Dentro del territorio periurbano, bordeando la ciudad de La Plata, se encuentra ubicado el “cinturón verde” o “cordón frutihortícola”, es uno de los más importantes del país.

La conformación de los productores como colectivo de trabajo está influenciada por una multiplicidad de dimensiones que nos pueden ayudar a comprender al territorio como un lugar en donde se invisibiliza a los trabajadores, se producen relaciones laborales poco claras y complejas, producto de las condiciones de trabajo donde los productores están constantemente expuestos a situaciones de riesgo, tanto físicas como psíquicas.

Dentro de esta compleja relación, tienen implicancia diferentes sectores que se encuentran en disputa constantemente, las organizaciones a las cuales pertenecen los productores y que apelan por sus derechos, las familias productoras y el Estado, al sancionar políticas públicas destinadas al sector mostrando su posicionamiento frente a él.

Para una mayor comprensión acerca de esta situación, es necesario realizar un acercamiento a la historia del sector.

El autor Barsky (2005) lo define como “un territorio de borde sometido a procesos económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación real o potencial de tierras a la ciudad”.

En un primer momento, la producción era llevada adelante por la población migrante instalada en el sector producto de una política migratoria con un enfoque de derechos.

Así, el primer anillo en torno a la ciudad lo constituye la zona productora de leche y horticultura, luego la producción forestal y de cereales y luego agricultura y cría de ganado intensivo, primero y extensivo después. Cómo se verá, la disposición también respondía a la intencionalidad de poseer los alimentos frescos o perecederos más accesibles y cercanos que los no perecederos.

Colonia Urquiza, en la localidad de Melchor Romero la cual, a partir de la década de los años ‘60 estableció un convenio entre el Estado Argentino y el de Japón, promovió la instalación de familias oriundas de ese país, las cuales le irán dando fuerza y forma a uno de los sectores que hoy día lo componen, como lo es el florícola, el cual es llevado adelante con centralidad de empresarios japoneses entre sus actores principales.

La consolidación del cordón hortícola platense se da a mediados del siglo XX, entre otras razones, por el impulso de la llamada “revolución verde”, la cual trajo aparejado grandes transformaciones en la agroindustria, como el uso de agroquímicos y la incorporación de maquinaria potente.

A partir de la década de los ‘80 se empieza a dar una concentración de productores en la zona debido a la llegada de población migrante, sobre todo boliviana, proceso que se verá fortalecido con posterioridad a partir de intervenciones estatales como la ley migratoria del 2003, la cual facilita la radicación, entre otras cuestiones.

La primera es la que se relaciona con los que vienen directamente desde Japón, la segunda se relaciona con los que vinieron de otras zonas de la República Argentina. La tercera proveniente de la República de Bolivia y República del Paraguay, a través del mecanismo de deslizamiento y llamado por contrato con el gobierno argentino. Llegaron a Colonia Urquiza y fueron contratados como empleados de otros japoneses hasta obtener el dinero necesario para independizarse y acceder a la compra del terreno. El 90% de la población que vive actualmente en la Colonia lo hizo de esta manera. Sin embargo, muchos de los que actualmente hoy viven, lo hacen a través del alquiler de las tierras ya que no pueden acceder a terrenos propios por los altos costos de las mismas, con la expansión del negocio inmobiliario.

Durante la expropiación de tierras llevada a cabo en 1948 por el gobierno de Juan Domingo Perón (Ley de Nacionalización de grandes latifundios) los terratenientes decidieron vender sus tierras a los inquilinos.

Esta situación se va a extender hasta fines del 2011 donde, por cambio de paradigmas en cuanto a las conducciones estatales operados desde años atrás, se crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). El Estado vuelve a tener incidencia en la actividad laboral agraria. Este organismo será el encargado de registrar y fiscalizar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrarios en relación de dependencia, generar actividades de capacitación laboral y difusión de derechos, acompañar y fortalecer emprendimientos productivos, intervenir y abordar problemáticas de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil, entre otras funciones.

Unos años más tarde, también acompañando el proceso de fortalecimiento del sector, se sanciona la Ley Nacional N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, la cual intenta promover modalidades de desarrollo rural sostenible, partiendo de la diversidad productiva y armonía con el medioambiente. Este impulso ha tenido importantes repercusiones a nivel nacional, donde se ha configurado un proceso de abordaje sobre el sector de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por momentos conflictivo, altamente progresivo y complejo. Este proceso de intervención pública se promovió desde una perspectiva de gestión en la que se involucró a los destinatarios de las políticas en los diversos dispositivos institucionales de diálogo y concertación de las mismas así como en las instancias de decisión, ejecución y monitoreo de estas políticas.

