuros y posibles fechas de entrega, de manera que se puedan realizar certeramente estimaciones presupuestarias^[16] para garantizar el pago de las obligaciones concertadas para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19.

Dentro de este contexto, esta Contraloría General aplicó una herramienta para valorar las acciones efectuadas relativas a la etapa de introducción de la vacuna en el país. Para ello se consideraron los criterios identificados en las buenas prácticas definidas por la OMS y la OPS, en los documentos denominados “Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la COVID-19, Versión 1: 10 de julio del 2020”, Lista de verificación para gestionar los riesgos y los efectos de una gripe pandémica, actualización de 2018 ” y “Directrices para el desarrollo y la adopción de un plan nacional de despliegue y vacunación contra la gripe pandémica, 2013”.

Así las cosas, luego de la aplicación de dicha herramienta esta Contraloría General encontró oportunidades de mejora, específicamente en las actividades vinculadas con el financiamiento de la vacuna, y referido específicamente a la etapa de introducción. En este sentido, otros aspectos relevantes relacionados con esta temática, serán abordados en reportes posteriores e informe final que emitirá este Órgano Contralor posteriormente.

Bajo este orden de ideas, en relación con el financiamiento, si bien se evidenciaron gestiones para disponer de los fondos para realizar los primeros adelantos que permitan respaldar los acuerdos de compra, tanto con el Mecanismo Covax como con las casas farmacéuticas BioNtech/Pfizer y AstraZeneca, no se muestra con claridad la programación de los recursos necesarios para cumplir con la totalidad de los compromisos asumidos, debido a que no se identifican las fuentes de financiamiento en los documentos de planificación y presupuesto pese a la afirmación^[17] de procurar mecanismos alternativos para financiar la compra de la vacuna.

Al respecto, aun cuando se evidenció la aprobación de un plan de inversión denominado “Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19^[18] en la población vulnerable” con un costo total estimado de $70,77 millones de dólares, sin embargo la disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional de Emergencias de la CNE para financiar dicho plan es de únicamente $15,96 millones de dólares^[19], en otras palabras, al momento de la emisión del presente reporte, se requieren recursos adicionales por el orden de $54,81 millones de dólares para financiar el citado plan. Lo anterior genera incertidumbre en la disposición de los recursos económicos en el momento requerido para hacer frente a la compra de las vacunas.

Además, en el presupuesto para el 2021 del Ministerio de Salud^[20] no se evidencia una programación ni rubros relacionados con los adelantos para la compra de la vacuna contra el Covid-19. Por su parte, el Ministerio de Hacienda^[21] señala que después de haber realizado el pago inicial al mecanismo Covax^[22], los siguientes desembolsos se realizarán de acuerdo con las entregas, que en todos los casos son parciales y se van a dar a lo largo del año, pero aún no se dispone de un cronograma definitivo.

Asimismo, según lo indicado por el Ministerio de Hacienda^[23], se procurarán mecanismos alternativos de financiamiento con el fin de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, más no brinda mayor detalle de las fuentes de ingreso y gasto, lo que incide en la asignación y trazabilidad de los recursos. Por su parte, con respecto a este particular el Ministerio de Salud indica^[24]que está en la búsqueda de los recursos necesarios para financiar la partida presupuestaria de gasto correspondiente, y en la disposición de materializarlo en un presupuesto extraordinario para el pròximo año.

La identificación de las transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de los ingresos y a su respectiva aplicación, son relevantes de cara a lo señalado por la CNE, en cuanto a que si bien el despliegue y vacunación se realizarán en el largo plazo, el pago y los insumos asociados así como los equipos (congeladores) deben de estar listos y entregados antes, para poder operacionalizar y lograr la inmunización. Por lo tanto, se deben establecer las medidas de control, que conforme a la planificación desarrollada, aseguren el financiamiento y la aplicación de los recursos en un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico.

La situación señalada, a criterio de esta Contraloría General, limita la toma precisa y oportuna de decisiones y además, no permite identificar la relación entre los recursos asignados y objetivos a cumplir, lo cual puede incidir en la transparencia^[25] y eficacia de las acciones desarrolladas para procurar la disponibilidad de la vacuna contra el Covid-19.