Ahora, en lo concerniente al etiquetado de recursos, tras una revisión de la Ley de Ingresos y Egresos de los años correspondientes a la anterior administración descubrimos que en ningún año se especificó el destino de los recursos obtenidos por impuestos locales, esto abre una oportunidad para marcar una diferencia en la manera de llevar a cabo el ejercicio presupuestal.
Como actualmente no existe reglamentación sobre el etiquetado de recursos en la planeación y en el ejercicio del presupuesto, no existe una sólida imagen pública mediante la cual podrían realizar ajustes impositivos que vayan a ser aceptados de manera general, aunque se propongan como necesarios para llevar a cabo proyectos que generen bienestar a la población. Las bases con las que se cuentan para proponer esta actualización en el ISABI son escasas y sin un compromiso sólido y reglamentado sobre el uso de los recursos que supuestamente se van a obtener.
En línea con lo anterior, es pertinente recordar que “los impuestos reducen el nivel de ingresos de las personas y aumentan los precios de los bienes y servicios” (Hernández et al, 2000, p. 2). Entonces, el alza a un impuesto encarece aún más el bien o servicio al que se le esté aplicando, y consecuentemente, la demanda del bien o servicio será menor, por la menor cantidad de personas que cuenten con los recursos para la adquisición de la mercancía en cuestión.
Dado lo anterior, es incomprensible cómo la administración municipal piensa obtener mayores ingresos mediante el alza en el ISABI aún cuando el sector inmobiliario, como el resto de la actividad económica local, se encuentra en recuperación tras los cierres de emergencia por la pandemia de la COVID-19.