Este movimiento de ampliación de derechos e intervención por parte del Estado se sostiene hasta que a fines del 2015, con la asunción presidencial de la alianza Cambiemos se dan una serie de retrocesos y modificaciones que tienen que ver con el cambio de perspectiva política y económica, con la pérdida de jerarquía en el rango de Secretaría de Agricultura Familiar, la disolución del RENATEA y restitución del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el vaciamiento y desfinanciamiento de áreas o programas que ya no serán prioritarias para la nueva gestión, generando un aumento de los marcos de desprotección de derechos de los trabajadores y pequeños productores del periurbano platense, modelando las condiciones laborales en las estos se desempeñan. De esta manera se piensa al Estado como garante de los privados en perjuicio de los sectores más desfavorecidos que vuelven a quedar desprotegidos y vulnerables, por la imposibilidad de contar con el acompañamiento del Estado.

Observamos que en la actualidad el achicamiento de espacios de protección, seguridad social y fortalecimiento de los lazos sociales aumenta el padecimiento del sufrimiento que las actividades laborales de los productores ya poseen, por lo que la creación de espacios colectivos de organización ayudan a contrarrestar la situación, constituir identidad política y ganar fuerza en tanto trabajadores.

Trataremos de reconstruir los dos momentos que Cohen (2004) denomina como el “Ciclo Vital del Sujeto Humano”: el momento de la producción y el momento de la reproducción. Es el tiempo extra laboral, es el que utilizan los seres humanos para el descanso, la recreación, la cultura, el deporte, la reproducción biológica, la sexualidad, la vida familiar, la educación, en definitiva, el tiempo que los sujetos le dedican no sólo a reproducir lo que desgastaron o consumieron en el trabajo, sino fundamentalmente el que implica desarrollar el conjunto de potencialidades y capacidades de su condición humana, la llamada reproducción social."

La idea de Cohen (2004) cuando plantea que

“…el proceso laboral no es en sí mismo puramente beneficioso para la salud ni exclusivamente dañino. Estos dos aspectos coexisten y operan de modo distinto de acuerdo al momento histórico y al grupo social de pertenencia. En el centro de trabajo los sujetos enfrentan condiciones específicas. La capacidad para procesarlas depende simultáneamente, de las capacidades y soportes a los que puedan echar mano como colectivo, y de las condiciones de defensas y reservas individuales con las que viven esa realidad...”.

Es la percepción del padecimiento, pero dicha percepción no se corresponde con dejar de trabajar o hacer una pausa para reponerse, hay problemas que no son percibidos como procesos de enfermedad. Se trata de perjuicios que operan veladamente, que se agravan a partir de la acumulación de exposiciones.

Dichas condiciones, se encuentran atravesadas por trayectorias de vida desfavorables desde su infancia, con sus grupos familiares de origen, lo cual contribuye a invisibilizar el deterioro en sus propias condiciones de salud. Asimismo, podemos decir que a partir de lo expuesto por Rossana Reguillo:

“La vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones, ya que se trata del espacio donde se encuentran las prácticas y las estructuras, del escenario de la reproducción y simultáneamente, de la innovación social”. (Reguillo, 2000, pág. 77)

Los actores sociales en la reproducción de la vida cotidiana no la identifican como una problematización de antemano, sino que naturalizan sus procedimientos, construyendo así un sentido subjetivo y colectivo de la acción que está atravesado por las percepciones individuales.

El hecho de que las viviendas se encuentren emplazadas en el mismo campo donde se trabaja, dificulta aún más la posibilidad de establecer una diferenciación entre la jornada laboral y el tiempo destinado a otras actividades. La duración de las jornadas laborales es sumamente extensa; no se encuentra determinada por un horario de trabajo predeterminado sino por el volumen de tarea y por condiciones climáticas.

Las formas remuneración varían. En algunos casos cobran un porcentaje de lo vendido en caso que la producción sea comercializada; en otros casos trabajan por jornada. Durante nuestra entrevista con el referente de la organización Tierra Fértil, nos contó que una de las problemáticas de los productores de la zona es en relación a la comercialización de lo elaborado, ya que compran en dólares y venden en pesos (la compra de insumos como agroquímicos y maquinarias generalmente están a precio de dólar) perdiendo de esta manera mucho dinero. Por este el pluriempleo es muy común como una estrategia de generación de ingresos, combinando la actividad rural con “changas”.

