2.1 Reconfiguración Funciones Sociales

Definición:

Las sociedades contemporáneas antes de la revolución digital, se habían organizado jerárquicamente alrededor de funciones sociales claramente establecidas donde el Estado y el gobierno ocupaban una posición central en la provisión de regulaciones y de servicios sociales.  En el contexto actual, dominado por la interdependencia global y la interacción a través de las TIC, muchas de esas funciones de regulación y provisión ya no las desempeña el Estado o lo hace permitiendo la acción subsidiaría de otros agentes y actores sociales que asumen el protagonismo o desempeñan el vínculo mas cercano al ciudadano.

Descripción: 

Un funcionario típico de las instituciones públicas en nuestra región, desempeña su actividad marcado por la demandas de articulación de políticas y programas donde convergen agentes de cooperación internacional, entidades del orden nacional, regional y local, representantes del sector privado y del tercer sector, líderes comunitarios, entre otros. En medio de ese escenario, las respuestas que ha de proveer no dependerán por tanto de su propia capacidad o de su institución; sino de la posibilidad de concitar virtuosamente el conjunto de esfuerzos sociales, que la atención a las complejas necesidades de los ciudadanos en condición de vulnerabilidad demandan.

Es ese sentido, surgen una nueva serie de requerimientos de gestión para la construcción de ofertas pertinentes y oportunas por parte del Estado, con arreglo a la convergencia de sistemas de información y de servicios para el Ciudadano. Así, es necesario incorporar capacidades para la gestión distribuida, descentralizada y colaborativa de políticas y programas en rubros sociales cada vez más integrados y superpuestos.

Es así que, este tipo de demandas no se pueden resolver desde las prácticas de concentración y centralización muy características en los esquemas de las instituciones estatales y de la función pública. Por lo tanto, es necesario desarrollar plataformas capaces de identificar y monitorear competencias distribuidas de atención al ciudadano, en dónde el funcionario y el Estado pase de la función de regulación a la de articulación y potenciación.