•Derecho de la Salud•

Argentina cuenta con una ley de salud mental tomada como modelo (por sus innovaciones en materia jurídica) en las Américas por la OPS/OMS. Su aplicación en el período que va desde el año 2013 al 2017 inclusive, fue significativa, sobre todo en cuanto a la tarea de las instancias creadas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa (OR y Unidad de Letrados, art. 22). Destacados fallos de diversos jueces se han producido a favor de los derechos de las personas con padecimiento mental.

En el campo de la aplicación del Derecho, los avances han ido generando gradualmente una nueva cultura. Pero esta construcción se ve seriamente limitada por la falta de decisión política de las autoridades del Ministerio de Salud. La total falta de dispositivos de rehabilitación y la no apertura de camas para la internación en hospitales generales hicieron que las intervenciones mencionadas carecieran de operatividad.

El drama del abandono o el encierro permanece prácticamente inalterado, a pesar de haberse elaborado el Plan Nacional de Salud Mental (año 2013) y aprobado las normas para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental y adicciones del 2014 (modificada en 2016 con la inclusión de las colonias psiquiátricas como dispositivo reconocido para internación, contraviniendo lo establecido por la ley), el presupuesto asignado a salud mental permanece inalterado. Se incumplió, por ejemplo, con el incremento del presupuesto para salud mental, que debía representar el 10% del total de salud pública.

A fines de 2017, los hospitales psiquiátricos continúan percibiendo la mayor parte del presupuesto. Tampoco se ha cumplido con la obligatoriedad de habilitar camas para la internación en hospitales generales y desarrollar estructuras de rehabilitación.

Existen nuevas y valiosas experiencias locales en diversas regiones del país que han avanzado, no sin denuedo, en prácticas innovadoras para la atención e inclusión en la comunidad. Dependiendo, en su mayoría, más del entusiasmo de los trabajadores involucrados que del acompañamiento de los recursos necesarios para su sostenibilidad en tiempo, sin desestimar la frustración que esta carencia pudiese generar en los profesionales y el consiguiente riesgo del abandono de las iniciativas.

Sistemas de larga data como la desmanicomialización en Río Negro o el trabajo en Chubut continúan siendo una excepción en el país, a pesar de sus heterogéneos desarrollos actuales.

El enfoque de salud pública para la atención de la niñez y la adolescencia permanece como una deuda sin saldar aún, a pesar de los esfuerzos de profesionales comprometidos. Da la impresión que la mayor parte de la población aún desconoce los derechos que le asisten, tanto en lo concerniente a la ley 26.657como respecto a la CRPD.

La inclusión de usuarios y familiares en las actividades de elaboración de políticas, la participación en los servicios, como en la toma de decisiones de sus tratamientos, es aún muy pobre.

Urge la actualización en la formación de los especialistas y del personal de salud en general. También de los profesionales del campo del Derecho, a fin de promover el impulso de nuevas prácticas y generar una oferta innovadora. Los equipos de salud de las guardias hospitalarias, en su gran mayoría, carecen de la preparación adecuada para la atención de personas en crisis. En términos de la mayor frecuencia, son los problemas de personas con un padecimiento mental los más habituales.

Situaciones de violencia por uso de sustancias, intoxicaciones por abuso de alcohol, intentos de suicidio, accidentes debidos a la ingesta de alcohol y cuadros de ansiedad, no reciben la atención adecuada, pudiendo resolver con una capacitación básica y el apoyo de especialistas, labor que continua pendiente.

La población estimada que carece de toda atención (brecha en la atención) es cuantiosa y similar a la de países que poseen de 10 a 20 veces menos profesionales especializados.

El cambio de paradigma es transversal, involucra a todos los actores que intervienen, requiere de un cambio de actitud de los profesionales y se aprende con la vivencia de nuevas prácticas. Al ser un cambio cultural, no hay un modelo para copiar, el modelo se construye. Un amplio movimiento social, plural y participativo que reivindique los derechos de las personas con padecimiento mental es una deuda no saldada.

De igual modo, se carece de una alianza con otros sectores de la sociedad civil, como los grupos contra la violencia contra las mujeres o defensores de los derechos de las personas con VIH.

El país posee en cantidad y calidad de profesionales una significativa capacidad para producir la transformación del sistema manicomial en uno basado en la comunidad. Puede constituirse en una referencia para la atención y rehabilitación en el plano regional, por lo que el desafío sigue vigente.

El número enorme de personas que requieren de una atención digna, la cantidad de familias que aún se encuentran desamparadas y las nuevas generaciones de profesionales esperanzados en prácticas que hagan posible la inclusión en la sociedad de las personas con padecimiento mental le otorgan sentido al desafío.