Dentro de las problemáticas de los productores, se encuentra la incorporación de nuevas tecnologías que requirió de nuevos elementos para el manejo apropiado de la producción dentro de los invernáculos. Dentro de estas, está el subsolador, tractores para trabajar a dentro, e inclusive la utilización de computación para controlar automáticamente temperatura, aireación, luz y sombra según los requerimientos específicos de los cultivos. Si bien el avance es necesario y positivo en algún aspecto, se presenta como una problemática al momento en que la tecnología reemplaza el trabajo humano.

Además, para una mayor rentabilidad en la utilización de los invernáculos, se comenzó a utilizar el uso de plantines en vez de semillas. Este avance tecnológico en el AHB^[1] produjo una mayor diferenciación entre quienes estaban en condiciones de arriesgar capital en los nuevos paquetes tecnológicos y quienes ni siquiera podían llegar al simple invernáculo con parentes de madera.

La mayor productividad del invernáculo requiere una mayor incorporación de mano de obra dotada de competencias específicas para desempeñar tareas en ámbitos reducidos y conocimientos en el manejo de las tecnologías que incorpora la producción bajo cubierta, así como también insumos más caros (estructura y plásticos que sufren deterioro por desgaste). Por su parte, aparece una mayor especialización del trabajo en donde hay tareas que deben ser realizadas por la misma persona debido a la minuciosidad que se requiere.

Los productores son los más desfavorecidos y vulnerables en el proceso de comercialización, porque no hay una regulación por parte del Estado. Debido a este problema, están pensando una alternativa para generar una estabilidad a través de la venta de bolsones agroecológicos, evitando tener intermediarios para no generar una reducción de la ganancia. El objetivo es generar una economía social y solidaria reduciendo la brecha entre lo que se le paga al quintero por su producción y lo que se cobra al consumidor final, además llegar a un acuerdo con los pagos que muchas veces no son realizados al momento que se retira la producción de las quintas para ser llevadas al mercado y los productores no poseen de una economía estable como para recibir pagos diferidos.

En el caso de nuestro centro de prácticas, Tierra Fértil funciona como una vía de comunicación y de integración entre los productores y de estos mismos con las instituciones. Ya sea generando encuentros entre la comunidad y facilitando el acceso a información acerca de sus derechos como ciudadanos y como productores, ya que antes de que se formara la organización había un gran desconocimiento acerca del marco legal que regula la actividad frutihortícola. En los casos que los extranjeros no cuentan con documentación, las posibilidades laborales se restringen y precarizan aún más e incluso la remuneración tiende a ser menor.

De esta manera, dependiendo el modelo de Estado que se implemente, las políticas van a tomar una determinada direccionalidad y entendemos dichas políticas como modos de construir los fenómenos sociales y no solo reacciones ante situaciones que se presentan. La manera en que se describen ciertas situaciones o se nombran tienen que ver con un posicionamiento frente a ello. Las políticas públicas, son “el conjunto de acciones de gobierno ejecutadas para alcanzar los fines hacia los que se orienta el ejercicio del poder político” (Vilas, 2011, 2).

A partir del año 2015 (año también en el que se conformó la agrupación), con el cambio de gobierno de la alianza Cambiemos se dieron una serie de retrocesos y modificaciones que tienen que ver con el cambio de perspectiva política y económica, con la pérdida de jerarquía en el rango de Secretaría de Agricultura Familiar, la disolución del RENATEA y restitución del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el vaciamiento y desfinanciamiento de áreas o programas que ya no serán prioritarias para la nueva gestión, generan un aumento de los marcos de desprotección de derechos de los trabajadores y pequeños productores del periurbano platense, modelando las condiciones laborales en las que estos se desempeñan. De esta manera se piensa al Estado como garante de los privados en perjuicio de los sectores más desfavorecidos que vuelven a quedar desprotegidos y vulnerables, por la imposibilidad de contar con el acompañamiento del Estado. En contraposición a estas políticas, la creación de espacios colectivos de organización ayuda a constituir una identidad política y ganar fuerza como sujetos de derecho.

En relación al ámbito rural, la historicidad en las medidas de lucha de los productores fue significativa en relación a conseguir ciertos derechos y reconocimientos y contribuyó a implementar medidas de lucha que sean más efectivas.